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Alarma en Casa Rosada: seis de cada diez rechazan la reelección de Milei

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El último relevamiento nacional de Zuban & Córdoba dejó una señal política incómoda para la Casa Rosada: hoy, la reelección de Javier Milei no aparece como un horizonte consolidado, sino como una hipótesis resistida por una clara mayoría. Apenas el 29,4% afirma que votaría por un nuevo mandato del Presidente, mientras que el 60,7% dice que no lo haría y un 9,9% todavía no lo sabe. La foto es más severa aún cuando se la traduce en clima de época: el 60,6% está en desacuerdo con la idea de que Milei deba gobernar un segundo período.

El oficialismo conserva un núcleo duro nítido, pero perdió capacidad de expansión y, sobre todo, enfrenta un desgaste que ya no se explica únicamente por la economía. En la base de apoyo todavía pesan la confianza en el liderazgo presidencial y el rechazo al peronismo, pero en el rechazo empiezan a mezclarse con más fuerza la mala gestión económica, las promesas incumplidas y los cuestionamientos por corrupción. Ese combo vuelve más frágil la arquitectura política con la que Milei llegó al poder.

La encuesta, realizada entre el 1 y el 3 de abril de 2026 sobre 2.200 casos de población general mayor de 16 años, con un margen de error de +/- 2,09% y 95% de confianza, ofrece una radiografía precisa del momento político nacional. Y la conclusión central es clara: el Gobierno mantiene volumen, pero perdió centralidad emocional positiva. Hoy domina más el límite que la expectativa.

Entre quienes sí volverían a votar a Milei, la razón principal no es una mejora material tangible, sino la confianza personal en su conducción. El 47% de ese universo responde que lo apoyaría porque confía en su liderazgo. Bastante más atrás aparecen el miedo o rechazo a la alternativa peronista, con 21,6%, y la valoración de que tiene las mejores políticas, con 20,2%. Apenas el 7,9% lo haría porque lo considera honesto y sólo el 2,6% por beneficios personales o familiares. El dato es relevante porque muestra que el sostén del oficialismo sigue siendo eminentemente subjetivo y político, mucho más vinculado a la figura presidencial que a resultados concretos o a una percepción extendida de integridad.

Entre quienes no lo votarían, la estructura del rechazo es bastante más dura y homogénea. El 47% atribuye su negativa a la mala gestión económica, el 24,7% a las promesas incumplidas y el 21,5% a los casos de corrupción. Apenas el 3,5% menciona su escaso liderazgo. En otras palabras, el problema del Gobierno no aparece en la encuesta como una crisis de autoridad, sino como una crisis de resultados y credibilidad. Esa diferencia no es menor: un presidente puede compensar déficit de carisma con eficacia, pero cuando se erosionan al mismo tiempo el bolsillo y la confianza, la capacidad de recomposición suele ser mucho más compleja.

Ese deterioro también se observa al revisar qué pasó con el apoyo original desde el ballotage de 2023. El 42,9% afirma que su apoyo sigue igual y el 19,9% dice que aumentó, pero el 24,7% sostiene que disminuyó y el 9,2% directamente dejó de apoyar por completo. Sumados, quienes redujeron o retiraron su respaldo llegan al 33,9%. Es un tercio del electorado que alguna vez lo acompañó y que hoy muestra signos de fatiga o decepción.

Cuando se profundiza sobre ese segmento que se alejó, la economía vuelve a ser el gran factor de desgaste. El 47,7% de quienes disminuyeron o quitaron su apoyo señala a la situación económica como causa principal. Luego aparecen las promesas incumplidas, con 18,9%; el aumento de la corrupción, con 12,7%; y el mal manejo de la crisis, con 9,1%. Es decir: aun entre antiguos votantes de Milei, el desencanto ya no se limita a la paciencia frente al ajuste. Empieza a incorporar componentes éticos y de gestión que perforan la narrativa original del cambio.

En cambio, entre quienes mantienen o ampliaron su apoyo, la razón dominante es la percepción de buena gestión en crisis, con 39,6%, seguida por la confianza en el liderazgo, con 29,2%, y la mejora en políticas públicas, con 14,8%. Otra vez, los datos muestran que el oficialismo retiene adhesión sobre todo en quienes todavía interpretan el presente como una etapa de transición difícil pero necesaria. Sin embargo, ese argumento parece no estar alcanzando para ampliar la base.

Hay otro dato que merece una lectura fina: el sistema político todavía no logra construir una alternativa convincente, pero la sociedad muestra ganas de buscarla. El 48,2% apoyaría una alianza entre varios partidos para derrotar a Milei. A su vez, el 46,4% votaría a un espacio de centro más moderado. 

Y todavía más expresivo: el 62,4% cree que Argentina necesita un candidato nuevo, no vinculado con ninguno de los partidos actuales. Esa cifra probablemente sea una de las más importantes del estudio porque revela que la insatisfacción no deriva automáticamente en una recuperación lineal de las fuerzas tradicionales. Hay malestar con Milei, pero también persistente desconfianza hacia el resto del sistema.

Ese punto ayuda a entender por qué el oficialismo aún no enfrenta una amenaza electoral plenamente ordenada. La encuesta marca que el 60,3% considera que la oposición a Milei está desorganizada. Incluso cuando casi la mitad apoyaría una coalición amplia para derrotarlo, la percepción dominante sigue siendo que del otro lado falta coordinación, estrategia y liderazgo. 

La debilidad del Gobierno convive, así, con la debilidad de sus rivales. Esa coexistencia es, acaso, el principal activo táctico de Milei de cara al mediano plazo.

También resulta sugestivo el dato sobre una eventual ampliación oficialista: ante la frase “Milei debería sumar al PRO, la UCR y varios partidos provinciales si quiere ser reelegido”, el 30,4% está de acuerdo, el 39,3% en desacuerdo y el 30,3% no sabe. No hay allí un mandato social claro a favor de una coalición tradicional encabezada por el Presidente. Más bien aparece una sociedad fragmentada, con muchas dudas sobre la mejor fórmula para la gobernabilidad futura.

Por eso, la novedad más importante del estudio no es sólo que Milei pierda volumen reeleccionista. Es que empieza a consolidarse una demanda de recambio que no encuentra todavía vehículo. El Gobierno conserva un piso, pero no logra construir techo. La oposición percibida como desorganizada impide que ese malestar se convierta rápidamente en alternativa. Y la demanda de un candidato nuevo, por fuera de los partidos actuales, confirma que la crisis de representación sigue abierta.

En términos políticos, la encuesta deja tres alertas rojas para la Casa Rosada. La primera: la reelección hoy es una posición minoritaria. La segunda: la economía sigue siendo el principal factor de erosión. La tercera: la corrupción ya dejó de ser ruido periférico y empezó a entrar en la estructura del rechazo. Cuando eso ocurre, el problema no es sólo de gestión; pasa a ser de legitimidad.

El mileísmo entró en una fase más exigente. Ya no le alcanza con resistir. Necesita volver a convencer. Milei sigue en el centro de la escena, pero 2027 dejó de parecer una autopista y empezó a verse como una curva peligrosa.

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Milei defendió el rumbo económico: “La Argentina está mucho mejor que en 2023”

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El presidente Javier Milei volvió a confrontar públicamente con el periodismo y defendió la evolución de la economía al asegurar que “la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023”. Lo hizo a través de un extenso mensaje en redes sociales, donde combinó una lectura económica con críticas políticas y un pedido explícito a la sociedad para sostener el rumbo.

El planteo se da en un momento en que el Gobierno busca consolidar su narrativa de recuperación tras meses de ajuste, reconociendo al mismo tiempo que “estos últimos meses fueron duros”.

Disputa por el relato económico y el rol de los medios

El eje central del mensaje presidencial apunta a cuestionar la interpretación de la coyuntura económica. Milei sostuvo que el periodismo “se arroga ser la voz de la gente” pero actúa en función de intereses, y criticó la cobertura mediática que —según su visión— insiste en un escenario negativo.

“Los datos son contundentes”, afirmó, al tiempo que cuestionó que “el 100% de los zócalos televisivos” sostengan que “todo está mal”, pese a lo que describió como mejoras en indicadores como la pobreza.

El planteo introduce una tensión política clara: el Gobierno intenta instalar que existe una brecha entre los datos oficiales y la percepción mediática, en una disputa que trasciende lo económico y se proyecta sobre la legitimidad de los diagnósticos públicos.

Qué sostiene el Gobierno: mejora de indicadores y costos del ajuste

En su argumentación, Milei reconoció que la recuperación no es homogénea. “¿Significa esto que todos están mejor? No”, admitió, al tiempo que explicó que las estadísticas reflejan promedios y que existen sectores que aún no perciben mejoras.

El Presidente vinculó las dificultades recientes con lo que definió como el costo de corregir desequilibrios heredados. Según su planteo, ese proceso implicó: Tasas de interés más altas. Menor nivel de actividad. Y presiones inflacionarias

Sin embargo, sostuvo que esos efectos forman parte de una transición y que “la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”

Consolidar narrativa en un contexto de ajuste

El mensaje no solo tiene contenido económico, sino también político. El Gobierno busca reforzar una idea central: que el rumbo es correcto y que cualquier cambio implicaría “dinamitar lo logrado”.

En ese marco, la confrontación con el periodismo cumple una doble función: Blindar la narrativa oficial, cuestionando las interpretaciones críticas. Reafirmar liderazgo político, en un contexto de medidas de alto costo social

El uso de términos como “evidencia empírica” y la apelación a los datos refuerzan la estrategia de presentar la gestión como técnicamente fundada, frente a lo que el oficialismo describe como “relato”.

Percepción versus datos

El planteo presidencial vuelve a poner en el centro una tensión recurrente en la economía argentina: la diferencia entre indicadores macroeconómicos y percepción social.

Mientras el Gobierno enfatiza mejoras en variables agregadas, reconoce que la recuperación no impacta de manera uniforme. Esto implica que: La mejora de indicadores no necesariamente se traduce en alivio inmediato para todos los sectores. La consolidación del proceso depende de sostener estabilidad y crecimiento. La percepción social puede seguir siendo un factor clave en la dinámica política

Efectos dispares en el interior

Aunque el mensaje es de alcance nacional, la referencia a una recuperación no homogénea sugiere impactos diferenciados en las regiones.

En provincias como Misiones y el NEA, donde las economías dependen de actividades específicas y del consumo interno, los tiempos de recuperación pueden variar respecto de los grandes centros urbanos o sectores exportadores.

El propio reconocimiento presidencial sobre los “extremos de la distribución” deja abierta la posibilidad de que algunas regiones perciban los cambios con mayor rezago.

Entre la validación de datos y la percepción social

El posicionamiento de Milei refuerza una estrategia que combina defensa del programa económico con confrontación política. Hacia adelante, el escenario estará condicionado por varias variables: La evolución de los indicadores económicos en los próximos meses. La capacidad del Gobierno de sostener su narrativa frente a la percepción social. El nivel de conflictividad política y mediática. Y la velocidad con la que la mejora, si se consolida, llegue a distintos sectores

El debate sobre si la economía está efectivamente “mucho mejor” no solo se jugará en los datos, sino también en la experiencia concreta de los distintos actores sociales.

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Capital Humano desplazó a Massaccesi y expone la tensión interna por la “austeridad” en el Gobierno

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La decisión política detrás de la salida. El desplazamiento de Leandro Massaccesi no respondió a una irregularidad administrativa ni a un cuestionamiento legal sobre el crédito hipotecario que obtuvo. La explicación que circuló en la cúpula del Gobierno fue otra: la pérdida de confianza.

Según se explicitó, el exfuncionario no informó a la ministra Sandra Pettovello sobre la gestión del préstamo y, cuando el dato se hizo público, tampoco lo reconoció. Esa doble omisión fue interpretada como un quiebre con los criterios internos de la cartera.

La decisión se tomó de manera directa y sin escalas. En un contexto donde la administración libertaria sostiene un discurso de austeridad y control del gasto, el episodio fue leído como una exposición innecesaria que chocaba con la lógica de “perfil bajo” que se intenta imponer en el Ministerio.

Un caso que trasciende lo administrativo

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio. La difusión de una base de datos con créditos otorgados a funcionarios y legisladores activó una sensibilidad política que excede a un caso individual.

Desde el Gobierno remarcaron que los créditos hipotecarios “están a disposición para todos” y que constituyen una herramienta legítima. Esa línea busca separar el plano técnico del político: no hay cuestionamiento al acceso, pero sí al comportamiento dentro de la estructura estatal.

En ese marco, el problema dejó de ser el crédito en sí mismo y pasó a ser su impacto dentro de una narrativa oficial que combina austeridad, transparencia y disciplina interna. La decisión de Pettovello, en ese sentido, funciona como una señal hacia adentro más que como una respuesta hacia afuera.

Presión opositora y efecto contagio

El caso no quedó encapsulado. En paralelo, la oposición en el Congreso pidió investigar la adjudicación de créditos a funcionarios y legisladores, en algunos casos por montos que superan los $500 millones.

Ese movimiento amplifica el impacto político del episodio. Lo que comenzó como un conflicto interno en un ministerio se proyecta ahora sobre el conjunto del oficialismo, con potencial para escalar en el plano legislativo.

En términos de correlación de fuerzas, el Gobierno busca cerrar rápido el frente con una decisión contundente. La remoción de Massaccesi aparece como un intento de cortar la cadena de cuestionamientos antes de que se convierta en una agenda parlamentaria más amplia.

Al mismo tiempo, la medida refuerza la autoridad de Pettovello dentro de su estructura, al marcar un límite claro sobre los comportamientos esperados.

Defensa personal y disputa de sentido

Desde su salida, Massaccesi sostuvo que no cometió “ningún acto ajeno a la ley” y defendió la transparencia del trámite, realizado —según explicó— con todos los requisitos formales y a través de los canales digitales correspondientes.

Planteó además una línea argumental que introduce otra dimensión del debate: el acceso de funcionarios a herramientas disponibles para cualquier ciudadano. Esa defensa no discute la decisión política, pero sí interpela el criterio aplicado.

Ahí aparece una tensión más profunda. El Gobierno promueve determinadas herramientas como parte de su modelo económico, pero al mismo tiempo establece estándares internos que pueden restringir su uso en la práctica política.


Un episodio que deja señales hacia adentro

El desplazamiento ocurre en un momento donde el oficialismo intenta consolidar coherencia entre discurso y práctica. En ese esquema, los gestos internos adquieren peso político.

La salida de un funcionario por una cuestión de confianza —y no por una irregularidad legal— redefine el margen de acción dentro del Gobierno. Establece un precedente sobre qué conductas son toleradas y cuáles no, incluso cuando se ajustan a la normativa.

En las próximas semanas, el foco estará en dos planos. Por un lado, si la oposición logra sostener el tema en la agenda del Congreso. Por otro, cómo se administra internamente un estándar que, al endurecerse, puede generar nuevas tensiones dentro de la propia estructura oficial.

El caso Massaccesi, en ese sentido, no cierra una discusión. Más bien abre una sobre los límites entre legalidad, política y control interno en la gestión.

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Arman en Misiones una mesa política para proyectar a Dante Gebel en 2027 y buscan romper la polarización

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En un escenario político marcado por la fragmentación y la disputa por nuevos liderazgos, comenzó a tomar forma en Misiones una estructura de alcance nacional con proyección electoral hacia 2027. Juan Montejano, coordinador local de Consolidación Argentina, confirmó a Economis el inicio de reuniones para construir una mesa política en la provincia con el objetivo de impulsar la figura de Dante Gebel como eventual candidato presidencial. El movimiento, aún en etapa embrionaria, busca posicionarse como una alternativa por fuera de la polarización. La incógnita es si ese discurso de amplitud logra traducirse en estructura y volumen político real.

Un armado en construcción con anclaje nacional

El proceso comenzó con reuniones en Buenos Aires junto a quienes conducen el espacio a nivel nacional. A partir de ese punto, la estrategia en Misiones apunta a replicar un esquema de “mesa de diálogo abierta”, con participación de distintos actores sociales.

La lógica organizativa evita, por ahora, definiciones cerradas. El objetivo inmediato es construir un programa y un proyecto político antes que una estructura electoral tradicional. En ese esquema, la figura de Dante Gebel aparece como eje ordenador, con un perfil que el espacio define como cercano y orientado a valores.

El armado no se limita a un sector específico. Según se desprende de la construcción en marcha, confluyen actores provenientes de distintos espacios, incluidos sectores gremiales y dirigentes con antecedentes en otras fuerzas políticas. Esa heterogeneidad es presentada como un activo, aunque también plantea desafíos de cohesión.

Valores, religión y política: una identidad en formación

Uno de los ejes centrales del discurso del espacio es la apelación a valores compartidos como punto de partida. Montejano sostiene que existe una base social amplia que se identifica con principios comunes, más allá de pertenencias religiosas o partidarias.

En esa línea, la referencia a una sociedad mayoritariamente atravesada por valores cristianos funciona como marco conceptual, aunque el espacio intenta no limitarse a un nicho religioso específico. La construcción busca presentarse como transversal, con capacidad de interpelar a distintos sectores.

El planteo introduce una dimensión política relevante: la intención de disputar sentido en un terreno donde la polarización ha dominado la escena. La apuesta es reemplazar la lógica confrontativa por una narrativa de diálogo y cercanía, en contraste con el clima actual.

Entre la grieta y la búsqueda de un tercer espacio

El surgimiento de este armado se inscribe en un contexto donde el sistema político muestra signos de tensión. Por un lado, sectores que cuestionan la continuidad de liderazgos provinciales de larga data. Por otro, un modelo nacional que también genera adhesiones y rechazos.

En ese escenario, Consolidación Argentina intenta posicionarse como un tercer espacio que no se define en términos de oposición directa, sino como una construcción alternativa. La estrategia de “no romper sino sumar” apunta a captar sectores desencantados con la dinámica actual.

Sin embargo, el desafío es estructural. La construcción política requiere no solo discurso, sino territorialidad, organización y capacidad de articulación. La convocatoria a una mesa amplia en Misiones es un primer paso, pero todavía incipiente frente a actores consolidados.

Un proceso abierto hacia 2027

El próximo hito será la visita de referentes nacionales a Misiones para avanzar en la conformación formal de la mesa promotora. Aún no hay fechas definidas, lo que refleja el estado inicial del proyecto.

En paralelo, el espacio deberá empezar a traducir su narrativa en definiciones concretas. Temas sensibles, como políticas públicas o posiciones legislativas, aparecen como un terreno donde la amplitud discursiva puede tensionarse con la necesidad de claridad.

Por ahora, el armado avanza en fase exploratoria. La apuesta es construir desde la base social antes que desde acuerdos políticos tradicionales. El tiempo dirá si esa lógica logra consolidarse o queda diluida en un escenario que no suele esperar demasiado.

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Sturzenegger reactiva en el Congreso la “Ley Hojarasca” para derogar decenas de normas

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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado volvió a mover una pieza central de su agenda: el reenvío al Congreso de la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto que propone derogar decenas de leyes consideradas obsoletas o restrictivas. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y alineada con la visión del presidente Javier Milei, reabre el debate sobre el alcance de la desregulación en la Argentina actual. El dato político no es menor: el oficialismo busca instalar la idea de que “cuantas menos leyes, más justicia”, en un contexto donde la discusión por el tamaño del Estado sigue en el centro de la escena.

La pregunta subyacente es inevitable: ¿se trata de un avance concreto hacia un nuevo orden normativo o de un gesto político para consolidar el rumbo libertario en el Congreso?

Un proyecto que apunta a desmontar capas del Estado

La “Ley Hojarasca” se inscribe dentro del proceso de desregulación iniciado con el decreto 70 y normas posteriores. En este caso, el foco está puesto en una depuración normativa que abarca leyes de distintas épocas —desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI— agrupadas en seis bloques temáticos.

El proyecto incluye la eliminación de normas que, según el Ejecutivo, limitan libertades individuales, afectan el derecho de propiedad o imponen cargas burocráticas sin impacto real. Entre ellas aparecen regulaciones sobre control estatal de medios, restricciones a reuniones públicas, intervenciones en actividades productivas o privilegios para determinados sectores políticos.

También se propone derogar leyes que quedaron superadas por marcos normativos posteriores, otras que perdieron sentido por avances tecnológicos y un conjunto amplio de disposiciones que sostienen estructuras burocráticas o trámites considerados innecesarios.

En términos institucionales, el movimiento no implica una reforma integral del sistema legal, pero sí una intervención selectiva sobre capas acumuladas del ordenamiento jurídico. La lógica es clara: reducir el volumen normativo como forma de simplificar la gestión estatal y la actividad privada.

Impacto político: entre la narrativa de la libertad y la resistencia implícita

La iniciativa refuerza la narrativa del oficialismo basada en la desregulación y la reducción del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca consolidar una identidad política que traslade al Congreso su agenda reformista, incluso en áreas donde no hay urgencia económica inmediata.

Al mismo tiempo, el proyecto introduce tensiones. La eliminación de normas vinculadas a regulación de actividades, promoción sectorial o estructuras públicas puede generar resistencias en distintos niveles del sistema político, incluso sin que esas leyes estén actualmente en uso efectivo.

Hay otro elemento en juego: la señal hacia el sector privado. La depuración normativa se presenta como una herramienta para reducir costos indirectos, eliminar trabas y mejorar condiciones de funcionamiento. Sin embargo, el impacto concreto dependerá de qué leyes efectivamente mantienen efectos reales y cuáles ya operaban como “letra muerta”.

En términos de correlación de fuerzas, el oficialismo intenta capitalizar la iniciativa como un paso más en su agenda de reformas, mientras que la oposición deberá definir si confronta sobre el fondo o si deja avanzar una medida de bajo costo político inmediato.

Un proceso abierto: entre lo simbólico y lo operativo

El reenvío de la “Ley Hojarasca” no cierra una etapa, sino que abre un nuevo capítulo en la estrategia de desregulación. El desafío no está solo en la aprobación legislativa, sino en el impacto efectivo de la norma una vez sancionada.

Queda por ver si el Congreso acompaña la lógica de depuración o si introduce modificaciones que diluyan el alcance del proyecto. También será clave observar si esta iniciativa se convierte en un antecedente para reformas más profundas del entramado legal o si queda circunscripta a una limpieza normativa de carácter más simbólico.

En un escenario donde la política económica y la institucionalidad siguen entrelazadas, la discusión sobre cuántas leyes necesita el Estado argentino vuelve a instalarse. Esta vez, con una hoja de ruta que apuesta a reducir antes que a expandir, pero cuya efectividad todavía está en construcción.

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