política agroindustrial

El balance del INYM, un argumento clave frente a la nueva desregulación del sector yerbatero

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El balance de gestión del Instituto Nacional de la Yerba Mate correspondiente al período 2002–2023 se convirtió en un documento central dentro del debate actual sobre el futuro de la actividad yerbatera. En un contexto marcado por la desregulación introducida a partir del Decreto 70/23, el informe permite observar, con datos objetivos y verificables, los logros alcanzados por el organismo hasta antes de la quita de sus facultades, y se posiciona como una pieza clave para argumentar la necesidad de preservar su continuidad institucional. Ese documento fue enviado al ministro del Interior, Diego Santilli, a quien se le pidió que intervenga para frenar lo que consideran una “destrucción criminal” de la producción primaria.

El documento, elaborado por las entidades productivas que tienen representación en el INYM, repasa 21 años de gestión pública-privada en una de las economías regionales más relevantes del noreste argentino. En ese período, el instituto funcionó como ente de derecho público no estatal, con financiamiento del propio sector y un directorio integrado por representantes públicos y privados, y tuvo un rol decisivo en el ordenamiento, crecimiento y modernización de toda la cadena productiva yerbatera .

El INYM fue creado en 2002 por la Ley 25.564, como respuesta directa a una profunda crisis sectorial que derivó en protestas masivas de productores, tareferos, secaderos, cooperativas e industrias, conocidas como los “tractorazos”. En aquel momento, la actividad carecía de datos confiables, normativa actualizada y mecanismos de regulación que garantizaran previsibilidad. Desde su puesta en funcionamiento, el organismo comenzó a generar estadísticas, registros y herramientas de planificación que permitieron diseñar políticas sectoriales de mediano y largo plazo .

Uno de los pilares de su accionar fue la fijación del precio mínimo de la materia prima, una herramienta que, según el balance, permitió ordenar el mercado y generar condiciones de estabilidad. En 2023, incluso, el precio de la hoja verde llegó a pagarse por encima del valor oficial, en un escenario que el propio informe define como uno de los mejores momentos de la actividad en más de un siglo de cultivo sistemático.

Crecimiento productivo y expansión de la cadena

Los datos recopilados por el INYM muestran un crecimiento sostenido de la actividad entre 2011 y 2022. La producción de hoja verde pasó de 703.312 toneladas a 829.237 toneladas, mientras que aumentó la cantidad de productores, secaderos y molinos en la zona productora de Misiones y el norte de Corrientes. En el mismo período, los productores que comercializaron hoja verde crecieron de 7.360 a 9.942, los secaderos de 166 a 209 y los molinos y fraccionadores de 96 a 101 .

El mercado interno también evidenció una expansión: el consumo pasó de 248.989 toneladas en 2011 a 275.809 toneladas en 2022. En paralelo, las exportaciones crecieron de 35.428 a 40.304 toneladas, con presencia en más de 50 países. Estos registros consolidaron a la Argentina como principal productor y exportador mundial de yerba mate, con un consumo per cápita que alcanzó niveles récord en los últimos años.

Uno de los aspectos destacados del balance es la Resolución 170/21, aprobada en junio de 2021, que reguló la expansión de la superficie plantada. La norma habilitó la plantación de hasta cinco hectáreas por año y la renovación de hasta el dos por ciento de la superficie existente, estableciendo reglas comunes para pequeños, medianos y grandes productores. Según el INYM, esta medida permitió un crecimiento ordenado de la materia prima, favoreció el arraigo de las familias rurales, fortaleció a las cooperativas y dinamizó las economías locales donde se concentran las plantaciones .

El informe también detalla el funcionamiento del Servicio de Extensión Yerbatero (SEY), creado en 2020, integrado por ingenieros agrónomos que trabajan directamente con pequeños productores. El objetivo fue mejorar la productividad de manera sustentable, mediante prácticas de conservación de suelos, manejo del agua, control biológico de plagas y mitigación de los efectos del cambio climático. Esta asistencia técnica integral se orientó a lograr incrementos graduales y sostenidos de la producción, sin comprometer los recursos naturales.

En paralelo, el INYM desplegó más de 25 programas de apoyo al sector, que incluyeron la entrega de herramientas, indumentaria y equipamiento, así como becas educativas para hijos de productores y tareferos. Entre 2020 y 2023 se distribuyeron miles de motoguadañas, motosierras, tijeras automáticas y equipos de protección, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la eficiencia de la cosecha.

El respaldo al sector tarefero ocupó un capítulo específico, con aportes al Programa Intercosecha, capacitación laboral y provisión de equipamiento durante los períodos sin actividad. Estas acciones, según el balance, fueron claves para sostener el empleo y reducir la vulnerabilidad social en una actividad altamente estacional.

Otro eje central fue la política de calidad. El INYM creó el Área de Control y Gestión de Calidad y fortaleció la fiscalización, con controles fisicoquímicos y microbiológicos en toda la cadena. Se implementaron normas para la yerba mate importada, con el objetivo de resguardar a la industria nacional y garantizar que el producto que llega al consumidor cumpla con los estándares argentinos.

En paralelo, el organismo impulsó investigaciones científicas sobre las propiedades benéficas de la yerba mate, organizó jornadas de divulgación y creó una base de datos bibliográfica única a nivel mundial. Estas acciones acompañaron el posicionamiento del producto en mercados internacionales, donde crece la demanda de alimentos naturales y funcionales, y favorecieron el desarrollo de nuevos formatos de consumo.

Un balance que alimenta el debate actual

El documento concluye destacando que, en sus 21 años de funcionamiento, el INYM brindó previsibilidad, crecimiento y desarrollo a una cadena integrada por unos 15.000 tareferos, más de 12.500 productores, decenas de cooperativas, secaderos e industrias, con impacto directo en Misiones y el norte de Corrientes. En ese sentido, el balance se presenta hoy como una herramienta central para evaluar las consecuencias de la desregulación y como un insumo clave en el debate sobre la continuidad del organismo.

En un escenario de fuerte incertidumbre para la actividad yerbatera, los datos del INYM permiten observar que la regulación no sólo ordenó el mercado, sino que también promovió inversión, empleo, calidad y expansión internacional. Para los actores del sector, estos antecedentes constituyen elementos fundamentales para defender la vigencia del instituto como órgano regulador y evitar la pérdida de un esquema que, hasta su desarticulación, había mostrado resultados concretos y medibles en una de las principales economías regionales del país.

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La Provincia insistirá para que el INYM vuelva a regular precios y controles de calidad

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La Legislatura de Misiones volvió a poner en agenda la crisis del sector yerbatero y ratificó su decisión de insistir para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recupere facultades clave de regulación de precios, control de calidad y trazabilidad. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, tras una reunión convocada por la Presidencia del cuerpo legislativo con diputados y productores, en un contexto marcado por la desregulación nacional, la caída de ingresos en el eslabón primario y un deterioro social creciente en las zonas productivas.

Crisis yerbatera, desregulación y rol de la Legislatura

Macías explicó en LT 17 Radio Provincia que la convocatoria respondió a una crisis que “atraviesa desde hace tiempo” al sector yerbatero y que se profundizó tras la desregulación dispuesta por el Gobierno nacional, que dejó al INYM sin herramientas de intervención. En ese marco, la Cámara de Representantes asumió un rol de articulación política e institucional para abrir el debate y construir consensos.

“Desde la Cámara de Representantes entendemos un trabajo, una reunión en la cual no solo se da la apertura de la posibilidad del debate, del acompañamiento, de las herramientas legislativas que puedan llegar a darse”, señaló el titular del cuerpo. El objetivo, explicó, es acompañar tanto las acciones del Ejecutivo provincial como las del Gobierno nacional, con herramientas que permitan “ir destrabando” el conflicto, aun cuando no existan soluciones inmediatas.

El diagnóstico compartido en la Legislatura apunta al impacto directo de la desregulación sobre el precio que reciben los productores. Mientras los costos crecen, los valores en góndola se mantienen estables o incluso bajan por razones de competitividad, trasladando el ajuste al eslabón más débil de la cadena. “Esto se traslada a los pequeños productores, que son los que hoy están sufriendo esta gran problemática”, advirtió Macías.

Precio, trazabilidad y un amparo para devolver facultades al INYM

El presidente de la Legislatura detalló que una de las líneas de trabajo centrales es el impulso de una acción judicial para que el INYM recupere sus facultades. “Trabajar en un amparo desde la Justicia Federal para brindar nuevamente al INYM las facultades correspondientes”, explicó, aclarando que no se trata solo de regular precios, sino también de recuperar atribuciones vinculadas al control de calidad, las formas de pago y los plazos en la cadena yerbatera.

Según Macías, la ruptura de la cadena de pagos agrava la crisis: los productores inician la zafra sabiendo de antemano que trabajarán a pérdida, una situación que definió como “insostenible en el tiempo”. A su vez, alertó sobre el impacto de esta dinámica en la calidad del producto, al señalar que muchas plantaciones no están en condiciones de ser cosechadas y que el deterioro productivo puede afectar la posición de la yerba misionera a nivel nacional e internacional.

En paralelo, se avanza en la implementación de un sistema de trazabilidad. El legislador indicó que el Ministerio del Agro, junto con ATM y Rentas de la provincia, trabaja en un proceso de carga de datos que permitirá contar con un panorama real del sector, incluyendo la cantidad de productores y las hectáreas que posee cada uno. Según estimaciones mencionadas en la entrevista, el universo alcanza a más de 12.000 productores.

“La trazabilidad va a permitir formalizar el mercado”, sostuvo Macías, y vinculó ese proceso con la necesidad de corregir prácticas de pago y situaciones de desfinanciamiento generadas por algunos industriales en la compra de materia prima.

Próximos escenarios

La problemática yerbatera fue abordada con la participación de “casi todos los frentes” que integran la Cámara de Representantes, un dato que Macías destacó como clave para enriquecer el debate y avanzar hacia propuestas más concretas. Si bien reconoció que desde la Legislatura no surge “la solución definitiva”, remarcó la importancia de construir normas y acciones que acompañen a los productores.

El presidente del cuerpo también subrayó el costado social de la crisis. “No es solamente económica, es un problema social muy profundo que nos toca muy de cerca a los misioneros”, afirmó, y describió un escenario de desánimo creciente en las zonas productivas, con consecuencias directas sobre la eficiencia y la calidad del sistema.

En cuanto al diálogo con Nación, Macías señaló que existen gestiones en marcha desde el Ministerio del Agro y el gobernador, y que el INYM —con presidente designado— comenzó a generar instancias de diálogo con los productores. Sin embargo, volvió a enfatizar que el núcleo del conflicto sigue siendo el precio y la imposibilidad de sostener la actividad bajo las condiciones actuales.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que las herramientas que se desarrollen para el sector yerbatero puedan ampliarse a otras economías regionales, como la tabacalera, en un proceso de adaptación gradual a un mercado que definió como “imperfecto” y que, según sostuvo, requiere parámetros mínimos de regulación para funcionar de manera sostenible.

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El INYM, ¿de Milei o del sector yerbatero?

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El planteo, fechado en Misiones el 20 de enero de 2026, interpela de manera directa al rol del INYM en el actual contexto político y económico y formula una pregunta central: “¿El INYM responde al Gobierno nacional o al sector yerbatero?”. La crítica se inscribe en un escenario marcado, según los firmantes, por la “caída estrepitosa del valor de la materia prima de la yerba mate” durante los primeros años de la gestión de Javier Milei, con precios considerados “viles” y modalidades de pago con cheques diferidos.

El comunicado:

Los dos primeros años de Javier Milei serán recordados por la caída estrepitosa del valor de la materia prima de la yerba mate, pagándose un precio vil y con cheques diferidos, y su tercer año, el 2026, se inicia designando un nuevo presidente en el INYM, con daños contundentes en los primeros días, degradando la funcionalidad, operatividad e institucionalidad yerbatera.

En la nueva conducción del organismo, Rodrigo Correa despidió a 21 personas pero creó nuevos cargos, asignándose una secretaria privada y mayor poder, y reordenó el organigrama profundizando el deterioro del sector productivo y todo lo concerniente a garantizar un buen producto para el consumidor.  Esto, con el acompañamiento del Directorio, un Directorio integrado por representantes del sector que claramente, la mayoría, no está cumpliendo con su cometido que es asegurar la sustentabilidad y el crecimiento del sector yerbatero.

¿Nuevo organigrama para quién?

Lo que expresamos se evidencia en la Resolución 152/25 del 30 de diciembre de 2025, aprobada por el Directorio del INYM 20 días después de que asumió Rodrigo Correa como presidente de la Institución. Ese documento, que hace referencia a la estructura de funcionamiento de la Institución, oficializa el despido de 21 personas y presenta un nuevo organigrama, crea dos nuevos cargos, siendo uno de ellos el de Secretaría Privada de Presidencia (es decir, el Presidente se asigna una secretaria privada cuando ya existe una secretaria para todos los directores). Por si fuera poco, se faculta al Presidente a elegir, a su gusto y placer, a la persona para ocupar ese lugar. Esto último se contrapone a todo lo actuado hasta el momento consiste en empleo por concurso, es decir: hasta el momento el INYM empleaba únicamente si el postulante superaba el sistema de selección basado en la valoración de méritos.

El Artículo 7 de la mencionada Resolución contempla ese ítem de la siguiente manera: “Crear la Secretaría Privada de Presidencia, con dependencia directa del Presidente del INYM”, y establece que la designación y vinculación de su titular “se realizará bajo la modalidad de contrato a plazo fijo por el término de un año, con posibilidad de renovación sujeta a evaluación de necesidades, aprobándose que el Presidente del INYM designe a la persona de su confianza que él elija para cubrir dicho puesto que tendrá el mismo sueldo asignado a la Secretaría del Directorio, encomendándose al Departamento de Asuntos Jurídicos que redacte el documento pertinente para instrumentar lo decidido”.

Pero además, esa Resolución faculta al Presidente a aprobar escalas salariales, excluyendo al Directorio. El Artículo 14 dice: “Autorizar a la Gerencia y a la responsable de Recursos Humanos a que realicen las adecuaciones salariales que corresponda como consecuencia de la reestructuración decidida por el presente dispositivo, en base a la elaboración de una escala salarial general y rangos dentro de cada escala, que deberá incluir los sueldos básicos integrados con los adicionales mencionados en los considerandos, que se eliminan como un concepto remunerativo independiente, todo ello con el conocimiento y autorización del Presidente del INYM, a quien se le autoriza y delega la aprobación de estas adecuaciones y escalas salariales”.

Otro nuevo cargo creado por esa Resolución es el de Asesor Letrado General. Esto está en el Artículo 3 del instrumento, donde dice: “Crear el Departamento de Asuntos Jurídicos, en sustitución del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legales, que estará a cargo de un Asesor Letrado General, con dependencia directa de Presidencia y Directorio, absorbiendo bajo su dependencia jerárquica y funcional a la totalidad de los asesores letrados, abogados y sumariantes del departamento que se conforma”.

¿Estos nuevos cargos acaso no son abiertamente contrarios al discurso del Gobierno de la Nación de reducción de estructuras y funcionarios para lograr el orden fiscal?

En cuanto a la degradación de la funcionalidad, operatividad e institucionalidad del INYM, la misma está explicita en la Resolución 152, cuando establece: 

  • Cambiar la Subgerencia de Fiscalización y la Subgerencia de Control y de Gestión de Calidad a Área de Inspección y Control de Calidad, con 10 personas empleadas, de las cuales solo 7 son inspectores para recorrer la zona productora y el país en pos de garantizar cumplimiento de normativa y calidad del producto.
  • Cambiar la Gerencia de Modernización a Coordinación General de Modernización y la Subgerencia de Registros a Área de Registros, unificando a ambas, cuya función es todo lo atinente a informática y registros de todos los actores de la actividad (cantidad de productores, cooperativas, secaderos, industrias; superficie cultivada, estado de las plantaciones, cantidad de materia prima por cosecha, cantidad de yerba mate en el mercado dentro y fuera del país, etcétera; es decir la base de datos imprescindible para la toma de decisiones).
  • Cambiar la Subgerencia del Área Técnica a Área Técnica, dejándola solo con 11 personas, de las cuales 7 son ingenieros agrónomos de atención directa en las chacras para más de 12 mil productores y una superficie plantada de 231.352 hectáreas (datos publicados recientemente).
  • Cambiar la Subgerencia de Promoción y Desarrollo a Área de Promoción y Comunicación, cuya tarea es posicionar la Yerba Mate Argentina para aumentar consumidores dentro y fuera del país. 

Esta Resolución contraproducente para quienes trabajamos con la yerba mate,  lleva la firma de Gerardo Vallejos, director por Cooperativas; Luis Konopaki, director por Secadero; María Fracalossi, directora por la Producción; Orlando Bien, director suplente por Cooperativas; Gustavo Barreiro, director por Industria; Gerardo López, director por Industria; María Herminda Gabur, directora por la provincia de Corrientes; y la del presidente Rodrigo Correa.

Calidad de la yerba comprometida

OTRO PUNTO CENTRAL y repudiable de esta nueva conducción es que derogó la Resolución 15/2003, que determinaba estándares de calidad y acciones a quienes incumplieran esas medidas.

La resolución eliminada establecía sanciones por:

  • El exceso de palo en la yerba elaborada, la presencia de elementos extraños o contaminantes, o el incumplimiento del Código Alimentario Argentino.
  • Prácticas prohibidas en la cosecha, como el uso de machete, el pisoteo del material, la presencia de flores, frutos o hojas quemadas, o el transporte de personal sobre la yerba.
  • El exceso de semillas, bayas y materiales extraños en la yerba canchada.
  • Deficiencias en higiene, seguridad, secanza, estacionamiento, identificación de bolsas y control de humedad.
  • La tenencia, molienda o reprocesamiento del palo, considerado subproducto no apto para uso alimenticio.
  • La presencia de animales, residuos y plagas en la playa de recepción.
  • La falta de higiene y seguridad durante la cosecha, quebrado, acondicionado y transporte del producto.

Además, la nueva conducción del INYM dejó sin efecto la Resolución 37/2007, que suspendía la cosecha y secanza de yerba mate durante los meses de octubre y noviembre, que es cuando se produce la brotación de las plantaciones, para proteger la planta y la calidad del producto.

También dejó sin efecto la Resolución 103/2017, que establecía la inhabilitación inmediata de operadores que no contaran con la documentación necesaria durante una inspección. Su función era controlar la trazabilidad y el movimiento de la materia prima.

En ese marco, y muy brevemente, debe notarse que en la nueva Resolución de Acciones y Tareas del INYM se detalla, entre las funciones, la de “aplicar y hacer cumplir leyes, decretos reglamentarios y disposiciones existentes relacionados con los objetivos de la Ley 25.564” (…) “procurando proteger el carácter competitivo de la industria”, es decir es obscenamente favorable al eslabón económico más fuerte.

¿Para quién trabajan los Directores?

No se comprende que mujeres y hombres propios de la familia yerbatera, hablamos de los Directores, hayan aprobado estos cambios que nos perjudican, que facilitan la concentración del producto en pocas manos; se no se puede admitir que siendo designados para defender al sector, actúen en representación de Javier Milei y del Decreto 70/23; es repudiable que sean serviciales al neoliberalismo autoritario, y que en su propia casa, en el INYM, convaliden la destrucción de la actividad yerbatera que se inició con el Decreto 70/23, respaldando medidas que van en detrimento del producto y que menguan la institucionalidad del único organismo que le dio datos certeros, crecimiento y desarrollo, certidumbre, y previsibilidad al sector en las últimas décadas.

Por caso, y aunque resulte vergonzoso salir a explicar públicamente, es preciso recalcar que el Directorio del INYM está integrado por 12 personas que representan a TODOS los ESLABONES de la CADENA YERBATERA. Y de esos 12, solamente 1 corresponde al Gobierno de la Nación. ¿Cómo pueden explicar, las y los Directores, el haber llegado a este punto, dañando desde ese ámbito al SECTOR y al mismo INYM, una línea que aceleró a partir de la llegada del nuevo presidente (el 11 de diciembre pasado) que responde a Javier Milei, el contador Rodrigo Correa.  ¿Cómo es posible que los representantes de trabajadores rurales, productores, cooperativas, secaderos, pequeñas y medianas industrias y el representante de la provincia de Misiones en el Directorio no hayan actuado en defensa de nuestra actividad de manera integral?

Memoria, coherencia y defensa de lo nuestro

En respeto a los colonos, tareferos, maestros, comerciantes, organizaciones sociales, madereros, periodistas y muchos otros que fueron parte, de diferentes manera, de los tractorazos que dieron origen al INYM, apelamos a la conciencia de cada uno de los Directores actuales, invitándoles a reflexionar si están trabajando para la destrucción o para la construcción del sector yerbatero, y en caso de que prime la pertenencia a esta actividad, encomendamos a que de manera urgente encabecen la defensa del INYM, gestionando fehacientemente la restitución de todas sus facultades hasta lograr su cometido, y devuelvan el funcionamiento pleno de la Institución, tal como existió hasta noviembre de 2023, con programas y acciones que generaron mejoras para cosecheros, productores, cooperativas, secaderos e industrias, garantizando la productividad sustentable y la calidad de la Yerba Mate Argentina.

Hugo Sand Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).

Salvador TorresMovimiento Agrario de Misiones (MAM).    

Julio Petterson  Asociación Productores Yerbateros y Yerbateros del Norte (ACPYN).                             

Antonio FrançaAsociación Civil de Productores  Tareferos del Alto Uruguay.

Jorge Skripczuk Asociación Civil Impulso Yerbatero.

Jorge Lizznienz Productor de Jardín América.

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La Tasa de Fiscalización de la yerba mate no se actualiza y sigue en $25 por kilo

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informó que no se incrementó el valor de la estampilla correspondiente a la Tasa de Fiscalización y Control, que continúa fijada en $25 por kilogramo de yerba mate elaborada y envasada para consumo interno. La decisión tiene impacto directo sobre la estructura de costos del sector yerbatero y se da en un contexto de debate institucional sobre el financiamiento del organismo y la regulación de la actividad.

La confirmación despeja, al menos en el corto plazo, un factor de presión sobre los precios y los márgenes de la cadena productiva, en un escenario marcado por tensiones entre productores, industriales y autoridades nacionales respecto del funcionamiento del mercado yerbatero.

La decisión del INYM y el marco normativo vigente

Según informó el INYM, el valor de la Tasa de Fiscalización y Control se mantiene sin modificaciones en $25 por kilogramo, monto que se aplica a cada kilo de yerba mate elaborada y envasada destinada al consumo interno. La tasa se materializa a través de la estampilla obligatoria y constituye una de las principales fuentes de financiamiento del organismo.

Si bien el Directorio del INYM solicitó una actualización del valor, ese pedido no fue aprobado y deberá ser evaluado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que es la autoridad competente para autorizar o rechazar cualquier modificación. Esta atribución se encuentra expresamente contemplada en el artículo 21 de la Ley 26.564, norma que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate y estableció el esquema de financiamiento y control del sector.

De este modo, la continuidad del valor actual implica que cualquier cambio futuro dependerá exclusivamente de una decisión administrativa del área nacional correspondiente.

Impacto económico e institucional en la cadena yerbatera

El mantenimiento del valor de la tasa tiene implicancias económicas relevantes para toda la cadena yerbatera. Para la industria y los envasadores, la decisión evita un aumento inmediato de costos en un contexto de márgenes ajustados y consumo sensible a los precios. Para los productores, en tanto, el debate de fondo remite al rol del INYM, su capacidad operativa y los recursos disponibles para fiscalizar la actividad.

Desde el plano institucional, la situación vuelve a poner en primer plano el alcance de las facultades del organismo y su dependencia de decisiones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El hecho de que el Directorio haya solicitado una actualización, pero que esta no haya prosperado, refleja las tensiones existentes en torno al esquema regulatorio del sector.

Repercusiones y escenarios posibles

En el corto plazo, la continuidad de la tasa en $25 por kilo contribuye a evitar nuevos incrementos en los costos regulados de la yerba mate, un producto de consumo masivo y de fuerte arraigo regional. Sin embargo, el debate sobre la suficiencia de los recursos del INYM queda abierto y podría reactivarse si el organismo considera necesario reforzar sus tareas de control y fiscalización.

La eventual decisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será clave para definir el rumbo de la política yerbatera en materia de regulación y financiamiento institucional, en un sector estratégico para las economías regionales.

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Nuevo giro en el mercado yerbatero: el INYM elimina regulaciones y limita su intervención

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El INYM deroga normas clave y redefine su rol, menos intervención en precios y foco en control y calidad. Las primeras resoluciones con el flamante presidente designado por Milei, Rodrigo Correa eliminan regulaciones históricas y se alinea al nuevo esquema de mercado competitivo

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) avanzó en una reconfiguración profunda de su marco regulatorio al abrogar resoluciones clave y modificar su régimen sancionatorio, en línea con los cambios introducidos por el DNU 70/2023 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 812/2025. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 146/2025, fechada el 18 de diciembre de 2025 en Posadas, Misiones, y publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre.

La medida implica la eliminación de normas que regulaban infracciones, períodos de cosecha y regímenes de inhabilitación automática, con el objetivo explícito de “impedir la intromisión en un mercado competitivo” y concentrar la actuación del INYM en las verificaciones de calidad, la trazabilidad y la salubridad del producto. En los hechos, se trata de uno de los movimientos regulatorios más relevantes desde la creación del organismo por la Ley 25.564, con impacto directo en productores, secaderos, molinos y operadores comerciales de la cadena yerbatera.

Antecedentes normativos: del fomento sectorial a la protección de la competencia

El giro institucional del INYM se explica por las modificaciones introducidas a la Ley 25.564 mediante el DNU 70/2023. En sus considerandos, ese decreto sostuvo que “resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad. Al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino”.

El artículo 3° de la ley fue reformulado: se eliminó el objetivo de “fomento”, se reemplazó la “sustentabilidad de los distintos sectores involucrados” por la “protección del carácter competitivo de la industria” y se suprimió la facultad de desarrollar programas destinados a mejorar la competitividad del sector productivo e industrial. En consecuencia, también se recortaron funciones previstas en los artículos 4° y 5°, se modificó el artículo 21° y se derogaron los artículos 22° y 24° de la norma original.

El proceso se profundizó con el Decreto 812/2025, que derogó los artículos 9° al 19° del Decreto 1240/2002 —los que regulaban el procedimiento para la fijación del precio oficial de la materia prima— y sustituyó integralmente su artículo 8°. El nuevo texto establece de forma expresa que “el INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.

Ese mismo decreto instruyó al Instituto a relevar y adecuar, en un plazo máximo de 30 días, toda la normativa vigente que contradijera esos lineamientos.

Qué resoluciones se eliminan y qué cambia en el régimen sancionatorio

En cumplimiento de esa instrucción, el Directorio del INYM —por mayoría de dos tercios en la reunión del 4 de diciembre de 2025— habilitó el análisis integral de su stock normativo. Como resultado, la Resolución 146/2025 dispone:

  • La abrogación de las Resoluciones N° 15/2003, 37/2007 y 103/2017.
    La 15/2003, que tipificaba infracciones en la actividad yerbatera, fue considerada “desactualizada y obsoleta”, con disposiciones mayormente derogadas o modificadas.
    La 37/2007, que suspendía la cosecha y secanza en octubre y noviembre, fue evaluada como una prohibición con consecuencias sancionatorias que “impide la libre iniciativa privada”. Aunque se aclara que sigue siendo responsabilidad de cada operador respetar los ciclos biológicos del cultivo.
    La 103/2017, que establecía inhabilitaciones inmediatas por falta de documentación durante inspecciones, fue considerada innecesaria y contraria al nuevo marco normativo.
  • La derogación de los artículos 7° y 8° de la Resolución 21/2009, que preveían efectos adicionales y mecanismos de levantamiento de sanciones por incumplimientos formales en la presentación de declaraciones juradas. El Directorio entendió que esas consecuencias eran “muy gravosas” frente a infracciones que ya cuentan con sanción pecuniaria específica.
  • La modificación del régimen por falta reiterada de declaraciones juradas. El nuevo artículo 9° reemplaza la baja automática por una inhabilitación posterior a una intimación fehaciente, otorgando cinco días hábiles para regularizar la situación. La inhabilitación rige desde el primer día del mes siguiente a la intimación y se mantiene hasta que el operador presente las declaraciones faltantes y pague las multas adeudadas.

De este modo, el INYM conserva su rol de fiscalización, pero elimina sanciones automáticas y restricciones consideradas incompatibles con un esquema de mercado abierto.

Impacto y proyección: más libertad operativa y un INYM con funciones acotadas

La resolución consolida un cambio de paradigma institucional. El INYM reafirma que seguirá controlando la consistencia de las declaraciones juradas, la trazabilidad del producto y las condiciones de salubridad y calidad de la yerba mate, desde el yerbal hasta los depósitos. Sin embargo, se corre definitivamente de cualquier intervención que pueda incidir en precios, volúmenes o decisiones productivas.

Para los operadores de la cadena, el nuevo esquema reduce cargas regulatorias, elimina prohibiciones estacionales y sustituye sanciones automáticas por procedimientos con intimación previa. Al mismo tiempo, la responsabilidad sobre el respeto de los ciclos productivos y la calidad queda explícitamente en manos del sector privado.

El Directorio también dejó constancia de que el proceso no está cerrado. Aún restan analizar resoluciones de “mayor complejidad” para determinar si se ajustan a los lineamientos del Gobierno nacional. Esa tarea continuará de forma progresiva y será comunicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En términos políticos e institucionales, la Resolución 146/2025 marca un punto de inflexión en la gobernanza del mercado yerbatero. Y consolida el traslado del eje regulatorio desde la administración sectorial hacia un modelo centrado en la competencia, la calidad y el control formal.

INYM Resolución 146/2025 by CristianMilciades

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