petróleo y gas

Lanzan una nueva licitación offshore en la Cuenca Argentina Norte para acelerar la exploración de hidrocarburos

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia para expandir la frontera energética argentina al instruir la convocatoria a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, frente a las costas del país. La decisión, oficializada mediante el Decreto 590/2026, busca captar inversiones privadas para profundizar la exploración offshore y ampliar el conocimiento sobre el potencial petrolero de la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada por la compañía Challenger Energy Group PLC, que propuso desarrollar tareas exploratorias en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. El área CAN_200 forma parte del esquema de expansión de la exploración costa afuera que el Gobierno considera estratégico para incrementar las reservas de petróleo y gas y diversificar la matriz de producción de hidrocarburos.

El decreto delega en la Secretaría de Energía la organización del proceso licitatorio, la elaboración del pliego de bases y condiciones y, posteriormente, el otorgamiento del permiso de exploración y de una eventual concesión de explotación para el adjudicatario. La convocatoria se realizará bajo los principios de concurrencia y transparencia previstos por la Ley de Hidrocarburos.

La decisión se inscribe en la política oficial de promover inversiones de largo plazo en el sector energético. El Ejecutivo sostiene que la exploración offshore representa una oportunidad para incrementar la producción nacional, generar empleo especializado e incorporar tecnología de punta en actividades sísmicas y perforaciones exploratorias, además de fortalecer el posicionamiento argentino en un mercado global que continúa demandando nuevos recursos energéticos.

El Gobierno fundamenta la medida en el potencial de la Plataforma Continental Argentina, cuyo reconocimiento internacional quedó consolidado tras las recomendaciones emitidas en 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Ese proceso incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados de plataforma marítima bajo derechos soberanos argentinos para la exploración y explotación de recursos naturales, ampliando significativamente el horizonte para el desarrollo offshore.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la autorización para incluir en los futuros contratos cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958. La incorporación de este mecanismo apunta a ofrecer mayores garantías jurídicas a los inversores internacionales, una demanda habitual de la industria en proyectos de elevada intensidad de capital y largos períodos de recuperación.

No obstante, el decreto establece expresamente que esa prórroga no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre bienes considerados estratégicos. Entre ellos figuran las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, la infraestructura destinada a servicios públicos esenciales, los activos diplomáticos y consulares, el patrimonio cultural, los bienes militares y los derechos del Estado para percibir impuestos y regalías.

En materia económica, el esquema también define que quienes obtengan una eventual concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción conforme a la legislación vigente. Será la Secretaría de Energía la encargada de reglamentar la metodología de cálculo e incorporar esas condiciones al pliego licitatorio.

La convocatoria representa una nueva etapa en la apertura del mercado hidrocarburífero argentino. Tras las rondas offshore iniciadas en 2018, el Ejecutivo busca revitalizar el interés de operadores internacionales en un contexto de creciente competencia global por capitales destinados a exploración. Para el Gobierno, el desarrollo de nuevas cuencas marítimas complementa el crecimiento de Vaca Muerta y constituye una apuesta de mediano y largo plazo para ampliar las exportaciones energéticas y consolidar al sector como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina.

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RIGI: aprueban una inversión de USD 1.300 millones para construir un gasoducto exclusivo para exportar GNL desde Vaca Muerta

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Gasoducto dedicado para la Exportación de Gas Natural”, que demandará una inversión de USD 1.300 millones y permitirá transportar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Tratayén, en Neuquén, hasta el Golfo San Matías, en Río Negro, donde se desarrollan los proyectos de licuefacción destinados a exportar Gas Natural Licuado (GNL).

La Resolución 873/2026 formaliza el ingreso de San Matías Pipeline SA (SMP SA) como Vehículo de Proyecto Único (VPU) dentro del RIGI, luego de que la compañía adecuara su estructura societaria exclusivamente para desarrollar esta obra de infraestructura, tal como exige la Ley 27.742.

El proyecto constituye una pieza estratégica para resolver uno de los principales cuellos de botella de Vaca Muerta: la capacidad de evacuación del gas destinado a los mercados internacionales. El nuevo ducto tendrá 480 kilómetros de extensión, 36 pulgadas de diámetro y será complementado por una nueva planta compresora de 60.000 HP, además de la repotenciación de la estación existente en San Antonio Oeste.

Más allá de la magnitud de la inversión, el dato de mayor relevancia económica es que se trata de un gasoducto concebido exclusivamente para abastecer las futuras terminales de GNL. Esto implica que la infraestructura no apunta al mercado interno sino a incrementar la capacidad exportadora del país, uno de los principales objetivos que persigue el RIGI para sectores considerados estratégicos.

La empresa comprometió inversiones por USD 454 millones durante el primer año y USD 501 millones en el segundo, superando ampliamente los umbrales mínimos exigidos por el régimen. El cronograma presentado prevé el inicio de las obras el 30 de junio de 2026 y el comienzo de operaciones en mayo de 2028.

Otro aspecto con impacto sobre la cadena productiva es el compromiso asumido por SMP SA de destinar al menos el 20% del monto total de inversión a proveedores locales, tanto durante la construcción como en la etapa operativa. Para las empresas argentinas de ingeniería, obras civiles, metalmecánica, logística, servicios petroleros y equipamiento industrial, esta cláusula representa una oportunidad concreta de participación en una obra de escala internacional.

La resolución también habilita a la compañía a importar bienes de capital y equipamiento bajo los beneficios aduaneros previstos por el RIGI, mientras que el Banco Central deberá aplicar los incentivos cambiarios correspondientes. No obstante, la empresa informó expresamente que no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, uno de los incentivos opcionales contemplados por el régimen.

Durante la evaluación, la Secretaría de Energía concluyó que el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y regulatorios establecidos por la Ley 27.742. En paralelo, el Banco Central determinó que la demanda de divisas asociada a la inversión no compromete la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales, uno de los análisis clave para este tipo de emprendimientos.

Desde la perspectiva productiva, la aprobación consolida un cambio de escala para la infraestructura energética argentina. El desarrollo de plantas de GNL requiere no sólo mayores niveles de producción en Vaca Muerta, sino también sistemas de transporte dedicados que garanticen abastecimiento continuo y previsible hacia la costa atlántica.

Para el entramado industrial, el proyecto abre un nuevo ciclo de demanda en bienes y servicios especializados, mientras que para las provincias productoras fortalece la integración entre la explotación no convencional y la infraestructura logística necesaria para convertir el gas argentino en un producto exportable de largo plazo.

Claves del proyecto inversión total: USD 1.300 millones. Capacidad de transporte: 27 millones de m³ diarios. Extensión: 480 kilómetros. Diámetro: 36 pulgadas. Inicio de obras: 30 de junio de 2026. Puesta en operación prevista: mayo de 2028. Participación mínima de proveedores locales: 20% de la inversión. Destino del gas: abastecimiento exclusivo de plantas de GNL para exportación.

La evolución de esta obra será uno de los indicadores más relevantes para medir la capacidad del RIGI de transformar anuncios de inversión en infraestructura efectiva. También permitirá evaluar el grado de integración de proveedores nacionales en proyectos de gran escala y la velocidad con la que Argentina logra convertir el potencial de Vaca Muerta en mayores exportaciones de energía y generación de divisas.

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Convenio Multilateral: ratifican un criterio clave para la industria petrolera y fortalecen la posición fiscal de las provincias productoras

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A través de la Resolución 9/2026 la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral confirmó la Resolución General Interpretativa 17/2025 y cerró una disputa tributaria que enfrentaba a provincias productoras y consumidoras de hidrocarburos. La decisión ratifica que, en determinadas operaciones de venta de petróleo y gas realizadas por los propios productores, los ingresos deberán atribuirse a la jurisdicción donde se produce la entrega del hidrocarburo. El fallo tiene impacto directo sobre la distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias y consolida una ventaja relativa para los distritos productores de energía.

La resolución rechazó las apelaciones presentadas por Buenos Aires y Córdoba, que cuestionaban la legalidad y el alcance de la interpretación adoptada por la Comisión Arbitral. El organismo sostuvo que el criterio del “lugar de entrega” se ajusta al principio de realidad económica y a la necesidad de proteger a las jurisdicciones donde se extraen recursos naturales no renovables.

Una discusión técnica con consecuencias millonarias

Aunque se trata de una resolución de carácter interpretativo, el trasfondo es económico y fiscal. El Convenio Multilateral determina cómo se distribuyen los ingresos de empresas que operan en más de una provincia, evitando superposiciones tributarias.

La controversia giraba en torno a una pregunta central: cuando una petrolera extrae hidrocarburos en una provincia y los comercializa, ¿qué jurisdicción tiene derecho a computar esos ingresos para calcular Ingresos Brutos?

Buenos Aires y Córdoba defendían el criterio del “destino final” de los bienes o del domicilio del comprador, una interpretación que históricamente favorece a las provincias donde se concentran el consumo, la refinación o las actividades comerciales.

Neuquén, principal provincia hidrocarburífera del país, sostuvo la postura opuesta: los ingresos deben vincularse prioritariamente al territorio donde se genera el recurso y donde se concreta la entrega que perfecciona la operación económica.

La Comisión Plenaria terminó validando este último enfoque.

Qué cambia para el negocio energético

La resolución aporta previsibilidad para uno de los sectores con mayores inversiones proyectadas en Argentina.

Al ratificar la interpretación vigente, la Comisión evita futuros litigios entre fiscos provinciales y empresas energéticas respecto de la atribución de ingresos.

Los principales efectos son mayor seguridad jurídica para las compañías petroleras y gasíferas al contar con un criterio uniforme de distribución fiscal. Fortalecimiento de la posición tributaria de las provincias productoras, especialmente aquellas con actividad extractiva relevante. Reducción del riesgo de controversias interjurisdiccionales sobre la base imponible de Ingresos Brutos. Consolidación del criterio de realidad económica por encima de interpretaciones basadas exclusivamente en el destino comercial del producto.

La Comisión sostuvo que el petróleo y el gas presentan características particulares debido a que son recursos no renovables cuya explotación está asociada a un territorio específico y a una estructura productiva que no puede trasladarse geográficamente.

La decisión también muestra cómo los organismos de coordinación fiscal avanzan hacia criterios que buscan preservar capacidad recaudatoria en las jurisdicciones donde se localizan los recursos estratégicos.

La posición de las provincias

Buenos Aires y Córdoba argumentaron que la resolución alteraba el espíritu original del Convenio Multilateral y reemplazaba el criterio de destino final por uno basado en la entrega física del producto.

Además, cuestionaron que la Comisión Arbitral hubiera excedido sus facultades interpretativas al introducir una regla que, según su postura, modificaba el esquema de distribución de ingresos entre provincias.

La Comisión Plenaria rechazó esos planteos. Consideró que la interpretación no modifica el Convenio sino que aclara su aplicación para una actividad con características singulares, respaldándose además en antecedentes administrativos previos.

Neuquén, por su parte, defendió que aplicar exclusivamente el criterio de destino final podría trasladar la mayor parte de la base imponible hacia provincias consumidoras, debilitando la capacidad fiscal de aquellas donde se realiza la extracción y se produce el agotamiento de los recursos naturales.

La decisión consolida una tendencia que gana peso en el federalismo fiscal argentino: reconocer la localización de los recursos estratégicos como elemento central en la distribución tributaria.

Más allá del sector petrolero, el precedente podría ser observado con atención por otras actividades vinculadas a recursos naturales y economías regionales. La discusión de fondo continúa siendo la misma: cómo equilibrar la recaudación entre los territorios donde se produce el valor y aquellos donde se comercializa.

Para los inversores y las empresas energéticas, la principal novedad es la reducción de incertidumbre regulatoria. Para las provincias productoras, la resolución representa una ratificación institucional de su capacidad para capturar parte de la renta asociada a la explotación de recursos que se encuentran dentro de sus límites territoriales.

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La inflación mayorista se acelera al 3,4% en marzo y presiona costos por el salto en energía

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación mayorista alcanzó el 3,4% en marzo, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del mismo mes, tras haber mostrado una desaceleración en enero y febrero. El dato confirma un cambio de tendencia en los costos de producción, con impacto directo en la estructura de precios de la economía.

De acuerdo con el informe oficial, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un alza del 6,1% en el primer trimestre y registró una variación interanual del 27,9%, consolidando una dinámica de presión en los precios de origen.

Energía y combustibles, el motor de la suba

El repunte del índice estuvo explicado principalmente por el incremento en los productos nacionales, que subieron 3,5%, mientras que los importados lo hicieron en menor medida (1,1%).

Dentro de los componentes locales, el mayor impacto provino de “Petróleo crudo y gas”, que registró un aumento significativo y explicó más de dos puntos porcentuales de la variación mensual. También incidieron los productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, y productos químicos.

En contrapartida, los productos agropecuarios mostraron una caída mensual, lo que amortiguó parcialmente la suba general.

Un cambio de tendencia tras dos meses de calma

El dato de marzo corta una secuencia de desaceleración que se había observado en enero (1,7%) y febrero (1%). La aceleración vuelve a ubicar a los precios mayoristas en niveles similares a los del IPC, lo que refuerza la señal de transmisión hacia precios minoristas.

Además, otros indicadores del sistema mayorista también mostraron subas: el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) creció 3% y el índice de precios básicos del productor (IPP) también avanzó 3%, impulsado por aumentos en productos primarios y manufacturados.

Energía como factor estructural

El comportamiento del rubro energético aparece como un factor determinante en la dinámica inflacionaria. La suba en petróleo y gas —asociada a movimientos internacionales— introduce un componente externo que condiciona la política económica local.

En este escenario, los sectores vinculados a la energía y combustibles concentran mayor capacidad de incidencia sobre la formación de precios, mientras que actividades como el agro, que mostraron caídas, pierden peso relativo en la dinámica mensual.

Costos en alza y presión sobre cadenas productivas

La aceleración del índice mayorista implica un encarecimiento en los costos de producción que, según la estructura de cada sector, puede trasladarse a precios finales o absorberse vía márgenes.

El incremento en energía impacta transversalmente: transporte, industria y logística. A su vez, el comportamiento dispar entre sectores —con subas en energía y bajas en agro— genera una recomposición desigual dentro de la economía.

Posibles efectos en economías del NEA

Aunque el informe no desagrega datos regionales, la dinámica observada sugiere un impacto potencial en provincias con fuerte peso de economías regionales como Misiones.

Por un lado, la caída en productos agropecuarios podría moderar costos en actividades primarias. Por otro, el encarecimiento energético y logístico puede afectar la competitividad de cadenas productivas alejadas de los centros de consumo, una condición estructural del NEA.

Variables a seguir

El comportamiento de los precios mayoristas en los próximos meses dependerá de la evolución de los costos energéticos y del contexto internacional. También será clave observar si esta aceleración se consolida o si vuelve a desacelerarse.

Otro punto a monitorear es el grado de traslado a precios minoristas y su impacto en el consumo, en un contexto donde la estabilidad de precios sigue siendo un eje central del programa económico.

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YPF consiguió US$ 550 millones al 8,1% y marcó su tasa más baja en nueve años

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YPF concretó con éxito la reapertura de su Obligación Negociable YM34, por un monto total de US$ 550 millones, a una tasa del 8,1% anual y con vencimiento en 2034, marcando la tasa más baja obtenida por la compañía en los últimos nueve años para una operación de este tipo. La colocación permitió mejorar el perfil de vencimientos, extender la vida promedio de la deuda y reducir el costo financiero, en un contexto de renovado apetito por activos argentinos en los mercados internacionales.

La operación registró una demanda superior a los US$ 1.400 millones, más de dos veces y media el monto adjudicado, lo que ratificó la confianza de inversores locales e internacionales en la estrategia financiera de la petrolera y en el desempeño del sector energético argentino.

Demanda récord y consolidación de la curva en dólares

Según se informó, el fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió ampliar el tamaño de la emisión, que originalmente estaba prevista en US$ 300 millones, hasta alcanzar los US$ 550 millones, manteniendo una tasa considerada competitiva en el contexto actual.

“El fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió incrementar el tamaño de la emisión desde los u$s300 millones iniciales hasta u$s550 millones, a una tasa competitiva para la compañía en el contexto actual”, señaló Juan Barros Moss, Director Advisory & Capital Markets en Balanz.

Con esta reapertura, el bono YM34 pasa a contar con un monto total en circulación de US$ 1.650 millones, considerando que el resto había sido emitido en enero de 2025. De acuerdo con el análisis de mercado, este volumen lo posiciona como uno de los instrumentos más líquidos de su segmento, lo que debería contribuir a una mejor dinámica de negociación en el mercado secundario y a una mayor participación de inversores institucionales.

Para Barros Moss, “la operación consolida la curva de YPF en dólares y refuerza su acceso al mercado internacional, en un momento donde el apetito por crédito argentino vuelve a mostrar señales constructivas”.

El sector energético lidera el acceso al financiamiento externo

La colocación de YPF se inscribe en un boom de emisiones de Obligaciones Negociables del sector energético, que volvió a liderar el acceso al financiamiento en los mercados internacionales de deuda. Tras una primera ola posterior a las elecciones de octubre, el inicio de 2026 estuvo marcado por nuevas salidas al mercado.

En lo que va del año, se destacaron colocaciones como las de PAE por US$ 375 millones, Telecom por US$ 600 millones y Banco Macro por US$ 400 millones. En términos agregados, entre empresas privadas, el Estado nacional y las provincias se colocaron cerca de US$ 8.000 millones en los últimos tres meses, con vencimientos que van de dos a diez años y tasas promedio en dólares de entre 8% y 9% anual.

Más de la mitad de ese financiamiento fue adjudicado por empresas del sector energético, en particular aquellas vinculadas a la producción y transporte de petróleo y gas, con fuerte presencia en Vaca Muerta. Entre las compañías que concentran mayor atractivo para los inversores se encuentran YPF, Vista Energy, Pampa Energía, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Oldelval.

Impacto financiero

Desde el punto de vista financiero, la operación fortalece la posición de YPF en los mercados internacionales, mejora su estructura de pasivos y reduce el riesgo de refinanciación, en un escenario donde el costo del crédito sigue siendo una variable crítica para las empresas argentinas.

A nivel institucional, la elevada demanda y la compresión de tasa refuerzan el rol del sector energético como principal puerta de acceso al financiamiento externo, en un contexto de gradual normalización del mercado de deuda corporativa y creciente interés por proyectos asociados al desarrollo hidrocarburífero.

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