Poder Ejecutivo

El Gobierno dispuso el traslado definitivo del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

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El Poder Ejecutivo nacional ordenó el traslado del Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín a la sede principal y cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar su preservación, seguridad y custodia permanente. La medida fue formalizada mediante el Decreto 81/2026, firmado el 2 de febrero de 2026, y deroga expresamente el Decreto N° 843/2015, que había dispuesto su exhibición permanente en el Museo Histórico Nacional.

La decisión tiene un fuerte peso institucional y simbólico: redefine el esquema de guarda de uno de los bienes históricos más relevantes del patrimonio nacional y refuerza el rol del Regimiento de Granaderos como custodio de los símbolos fundacionales del Estado argentino.

Un símbolo del patrimonio histórico bajo custodia militar

El decreto recuerda que el Sable Corvo integra el patrimonio histórico de la Nación y constituye “uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia”. Donado al Estado Nacional en 1897, el arma fue incorporada al acervo público con el fin de asegurar su preservación y custodia estatal como testimonio material del proceso emancipador.

El texto oficial detalla que el sable fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades, en 1963 y 1965, cuando se encontraba bajo guarda del Museo Histórico Nacional. Si bien fue recuperado en ambos casos, esos episodios motivaron un cambio de criterio en materia de seguridad. Como consecuencia, el Decreto N° 8756/1967 dispuso su guarda y custodia definitiva por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, unidad creada por el propio Libertador.

Posteriormente, en 2015, el Decreto N° 843 estableció su traslado al Museo Histórico Nacional para exhibición permanente, aunque manteniendo la custodia formal del Regimiento. Esa decisión queda ahora sin efecto.

El rol del Regimiento y el valor institucional del Cuartel de Palermo

El decreto subraya que el Regimiento de Granaderos a Caballo ha tenido históricamente a su cargo la custodia del Jefe Supremo de la Nación y de los símbolos más relevantes de la historia argentina, constituyendo “una expresión de la continuidad institucional que vincula los orígenes de la República con el presente del Estado Nacional”.

En ese marco, se destaca también el valor del Cuartel de Palermo, ubicado en la Avenida Luis María Campos N° 554, declarado Monumento Histórico Nacional por el Decreto N° 1109/1997. El conjunto edilicio y sus jardines están directamente asociados a la figura del Libertador y a la tradición republicana argentina, lo que refuerza —según el Poder Ejecutivo— la coherencia histórica del traslado.

El Gobierno considera que la guarda del Sable Corvo en ese ámbito “restituye su contexto histórico propio” y garantiza condiciones adecuadas de conservación, seguridad y jerarquía institucional, en línea con el legado sanmartiniano.

Alcances de la medida

El Decreto 81/2026 establece que el sable quedará bajo la guarda y custodia exclusiva del Regimiento de Granaderos a Caballo, que será responsable de su preservación, seguridad e integridad conforme a las normas y protocolos aplicables. La decisión se inscribe, según los considerandos, en una política del Estado Nacional orientada a “honrar la historia nacional” y asegurar una administración responsable del patrimonio público.

Desde el punto de vista institucional, la derogación del decreto de 2015 implica un cambio relevante en el vínculo entre el Museo Histórico Nacional y uno de los objetos más emblemáticos de su acervo histórico reciente. Al mismo tiempo, reafirma el rol de las Fuerzas Armadas —en este caso, a través de una unidad histórica— en la custodia de símbolos fundacionales del orden republicano.

La medida fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y contó con la intervención del servicio de asesoramiento jurídico correspondiente.

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El Gobierno incorporó la baja de la edad de imputabilidad al temario de las sesiones extraordinarias

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El Poder Ejecutivo amplió formalmente el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. La decisión quedó plasmada en el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, y establece que, a partir del 2 de febrero, el Parlamento podrá debatir los proyectos vinculados a la baja de la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. La medida ordena el marco institucional para un debate que el Presidente había anticipado horas antes en Mar del Plata, con fuerte impacto político y social.

El decreto, firmado por el Presidente y por Manuel Adorni, amplía el alcance de las sesiones extraordinarias convocadas bajo las facultades de los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, y formaliza un eje central de la agenda de seguridad y justicia del Gobierno.

Marco legal y alcance del Decreto 53/2026

El texto normativo es breve y preciso. En su Artículo 1°, dispone: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”. El Artículo 2° ordena su publicación y archivo.

La ampliación del temario resulta clave desde el punto de vista institucional: sin esta inclusión expresa, el Congreso no podía abordar el tema durante el período extraordinario. Con el decreto, el Ejecutivo habilita el debate legislativo y traslada la discusión al ámbito parlamentario, donde deberán definirse los alcances, consensos y eventuales modificaciones al régimen vigente.

Antecedentes, fundamentos y señal política

La iniciativa apunta a modificar el régimen actual, vigente desde la última dictadura militar, que establece en 16 años el piso de punibilidad. El proyecto que el Ejecutivo prevé enviar —impulsado por las áreas de Seguridad y Justicia— propone reducir esa edad para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados bajo un nuevo esquema penal juvenil.

El decreto llega pocas horas después de un anuncio político realizado en Mar del Plata, donde el Presidente sintetizó el enfoque del Gobierno con una consigna que busca marcar rumbo: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”. Esa definición discursiva encuentra ahora respaldo jurídico-administrativo, al abrir formalmente el debate legislativo.

Repercusiones y escenarios de debate

La inclusión del tema en extraordinarias anticipa un debate de alto voltaje político e institucional. Por un lado, coloca a la seguridad y al sistema penal juvenil en el centro de la agenda parlamentaria del inicio de 2026. Por otro, reabre una discusión histórica sobre responsabilidad penal, derechos de los menores y eficacia del sistema de justicia.

El tratamiento en el Congreso permitirá medir alineamientos, resistencias y posibles consensos, además de definir si la reforma avanza durante el período extraordinario o si queda sujeta a un debate más prolongado. En términos prácticos, el decreto no modifica por sí mismo el régimen vigente, pero habilita el escenario para una discusión que puede derivar en un cambio estructural del marco penal juvenil en la Argentina.

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El Gobierno convoca al Congreso en febrero para tratar la reforma laboral, ley de glaciares y acuerdo Mercosur–UE

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El presidente Javier Milei convocó formalmente al Honorable Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial. La convocatoria delimita una agenda legislativa acotada pero de alto impacto económico, político e institucional, que incluye la modernización del régimen laboral, la adecuación de la Ley de Glaciares, el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de un embajador extraordinario.

La medida, firmada por el Presidente de la Nación y el vocero presidencial Manuel Adorni, se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, y establece que los temas habilitados para su tratamiento serán exclusivamente los detallados en el Anexo IF-2026-06047221-APN-JGM, que forma parte integrante del decreto.

Una agenda extraordinaria con foco en reformas estructurales

El Artículo 1° del Decreto 24/2026 convoca al Congreso a sesionar fuera del período ordinario durante 26 días, desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026, mientras que el Artículo 2° define los asuntos que integran la convocatoria, restringiendo el temario a cuatro puntos centrales.

Entre ellos se destaca el Proyecto de Ley de Modernización Laboral (Mensaje 35/25, Expediente Senadores PE 159/2025), una iniciativa clave dentro del programa de reformas del Poder Ejecutivo, con impacto directo sobre el mercado de trabajo, la regulación de las relaciones laborales y los costos asociados al empleo formal.

También figura el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que propone modificaciones a la Ley N° 26.639 (Mensaje 36/2025, Expediente Senadores PE 161/2025). Este punto reviste relevancia institucional y económica, dado que involucra estándares ambientales, regulación de actividades productivas y el marco normativo vigente en zonas de glaciares y ambientes periglaciales.

Comercio exterior y política exterior en el temario legislativo

La convocatoria incluye además el tratamiento del Proyecto de Ley para aprobar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de uno de los acuerdos comerciales más relevantes en términos de inserción internacional, reglas de acceso a mercados y alineamiento estratégico del bloque regional.

En el plano de la política exterior, el temario contempla la consideración del acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Fernando Adolfo Iglesias, conforme a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias.

La inclusión de este punto refuerza el carácter integral de la convocatoria, que combina reformas económicas y laborales con definiciones institucionales y diplomáticas que requieren aval del Congreso.

Posibles repercusiones

La delimitación estricta de los temas a tratar durante las sesiones extraordinarias refuerza el rol del Poder Ejecutivo en la definición de prioridades legislativas, al tiempo que coloca al Congreso frente a debates de alta sensibilidad económica, regulatoria y política.

La modernización laboral y la adecuación de la Ley de Glaciares anticipan discusiones intensas en torno al equilibrio entre competitividad, protección ambiental y marcos regulatorios vigentes, mientras que el acuerdo Mercosur–Unión Europea introduce un eje central de debate sobre comercio exterior y reglas de integración internacional.

Con esta convocatoria, el Gobierno busca avanzar en una agenda concentrada de proyectos considerados estratégicos antes del inicio del período ordinario de sesiones.

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Milei convocó a extraordinarias: Presupuesto 2026 y reformas clave definirán el cierre del año político

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El Presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias con un temario económico y penal de alto voltaje institucional

Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025, con un temario focalizado en reformas estructurales: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y adecuación de la Ley de Glaciares. El paquete se formalizó mediante el Decreto 865/2025, publicado el 9 de diciembre de 2025, y coloca al Congreso frente a un cierre de año dominado por debates clave para el ordenamiento macroeconómico y el rediseño del régimen penal y ambiental del país.

Un temario económico y penal para cerrar el año legislativo

El Decreto 865/2025, firmado por el Presidente y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece en su Artículo 1° la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre de 2025.

El Artículo 2° incorpora el Anexo I (IF-2025-135305231-APN-JGM), donde se enumeran los seis asuntos que integran el temario:

  1. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 (Msje. JGM 104/25, Exp. 14-JGM-2025).
  2. Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal (Msje. 14/25, Exp. 3-PE-2025).
  3. Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Msje. 29/25, Exp. 11-PE-2025).
  4. Proyecto de Ley de Modernización Laboral (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  5. Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  6. Proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos de Glaciares – Ley Nº 26.639 (a ser enviado por el Ejecutivo).

El texto se ampara en los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que habilitan al Presidente a convocar al Congreso fuera del período ordinario y a fijar la agenda temática.

Un Congreso presionado a definir las anclas de 2026

La inclusión del Presupuesto 2026 como primer punto deja en claro la urgencia del Ejecutivo en asegurar el marco fiscal para el próximo año, en un escenario donde el ordenamiento de cuentas públicas es central para la estrategia económica oficial.

El paquete se completa con dos iniciativas fiscales. Inocencia Fiscal: un proyecto ya ingresado a Diputados, orientado a modificar o establecer reglas sobre el accionar del contribuyente. Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: también en trámite legislativo.

La convocatoria incorpora además tres proyectos aún no remitidos, lo que sugiere negociaciones en curso: una Modernización Laboral, clave en los planteos del Gobierno sobre competitividad. Una Reforma del Código Penal, cuyo alcance no fue detallado. La adecuación de la Ley 26.639 de Glaciares, un tema ambiental sensible en la agenda política federal.

El decreto fue registrado con fecha 5 de diciembre de 2025 y publicado el 9 de diciembre, según el cierre del Boletín Oficial.

Escenarios legislativos y tensiones posibles

La amplitud y profundidad del temario anticipan un diciembre de negociaciones densas entre bloques, gobernadores y el Poder Ejecutivo. La presencia de iniciativas fiscales, penales, laborales y ambientales, todas de alto impacto, perfila un cierre de año legislativo con potenciales tensiones entre oficialismo, oposiciones y actores sectoriales.

En particular: El Presupuesto 2026 marcará la hoja de ruta económica del próximo año. La Modernización Laboral podría activar resistencias sindicales. La Reforma Penal y la adecuación de la Ley de Glaciares impactarán en provincias, organizaciones ambientales y el sistema de justicia.

La convocatoria a extraordinarias se convierte así en un test político para medir la capacidad del Gobierno de avanzar con reformas estructurales en un Congreso que será la arena principal de disputa institucional en el cierre de 2025.

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Cambios en la Ley de Ministerios y ampliación del poder operativo de Interior y Seguridad

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El Gobierno modificó por DNU la Ley de Ministerios y amplió las competencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Seguridad Nacional

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 825/2025, una reestructuración de la Ley de Ministerios N.º 22.520. La norma redefine atribuciones clave del Ministerio del Interior —que absorberá funciones de registro de identidad, relaciones legislativas y políticas deportivas— y fortalece el rol del Ministerio de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior, política migratoria y control fronterizo. La decisión, que entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, deberá ser evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Reforma institucional: más atribuciones para Interior y reorganización del esquema de competencias

El DNU 825/2025, fechado el 19 de noviembre de 2025, introduce cambios estructurales en la Ley de Ministerios N.º 22.520 (t.o. por Decreto 438/92). Según los considerandos, el Gobierno argumenta que las modificaciones son “impostergables para la gestión” y se encuadran en las facultades previstas en el artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional.

El decreto redefine funciones dentro del Ministerio del Interior. En particular, otorga:

  • El contralor del registro y certificación de identidad, incorporando formalmente la conducción del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
  • Las relaciones con el Poder Legislativo Nacional, integrando esta área dentro del esquema del Ministerio.
  • La política deportiva nacional, abarcando deporte de alto rendimiento, amateur y recreativo.

Asimismo, el DNU modifica los incisos 35 y 40 del artículo 16 para redefinir competencias en materia de turismo y su representación internacional. También suprime los incisos 38 y 46 al 51, eliminando funciones previas del esquema ministerial.

La medida incluye una sustitución integral del artículo 17, ampliando el alcance del Ministerio del Interior a 33 funciones específicas: desde el régimen electoral, los actos patrióticos y la política federal de frontera, hasta la creación de condiciones para el desarrollo territorial, la definición de políticas de deporte, la asignación de becas deportivas y la representación internacional vinculada al deporte.

Nueva estructura del Ministerio de Seguridad Nacional y alcance de la reforma

El DNU también reemplaza por completo el artículo 22 bis, redefiniendo las atribuciones del Ministerio de Seguridad Nacional, que ahora concentra:

  • La planificación y ejecución integral de la seguridad interior.
  • La dirección y coordinación de Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales, Provinciales y de CABA.
  • La política criminal y el funcionamiento del sistema penitenciario.
  • Las políticas migratorias, incluyendo el otorgamiento de condición de refugiado y el derecho de asilo.
  • La producción de inteligencia penal correspondiente a las fuerzas de seguridad.
  • La supervisión de la seguridad aeroportuaria, el régimen de armas, explosivos y afines, y la aplicación de la Ley de Manejo del Fuego N.º 26.815.
  • El control fronterizo en Pasos Internacionales, Centros de Frontera y Áreas de Control Integrado, en coordinación con países limítrofes.
  • La planificación de infraestructura para seguridad y control de fronteras.

El decreto también incorpora la coordinación de estadísticas criminales federales, la intervención en zonas de frontera (Ley 22.352) y la articulación con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Ley 27.287).

Con este rediseño, el Ministerio de Seguridad asume un rol más amplio que abarca desde migraciones hasta la tutela del sistema penitenciario, consolidando un esquema de centralización operativa.

Proceso legislativo, efectos institucionales y próximos pasos

El decreto instruye a dar cuenta inmediata a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, de acuerdo con lo previsto en la Ley 26.122, que regula la intervención parlamentaria en los Decretos de Necesidad y Urgencia. La Bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir un dictamen sobre su validez o invalidez, y cada Cámara deberá pronunciarse mediante resolución expresa conforme al artículo 82 de la Constitución Nacional.

La entrada en vigencia del DNU se produce el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, según el artículo 5°, y lleva las firmas de Javier Milei y los ministros miembros del Gabinete.

La reforma reorganiza áreas sensibles para la administración estatal: identidad, relaciones federales, política deportiva, seguridad interior y migraciones. También reconfigura la distribución de responsabilidades entre Interior y Seguridad, con efectos operativos para provincias, municipios, organismos descentralizados y fuerzas de seguridad.

De cara al debate legislativo, se prevén repercusiones en sectores vinculados a la política federal, la administración electoral, el sistema deportivo nacional, el régimen migratorio y la articulación con gobiernos provinciales.

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