La Secretaría de Energía emitió la Resolución 353/2025, que otorga a Southern Energy S.A. un certificado de libre exportación de Gas Natural Licuado (GNL) por un plazo de tres décadas. La autorización contempla volúmenes diarios de hasta 548.900 MMBTU y un total de 5.464 millones de MMBTU entre 2028 y 2058. El proyecto está condicionado a la construcción de un gasoducto de 470 km que conectará Neuquén con Río Negro.
La medida se enmarca en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que reformó el marco regulatorio del gas natural (Ley 24.076) y habilitó nuevas actividades como la producción de GNL y el almacenamiento subterráneo.
En particular, el artículo 3° bis de la Ley 24.076 otorga a los exportadores autorizados el derecho a operar “en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones”, siempre que cuenten con la infraestructura de transporte y procesamiento necesaria. La Resolución 353/2025 se suma a las disposiciones del Decreto 1.057/2024, que reglamentó la operatoria de exportaciones firmes de largo plazo.
Southern Energy ya había recibido en abril un primer certificado de libre exportación (Resolución 165/2025) con vigencia entre 2027 y 2057. El nuevo permiso amplía ese esquema, extendiéndolo entre septiembre de 2028 y agosto de 2058, con volúmenes mayores y la incorporación de una segunda planta flotante de licuefacción, denominada MKII.
Detalles técnicos del proyecto: gasoducto y plantas flotantes
El certificado publicado como Anexo de la Resolución 353/2025 establece que Southern Energy podrá exportar:
CMD (Cantidad Máxima Diaria): 548.900 MMBTU.
CMA (Cantidad Máxima Anual): 191.241.750 MMBTU.
CT (Cantidad Total): 5.464.050.000 MMBTU.
Para viabilizar estos volúmenes, la empresa se comprometió a construir un gasoducto de 36 pulgadas y 470 km, que partirá desde Tratayén (Neuquén) hasta San Antonio (Río Negro), con capacidad de transporte de 28 millones de m³ diarios y puesta en marcha prevista para mayo de 2028.
El proyecto fue declarado de carácter estratégico dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en abril de este año, tras la adhesión aprobada por la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. Esto le otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros durante tres décadas.
La Secretaría de Energía, a través de sus áreas técnicas, validó que la disponibilidad de gas de la cuenca neuquina excede en más de veinte veces los volúmenes comprometidos para la exportación. Sin embargo, la garantía de estabilidad de la exportación prevista en la ley y el decreto reglamentario quedó expresamente supeditada a la ejecución del gasoducto.
En caso de que la infraestructura no esté lista al inicio de las operaciones, la empresa deberá gestionar, bajo su propio riesgo, la contratación de capacidad disponible en el sistema de transporte existente.
La resolución también obliga a Southern Energy a cumplir con los requisitos de información, mantenimiento de disponibilidad y reportes previstos en los artículos 6° y 8° de la Resolución 145/2025, que regula el procedimiento de exportación de GNL.
La autorización refuerza la estrategia del Gobierno nacional de posicionar a la Argentina como exportador de GNL a gran escala, aprovechando los recursos excedentes de Vaca Muerta. La magnitud del proyecto —un horizonte de 30 años de ventas externas aseguradas— busca garantizar previsibilidad para atraer financiamiento internacional y socios tecnológicos.
Desde el punto de vista económico, el esquema podría generar un flujo sostenido de divisas en un contexto en el que el sector energético se proyecta como uno de los motores de la balanza comercial. No obstante, expertos advierten que el desafío clave será la infraestructura de transporte y la posibilidad de compatibilizar los compromisos de exportación con la demanda interna, especialmente en picos invernales.
En el plano político, la decisión profundiza la impronta liberal del actual marco energético, en línea con el Decreto 70/2023 y la Ley de Bases, que reducen la discrecionalidad estatal y otorgan seguridad jurídica a los privados.
Si Southern Energy cumple con el cronograma de inversiones, el país contará desde 2028 con al menos dos plantas flotantes de licuefacción operativas, conectadas por un gasoducto dedicado a la exportación. Ello abre la puerta a que la Argentina se convierta en un hub regional de GNL, con acceso a mercados internacionales en Europa y Asia.
El horizonte a tres décadas convierte a este proyecto en uno de los de mayor envergadura del sector energético nacional, comparable con la construcción de gasoductos troncales en la historia reciente. La incógnita radica en si el Estado y el sector privado podrán cumplir con los plazos de inversión y con la estabilidad macroeconómica necesaria para sostener la confianza de los mercados.
Por Mario Osava / Inter Press Service – Brasil, que se destaca por exportar productos básicos, como mineral de hierro, petróleo, café y soja, en lugar de bienes industrializados de mayor valor agregado, pretende ahora un vuelco en relación a las tierras raras, un componente clave en las nuevas tecnologías y con el que cuenta en abundancia.
Brasil es el segundo país en existencias de ese recurso natural, estimadas en 21 millones de toneladas, superado solo por China, con 44 millones de toneladas, apuntó Julio Nery, director de asuntos mineros del Instituto Brasileño de Minería (Ibram). Juntos los dos países concentran cerca de dos tercios del total.
Pero Brasil recién empieza a explotar esa riqueza en gran escala, mientras China tiene prácticamente el monopolio de su refinación, cerca de 90 % del total mundial, para abastecer su propia industria del sector electrónico, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y muchos otros equipos, y la industria de casi todo el mundo.
“La fase crítica del procesamiento y la que más agrega valor es la separación de los elementos de las tierras raras, con costos elevados por numerosos y sucesivos tratamientos, no tanto por la tecnología”: Fernando Landgraf.
Las tierras raras se volvieron la nueva fiebre minera y tecnológica, por el crecimiento acelerado de su demanda y, ahora, por la guerra comercial desatada por Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.
La amenaza china de condicionar las exportaciones de sus elementos químicos de las tierras raras forzó a Trump a retroceder en su escalada de aranceles adicionales contra su mayor rival económico, que alcanzaron 145 % en abril, y entablar negociaciones que prosiguen con el arancel reducido a 30 %.
Las tierras raras llevan ese nombre no por su escasez, ya que existen en muchas partes, sino por sus propiedades físicas, como el magnetismo, que sí son limitadas, explicó Nery a IPS, por teléfono desde Brasilia, sobre ese sector integrado por 17 elementos químicos que tienen también otras propiedades únicas como las electroquímicas y las luminiscentes.
Las disputas geopolíticas tienden a acentuar un movimiento de muchos países en reducir su dependencia en relación a las tierras raras de China.
Lanzamiento del proyecto MagBras, de las industrias e instituciones científicas, para desarrollar toda la cadena de las tierras raras en Brasil, de la minería hasta los imanes permanentes, componentes clave de motores eléctricos, turbinas eólicas y numerosos productos electrónicos, el 14 de julio de 2025 en el laboratorio y fábrica que servirá al proyecto, cerca de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Imagen: Sebastião Jacinto Junior / Fiemg
Agregar valor
En Brasil una alianza de 38 empresas, instituciones científicas y fundaciones de fomento, impulsada por la Federación de las Industrias del estado de Minas Gerais (Fiemg), a través de su brazo del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, pretende desarrollar toda la cadena de las tierras raras, “de la minería al imán permanente”.
Ese imán, que lleva cuatro de los 17 elementos químicos de las tierras raras, es el derivado de mayor valor agregado, por su uso hoy indispensable en motores eléctricos, teléfonos celulares, muchos aparatos electrónicos, turbinas eólicas y tecnologías de defensa y espaciales.
Ese será el foco del proyecto denominado MagBras, como se decidió llamar al Demostrador Industrial del ciclo completo de producción brasileña de imanes permanentes de tierras raras, lanzado oficialmente el 14 de julio en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
El objetivo es unir la industria a la universidad y centros de investigación para que Brasil no siga principalmente como gran exportador de materias primas, sin valor agregado, como pasa con el café, el hierro, el petróleo y la soja.
La tecnología de procesamiento de las tierras raras se desarrolló hace algunas décadas en muchos países, que abandonaron la actividad ante la producción a bajos costos de China, recordó André Pimenta, quien conduce el proyecto como coordinador del Instituto de Tierras Raras de la Fiemg.
Algunos de los 17 elementos químicos de las tierras raras, críticos en el futuro y cuya demanda se proyecta que se multiplicará por 30 en las próximas décadas. Después de China, Brasil es el segundo país con más existencias estimadas de esas tierras raras, por las que ya comenzó una batalla geoestratégica y geopolítica. Imagen: Icog
Mejores yacimientos
Además de contar con los grandes yacimientos en arcilla iónica, con ventajas sobre las rocosas de otros países, la escala de producción y las escasas o inexistentes exigencias ambientales contribuyeron al avance chino hacia el casi monopolio, apuntó.
Brasil cuenta con áreas similares de arcilla iónica, un factor que con el avance de las tecnologías favorece a que el país pueda alzarse a un productor alternativo, con posibilidades de competir, aunque sea “difícil o mismo imposible” superar a China, reconoció el químico Pimenta en entrevista telefónica a IPS, desde Belo Horizonte.
El MagBras cuenta con un laboratorio en instalaciones originalmente diseñadas para una fábrica con capacidad para producir 100 toneladas anuales de imanes, la única existente en el hemisferio sur, que servirá para investigaciones e incluso la producción en esa escala limitada.
“La incertidumbre no justifica quedar de brazos cruzados. La demanda crecerá y el movimiento por reducir la dependencia empezó antes, durante la pandemia que dejó muchos sin los respiradores y equipos médicos indispensables, porque no había de donde importar. Es un camino sin vuelta”: André Pimenta.
Nery, del Ibram, alerta para el riesgo de fijarse en un solo recurso en desmedro del conjunto de minerales críticos, que además de las tierras raras incluye el litio, el cobalto y el níquel, entre otros. Son productos sujetos a la escasez.
Ya hubo el entusiasmo por el litio, ante el aumento de la demanda para las baterías de teléfonos celulares y vehículos eléctricos, algunos anos antes pasó lo mismo con el niobio, recuerda.
“Las tecnologías cambian y alteran las prioridades”, advirtió. Por eso es necesario definir una política de fomento de los 22 minerales críticos y estratégicos, con prioridades definidas y flexibles.
La producción de automóviles eléctricos en Brasil, muy presentes en las ferias y exposiciones del sector automotor, ha ganado empuje en este año de 2025, lo que incrementará la demanda de los imanes, que se pretende fabricar en Brasil con las tierras raras abundantes en algunas regiones del país. Imagen: Mario Osava / IPS
Conjunto de factores
Además, proyectos de agregación de valor exigen una mirada amplia en los distintos factores que afectan toda la cadena. Una infraestructura adecuada, con buenas carreteras, disponibilidad de energía y una demanda suficiente para los productos elegidos son indispensables al éxito, ejemplificó.
“¿Tenemos demanda firme para imanes permanentes? Los productos que los incorporan, como baterías, motores de autos eléctricos y turbinas eólicas hoy son importados”, destacó Nery.
A su juicio, “el gobierno debe promover condiciones para generar una demanda interna, en un esfuerzo general, ya que la participación industrial en la economía brasileña se redujo mucho en las últimas décadas”.
Centros de investigación ya desarrollaron soluciones para la refinación de las tierras raras, el proceso más costoso, pero hacerlo en escala industrial exigirá muchas inversiones y tiempo, según Nery, un ingeniero de minas.
En la minería cualquier proyecto demora por lo menos cinco años en investigaciones geológicas, trámites para la autorización ambiental y preparación para la operación, acotó.
“Las tecnologías cambian y alteran las prioridades”: Julio Nery.
Brasil, que en el pasado buscó tierras raras en monacita, desfavorable por contener material radioactivo, ahora concentra su extracción en arcilla iónica, más ventajosa. “Sus depósitos son superficiales, lo que facilita la investigación y limita los impactos ambientales”, apuntó.
Una experiencia concreta en ese tipo de suelo es de la empresa Serra Verde, de dos fondos de inversión estadounidenses y uno británico, con una planta en Minaçu, en el estado de Goiás, en el centro-oeste de Brasil.
Inició sus operaciones en 2024 y este año ya exportó a China 7,5 millones de dólares, según Nery. Produce el concentrado de óxidos, un primer paso en el procesamiento, que enriquece y eleva el índice de tierras raras contenido en la arcilla, que en el suelo es de solo 0,12 %, según Serra Verde.
Un dato positivo es que su concentrado contiene los elementos más demandados porque sirven para hacer los imanes permanentes: los livianos neodimio y praseodimio, además de los pesados disprosio y terbio. Los pesados son más raros, son menos presentes en los yacimientos rocosos o de monacita.
Pero Serra Verde sufre las dificultades de los comienzos. Su meta de producir 5000 toneladas del concentrado por año y duplicar esa cantidad en 2030 parece lejana. En el primer semestre de 2025 solo exportó 480 toneladas, trascendió, ya que la empresa no divulga sus datos.
En el mismo estado de Goiás, el actual epicentro brasileño de las tierras raras, otro proyecto, el Módulo Carina, de la empresa canadiense Aclara Resources, espera extraer principalmente disprosio y terbio, a partir de 2026, con inversiones de 600 millones de dólares.
“La fase crítica del procesamiento y la que más agrega valor es la separación de los elementos de las tierras raras, con costos elevados por numerosos y sucesivos tratamientos, no tanto por la tecnología”, señaló Fernando Landgraf, ingeniero y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo.
Un kilogramo de óxido de neodimio, presente en esas tierras raras pesadas, vale por lo menos 10 veces más que los cinco dólares de un kilogramo del concentrado, comparó a IPS telefónicamente desde São Paulo.
La planta de la empresa minera Serra Verde, en Minaçu, municipio del estado de Goiás, donde se empezaron a extraer tierras raras que, en un primer procesamiento, se hizo más concentrado y se exportó a China. Contienen cuatro de los 17 elementos de las tierras raras con que se produce imanes permanentes, componentes clave de motores eléctricos, turbinas eólicas y equipos militares y espaciales. Imagen: Serra Verde
La incertidumbre amenaza
En su evaluación, “el mayor riesgo del negocio es la incertidumbre sobre el futuro”, especialmente ahora que las tierras raras se convirtieron en objetivo y arma de la geopolítica.
La demanda de tierras raras crecerá mucho, pero un gran aumento de la producción en Estados Unidos puede generar exceso de oferta. Se trata de un mercado limitado, lejos de los volúmenes de otros minerales, como el de hierro.
“La incertidumbre no justifica quedar de brazos cruzados. La demanda crecerá y el movimiento por reducir la dependencia empezó antes, durante la pandemia que dejó muchos sin los respiradores y equipos médicos indispensables, porque no había de donde importar. Es un camino sin vuelta”, sentenció Pimenta.
El geólogo Nilson Botelho, profesor de la Universidad de Brasilia, considera segura la estimación de las existencias en Brasil. Su minería en Goiás es exitosa por contar con tierras raras pesadas, las “más críticas” y que se incluyen entre “los cuatro o cinco elementos de más valor”.
Pero hay muchos yacimientos en otras partes de Brasil. Además de la formación geológica de su muy extenso territorio de más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, el clima tropical templado, lluvias que se infiltran en el suelo y el altiplano favorecen la presencia de tierras raras, explicó a IPS desde Brasilia.
Otro geólogo, Silas Gonçalves, se contrapone a la idea de que la minería en arcilla iónica presenta menos impactos ambientales.
La minería allí altera el paisaje y el suelo, provoca deforestación y daños difusos, como modificaciones y contaminación de la capa freática, son impactos distintos, no menores, argumentó a IPS desde Goiânia, la capital de Goiás, donde tiene su empresa de estudios geológicos y ambientales, llamada Gemma.
Mario Osava, es corresponsal de IPS desde 1978 y encargado de la corresponsalía en Brasil desde 1980
Inter Press Service – La cumbre de los ocho países de la Amazonia, realizada este viernes 22, adoptó una declaración en favor del bosque, del clima y de los pueblos indígenas, pero sin plantear el abandono de la explotación petrolera como pidieron organizaciones ambientalistas y de los pueblos originarios.
La Declaración de Bogotá anunció el compromiso de los Estados amazónicos de “avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y equitativa”, pero “teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales” y sin mencionar metas, plazos o mecanismos para su instrumentación.
A esta quinta cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), establecido hace 45 años, acudieron los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el anfitrión Gustavo Petro, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.
Cancilleres y otros ministros acudieron en representación de los restantes miembros, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
La declaración apuntó hacia la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el próximo noviembre con Lula como anfitrión, pues se realizará en Belém, junto a la desembocadura del Amazonas y en un área de prospección petrolera.
La cumbre acordó reforzar con urgencia las acciones que vienen realizando los países amazónicos frente a la crisis climática, y articular sus acciones nacionales para proteger la Amazonia, con base en el conocimiento científico pero integrado con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Lula dijo que “necesitamos calibrar qué queremos de la COP30. Por un lado, tenemos a quienes quieren actuar, pero no tienen recursos; por otro, quienes tienen recursos, pero no quieren actuar. Es importante que esta COP sea la más seria de todas y que sea considerada la COP de la verdad”.
En un mensaje a las naciones del Norte industrializado, agregó que “quienes quieren mantener el bosque en pie tienen que ayudarnos a pagar para mantenerlo”.
Los pueblos originarios de la región lograron en la cumbre la adopción del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (Mapi), para consulta permanente y además para que en las reuniones de la Otca no participen solo representantes gubernamentales sino también una representación de los indígenas.
Sin embargo, no prosperó el pedido de medio centenar de organizaciones ambientalistas, indígenas y de derechos humanos, que se reunieron en los días previos en Bogotá, para que los gobiernos de la Otca adoptasen un cese programado de la producción de hidrocarburos en la Amazonia.
Colombia habría propuesto incluir la renuncia a la producción de combustibles fósiles como un objetivo de la Amazonia, pero se opusieron Brasil, Ecuador y Perú, que actualmente extraen o proyectan extraer más crudo en esa cuenca, amén de que el resto de socios también son productores de hidrocarburos.
Alex Rafalowicz, director ejecutivo de la campaña “Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles”, opinó que “los presidentes amazónicos desaprovecharon la oportunidad de reconocer que la extracción de petróleo y gas es una de las mayores amenazas para la Amazonia”.
Diana Chávez, dirigente de la Nacionalidad kichwa de Pastaza , en Ecuador, también observó que “más de 50 organizaciones exigimos en Bogotá declarar la Amazonia libre de combustibles fósiles, pero la declaración final ignora este reclamo y omite al petróleo y al gas, principales amenazas para la selva y nuestros derechos”.
Los presidentes apoyaron el surgimiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, la promoción de “una economía orientada al desarrollo sostenible” en la Amazonia, y expresaron preocupación por el auge de los delitos ambientales, en particular el tráfico de fauna y flora silvestres, y la minería ilegal.
Petro expuso que “ayer tuvimos un día difícil en Colombia, derivado de la acción armada del narcotráfico”, en alusión a atentados contra las fuerzas del orden que dejaron al menos 18 muertos- y aseguró que “después del cambio climático, el segundo enemigo que hay en Colombia se llama narcotráfico”.
Propuso por ello que se considere la “defensa con armas” de la Amazonia, contra los grupos que ejecuten acciones ilegales en la cuenca, y que se establezca en la subregión un tribunal ambiental.
Arce habló de fortalecer la acción colectiva y dijo que “debemos dejar atrás la diplomacia burocrática y procedimental que nos bloquea e inmoviliza. Es hora de proyectar a la Otca como el instrumento más poderoso que tenemos para enfrentar los retos estratégicos de la región. Para ello se requiere el coraje y la valentía”.
La próxima cumbre de la Otca se realizará el año 2027 en Ecuador.
La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes
La semana comenzó con otro fallo favorable para Argentina en la causa por la expropiación de YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.
“En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, destacó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
Según la PTN, los demandantes pidieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. “Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, destacaron.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dijo que el país podía esperar a la próxima apelación por el pedido de Buford Capital –el principal demandante de este extenso juicio– de quedarse con las acciones de la empresa, en septiembre, sin poner ninguna garantía.
La jueza Loretta Preska, quien condenó en primera instancia al país, ordenó la entrega de las acciones. Ese medida puntual será analizada por la Corte en septiembre y luego, en octubre, después de las elecciones legislativas, se analizará la apelación de “fondo”. O sea, si el fallo multimillonario de Preska es correcto o no.
Argentina ya adelantó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en cada resolución negativa que tenga en este caso. “Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron en la PTN.
“Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos. Dicho esto, respetamos la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre”, destacó un vocero de Burford.
Parte de la estrategia de bufete de origen inglés consiste en intentar ejecutar la sentencia en múltiples jurisdicciones, incluyendo Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre, además de Irlanda, con el objetivo de presionar a Argentina y aumentar las posibilidades de cobro.
De hecho, Burford presentó en EEUU, en el tribunal de Preska, en julio pasado, un documento con el detalle de todos los pedidos de “enforcement” y como, según cree, el país dilata y demora las presentaciones para seguir ganando tiempo. El documento se titula “Cronología de los retrasos de la República en los trámites de reconocimiento en el extranjero”.
Cerca de Burford están convencidos de que la justicia de Irlanda no analizó el fondo de la causa, sino los tiempos; y esto no significa que vaya a pasar en otras jurisdicciones lo mismo.
Desde Irlanda
El fallo de The High Court Commercial de Irlanda, que firmó la jueza Eileen Roberts, tiene 77 páginas y se había iniciado por medido de dos de los demandantes –Petersen y Eton Park– en abril del año pasado.
Roberts fundamentó su resolución en que ni la República Argentina ni YPF poseen bienes en Irlanda susceptibles de embargo, salvo activos diplomáticos y consulares que, por su naturaleza, están protegidos de cualquier acción judicial. Además, la magistrada destacó que no hay evidencia de que el Estado argentino vaya a tener activos en el país en el corto o mediano plazo, por lo que permitir la ejecución solo supondría un uso innecesario de recursos judiciales sin impacto real para las partes.
“Este procedimiento no tiene absolutamente ninguna conexión con Irlanda. Además, no estoy convencida de que permitir la ejecución de la sentencia de Nueva York en esta jurisdicción suponga un beneficio práctico para los demandantes”, dijo la magistrada irlandesa.
La resolución analizó en detalle la jurisprudencia local sobre reconocimiento de sentencias extranjeras y concluyó que, si bien no es requisito indispensable la existencia actual de activos, sí debe haber una expectativa realista de obtener un beneficio práctico. En este caso, la ausencia de bienes y la duplicidad de procedimientos en otras jurisdicciones llevaron al tribunal a descartar cualquier utilidad concreta de la acción en Irlanda. La jueza también valoró que los demandantes ya disponen de mecanismos de investigación y ejecución en Estados Unidos y otros países, por lo que replicar esos procesos en Irlanda resultaría redundante.
El fallo irlandés evitó pronunciarse sobre cuestiones de fondo como la inmunidad soberana del Estado argentino o la doctrina del acto de Estado, señalando que estos temas podrían ser debatidos en un eventual juicio de fondo, pero no resultaban determinantes en esta instancia procesal.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. La decisión, de carácter administrativo, abre paso a dos instancias judiciales claves: el análisis de las apelaciones presentadas por el Estado argentino y la audiencia oral del 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales, en la que los jueces escucharán en directo a las partes.
Con esta resolución, el paquete accionario estatal en YPF seguirá bajo custodia de la Caja de Valores, mientras se desarrollan los trámites de apelación, que podrían demorar hasta dos años en obtener un fallo definitivo.
El juicio por la expropiación de YPF se originó en 2012, cuando el Congreso argentino aprobó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de la petrolera en manos de Repsol. La medida, impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, consolidó el control estatal de la compañía pero dio origen a múltiples reclamos internacionales.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización de u$s16.099 millones más intereses a favor de los fondos Burford y Eton Park. Según cálculos judiciales, los intereses acumulan alrededor de u$s2,5 millones por día, lo que convierte al caso en una de las disputas financieras más costosas de la historia reciente para el país.
Ante ese fallo, la defensa argentina —a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro— presentó dos apelaciones: una contra la sentencia principal y otra contra la orden de entrega de acciones. La Cámara de Apelaciones decidió ahora extender la suspensión administrativa que había dictado en junio, otorgando oxígeno a la estrategia jurídica nacional.
Lo que está en juego: acciones de YPF y la doctrina del “alter ego”
El punto más delicado del litigio es la exigencia de entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago. Los fondos buitre advirtieron que, en caso de recibirlas, las depositarían en una cuenta del Bank of New York Mellon, a la espera de un fallo definitivo.
Sin embargo, esta posibilidad enfrenta un obstáculo central: la propia ley de expropiación. Tal como recordó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cualquier eventual venta de acciones de YPF que pertenecen al Estado “debe ser aprobada por el Congreso con mayoría especial”. En ese sentido, el funcionario aseguró que la orden de entrega “es incumplible para el gobierno nacional” y anticipó que no habrá cesión voluntaria del capital accionario.
En paralelo, los fondos demandantes intentaron avanzar en otras instancias judiciales para embargar activos estratégicos del Estado argentino —como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT— bajo la doctrina del “alter ego”, que busca demostrar que estas empresas actúan como brazos políticos del Gobierno. Hasta ahora, esos intentos no prosperaron.
La Cámara de Apelaciones fijó dos momentos clave en la agenda judicial:
Primera etapa: continuidad de las apelaciones formales ya presentadas, que buscan revertir la sentencia de Preska y bloquear la entrega de acciones.
27 de octubre: audiencia oral ante los jueces de segunda instancia, que escucharán a las partes en pleno. La fecha se vuelve políticamente sensible, ya que se realizará al día siguiente de las elecciones legislativas nacionales en Argentina.
De aquí en adelante, los tiempos juegan a favor de la Argentina: el proceso podría extenderse entre 18 y 24 meses, lo que reduce la presión inmediata sobre las reservas del Banco Central y otorga margen para negociar. No obstante, el pasivo millonario sigue latente y amenaza con condicionar las políticas públicas y la estrategia energética nacional.
El caso YPF se consolida como uno de los litigios más trascendentes para el país en materia de soberanía económica, seguridad jurídica e impacto fiscal. El desenlace dependerá de la capacidad de la defensa argentina para sostener sus argumentos frente a un tribunal que ya falló en múltiples ocasiones en favor de los acreedores internacionales.
