Poder Judicial Misiones

Buscan mejorar la respuesta estatal frente a la violencia contra niños y adolescentes

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Se realizó una Mesa de Trabajo Interinstitucional destinada a fortalecer las políticas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Misiones donde participaron representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organismos provinciales, la Municipalidad de Posadas y distintas áreas vinculadas al Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Defensora Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Rossana Franco estuvo al frente de este encuentro realizado en la Subsecretaría de Prensa de Casa de Gobierno, en la capital provincial, y en este marco consideró relevante fortalecer el trabajo articulado que se viene realizando entre las instituciones y avanzar en nuevas herramientas de intervención. En la oportunidad se abordó temas relacionados a la elaboración de una guía de buenas prácticas, el fortalecimiento de las capacitaciones sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y la implementación de la Ley Nº27.709, conocida como Ley Lucio, destinada a prevenir y detectar situaciones de violencia contra las infancias. Al respecto, la titular de la Defensoría Provincial dio cuenta que las capacitaciones ya alcanzan a los distintos poderes del Estado y que recientemente se incorporaron los clubes deportivos a ese proceso de formación. Asimismo, en la reunión se hizo hincapié en el nuevo Régimen Penal Juvenil y en tal sentido se resaltó que Misiones ya participa de mesas de trabajo para avanzar en su implementación. Vale resaltar que para este viernes 7 de agosto se realizará la Tercera Mesa del Régimen Penal Juvenil, una actividad convocada por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, cuya vicepresidenta es la Defensora Franco. “Esta crisis profunda que estamos viviendo hace que los más débiles sean quienes más sufren. En este caso son los niños, niñas y adolescentes. Por eso, estas mesas sirven para articular, mejorar y avanzar, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño y una verdadera perspectiva de niñez”, manifestó la titular de la Defensoría de los Derechos de los NNyA.

Una responsabilidad compartida

La subsecretaria de Coordinación y Monitoreo del Gobierno de la Provincia, Cynthia Petcoff manifestó que “la protección integral de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida” y valoró la realización de la Mesa Interinstitucional de Niñez y Adolescencia, a partir de que se trata de “un espacio de articulación donde quienes tenemos responsabilidades en el Estado trabajamos de manera coordinada para fortalecer las respuestas frente a las distintas realidades que atraviesan niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia”. En esa línea reforzó: “En un trabajo articulado, los tres poderes del Estado reafirmaron su compromiso con la protección integral de las infancias y adolescencias, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar respuestas más eficientes, efectivas e integrales frente a las distintas problemáticas que atraviesan niñas, niños y adolescentes”, señaló. Por su parte, el secretario de Estado de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla dio cuenta que uno de los principales desafíos es consolidar la articulación entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y los municipios para abordar problemáticas transversales como los consumos problemáticos. “Tenemos que potenciar la prevención y fortalecer la contención desde los distintos dispositivos territoriales”, aseguró. A su vez comentó que uno de los acuerdos alcanzados durante la jornada fue avanzar en una herramienta que concentre la información de los organismos y servicios disponibles, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias y optimizar las respuestas institucionales.

Optimización de políticas públicas

El plan de trabajo prioriza la identificación directa de necesidades en el territorio, con el propósito de generar datos precisos sobre las problemáticas que atraviesan a las comunidades. Esta lectura situacional permite adecuar la normativa vigente y los recursos de respuesta estatal a las realidades locales, evitando la duplicación de esfuerzos y reduciendo los tiempos de asistencia a las víctimas. En cuanto a los principales ejes de la estrategia integral se destaca el fortalecimiento e integración de los Tres Poderes, a partir de una coordinación fluida entre la ejecución de programas (Ejecutivo), la adecuación y actualización del marco normativo (Legislativo) y el acceso efectivo a la justicia con perspectiva de derechos (Judicial). También una intervención basada en evidencia, con el relevamiento e identificación de demandas prioritarias en las distintas localidades para fundamentar la asignación de recursos y el diseño de intervenciones. Asimismo, la optimización de políticas públicas, desde la evaluación continua de los circuitos de atención, fortaleciendo los equipos interdisciplinarios y promoviendo la capacitación constante de los agentes públicos para erradicar la violencia institucional y la revictimización. Como también se tiene en cuenta la prevención y restitución de derechos, a partir del desarrollo de acciones preventivas en los ámbitos comunitarios y educativos, junto con protocolos de protección integral para la infancia, adolescencia y sectores en situación de vulnerabilidad.

Un compromiso sostenido con la ciudadanía

La consolidación de políticas públicas efectivas requiere del consenso y la responsabilidad compartida de todas las estructuras estatales. Al unificar criterios de actuación, simplificar los canales de derivación y poner el foco en la prevención, el Estado ratifica su función como garante de derechos y promotor de una convivencia social pacífica. En la Mesa de Trabajo Interinstitucional estuvieron presentes por la Justicia el titular del Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar N°2, Dr. Álvaro Gunter; la titular del Juzgado de Familia N°1, Dra. Lidia Graciela Mana; el titular del Juzgado de Instrucción N°2, Dr. Juan Manuel Monte; la jueza Correccional y de Menores Nº1, Dra. Marcela Leiva y el subsecretario de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, Dr. Fabián Oudin. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, de la Mujer y la Juventud de la Provincia, la subsecretaria de Infancia, Dra. Andrea Benítez, y la directora de Niñez de la Subsecretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, Lic. Aldana Sosa. En tanto, estuvo participando también la subsecretaria de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Marlenne Abrile, la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, Lic. Sandra Galeano; la encargada del Programa de Salud Integral en la Adolescencia, Lic. Nadia Lunge; la subsecretaria y la subsecretaria de Acceso a la Justicia e Información Pública, Dra. Agustina Chiófalo; la secretaria de la Unidad de Coordinación y Gestión de la Municipalidad de Posadas, Yolanda Asunción; y la directora de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes y del Centro de Prevención Nocturno de la Municipalidad de Posadas, Belén Reyes, y el equipo de la Dirección de Familia y Género de la Policía de Misiones. Por parte de la Defensoría Provincial de los Derechos de NNyA fueron parte la coordinadora del Sistema de Acogimiento Familiar, Lic. Valeria Bongers y la coordinadora del equipo psicosocial, Lic. Carolina Noguera.

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El Superior Tribunal de Justicia flexibiliza las notificaciones electrónicas: por 90 días se podrán emitir cédulas sin firma digital del abogado

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones dispuso una modificación excepcional y transitoria del régimen de notificaciones electrónicas para facilitar la operatoria de los profesionales del derecho que aún no cuentan con firma digital habilitada.

A través de la Acordada N.º 84, el máximo tribunal provincial aceptó un pedido formulado por el Colegio de Abogados de Misiones y autorizó que, durante un plazo de 90 días, las cédulas electrónicas puedan emitirse sin la firma digital del letrado emisor, siempre que se adjunte obligatoriamente la resolución judicial correspondiente, firmada digitalmente por el órgano jurisdiccional.

La medida comenzará a regir el 1 de septiembre de 2026 y tendrá carácter excepcional, con el objetivo de evitar demoras en la tramitación de los expedientes mientras avanza la implementación plena del sistema de firma digital entre los matriculados.

Una respuesta a una dificultad operativa

En los fundamentos de la acordada, el STJ señala que el Colegio de Abogados informó que, pese a las gestiones realizadas durante los últimos años, todavía no todos los profesionales cuentan con token y firma digital habilitada, situación que dificulta el uso integral del sistema de notificaciones electrónicas previsto por la Acordada 79/2020.

Tras evaluar informes técnicos de la Secretaría de Tecnología Informática y dictámenes jurídicos sobre la viabilidad de la propuesta, el tribunal concluyó que la modificación puede implementarse sin afectar la seguridad jurídica del proceso, ya que la autenticidad seguirá garantizada por la firma digital de la resolución judicial.

Cómo funcionará el nuevo esquema

La modificación alcanza principalmente a los puntos II y IV de la Acordada 79/2020.

A partir de septiembre:

  • Las cédulas electrónicas podrán ser emitidas por los abogados sin necesidad de incorporar su firma digital.
  • Será obligatorio adjuntar la resolución judicial firmada digitalmente por el juzgado o tribunal.
  • El sistema SIGED verificará automáticamente la existencia de esa firma digital y bloqueará el envío si el documento judicial no cumple ese requisito.
  • También las cédulas emitidas directamente por los órganos judiciales dejarán de requerir la firma digital del secretario, manteniéndose como condición indispensable que la resolución adjunta esté firmada digitalmente por el juez u órgano competente.

De este modo, la garantía de autenticidad y validez jurídica se traslada desde la cédula al documento judicial que se comunica.

Plazos y efectos de la notificación

La acordada mantiene sin cambios las reglas sobre cuándo se considera perfeccionada una notificación electrónica.

La comunicación se tendrá por realizada cuando la cédula quede disponible en la cuenta del usuario dentro del sistema SIGED. Si el envío se produce en un día inhábil o después de las 20 horas de un día hábil, la notificación se considerará efectuada el siguiente día hábil.

Para los plazos procesales computados por horas, en esos casos la notificación se tendrá por realizada a las 7 de la mañana del día hábil siguiente.

El Colegio deberá impulsar la firma digital

Aunque habilita esta excepción, el Superior Tribunal dejó en claro que se trata de una solución temporaria.

Por ello encomendó expresamente al Colegio de Abogados de Misiones que intensifique las acciones para que todos los matriculados obtengan y habiliten su token y firma digital durante el período de vigencia de la medida.

La decisión busca evitar que la flexibilización excepcional se transforme en un mecanismo permanente y acelerar la digitalización completa del servicio de justicia en la provincia.

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Andrés Poujade juró como ministro del Superior Tribunal de Justicia

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El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de juramento del doctor Andrés Poujade, quien asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Con esta ceremonia quedó formalmente incorporado al máximo tribunal provincial, integrado por nueve ministros. El flamante funcionario reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien se jubiló tras una trayectoria de dos décadas en el Poder Judicial.

Durante la ceremonia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento al nuevo integrante de la institución. La magistrada resaltó que con la llegada de Poujade el tribunal queda nuevamente completo, y subrayó que el nuevo ministro se incorpora en una etapa de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. “Que jure un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia no es un dato menor. Cada juramento implica que estamos haciendo realidad ese Estado de derecho del que tanto hablamos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa un proceso de transformación. “El ministro es bienvenido a este nuevo paradigma, a esta nueva sensación de que estamos construyendo futuro, y con ese futuro credibilidad. Mucho interior hay para recorrer, mucho camino hay para realizar. Y seguramente habremos de lograr buenos resultados, porque lo único que de verdad se persigue es que el pueblo de la provincia de Misiones vuelva a creer en la justicia que hoy representamos”, manifestó.

El encargado de la lectura del decreto de designación de Poujade fue el secretario general administrativo y de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Marinoni.

Poujade llegó al máximo tribunal luego de obtener el acuerdo unánime de la Cámara de Representantes durante la sexta sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, celebrada el pasado 11 de junio. El pliego había sido remitido por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con el respaldo del pleno legislativo, tras la presentación de sus antecedentes por parte de la diputada Anazul Centeno, integrante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura.

El nuevo ministro reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien culminó una trayectoria de dos décadas dentro del Superior Tribunal de Justicia, dando paso a una renovación que coincide con uno de los procesos de modernización judicial más importantes de los últimos años.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Poujade posee una sólida formación académica complementada con estudios de posgrado en Argentina y Francia, donde obtuvo un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad en materia de derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y docencia universitaria, perfil que fue especialmente valorado durante el tratamiento legislativo de su designación.

Tras prestar juramento, el flamante integrante del STJ sostuvo que su prioridad será fortalecer la prestación del servicio de justicia mediante resoluciones oportunas y ajustadas al derecho vigente.

“Mi compromiso es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, respaldando a la institución judicial. Eso significa tomar decisiones en tiempo oportuno, de acuerdo con las constancias de cada causa y el derecho vigente”, expresó.

Con una extensa trayectoria en el fuero penal, Poujade reconoció que la transición hacia el nuevo modelo procesal será uno de los principales desafíos que enfrentará el Poder Judicial.

“Estamos frente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y otras leyes que comenzarán a implementarse. El desafío será resolver cada conflicto conforme a la normativa y a los principios generales del derecho”, afirmó.

El magistrado explicó que la transformación más significativa será el paso del actual sistema mixto de corte inquisitivo hacia un modelo acusatorio, en el cual los fiscales asumirán un rol central en la investigación penal mientras los jueces concentrarán su tarea en el control de legalidad y la garantía de los derechos constitucionales.

“La investigación quedará principalmente en cabeza de los fiscales, mientras que la actividad jurisdiccional estará enfocada en resolver las cuestiones propias del juez”, sintetizó.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, calificó la incorporación de Poujade como un paso institucional de relevancia y destacó que el máximo tribunal vuelve a funcionar con su integración completa.

“Cada vez que alguien jura por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial estamos haciendo realidad el Estado de Derecho y la división de poderes. Hoy la Corte vuelve a estar absolutamente completa”, señaló.

La titular del STJ consideró que la reforma procesal constituye un cambio histórico para la provincia, recordando que Misiones era una de las tres jurisdicciones del país que aún no había adoptado el sistema acusatorio.

“Misiones tomó una decisión que considero profundamente acertada para este momento histórico, político, social y cultural”, afirmó.

Venchiarutti explicó que el nuevo esquema modifica por completo la distribución de funciones dentro del proceso penal. Mientras la investigación y la producción de prueba quedarán bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, los jueces asumirán un rol de control sobre la legalidad de las actuaciones y la protección de las garantías constitucionales.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo paradigma exige una redefinición del perfil profesional de quienes integran el Poder Judicial.

“Hoy no alcanza solamente con conocer el derecho. Los jueces deben incorporar herramientas de gestión, conocimientos de medicina forense, psicología social y administración judicial para responder a las exigencias del nuevo sistema”, remarcó.

La presidenta también señaló que otra de las prioridades institucionales será la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, indicó que el objetivo del Poder Judicial será avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa que priorice la reinserción por sobre las respuestas exclusivamente punitivas.

“Lo que buscamos es que esos niños no sean simplemente detenidos. El desafío es construir una justicia restaurativa que permita resolver los conflictos con una mirada integral”, sostuvo.

La incorporación de Poujade se produce en una etapa de renovación institucional del Poder Judicial misionero, atravesada por reformas procesales, actualización normativa y nuevos desafíos de gestión. Con la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento de fiscales, jueces y defensores experimentará una transformación estructural que demandará capacitación permanente, nuevas herramientas tecnológicas y una reorganización de los procedimientos para responder con mayor rapidez, transparencia y eficacia a las demandas de la sociedad.

En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo cuerpo colegiado de Misiones, Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres. También estuvo presente el procurador general, Carlos Jorge Giménez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías. Además, la ceremonia contó con la participación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, ministros y representantes del Poder Ejecutivo, intendentes de distintos municipios, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros representantes del Poder Judicial.

Una trayectoria vinculada al ámbito judicial y académico

Andrés Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en Argentina y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, obtenido en Francia. A lo largo de su carrera participó en instancias de capacitación en derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial.

El letrado también ejerció la docencia universitaria, actividad desde la cual contribuyó a la formación de profesionales del derecho. Hasta su designación, Poujade se desempeñaba como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de la provincia. Su pliego fue aprobado por la Cámara de Representantes durante la VI Sesión Ordinaria del Período Legislativo N.º 54, realizada el 11 de junio, lo que permitió avanzar con su incorporación al Superior Tribunal de Justicia.

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Reforma histórica: Misiones se encamina al sistema acusatorio en la Justicia penal

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La política misionera volvió a colocar a la Justicia en el centro de la agenda institucional. Durante la previa de la sesión legislativa de este jueves, el conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, anunció que la próxima semana ingresará formalmente a la Cámara de Representantes el proyecto para incorporar el sistema acusatorio al fuero penal provincial.

Se trata de una de las reformas judiciales más relevantes de las últimas décadas en Misiones. El cambio implica abandonar progresivamente el modelo inquisitivo tradicional para adoptar un esquema en el que la investigación penal queda a cargo de los fiscales, mientras los jueces asumen el rol de garantes de los derechos constitucionales y del control de legalidad del proceso.

Según explicó Rovira, la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace tiempo entre el Poder Legislativo y distintos actores del ámbito judicial, con el objetivo de construir herramientas legales que permitan mejorar el funcionamiento de la Justicia.

“Hace tiempo venimos trabajando en una think tank con el Poder Judicial, con la facultad que tiene el Legislativo de sancionar leyes con una visión que asegure una mejor Justicia”, señaló Rovira.

La iniciativa aparece alineada con una tendencia que ya avanzó en gran parte de las provincias argentinas y también en la justicia federal. El objetivo es dotar de mayor celeridad, transparencia y eficiencia a las investigaciones penales, reduciendo tiempos procesales y fortaleciendo la oralidad en las distintas etapas del proceso.

El anuncio realizado por Rovira adquiere relevancia política por el momento institucional en que se produce. En los últimos meses, la Legislatura impulsó una serie de reformas vinculadas a la modernización del Estado, la digitalización de procesos y la actualización de marcos normativos considerados estratégicos para la provincia.

El sistema acusatorio modifica de manera sustancial la estructura de poder dentro del proceso penal. Los fiscales pasan a conducir las investigaciones y a reunir las pruebas necesarias para sostener una acusación. Los jueces dejan de intervenir en la producción de evidencia y concentran su actuación en garantizar el respeto de las garantías constitucionales de las partes.

La transformación también exige cambios organizacionales profundos. Requiere fortalecer los ministerios públicos, capacitar operadores judiciales, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y redefinir protocolos de actuación entre fiscales, jueces, defensores y fuerzas de seguridad.

En las jurisdicciones donde el modelo ya fue implementado, uno de los efectos más visibles fue la reducción de los tiempos de tramitación de las causas. También aumentó la utilización de audiencias orales y públicas, lo que permite un mayor control ciudadano sobre el funcionamiento de la Justicia.

Para Misiones, la discusión abre además un debate institucional de largo alcance. No se trata únicamente de una reforma procesal. Supone una redefinición del funcionamiento del sistema penal y de la relación entre los distintos actores judiciales.

El ingreso del proyecto marcará el inicio de una etapa de análisis legislativo que probablemente convoque a magistrados, fiscales, abogados, académicos y especialistas en derecho procesal. La magnitud de la reforma anticipa un debate técnico intenso, aunque con una orientación política ya definida: avanzar hacia un modelo penal más ágil, oral y acusatorio.

Con el anuncio de Rovira, la provincia se prepara para discutir una transformación estructural que podría modificar de manera permanente la administración de justicia penal en Misiones.

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La Legislatura convocó audiencias públicas para cubrir siete cargos clave en la Justicia de Misiones

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La Cámara de Representantes de Misiones convocó a audiencias públicas para tratar los pliegos de siete postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos estratégicos dentro del Poder Judicial provincial, entre ellos jueces de instrucción, jueces de paz y fiscales en distintas circunscripciones judiciales.

Las audiencias se realizarán el lunes 1 de junio de 2026, desde las 8:00, en el Salón Auditorio del segundo piso del edificio anexo de la Legislatura provincial, en Posadas, y estarán a cargo de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca.

Entre los cargos a cubrir se encuentran juzgados de instrucción en Posadas, Eldorado y Oberá, además de juzgados de paz en Puerto Iguazú y Posadas, y fiscalías en Puerto Rico y en la Primera Circunscripción Judicial.

El primer pliego corresponde a César Humberto Lirussi, propuesto para ocupar el cargo de juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Eldorado. La audiencia fue fijada para las 8:00.

A las 8:30 será el turno de Rosa Raquel Dionisia Mazal, postulada como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Iguazú.

Luego, a las 9:00, se analizará la propuesta de Carla Alejandra Freitag para el cargo de jueza de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Posadas.

A las 9:30 se tratará el pliego de Camila Arruti, propuesta para fiscal de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar número 1 de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Rico.

Posteriormente, a las 10:00, será la audiencia de Luis Sebastián Martínez, candidato a juez de Paz Letrado de Primera Categoría del Juzgado de Paz Civil y Comercial número 2 de Posadas.

A las 10:30 se evaluará la postulación de Martín Ignacio Balor para desempeñarse como agente fiscal de la Fiscalía en lo Correccional y de Menores número 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

Finalmente, a las 11:00 se desarrollará la audiencia correspondiente a Diego Agustín Lafata, propuesto para juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá.

La resolución también establece que cualquier ciudadano podrá presentar impugnaciones fundadas por escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a la última publicación oficial, acompañando pruebas o señalando su existencia. Estas presentaciones podrán realizarse en formato papel ante la Comisión o, excepcionalmente, mediante correo electrónico institucional.

Además, el público podrá participar mediante preguntas por escrito vinculadas exclusivamente a la función para la cual fue propuesto cada candidato. Las consultas deberán ser autorizadas por la presidencia de la Comisión y serán leídas durante la audiencia pública.

Los antecedentes y copias de los pliegos estarán disponibles para su consulta de 7:00 a 13:00 en la oficina de la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio legislativo sobre calle Constituyentes Provinciales 1980 de Posadas.

El proceso forma parte del mecanismo institucional previsto para garantizar transparencia y participación ciudadana en la designación de magistrados y funcionarios judiciales en la provincia.

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