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Venchiarutti Sartori seguirá al frente del Superior Tribunal de Justicia hasta 2027

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La actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Venchiarutti Sartori, fue ratificada por sus pares para seguir al frente del cuerpo en 2026-2027 y anticipa una agenda centrada en modernización, gestión y defensa salarial

En un discurso institucional fuerte, destacó los hitos tecnológicos y organizativos logrados en la última década -como la implementación del sistema SIGED, la oralidad civil y el modelo forense provincial- y advirtió que, en el actual contexto económico, la prioridad será sostener la calidad del servicio judicial y encarar “la madre de todas las batallas”: la recomposición salarial.

Un reconocimiento interno en un Poder Judicial que apuesta a la continuidad institucional

Recibo con agradecimiento y humildad el honor de presidir el Superior Tribunal de Justicia de mi querida provincia y representar al Poder Judicial”, expresó Venchiarutti Sartori tras ser elegida por sus pares para encabezar el STJ durante el bienio 2026-2027.

La elección se produce en un momento clave para el sistema judicial misionero, que atraviesa un proceso de consolidación tecnológica y de reorganización administrativa impulsado desde hace más de una década. La magistrada remarcó que “el Poder Judicial es razonable y profundamente humano. Está en su ADN y en su esencia. Las almas que lo integran necesitan fuerza y protección y allí estaremos”.

El apoyo interno a su designación apunta a garantizar la continuidad de un modelo de gestión basado en planificación, innovación y profesionalización, especialmente en un escenario económico nacional complejo, que presiona sobre los presupuestos provinciales y los salarios del sector público.

Venchiarutti Sartori estructuró su mensaje alrededor de los avances tecnológicos y procedimentales que redefinieron el funcionamiento del Poder Judicial desde 2014, cuando se implementó el SIGED, un sistema íntegramente desarrollado dentro del Poder Judicial misionero.

SIGED: una herramienta propia, sin costo externo

El sistema, enfatizó, fue creado “por nosotros mismos y no arroja ningún costo”, y su desarrollo sostenido permitió su uso en toda la provincia. La digitalización fue clave para enfrentar el período crítico de la pandemia. “En mayo de 2020 fuimos uno de los primeros poderes judiciales del país en abrir todas las puertas —que jamás fueron cerradas—, atendiendo prioridades y en forma remota”, recordó.

El avance técnico permitió implementar la notificación electrónica, un mecanismo que acortó tiempos institucionales a mínimos históricos, con impacto directo en la duración de los procesos.

Oralidad civil: fallos en tiempos récord

Otro de los hitos fue la implementación de la oralidad en los procesos civiles, que permitió reducir tiempos procesales de manera significativa. “Un proceso de daños tiene sentencia de Primera Instancia en dos años, y a veces en plazos menores, salvo que sea objeto de recursos interminables”.

Sistema médico forense de vanguardia

También destacó la puesta en marcha de un sistema médico forense “modelo en la región, con tecnología de avanzada y profesionales que trabajan sábados y domingos en las autopsias”.

Coordinación con el fuero federal

Para el ciudadano de a pie, la justicia no tiene fueros”, afirmó, al explicar que el Poder Judicial provincial mantiene una conexión operativa directa con el fuero federal. Colaborando con equipos técnicos “solicitando tan sólo que se nos ayude con la adquisición de insumos por su alto costo”.

Relevos generacionales y desafíos económicos

La presidenta electa describió además un proceso sostenido de recambio generacional. “El Consejo de la Magistratura ha realizado en los últimos 20 años más de 300 concursos. Hoy tanto jueces como el Ministerio Público tienen una edad promedio de 40 años”, apuntó.

En contraste con ese dinamismo institucional, advirtió que el contexto macroeconómico nacional plantea un desafío central: “Resta mucho por hacer. Ante la situación económica y social que vive el país y afecta a las economías regionales, sostener lo logrado y mantener el servicio será una prioridad”.

Y remarcó el eje crítico de la nueva etapa: “La madre de todas las batallas: la mejora salarial”.

Su mensaje apuntó a sostener la motivación y estabilidad del personal judicial, factor clave para evitar demoras, desgaste y pérdida de cuadros técnicos.

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Protestas docentes: 10 y 8 meses de prisión en suspenso para Gurina y Sánchez

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Condenan a Mónica Gurina y Leandro Sánchez por desobediencia judicial y entorpecer servicios, fuerte reacción sindical en Misiones

La jueza Marcela Leiva condenó a 10 y 8 meses de prisión en suspenso a los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez por los hechos ocurridos durante el acampe salarial de mayo y junio de 2024 sobre la avenida Uruguay de Posadas. La sentencia incluye tareas comunitarias, reglas de conducta y el pago de costas. Gremios anunciaron un paro en rechazo al fallo, que califican como “criminalización de la protesta”.

La resolución judicial se dio al cierre del debate oral en el tribunal unipersonal que encabeza la magistrada, y fue concordante con lo solicitado por la fiscal del caso, María Laura Álvarez. La causa se centró en la violación de una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción 6 el 1 de junio de 2024, en el marco del prolongado conflicto docente que atravesó la provincia.

Una sentencia con impacto político e institucional

Durante el alegato, la fiscal Álvarez sostuvo que tanto Gurina —dirigente de la CTA Autónoma— como Sánchez —secretario general de UTEM— actuaron como coautores de los delitos de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra, en concurso ideal.

La representante del Ministerio Público remarcó que ambos “sabían de la orden y aun así desoyeron el mandato judicial”, y subrayó el “grave perjuicio económico” que, según describió, sufrieron comerciantes de la zona durante las protestas.

“Ningún derecho es absoluto y todos deben ponderarse cuando se afecta a otros”, expresó Álvarez, calificando lo ocurrido como un “ejercicio abusivo” que vulneró derechos de terceros y “bienes jurídicamente protegidos”.

En consecuencia, la fiscal había pedido un año de prisión en suspenso para Gurina y diez meses para Sánchez, además de tareas comunitarias y costas. La jueza Leiva resolvió imponer 10 meses de prisión en suspenso a Gurina y 8 meses a Sánchez, además de ordenarles tareas comunitarias en ámbitos no escolares y reglas estrictas de conducta para conservar la libertad condicional.

El planteo de las defensas: protesta social, necesidad y ausencia de liderazgo probado

Los defensores Roxana Rivas, Eduardo Paredes y María Alvarenga solicitaron la absolución de ambos referentes sindicales. Argumentaron que las acciones del acampe se enmarcaron en el derecho constitucional a la protesta, en un contexto de reclamos salariales sin respuesta institucional y bajo un “estado de necesidad justificante”.

El planteo incluyó dos ejes centrales: La orden de desalojo no estaba dirigida de manera específica a los imputados, por lo que no se configuraría la desobediencia.Y no habría pruebas directas del liderazgo atribuido a Gurina y Sánchez en la organización de los cortes.

    La sentencia descartó estos argumentos y consideró acreditada la responsabilidad penal de ambos.

    Los gremios convocan a un paro y denuncian criminalización

    Tras conocerse el fallo, sindicatos docentes resolvieron realizar un paro el jueves, en repudio a lo que consideran una criminalización de las protestas salariales ocurridas el año pasado. La medida busca visibilizar el malestar por el precedente que, advierten, podría condicionar futuras manifestaciones en reclamos sociales o laborales.

    La causa, que puso en tensión el límite entre el derecho a la protesta y la operatividad de órdenes judiciales, abre un debate sobre la judicialización de conflictos gremiales en un contexto signado por la caída del salario real y los deterioros en las condiciones laborales del sector docente.

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    Con presencia de los tres Poderes, Misiones incorporó jueces y fiscales en una jornada marcada por los 42 años de democracia

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    Misiones refuerza su estructura judicial con nuevos nombramientos, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tomó juramento a seis funcionarios clave

    El Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) realizó este 31 de octubre a las 11 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, el acto de juramento de seis nuevos funcionarios judiciales que asumirán cargos estratégicos en Posadas, Santa Ana, Oberá y Jardín América. La medida fortalece la capacidad operativa del sistema judicial provincial, clave en un contexto de creciente demanda de resoluciones penales y de primera instancia.

    Reforzamiento institucional: designaciones para cuatro ciudades clave

    La ceremonia fue encabezada por la presidente del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, acompañada por los ministros Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez y por el procurador general de la Provincia, Carlos Jorge Giménez. También participaron el gobernador Hugo Mario Passalacqua y el diputado Rolando Roa, en representación de la Cámara de Representantes.

    Los funcionarios que juraron fueron:

    • Pedro Benito Piriz, Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de Posadas.
    • Martín Alejandro Rau, Juez del Tribunal Penal N.º 2 de Posadas.
    • David Ezequiel Augusto Milicich, Juez del Tribunal Penal N.º 1 de Oberá.
    • Héctor Mariano Viola Dalmau, Juez de Paz Letrado de Santa Ana.
    • Mariana Vanessa Golemba, Juez de Paz Letrada de Jardín América.
    • Juan Pablo Fernández Rissi, Fiscal del Tribunal Penal N.º 1 con sede en Oberá.

    Estas designaciones fortalecen áreas sensibles del sistema judicial, especialmente las circunscripciones penales de Posadas y Oberá, que concentran altos niveles de litigiosidad. Asimismo, la designación de nuevos jueces de Paz en Santa Ana y Jardín América apunta a reforzar la atención de conflictos de menor cuantía, mediación y cuestiones de proximidad territorial.

    La lectura del acta estuvo a cargo de Víctor Hugo Marinoni, secretario general administrativo y de superintendencia del STJ. Los nuevos funcionarios firmaron el acta una vez finalizada su lectura.

    Un acto con significado político: 42 años de democracia y fortalecimiento del Estado de derecho

    Durante su intervención, Venchiarutti Sartori subrayó el valor institucional del juramento y destacó el acompañamiento de los tres poderes del Estado. Agradeció también la presencia de los intendentes de los municipios involucrados, afirmando:
    “Hay muchas cosas que no se podrían hacer sin la ayuda de ustedes”.

    La presidenta del STJ enmarcó el acto en una fecha significativa:
    “Ayer se cumplieron 42 años de democracia, y si los miro bien, ustedes son un grupo sub 50, todos hijos de la democracia, acostumbrados a este ejercicio de votar y elegir”, señaló.
    A ello sumó una reflexión sobre el rol del Consejo de la Magistratura:
    “Felicito a mis colegas… a rendir, a participar y a tomar juramentos, lo cual es un verdadero acto del Estado de derecho”.

    Finalmente, destacó el sentido democrático de la jornada:
    “A un día de celebrar 42 años de Democracia este día es una gran celebración, felicidades a quienes hoy asumen sus nuevas funciones”.

    El acto contó con la presencia del secretario de Gobierno en representación del intendente de Posadas, José Antonio Amable; la intendente de Santa Ana, Mabel Pezoa; el intendente de Oberá, Pablo Hassan; el intendente de Jardín América, César Daniel Araujo; la presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, María José Bustos, miembros del Consejo de la Magistratura, magistrados, funcionarios, el secretario adjunto de la Unión Judicial, Esteban Ruiz Díaz, además de familiares e invitados.

    Implicancias y proyección: impacto operativo y político-institucional

    La incorporación de estos seis funcionarios se traduce en:

    Mayor capacidad resolutiva en fueros penales, donde se concentran investigaciones complejas y causas sensibles para la seguridad pública.

    Fortalecimiento territorial del Poder Judicial, con nuevos jueces de Paz en Santa Ana y Jardín América.

    Seguridad institucional en un contexto de alta demanda social por celeridad, transparencia y acceso a la justicia.

    Señal política de cooperación interinstitucional, evidenciada en la presencia simultánea de representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

    El acto, además, envía un mensaje de continuidad institucional tras 42 años de democracia, remarcando el compromiso del Poder Judicial con la legitimidad de los procesos de selección y la estabilidad del Estado de derecho en Misiones.

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    Misiones celebra el día provincial de la Adopción como acto de amor y derecho

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    Misiones conmemora el Día Provincial de la Adopción, un llamado a garantizar el derecho de crecer en familia

    Cada 15 de septiembre la provincia de Misiones celebra el Día Provincial de la Adopción, instituido por la Ley II – N.º 37 en 2021. Más que una efeméride, la fecha busca visibilizar la adopción como un acto de amor y responsabilidad social, en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

    Adopción: más allá del trámite, un derecho a la familia

    La conmemoración del 15 de septiembre invita a repensar la adopción no solo como un proceso legal, sino como la decisión consciente de garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a crecer en un entorno de cuidado, escucha y afecto.

    “Cada familia que se forma a través de la adopción demuestra que los lazos más profundos no siempre nacen de la biología, sino de la voluntad de acompañar, sostener y amar”, señala la fundamentación legislativa de la norma.

    El marco legal provincial —Ley II – N.º 37— se articula con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Ley II – N.º 13) y la Ley II – N.º 16 de Protección Integral de NNyA, consolidando la adopción como un derecho de los menores de edad a contar con una familia que les brinde futuro y contención.

    Sistemas estatales: RUAMM y Familias de Acogida

    La política pública en Misiones combina dos herramientas centrales:

    • Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAMM): depende del Poder Judicial y evalúa a los postulantes a guarda con fines adoptivos domiciliados en la provincia, incorporando a los admitidos en la nómina oficial. A través de un botón en la web del Poder Judicial, se facilita el acceso a la plataforma del registro y la información sobre las infancias en búsqueda de un hogar.
    • Sistema de Acogimiento Familiar Alternativo (RUFAAFA): impulsado por la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo la órbita de la Vicegobernación, con el apoyo de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) y la Red Federal de Acogimiento Familiar. Convoca a “Familias de Acogida” que transitoriamente ofrecen cuidado hasta que los procesos legales de adopción se completan.

    Estos mecanismos evidencian que la construcción de políticas públicas debe orientarse a agilizar los trámites, fortalecer la capacitación de equipos técnicos y brindar información clara a las familias aspirantes.

    Una sociedad que reconozca la diversidad familiar

    El Día Provincial de la Adopción abre un espacio de reflexión colectiva sobre la sociedad que Misiones busca construir: inclusiva, diversa y comprometida con el derecho de la infancia a crecer en familia.

    El desafío inmediato es doble: por un lado, agilizar procesos y reducir tiempos de espera que afectan a los menores institucionalizados; por otro, derribar mitos y prejuicios en torno a la adopción, promoviendo la idea de que no se trata de un favor o una concesión, sino del ejercicio pleno de un derecho humano fundamental.

    En ese sentido, las políticas públicas en torno a adopción y acogimiento resultan estratégicas no solo para la infancia misionera, sino como modelo regional de integración social y protección de derechos.

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