El rechazo a la nueva Constitución de Chile se imponía con 62% de los votos válidos del plebiscito de hoy contra 38% favorable a la aprobación, cuando se había completado 88,08% del escrutinio oficial.
Paralelamente, mientras dirigentes partidarios de la aprobación admitían la derrota, el presidente Gabriel Boric convocó a referentes de su coalición para mañana, a las 16, con el objeto de analizar la continuidad del proceso constitucional.
“Estamos impactados, tristes, pero reconocemos naturalmente la derrota; es una voz que habló de manera muy limpia y que hay que escuchar con humildad y agradecimiento”, afirmó la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS, partido oficialista), Flavia Torrealba.
“La Constitución de Pinochet está enterrada, el proceso sigue en marcha; vamos a una segunda etapa de esta conversación”, agregó.
Asimismo, la exconvencional Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, dijo que “Chile va a tener una nueva Constitución; tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y ese proceso va a representar a las grandes mayorías”.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric convocó para mañana, a las 16, a dirigentes de la coalición gobernante, para analizar en el Palacio de La Moneda la forma de dar continuidad al proceso constitucional y reflexionar sobre el resultado del plebiscito, según fuentes oficiales citadas por medios locales.
Mientras tanto, simpatizantes del rechazo festejaban en caravanas de autos, que habían tomado las calles de distintos sectores de la capital y de otras ciudades del país, con banderas chilenas y bocinazos.
Los chilenos fueron hoy a las urnas para decidir en plebiscito si aprueban o rechazan el proyecto de Constitución elaborado con el fin de sustituir la carta magna vigente, sancionada durante la última dictadura (1973-90).
Las encuestas vaticinaron una desaprobación mayoritaria.
Las autoridades informaron que el resultado iba a conocerse esta misma noche y fuentes del Servel anticiparon que tal vez pudiera haber un cómputo irreversible entre dos y tres horas después de que se cerraran los centros de votación, poco después de las 19 (las 20 en la Argentina).
La expectativa era enorme no solo por lo trascendente de la decisión sino por el hecho de que, a diferencia de las elecciones generales -a las que suele concurrir alrededor de la mitad del padrón-, esta vez el voto era obligatorio para los alrededor de 15 millones de ciudadanos registrados.
Cualquiera fuera el resultado de hoy, el proceso constitucional seguirá su rumbo, ya que de haberse aprobado se habrían debido implementar leyes por parte del actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y para el caso del rechazo, los parlamentarios deberán buscar un nuevo camino constitucional.
El próximo Presidente de Chile se definirá finalmente en una segunda vuelta. En una calurosa jornada electoral, marcada por la masiva concurrencia ciudadana a las urnas, que incluyó extensas filas en los locales de votación hasta última hora, ninguno de los siete postulantes a La Moneda pudo obtener el 50% más uno de las preferencias que le permitiera liderar el país por los próximos cuatro años.
José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) se impusieron con las dos más altas mayorías y se enfrentarán nuevamente el próximo 19 de diciembre, cuando se realice el balotaje.
Con casi 50% del escrutinio de las elecciones nacionales en Chile, el candidato ultraderechista a la presidencia José Antonio Kast se mantenía hoy en el primer puesto, seguido por el aspirante de izquierda Gabriel Boric, quien achicó un poco la diferencia conforme avanzó el recuento, aunque aún estaba cuatro puntos porcentuales por debajo.
De confirmarse esta tendencia -que parece ya inamovible- ambos irán a un balotaje el 19 de diciembre próximo.
Esto marca un hito, ya que tanto Kast como Boric pertenecen a pactos que están fuera de las dos fuerzas políticas que, desde el retorno a la democracia en Chile, han liderado el país: exConcertación o Nueva Mayoría, y la Alianza o Chile Vamos, que en estos comicios se denominaron Nuevo Pacto Social y Chile Podemos Más.
Según los datos publicados por el Servicio Electoral (Servel) en su página web, escrutadas 23.270 mesas de un total de 46.639 (49,62%), el pinochetista Kast (Frente Social Cristiano) se alzaba con 932.252 votos (28,64%), mientras que Boric (Apruebo Dignidad) reunía 795.689 (24,44%).
Muy por detrás, marchaban el independiente de derecha Franco Parisi (13,60%), la centroizquierdista Yasna Provoste (12,36%), el derechista Sebastián Sichel (11,96%), el izquierdista Marco Enríquez-Ominami (7,57%) y el izquierdista Eduardo Artés (1,42%).
El candidato presidencial de la oficialista Chile Podemos Más -que responde a Sebastián Piñera-, Sebastián Sichel, fue el primero esta noche en reconocer su derrota en las elecciones presidenciales celebradas hoy cuando se conocía recién el 40% del escrutinio provisorio, y anticipó que se sentaría “a conversar” con el pinochetista Kast, quien marcha primero en el conteo.
Desde su comando electoral, Sichel admitió: “no nos fue bien (…) los chilenos decidieron que otras personas pasen a segunda vuelta presidencial”.
También dijo que llamó a Kast para felicitarlo por pasar a segunda vuelta y volvió a remarcar que en esa instancia no va a votar por el candidato de izquierda Gabriel Boric, quien marcha segundo en los cómputos y se perfila para disputar el balotaje.
“No voy a votar por Boric. No quiero que gane la extrema izquierda en Chile”, disparó el candidato que tenía apenas 11,9% de los votos en el conteo oficial.
Sichel añadió que con Kast tiene grandes diferencias programáticas, aunque que se sentará a conversar con él.
“He tomado la decisión de dar un paso al costado en la vida pública”, afirmó Sichel, quien no pudo revertir la baja aprobación pública del gobierno de Sebastián Piñera, de la misma fuerza política por la que se presentó a la elección.
El 2019 está culminando con un clima de inestabilidad en América Latina. Protestas en Ecuador, Bolivia y Chile; inestabilidad política en Perú y una fuerte crisis económica en Argentina, agravada por la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales.
Sin dudas, hay grandes diferencias entre estos países, tanto en su economía como en las estructuras sociales, cultura, recursos naturales y territorio. Sin embargo, es posible encontrar ciertos paralelismos en cada una de las circunstancias por las que atraviesan.
Muchos podrían pensar que estos episodios de protestas y descontento popular podrían deberse a algún tipo de conspiración o que se encuentran impulsadas a partir de grupos con diferentes ideologías políticas.
Sin embargo, las crisis tienen su nacimiento razones más profundas; en esos problemas estructurales que se definieron a partir de la historia y que a pesar del paso de los años no se han podido solucionar.
La desigualdad social
La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas. Aunque en los últimos años hubo muchos avances para corregir estas desigualdades a través de un gasto social que permite la redistribución de los ingresos, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo.
Tal vez usted se pregunte: si la desigualdad es un problema que existió siempre ¿por qué es un factor determinante en las crisis actuales? La respuesta tiene que ver con el panorama económico actual: desde el año 2015, debido a un enfriamiento de la economía global y la baja en los precios de los productos primarios (granos, minerales y todos aquellos productos que tengan que ver con extracción de recursos naturales) en los mercados internacionales, las economías de los países latinoamericanos están creciendo menos. Al crecer menos, comienza a subir el desempleo y la pobreza. A su vez, los países tienen déficit fiscales elevados casi inmanejables, que no les permiten incrementar el gasto para hacer frente a las demandas sociales.
En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo comenzaron a aumentar la pobreza y la pobreza extrema en la región a partir de 2015, lo cual da cuenta del complejo panorama social.
Economías basadas en la Producción Primaria
Este, tal vez, podría ser el origen de muchos otros problemas económicos de los países de Latinoamérica; y también es estructural y prácticamente determinado por la historia. Los países latinoamericanos nacen como colonias de las potencias europeas y con la función de proveer materias primas y alimentos a las grandes metrópolis.
A pesar de la independencia política, la base de la economía latinoamericana nunca cambió: seguimos siendo lo productores de materias primas y dependemos fuertemente de las exportaciones de las mismas. Pero el mercado de estos productos tiene ciertas características que hacen a las economías muy frágiles:
Los países no pueden incrementar mucho la oferta de productos porque el factor principal son los recursos naturales y son fijos;
Los productores de materias primas tampoco controlan el precio de sus productos, ya que tienen poco valor agregado que los diferencie y el precio se fija en los mercados internacionales. Si los precios son altos, entra más dinero a la economía y esta crece; si bajan los precios, la economía comienza a tener problemas. La mayor dificultad es que no se puede prever cuándo los precios estarán altos y cuando caerán.
¿Cómo se soluciona este problema? Desarrollando la industria, invirtiendo en actividades productivas con mayor valor agregado.
Pero… no es tan fácil como parece: para desarrollar la industria necesitamos los dólares de las exportaciones de los productos primarios (y con esto volvemos al problema inicial).
Instituciones débiles y gobiernos personalistas
Los países latinoamericanos se caracterizan por tener una situación política y económica peligrosamente inestable: democracias jóvenes (algunos países aún hoy tienen dictaduras), corrupción, desequilibrio de poderes y sistemas de gobiernos muy personalistas.
Si bien este punto no se puede clasificar como económico, es seguro que si no tenemos instituciones fuertes, la economía no va a funcionar bien. Si observamos a los países desarrollados, vamos a notar un profundo respeto por las leyes e instituciones de un país, así como también consecuencias serias para aquellos que no las respetan.
Sin embargo América Latina tiene muchos problemas en este punto. Una de las características más notorias son los gobiernos fuertemente presidencialistas, donde pareciera que el poder legislativo y judicial cumplen un rol secundario. Además de ello, son sistemas muy personalistas: la mayoría de las sociedades ven la solución a los problemas políticos en la persona de algún funcionario, más que en la democracia y en el sistema de gobierno en su conjunto. Tal vez esta visión de las cosas tenga una fuerte raíz cultural, pero pensar que una persona (ya sea un presidente o candidato) tiene todas las soluciones para los problemas de un país es un poco iluso (o se sobrestima la capacidad de una persona o se subestiman los problemas).
Más allá de ello, la importancia de la división de poderes justamente radica en el equilibrio y en el control del poder que se les da a nuestros representantes. El hombre tiende a ser egoísta y ambicioso por naturaleza y el poder puede ser un arma de doble filo. Por más buenas intenciones que tenga un candidato, el poder lo puede corromper. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de cambiar la visión que, como pueblo, tenemos de nuestros sistemas de gobierno y exigir que se respeten las leyes e instituciones.
Tal vez, sea el último punto de análisis de este artículo, pero debería ser el primero por donde comenzar a cambiar las cosas.
SANTIAGO, New York Times – Un caluroso día de comienzos del año 2000, una mujer y dos hombres ingresaron a la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos, en la orilla sur de Santiago.
Llevaban bolsas con películas de microfilme arrancadas de sus cartuchos. En silencio comenzaron a desenrollar las cintas y arrojarlas a un horno encendido. Repitieron la rutina hasta que no quedó nada.
Eran decenas de miles de imágenes de documentos: los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990): la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), responsables de la mayoría de los crímenes durante su régimen.
Con el retorno a la democracia y la disolución de la CNI en 1990, sus agentes, bienes y archivos pasaron a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE. Los cartuchos de microfilme quedaron bajo la custodia de su Departamento de Contrainteligencia, en una bóveda especialmente climatizada en el subterráneo. Allí permanecieron durante una década, mientras el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces o detectives que investigaban causas de derechos humanos.
“Para mí ha sido un misterio lo que pasó con esos archivos”, dijo el exministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís, quien investigó casos de derechos humanos y hoy es coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. “Preguntaba a los militares dónde habían quedado y nadie sabía. Esa siempre fue su posición oficial”.
En 2015, citados a declarar ante la justicia en la causa por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982, algunos oficiales y empleados civiles del Ejército comenzaron a revelar lo sucedido ese verano de 2000 en los hornos de Nos. The New York Times tuvo acceso a estas declaraciones, enterradas en los sesenta tomos del expediente Frei.
Por muchos años se especuló que el director de la DINA, el general Manuel Contreras —fallecido en 2015—, había hecho copias de la documentación y la había enviado fuera del país o la había guardado en alguna otra parte en Chile. Las Fuerzas Armadas siempre han alegado que no tenían información porque había sido quemada, legalmente, antes de que Pinochet abandonara el poder. Al disolverse en 1977, la DINA traspasó sus bienes y la mayoría de sus agentes a la CNI. Exagentes de la CNI han dicho a la justicia que recibieron los archivos de la DINA y procedieron a microfilmarlos.
La CNI contrató a la subsidiaria en Chile de la empresa multinacional Kodak, una de las tres compañías que ofrecía servicios de microfilmación en el país. Kodak Chile tenía el monopolio de la cartera CNI y, paradójicamente, también de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, la principal organización de defensa de los derechos humanos durante la dictadura.
Kodak les vendió equipos de microfilmación e insumos, hizo la mantención y reparación de los equipos, capacitó a los agentes sobre cómo usarlos y les dio charlas sobre cómo resguardar la información. Según el exejecutivo de ventas de Kodak Chile a cargo de ambas carteras, Willy Surrey, los equipos que tenía la CNI eran de alta velocidad, capaces de procesar grandes volúmenes de documentos y permitían búsquedas automáticas. Comenzaron a microfilmar en 1977.
La quema de los microfilmes a inicios de 2000 se produjo antes del regreso a Chile del exdictador desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera de un procedimiento de extradición a España.CreditReuters
“Nunca vi los documentos originales que microfilmaban”, aseguró Surrey en una entrevista telefónica. “Cuando hacíamos capacitación, usaban fotocopias de los documentos donde tachaban en negro los nombres u otra información sensible”.
Entre los documentos que Surrey recuerda que la CNI microfilmaba había carpetas con fichas de personas, cédulas de identidad, fotografías, planos y recortes de diarios. Cada carpeta correspondía a una persona o hecho de relevancia, dijo.
El suboficial Raúl Otárola, del departamento de Microfilm de la División de Informática de la CNI, atestiguó que luego de la microfilmación los originales en papel eran devueltos a sus unidades para su destrucción.
Cuando llegó a ese departamento en 1983, agregó, escuchó de parte del empleado civil Juan Crisóstomo, encargado de codificar la documentación, que años antes el exdirector de la DINA había retirado los “únicos tres rollos de microfilmación relativos al caso de Orlando Letelier”, el excanciller chileno asesinado en un atentado con auto bomba en Washington en 1976. Otárola no aceptó una solicitud para entrevista.
En una conversación telefónica, Crisóstomo negó haber dicho eso y aseguró que lo único que se microfilmaba en la CNI eran archivos administrativos. “No tengo idea de qué pasó con la información de inteligencia o de operaciones”, dijo.
De acuerdo con las declaraciones judiciales, a fines de 1999 el director de inteligencia del Ejército, el general Eduardo Jara, le ordenó a la entonces jefa de la sección Archivo del Departamento de Contrainteligencia de la DINE, la mayor Mercedes Rojas, revisar los microfilmes por si contenían información relacionada con derechos humanos.
Meses antes, en agosto, el gobierno había convocado a una mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas para ver la manera en que entregaran información sobre el destino de los desaparecidos. Los resultados de la mesa, que se prolongó durante diez meses, fueron un fiasco, pero dentro del Ejército ya sonaban las alarmas.
Rojas dijo haber pasado un par de horas al día durante dos meses mirando los aproximadamente cincuenta rollos. El material era irrelevante, estaba ocupando espacio en la bóveda y no servía para nada, le informó a su superior.
Jara le instruyó, verbalmente, incinerarlo todo. Fue entonces que Rojas pidió ayuda a dos de sus subalternos, el suboficial Luis Zúñiga y el cabo Osvaldo Ramírez. Les ordenó sacar los rollos de celuloide de sus cartuchos y meterlos en bolsas, y los tres partieron a Nos. Fue escogido ese lugar en las afueras de la capital, señaló Ramírez al tribunal, “más que nada para no contaminar el aire de Santiago”.
Soldados del Ejercito chileno queman libros el 26 de septiembre de 1973 tras el golpe de Estado. CreditAFP
Rojas dijo que no quedaron duplicados y según Ramírez también se quemaron las copias de seguridad. Tampoco se dejó acta de incineración.
Varios testigos de la CNI y la DINE interrogados por la justicia coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme podía guardar “fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción”.
Jara, el exdirector de inteligencia —quien rechazó una entrevista—, declaró ante la justicia que rindió cuenta del hecho al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Patricio Chacón. No se ha podido confirmar desde dónde provino la orden de destruir los rollos de microfilme y, más allá de su responsabilidad de mando, cuál fue el grado de participación del entonces comandante en jefe del Ejército, ya fallecido, general Ricardo Izurieta, sucesor de Pinochet.
La quema a inicios de 2000 se produjo a las puertas del regreso a Chile del exdictador desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera del procedimiento de extradición solicitado por la Audiencia Nacional de España. En ese lapso, en Chile se habían acumulado más de 300 querellas criminales en su contra.
Tal vez lo único que quedaría de los archivos de la represión, además de lo que, hipotéticamente, se habrían llevado algunos oficiales a la casa, son las fichas resumen de cada expediente que era microfilmado.
Según explicó a la justicia el coronel retirado Ricardo Yáñez, exjefe del Departamento de Computación de la CNI, antes de que las carpetas fueran microfilmadas se elaboraban fichas resúmenes digitalizadas de sus contenidos. Estas fichas se guardaban en un “computador central” antes de que los expedientes fueran microfilmados. Al menos hasta 1987, cuando Yáñez dejó la CNI, dijo, las fichas resúmenes aún estaban en ese computador central, cuyo destino se desconoce.
“Sería extraordinario contar con esos documentos porque podríamos aclarar el destino de los cerca de mil detenidos-desaparecidos y resolver muchos crímenes”, afirma Luis Henríquez, exjefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones y jefe de primer equipo de investigación de la policía en causas de derechos humanos. “Pero, lamentablemente, por lo mismo creo que los destruyeron”.
