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Trump endurece el control sobre el petróleo venezolano tras la incautación del buque Olina

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Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero Olina en aguas del Caribe, en una operación militar ejecutada antes del amanecer y coordinada entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El presidente Donald Trump afirmó que la acción se realizó en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, tras detectar que el buque había partido del país sin la autorización correspondiente, en un nuevo episodio de control sobre la comercialización del petróleo venezolano y de la ofensiva estadounidense contra lo que define como actividades ilegales transnacionales.

La operación militar y el mensaje de Washington

Según informó el Comando Sur, el abordaje del Olina fue ejecutado por marines de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, que despegaron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford. La intervención se desarrolló sin resistencia y las autoridades estadounidenses no precisaron la cantidad de personas detenidas.

En un comunicado oficial, el mando militar aseguró que la acción envía un “mensaje claro”: “no existe refugio seguro para los criminales”, en el marco de los esfuerzos del Gobierno estadounidense por combatir actividades ilegales transnacionales en el hemisferio occidental. La operación se inscribe dentro de una estrategia de seguridad marítima que Washington viene reforzando en rutas clave del Caribe y América Latina.

Trump sostuvo posteriormente que la incautación fue coordinada con las autoridades interinas de Venezuela, y afirmó que el buque había zarpado sin autorización. En un mensaje publicado en su red Truth Social, indicó que el petrolero regresará a Venezuela y que el crudo será comercializado a través del GREAT Energy Deal, un mecanismo creado por su administración para este tipo de ventas.

Control del petróleo venezolano y la “flota fantasma”

En paralelo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al Olina como parte de la denominada “flota fantasma”, integrada por petroleros sospechosos de transportar crudo sometido a embargo y que buscan evadir controles mediante cambios de bandera o rutas clandestinas. Según la funcionaria, el buque había partido de Venezuela antes de ser interceptado y era sospechoso de transportar petróleo sancionado.

Washington advirtió que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido”, profundizando un esquema de supervisión directa sobre los flujos energéticos del país sudamericano. En los últimos días, Estados Unidos intensificó su presencia naval y aérea en el Caribe, con una serie de operativos que derivaron en la incautación de cinco buques con crudo vinculados a Venezuela.

El miércoles previo, el Pentágono confirmó la requisa de otros dos petroleros, uno de ellos con bandera rusa. Entre los casos destacados figura el tanquero Marinera, antes conocido como Bella 1, que fue perseguido durante tres semanas desde el Caribe hasta el Atlántico norte. También fue interceptado el M/T Sophia, un petrolero sancionado que, según Washington, operaba ilícitamente en aguas internacionales.

Una estrategia de seguridad de alcance indefinido

La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur fue presentada por el Gobierno estadounidense como una iniciativa destinada a reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles de aplicación de la ley, con especial foco en las rutas del Caribe y América Latina. Funcionarios del Pentágono señalaron que la operación no es temporal y que continuará mientras sea necesario para, según expresaron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental.

Desde una perspectiva económica e institucional, la interceptación del Olina y las advertencias sobre el control de la venta de crudo profundizan la incertidumbre sobre los flujos petroleros venezolanos, impactan en la logística energética regional y reafirman el rol de Estados Unidos como actor central en la regulación de facto del comercio petrolero vinculado a Venezuela.

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Delcy Rodríguez propone a Trump una agenda de cooperación tras la captura de Maduro

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En medio de la detención y judicialización del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, la funcionaria a cargo de la transición política en Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó formalmente a Washington a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”. El pronunciamiento se produjo horas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y que necesita “acceso total” a sus recursos estratégicos, en particular el petróleo.

El cruce de mensajes marca un punto de inflexión institucional tras la captura de Maduro en Caracas el sábado y su posterior traslado a Nueva York, donde este lunes debe comparecer ante un juez federal por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. La situación abre un escenario de redefinición política, diplomática y económica, con impacto directo en la relación bilateral y en la transición interna venezolana.

El mensaje de Rodríguez: paz, cooperación y nueva diplomacia

El domingo por la noche, Rodríguez difundió un comunicado a través de su canal de Telegram en el que reafirmó la “vocación de paz” de Venezuela y su aspiración a vivir “sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”. En el texto, sostuvo que “la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

La funcionaria, que asumió de manera temporal la presidencia con el aval de la Corte Suprema y de las fuerzas militares, planteó como prioridad avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones exteriores. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, afirmó.

Rodríguez extendió además una invitación directa al gobierno estadounidense: “Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

El pronunciamiento se conoció instantes después de declaraciones públicas de Trump, quien aseguró que Estados Unidos mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo” en Venezuela. Consultado sobre quién ejerce el control político, evitó precisiones: “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”.

Trump, los recursos estratégicos y la presión judicial

Desde Washington, Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos, aunque aclaró que aún no habló personalmente con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, dijo. En ese marco, el mandatario vinculó la cooperación con intereses estratégicos concretos: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”.

El presidente estadounidense describió a Venezuela como “un país muerto” y sostuvo que serán necesarias “grandes inversiones de las compañías petroleras” para poner en funcionamiento su infraestructura. Trump rechazó que Rodríguez haya respondido con críticas formales a la operación que derivó en la captura de Maduro, pese a que la dirigente había calificado ese accionar como una violación del derecho internacional y de la soberanía. “Ustedes escuchan a una persona diferente de la que yo escucho”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en paralelo al avance del proceso judicial contra Maduro. Trump anticipó que el país enfrentará “un juicio muy duro” y aseguró que “el caso es infalible”. “La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”, declaró.

Maduro tiene previsto comparecer este lunes al mediodía ante un tribunal federal de Nueva York, bajo la supervisión del juez de distrito Alvin K. Hellerstein, a quien Trump calificó como “muy respetado”.

Comisión política y el inicio formal del proceso contra Maduro

Tras los comunicados cruzados, el gabinete chavista informó la creación de una comisión “de alto nivel” destinada a buscar la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El anuncio fue realizado por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien integrará el grupo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el canciller Iván Gil.

En paralelo, Delcy Rodríguez encabezó el domingo su primera reunión del Consejo de Ministros, apenas un día después de asumir formalmente la presidencia interina.

El núcleo del expediente judicial contra Maduro gira en torno a cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de una figura penal que combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes. Los fiscales sostienen que el ex líder chavista participó durante años en un entramado destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones no son nuevas. En marzo de 2020, fiscales federales ya habían presentado cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes, vinculándolos con el denominado Cartel de los Soles. El expediente también menciona a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas, y recuerda que dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York en 2017 por intentar introducir cocaína en Estados Unidos.

Desde el punto de vista judicial, la audiencia de este lunes no implica aún un juicio ni una evaluación de pruebas, sino el inicio formal del proceso con el acusado presente. En esa instancia, la fiscalía detallará los cargos, la defensa podrá plantear objeciones preliminares y el juez resolverá cuestiones como la detención preventiva, el calendario procesal y las condiciones de acceso a la evidencia.

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