Poder Judicial Misiones

Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para el STJ

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, propuso formalmente al abogado Andrés Poujade para integrar el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el marco de la cobertura de una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia. La postulación abre ahora el proceso institucional previsto, que incluye la evaluación de antecedentes y el posterior tratamiento legislativo para su eventual designación. Poujade cubriría la vacante dejada por Ramona Velázquez, quien se acaba de jubilar.

Oriundo de Posadas, Poujade es egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una formación académica que combina el derecho local con una marcada proyección internacional. Entre sus estudios de posgrado se destaca una especialización en Francia, donde obtuvo un máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, un perfil que incorpora herramientas vinculadas a la regulación económica y los desafíos jurídicos de la era digital.

En el plano profesional, se desempeña actualmente como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió mediante concurso público con acuerdo legislativo. Se trata de una posición clave dentro del Ministerio Público, con intervención en instancias superiores del proceso penal y en causas de significativa complejidad.

En paralelo, integra el Tribunal Electoral de la provincia como vocal titular, rol desde el cual participa en la organización, control y validación de los procesos electorales, una función que refuerza su perfil institucional dentro del sistema republicano provincial.

Su trayectoria incluye además participación en espacios de formación continua en derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y políticas públicas, así como actividad en el ámbito de la docencia universitaria, lo que configura un perfil técnico con anclaje académico.

La propuesta del Ejecutivo se inscribe en un momento de recambio dentro del STJ, un tribunal que no solo actúa como última instancia judicial en la provincia, sino que también define criterios interpretativos con impacto directo en la seguridad jurídica, el clima de inversiones y la relación entre los poderes del Estado.

De avanzar el proceso legislativo, Poujade podría incorporarse a un cuerpo que concentra decisiones estratégicas para el funcionamiento institucional de Misiones. Su eventual llegada aportaría un perfil con fuerte base penal, formación internacional y experiencia en organismos clave del sistema judicial.

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Irma Natalia Saraceni integrará el Tribunal Electoral de Misiones

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En el marco del proceso de integración del Tribunal Electoral de la provincia, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones realizó la designación de una representante de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Posadas.

La audiencia se llevó a cabo el pasado 13 de marzo de 2026 en el Salón de Acuerdos del edificio de Tribunales, ubicado sobre avenida Santa Catalina 1735. Allí, mediante el mecanismo de desinsaculación previsto por la normativa vigente, fue sorteada la Dra. Irma Natalia Saraceni, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral.

De acuerdo con lo establecido en el expediente “N° 30-P-Adm. Año 1983 – Presidente del Superior Tribunal de Justicia s/ integración Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones”, en el marco de la Ley 1700 y sus modificatorias (2562/89 y 4080/04), la magistrada fue designada como vocal subrogante segunda del organismo electoral.

Saraceni prestó juramento de ley el 16 de marzo de 2026, formalizando así su incorporación al Tribunal Electoral, órgano clave en la organización y supervisión de los procesos electorales en la provincia.

Desde el Superior Tribunal de Justicia indicaron que el procedimiento se realizó conforme a las disposiciones legales vigentes, garantizando la representación de magistrados en la integración del cuerpo electoral.

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Condenan a 12 años de prisión a un hombre por abuso sexual agravado contra su hija en Posadas

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El Tribunal Penal Uno de Posadas condenó a José Raúl G. a 12 años de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, cometido en perjuicio de su hija cuando tenía 5 años. Los hechos ocurrieron entre 2012 y mayo de 2013.

El veredicto fue comunicado minutos después de las 17:30, luego de un extenso debate oral que retomó una causa iniciada hace 13 años. El imputado ya había sido absuelto en un primer juicio realizado en 2022, pero esa decisión fue anulada en 2024 por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, lo que derivó en la realización de un nuevo proceso.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, estos últimos actuando por subrogación. Tras analizar las pruebas y escuchar los alegatos finales, los magistrados resolvieron condenar al acusado por dos hechos de abuso sexual en concurso real, conforme al artículo 119 (segundo y cuarto párrafo, inciso b) en función del artículo 55 del Código Penal argentino, con más accesorias legales y costas.

Alegatos y posiciones de las partes

La acusación estuvo representada por el fiscal Vladimir Glinka y el abogado querellante Hugo Zapana, quienes solicitaron una pena de 16 años de prisión efectiva, al considerar acreditada la responsabilidad penal del acusado en los hechos denunciados.

La defensa, a cargo del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli —incorporado en la última audiencia—, pidió la absolución del imputado, argumentando que durante el debate no se logró probar el delito.

De manera subsidiaria, los defensores solicitaron que, en caso de condena, se aplicara la figura de abuso sexual simple, con una pena de tres años de prisión en suspenso.

Planteos rechazados y situación procesal

Durante la sentencia, el tribunal también resolvió rechazar diversos planteos procesales, entre ellos un pedido de nulidad de la defensa respecto de la acusación fiscal y una solicitud de sanción contra el defensor particular planteada por el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, los jueces dispusieron convertir la detención de José Raúl G. en prisión preventiva, manteniendo su alojamiento en la Comisaría Seccional Cuarta de Posadas a disposición del tribunal.

También se ordenó abrir un incidente para analizar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, que será evaluado en una instancia posterior.

Lectura de fundamentos

El Tribunal Penal Uno fijó audiencia para la lectura de los fundamentos completos de la sentencia el 26 de marzo de 2026 a las 12, en la sala de debates ubicada en avenida Santa Catalina 1561 de Posadas.

Una vez firme el fallo, se ordenó comunicar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y a las dependencias judiciales correspondientes, conforme a lo previsto por la legislación vigente.

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Venchiarutti Sartori seguirá al frente del Superior Tribunal de Justicia hasta 2027

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La actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Venchiarutti Sartori, fue ratificada por sus pares para seguir al frente del cuerpo en 2026-2027 y anticipa una agenda centrada en modernización, gestión y defensa salarial

En un discurso institucional fuerte, destacó los hitos tecnológicos y organizativos logrados en la última década -como la implementación del sistema SIGED, la oralidad civil y el modelo forense provincial- y advirtió que, en el actual contexto económico, la prioridad será sostener la calidad del servicio judicial y encarar “la madre de todas las batallas”: la recomposición salarial.

Un reconocimiento interno en un Poder Judicial que apuesta a la continuidad institucional

Recibo con agradecimiento y humildad el honor de presidir el Superior Tribunal de Justicia de mi querida provincia y representar al Poder Judicial”, expresó Venchiarutti Sartori tras ser elegida por sus pares para encabezar el STJ durante el bienio 2026-2027.

La elección se produce en un momento clave para el sistema judicial misionero, que atraviesa un proceso de consolidación tecnológica y de reorganización administrativa impulsado desde hace más de una década. La magistrada remarcó que “el Poder Judicial es razonable y profundamente humano. Está en su ADN y en su esencia. Las almas que lo integran necesitan fuerza y protección y allí estaremos”.

El apoyo interno a su designación apunta a garantizar la continuidad de un modelo de gestión basado en planificación, innovación y profesionalización, especialmente en un escenario económico nacional complejo, que presiona sobre los presupuestos provinciales y los salarios del sector público.

Venchiarutti Sartori estructuró su mensaje alrededor de los avances tecnológicos y procedimentales que redefinieron el funcionamiento del Poder Judicial desde 2014, cuando se implementó el SIGED, un sistema íntegramente desarrollado dentro del Poder Judicial misionero.

SIGED: una herramienta propia, sin costo externo

El sistema, enfatizó, fue creado “por nosotros mismos y no arroja ningún costo”, y su desarrollo sostenido permitió su uso en toda la provincia. La digitalización fue clave para enfrentar el período crítico de la pandemia. “En mayo de 2020 fuimos uno de los primeros poderes judiciales del país en abrir todas las puertas —que jamás fueron cerradas—, atendiendo prioridades y en forma remota”, recordó.

El avance técnico permitió implementar la notificación electrónica, un mecanismo que acortó tiempos institucionales a mínimos históricos, con impacto directo en la duración de los procesos.

Oralidad civil: fallos en tiempos récord

Otro de los hitos fue la implementación de la oralidad en los procesos civiles, que permitió reducir tiempos procesales de manera significativa. “Un proceso de daños tiene sentencia de Primera Instancia en dos años, y a veces en plazos menores, salvo que sea objeto de recursos interminables”.

Sistema médico forense de vanguardia

También destacó la puesta en marcha de un sistema médico forense “modelo en la región, con tecnología de avanzada y profesionales que trabajan sábados y domingos en las autopsias”.

Coordinación con el fuero federal

Para el ciudadano de a pie, la justicia no tiene fueros”, afirmó, al explicar que el Poder Judicial provincial mantiene una conexión operativa directa con el fuero federal. Colaborando con equipos técnicos “solicitando tan sólo que se nos ayude con la adquisición de insumos por su alto costo”.

Relevos generacionales y desafíos económicos

La presidenta electa describió además un proceso sostenido de recambio generacional. “El Consejo de la Magistratura ha realizado en los últimos 20 años más de 300 concursos. Hoy tanto jueces como el Ministerio Público tienen una edad promedio de 40 años”, apuntó.

En contraste con ese dinamismo institucional, advirtió que el contexto macroeconómico nacional plantea un desafío central: “Resta mucho por hacer. Ante la situación económica y social que vive el país y afecta a las economías regionales, sostener lo logrado y mantener el servicio será una prioridad”.

Y remarcó el eje crítico de la nueva etapa: “La madre de todas las batallas: la mejora salarial”.

Su mensaje apuntó a sostener la motivación y estabilidad del personal judicial, factor clave para evitar demoras, desgaste y pérdida de cuadros técnicos.

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Protestas docentes: 10 y 8 meses de prisión en suspenso para Gurina y Sánchez

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Condenan a Mónica Gurina y Leandro Sánchez por desobediencia judicial y entorpecer servicios, fuerte reacción sindical en Misiones

La jueza Marcela Leiva condenó a 10 y 8 meses de prisión en suspenso a los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez por los hechos ocurridos durante el acampe salarial de mayo y junio de 2024 sobre la avenida Uruguay de Posadas. La sentencia incluye tareas comunitarias, reglas de conducta y el pago de costas. Gremios anunciaron un paro en rechazo al fallo, que califican como “criminalización de la protesta”.

La resolución judicial se dio al cierre del debate oral en el tribunal unipersonal que encabeza la magistrada, y fue concordante con lo solicitado por la fiscal del caso, María Laura Álvarez. La causa se centró en la violación de una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción 6 el 1 de junio de 2024, en el marco del prolongado conflicto docente que atravesó la provincia.

Una sentencia con impacto político e institucional

Durante el alegato, la fiscal Álvarez sostuvo que tanto Gurina —dirigente de la CTA Autónoma— como Sánchez —secretario general de UTEM— actuaron como coautores de los delitos de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra, en concurso ideal.

La representante del Ministerio Público remarcó que ambos “sabían de la orden y aun así desoyeron el mandato judicial”, y subrayó el “grave perjuicio económico” que, según describió, sufrieron comerciantes de la zona durante las protestas.

“Ningún derecho es absoluto y todos deben ponderarse cuando se afecta a otros”, expresó Álvarez, calificando lo ocurrido como un “ejercicio abusivo” que vulneró derechos de terceros y “bienes jurídicamente protegidos”.

En consecuencia, la fiscal había pedido un año de prisión en suspenso para Gurina y diez meses para Sánchez, además de tareas comunitarias y costas. La jueza Leiva resolvió imponer 10 meses de prisión en suspenso a Gurina y 8 meses a Sánchez, además de ordenarles tareas comunitarias en ámbitos no escolares y reglas estrictas de conducta para conservar la libertad condicional.

El planteo de las defensas: protesta social, necesidad y ausencia de liderazgo probado

Los defensores Roxana Rivas, Eduardo Paredes y María Alvarenga solicitaron la absolución de ambos referentes sindicales. Argumentaron que las acciones del acampe se enmarcaron en el derecho constitucional a la protesta, en un contexto de reclamos salariales sin respuesta institucional y bajo un “estado de necesidad justificante”.

El planteo incluyó dos ejes centrales: La orden de desalojo no estaba dirigida de manera específica a los imputados, por lo que no se configuraría la desobediencia.Y no habría pruebas directas del liderazgo atribuido a Gurina y Sánchez en la organización de los cortes.

    La sentencia descartó estos argumentos y consideró acreditada la responsabilidad penal de ambos.

    Los gremios convocan a un paro y denuncian criminalización

    Tras conocerse el fallo, sindicatos docentes resolvieron realizar un paro el jueves, en repudio a lo que consideran una criminalización de las protestas salariales ocurridas el año pasado. La medida busca visibilizar el malestar por el precedente que, advierten, podría condicionar futuras manifestaciones en reclamos sociales o laborales.

    La causa, que puso en tensión el límite entre el derecho a la protesta y la operatividad de órdenes judiciales, abre un debate sobre la judicialización de conflictos gremiales en un contexto signado por la caída del salario real y los deterioros en las condiciones laborales del sector docente.

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