Petróleo

Una petrolera anunció inversiones en Argentina por USD 400 millones para 2022

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El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo este martes un encuentro en el Palacio de Hacienda con el presidente y CEO de la petrolera Vista, Miguel Galuccio, quien detalló acerca de las inversiones que planea realizar en el país la compañía por 400 millones de dólares para este año.

De esta manera, Vista prevé alcanzar un aumento de su producción de aproximadamente 20% año tras año, lo que generará una producción promedio de entre 46 y 47 mil barriles de petróleo equivalentes por día para 2022.

En este sentido, Galuccio le comunicó a Guzmán que Vista aumentó la producción en casi 60% desde su creación cuatro años atrás, triplicó sus reservas y se convirtió así en el segundo productor de shale oil de Vaca Muerta. Además, la acción de la compañía creció durante los últimos doce meses 233%.

Por su parte, en relación a 2019 -previo a la pandemia-, incrementó los volúmenes de petróleo vendidos en el mercado local en aproximadamente un 20%.

Recientemente, Vista invirtió 140 millones de dólares en la adquisición de los bloques Aguada Federal y Bandurria Norte, a las petroleras ConocoPhillips y Wintershall DEA, agregando 50 mil acres a su portafolio. Además, planea completar y poner en producción cuatro pozos en el bloque Aguada Federal, y para 2022, en Bajada del Palo Oeste -el bloque con el que la compañía desembarcó en Vaca Muerta- perforar y poner en producción 16 pozos nuevos.

La empresa de Galuccio tiene intenciones de convertirse en una compañía net zero (cero emisiones netas) en 2026, al combinar una reducción del 35% en las emisiones absolutas de GEI en las operaciones y la implementación de su propio programa de soluciones basadas en la naturaleza (natural based solution).

Asimismo, el titular de Economía y Galuccio repasaron las posibilidades de acelerar el desarrollo energético en la Argentina que es “transformacional” en la estructura productiva del país. En este sentido, durante el encuentro, ambos coincidieron en la fundamental importancia del abastecimiento del mercado interno.

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Venezuela, Estados Unidos y un giro que puede cambiar mucho más que la relación bilateral

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La reunión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvo hace una semana en Caracas con funcionarios de Estados Unidos representó un giro insospechado hasta pocos días antes en la relación entre los dos países, cuyas consecuencias podrían modificar mucho más que el vínculo bilateral, según la opinión de varios expertos.

El deshielo fue provocado por necesidades concurrentes: Washington precisa reemplazar el petróleo que dejará de comprarle a Rusia, y Caracas, el acceso a los mercados internacionales que, a partir de las sanciones que le impusieron Estados Unidos y sus aliados, tenía casi exclusivamente a través de Moscú.

Para Venezuela, el impensado acercamiento implica varias oportunidades, pero también desafíos cruciales.

La primera novedad es que, por primera vez en tres años, “parece evidente” que el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca “no desean delegar la relación y quieren gestionarla directamente”, afirmó el politólogo venezolano Michael Penfold en Twitter.

Otra singularidad es que, al menos en el comienzo, el diálogo tuvo un perfil mucho más político que formalmente diplomático.

Por Venezuela participaron Maduro; su esposa, la diputada Cilia Flores, y el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y habitual líder de los equipos negociadores del Gobierno, Jorge Rodríguez. Son las tres personas que concentran el mayor poder dentro del oficialismo.

A su vez, la delegación estadounidense estuvo encabezada por el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional y principal asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González, a quien acompañaron el delegado presidencial para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, y el embajador en Venezuela -pero radicado en Colombia desde mediados de 2019, debido a la ruptura de relaciones diplomáticas-, James Story.

En cambio, estuvieron ausentes los cancilleres venezolano Félix Plascencia y el estadounidense Antony Blinken.

Sin demora, el martes fueron excarcelados dos de los diez ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela, una antigua preocupación de Washington, ratificada el lunes por la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, al confirmar la reunión.

Esa decisión refleja la urgencia de Caracas, que hasta ahora recurría principalmente a Rusia -su petrolera estatal Rosneft y diversos bancos con acceso al sistema internacional de transacciones Swift, del que Moscú acaba de ser excluido- para exportar crudo e importar diversos bienes e insumos pese a las sanciones de Estados Unidos y sus aliados, según el economista y exdiputado venezolano José Guerra.

“Rusia se había convertido en el principal proveedor de divisas en efectivo para la economía de Venezuela, lo que evidentemente queda interrumpido bajo la circunstancia actual”, agregó el también economista venezolano Asdrúbal Oliveros.

Por ese motivo, los funcionarios estadounidenses se mostraron dispuestos a considerar la posibilidad de permitir, al menos temporalmente, que Venezuela vuelva a utilizar el Swift, dijeron fuentes diplomáticas a Télam.

El repentino acercamiento entre Washington y Caracas le ofrece a Maduro varias perspectivas alentadoras.

Por un lado, implica un reconocimiento de su legitimidad como gobernante, cuestionada desde hace poco más de tres años por la mayoría de la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional, por considerar que su actual mandato surgió de elecciones irregulares.

Estados Unidos fue hasta ahora el principal sostén externo del gobierno paralelo designado en enero de 2019 por la AN -entonces con mayoría opositora-, encabezado por Juan Guaidó, y, aunque con menos énfasis, siguió siéndolo desde comienzos de 2021, cuando venció el mandato del anterior parlamento y Biden sucedió a Donald Trump en la Casa Blanca.

Por otra parte, representa una oportunidad acaso irrepetible para sofocar la más prolongada y más grave crisis económica y humanitaria de la historia de Venezuela, que desde hace más de cuatro años está sumida en la hiperinflación y el desabastecimiento de medicamentos, insumos industriales y alimentos, algo moderado en el último bienio merced a la dolarización de hecho de la economía.

Si Venezuela reanuda las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, por lo pronto se beneficiará de los altos precios que el crudo alcanzó en los últimos días -por encima de 110 dólares el barril actualmente y con pronósticos de superar pronto los 140 dólares- por las limitaciones de Rusia, uno de los mayores vendedores mundiales, para colocar su producción.

Si además Washington dejara sin efecto las sanciones que le impuso, Caracas podría venderle directamente el petróleo e ingresar todo el producto de esas exportaciones, sin los considerables descuentos que hoy debe pagar a la compleja red de intermediarios que utiliza para exportar eludiendo esas penalidades, según el diario estadounidense The New York Times.

El sustantivo mejoramiento de los ingresos por las exportaciones de petróleo y un eventual retiro de las sanciones, o al menos una disminución importante de ellas, le permitiría también a Venezuela recuperar autonomía para abastecerse, tratándose de una economía que tradicionalmente importaba entre 60% y 70% de lo que consumía, según diversos economistas.

Al mismo tiempo, el deshielo, si avanza -Psaki dijo el miércoles que aún no estaba previsto un nuevo contacto-, pondrá al Gobierno venezolano ante desafíos ineludibles, tanto internos como de política exterior.

En materia local, tal vez lo fuerce a garantizar elecciones presidenciales irreprochables en 2024 -si no, además, a adelantarlas- y a mejorar rápidamente la situación de los opositores presos (241, según el último balance de la ONG especializada Foro Penal, publicado el lunes pasado) y de aquellos que están requeridos por la Justicia o fueron condenados en juicios sospechados de parcialidad.

El lunes, al confirmar que había recibido a los delegados de Estados Unidos, Maduro anunció “un reformateo del proceso de diálogo nacional”, más “amplio e inclusivo”.

El sector de oposición encabezado por Guaidó dijo el miércoles que estaba dispuesto a reanudar las negociaciones que se celebraban el año pasado en México y fueron interrumpidas por el oficialismo cuando el empresario colombiano Álex Saab fue extraditado a Estados Unidos, donde está preso a la espera de ser juzgado.

“¿Quién dijo que vamos para México? ¿De dónde sacan eso?”, replicó inmediatamente el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, Diosdado Cabello, y subrayó que “México cumplió una etapa”.

El caso de Saab -de quien el oficialismo dijo que era agente diplomático del Gobierno venezolano solo una vez que fuera detenido en Cabo Verde, desde donde fue extraditado a Estados Unidos- no fue mencionado en la conversación del sábado pasado en el Palacio de Miraflores, aseguró una fuente diplomática estadounidense a esta agencia.

En el ámbito internacional, si Venezuela comienza a entenderse con Estados Unidos, probablemente deba revisar su posicionamiento en relación con Rusia, que hoy es uno de sus principales aliados políticos, estratégicos y económicos.

Hasta ahora, Caracas no condenó la invasión a Ucrania sino que, por el contrario, manifestó su adhesión a Rusia en el conflicto. Lo había dicho Maduro antes de recibir a los enviados de Biden y lo ratificó el jueves la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tras reunirse en Turquía con el canciller ruso, Serguei Lavrov.

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Ambiente sobre la exploración offshore de petróleo: “Se exigió niveles de estándares ambientales que no estaban previstos”

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El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, del Ministerio de Ambiente nacional, Sergio Federovisky, participó de una charla sobre ambiente y desarrollo sostenible con el director del periódico Le Monde Diplomatique, José Natason.

Consultado sobre la exploración offshore a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, Federovisky expresó: “El Estado argentino, como parte de la búsqueda para conocer su stock en hidrocarburos, pone zonas en licitación para la exploración. Lo hace en tierra y lo ha hecho muchas veces en la plataforma submarina”.

“El Ministerio de Ambiente no tiene una posición ideológica sino que, por primera vez, tenemos una posición institucional”, dijo el funcionario y aclaró que “el Ministerio de Ambiente tiene que hacer pasar estas decisiones de política energética que imprime la Secretaría de Energía por un tamiz que son audiencias públicas, el protocolo que impone el tratado de Escazú, la evaluación y corrección del estudio ambiental”. A su vez, agregó que la cartera “exigió muchos niveles de estándares ambientales que no estaban previstos en las ofertas de las empresas”.

Durante la charla también hicieron referencia sobre la necesidad del país de generar divisas, en ese marco Federovisky remarcó que a la variable empleo, desarrollo local, científico-tecnológico debe incorporarse la variable ambiental. “El desarrollo sí o sí tiene que incorporar la variable ambiental” resaltó, y agregó: “No se pueden obtener dólares a cómo de lugar porque deja un pasivo para el Estado argentino a costa de la exportación”.

También se refirió a la transición ecológica en Argentina y en ese sentido expresó: “Argentina tiene que fijar una estrategia para que a lo largo de los próximos 20, 30, 50 años pueda establecerla. Tenemos posibilidades de generar procesos de transición energética”, y remarcó: “Argentina no es un país contaminante, pero es una gran víctima de las consecuencias del cambio climático”.

En tanto, Federovisky también hizo alusión a los compromisos de Argentina para ser carbono neutral en 2050 y en ese sentido señaló la “falta de rigor” de algunas organizaciones ambientalistas sobre la actividad offshore y aclaró que unos de los requisitos del Ministerio que conduce Juan Cabandié, fue solicitar las propuestas de las empresas para compensar la emisión de gases de efecto invernadero “y no poner en riesgo los compromisos internacionales”.

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Malvinas/Plataforma Continental: anuncian proceso de sanciones a empresas petroleras que exploran ilegalmente hidrocarburos

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El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y el Secretario de Energía, Darío Martínez, anunciaron hoy el inicio del proceso de inhabilitación, en el marco de la ley 26.659, de las empresas petroleras “Chrysaor Holdings Limited” y “Harbour Energy Plc.”, con sede en Reino Unido, y “Navitas Petroleum LP”, con sede en Israel, debido a la realización de actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en la Cuenca de Malvinas Norte, encuadrado en el proyecto “Sea Lion” que se lleva adelante con licencias ilegales de las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas.
La ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos a la realización de dichas actividades, sancionándose su incumplimiento con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los 5 a 20 años, entre otras penalidades. Asimismo, la referida ley prohíbe “Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos”
Filmus destacó que “estamos iniciando el proceso de sanción a empresas que están vinculadas a la a la exploración y explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina y en la Cuenca de Malvinas Norte sin autorización del gobierno argentino. Las leyes 26.659 de Hidrocarburos de 2011, y la modificación, la 26.915 del año 2013, son taxativas respecto de la prohibición de explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino”.
Filmus subrayó también que “la acción que está tomando Argentina está apoyada por un conjunto de declaraciones de diversos organismos multilaterales: la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el G77 + China, la CELAC, el Mercosur, la Cumbre Iberoamericana, que sesionó hace poco más de un mes. Todas han defendido la Resolución 2065 de las Naciones Unidas para que haya una negociación directa bilateral como forma de resolución definitiva y pacífica del diferendo con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas y también han apoyado al derecho de Argentina de iniciar las acciones que hoy anunciamos a raíz de las violaciones a la Resolución 3149 de Naciones Unidas que plantea que ninguna de las dos partes puede tener algún tipo de acción unilateral sin autorización de la otra”.
“Además han ocurrido varios accidentes que, por ahora, no tuvieron ninguna consecuencia. Existe un enorme riesgo ambiental de un accidente con consecuencias que pueden llegar hasta la Antártida”, afirmó el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, durante la conferencia de prensa que tuvo lugar este mediodía en la Cancillería y de la que participó también la Directora de Malvinas de la Cancillería, Sandra Pitta.
Martínez aseguró que “hemos hecho un trabajo en conjunto con la Secretaría de Malvinas de la Cancillería en función de estas irregularidades que hemos detectado. La ley es muy clara en este sentido y las empresas no están habilitadas para operar, ni han pedido ningún tipo de autorización. Es por eso que iniciamos este proceso que tiene que ver con la notificación y luego con las sanciones, como habilita la normativa”.
“Es importante defender la soberanía energética y en este sentido la Secretaría de Energía aporta el conocimiento técnico y los registros en función de la necesidad de un proceso que luego continuará la Cancillería con nuestro acompañamiento. En esta materia no hay discusión: los argentinos y las argentinas merecen que cuidemos nuestra soberanía”, expresó también el secretario de Energía.
En 2020, la empresa Chrysaor Holdings Limited alcanzó un acuerdo de fusión con la empresa Premier Oil PLC,  que fuera inhabilitada en el año 2013 por ser titular de licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno isleño,  dando lugar a la firma “Harbour Energy Plc”.  También durante el año pasado Rockhopper Exploration, la compañía de exploración y producción de petróleo y gas con intereses claves en la Cuenca de Malvinas Norte (inhabilitada en el año 2013), anunció que Rockhopper y Premier Oil Exploration and Production Limited (“Premier”) firmaron un Acuerdo con Navitas Petroleum para obtener una participación del 30% en el proyecto Sea Lion.
Durante el año pasado el gobierno nacional remitió sendas notas de desaliento a las empresas Navitas y Chrysaor, en las que se les recordaba, por una parte, que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino; y, por la otra, se le ponía al corriente de las disposiciones establecidas en las leyes nacionales 26.659 y 26.915 respecto de la realización de actividades sin la correspondiente autorización de las autoridades competentes, invitándolas a abstenerse de financiar o participar de cualquier otra manera en las referidas actividades, haciéndose pasible, de lo contrario, de las acciones legales administrativas y judiciales correspondientes en virtud de la normativa argentina aplicable.
En cuanto al procedimiento, una vez iniciadas las mencionadas actuaciones administrativas, seguirá la notificación a dicha empresas por intermedio de la Cancillería, dando plazo a las mismas para que presenten eventuales descargos en ejercicio de su derecho de defensa. En caso de no comparecer, el proceso seguirá su curso, debiendo adoptarse las sanciones que la Secretaría de Energía considere procedentes, incluida la inhabilitación. Las mismas quedarán firmes una vez cursada una nueva notificación a cada una de dichas empresas y transcurrido el plazo para eventuales recursos.
En el mismo sentido de las acciones anunciadas hoy, el Congreso de la Nación sancionó el año pasado la ley 27.557 sobre Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.
Estas acciones dan continuidad al plan de acciones legales iniciado por el Gobierno nacional en el año 2012 para proteger los recursos naturales bajo su soberanía y rechazar las ilegítimas actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. En 2012 fueron inhabilitadas cinco empresas que desarrollaban actividades vinculadas con la exploración ilegal en la plataforma continental disputada y en 2015 se declararon ilegales las actividades de dos empresas más.
Asimismo en 2015 desde la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal se promovió la denuncia penal  de distintas empresas extranjeras desarrollaron actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico, en proximidades de las Islas Malvinas sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina, en infracción a los tipos penales contenidos en el art. 7 de la ley 26.659, reformada por la ley 26.915. Al mismo tiempo, estas maniobras pueden producir una significativa afectación tanto de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio del Estado Nacional, como al medioambiente, circunstancias éstas reguladas en las disposiciones de las Leyes 25.675 y 24.051 (Ley General del Ambiente y de Residuos Peligrosos).
Como resultado de la política seguida, ninguna de las empresas petroleras a nivel global con sede en nuestro país participaron en actividades en zonas en disputa. Además, en respuesta a las gestiones realizadas, varias empresas del sector manifestaron no tener interés en participar mientras subsista dicha disputa (British Petroleum, la petrolera estatal india ONGC, Talisman Energy, Fugro-Geoteam AS y Anadarko). El accionar de nuestro país ha contribuido así a dificultar las actividades de carácter ilegal desarrollada por empresas como Argos en las zonas aledañas a las Islas Malvinas, la que se ve hoy expuesta a problemas desde el punto de vista financiero, sin resultados palpables en materia de exploración aun luego de varios años de existencia.
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