política argentina

Encuesta marca que la imagen negativa de Milei alcanzó en mayo su nivel más alto en Posadas

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El último monitoreo mensual de la consultora misionera MRVT revela el fin de la neutralidad en la capital provincial. El derrumbe de los indecisos migró de manera lineal hacia el rechazo de la gestión, dejando un saldo político crítico: la imagen negativa ya duplica a la positiva y abre una brecha neta de -31 puntos para el Presidente.

Como dato destacado, un módulo especial de la encuesta muestra que el factor económico, bajo distintas modalidades, alcanza al 90% de los posadeños.

De acuerdo con el desglose estratégico de los indicadores de mayo, la imagen negativa de Javier Milei rompió su techo y alcanzó un nuevo récord del 63%, consolidando el fuerte malestar que ya se había detectado en abril, cuando había llegado al 60%.

Este comportamiento coincide con un marcado descontento en el segmento de entre 35 y 55 años —considerado motor de la economía local— y entre los adultos mayores.

Por su parte, la imagen positiva quedó congelada en su núcleo duro, con un 32%, frente al 56% que registraba al inicio de la serie. Esto confirma una pérdida de confianza transversal que dejó la brecha neta de capital político en un piso histórico de -31 puntos, diferencia que surge de contrastar el 32% de apoyo con el 63% de rechazo.

La principal clave analítica del período radica en el indicador de NS/NC (indecisión), que cayó hasta un mínimo histórico del 5%. Desde la consultora explicaron que la interpretación es contundente: el panel se definió por completo, la postura neutral desapareció y quienes antes respondían que “no sabían” se volcaron en su totalidad hacia la imagen negativa.

El correlato cronológico real (agosto de 2025 – junio de 2026)

Etapa 1: La expectativa sufriente y la incertidumbre

Meses: agosto, septiembre y octubre de 2025.

El panel comenzó en pleno invierno y primavera del año pasado. Predominaba una combinación de esperanza e incertidumbre. El porcentaje de indecisos o respuestas neutrales era el más alto de toda la serie porque los ciudadanos de Posadas evaluaban el impacto inicial de las grandes reformas y preferían esperar resultados antes de emitir un juicio definitivo.

Etapa 2: El esfuerzo de fin de año y las fiestas

Meses: noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026.

El cierre del año y las vacaciones sostuvieron una tensa calma. La inflación y el costo de vida ya comenzaban a golpear, pero operaban factores estacionales como las fiestas y el optimismo asociado al cambio de año. El crédito social se mantenía bajo la lógica del “esfuerzo necesario”, aunque la tensión empezaba a hacerse evidente.

Etapa 3: El quiebre de la rutina y la alarma doméstica

Meses: febrero, marzo y abril de 2026.

Fue el momento del golpe de realidad. El inicio de las clases, el fin de las vacaciones y, especialmente, la llegada de facturas de servicios públicos con fuertes incrementos marcaron el paso de la esperanza a la decepción. La preocupación dejó de ser una expectativa futura y pasó a convertirse en una crisis cotidiana dentro de los hogares.

Etapa 4: La consolidación y el escenario de definición forzada

Meses: mayo y junio de 2026.

Tras casi un año completo de seguimiento, el panel terminó de procesar el ciclo económico. La abrupta reducción de los indecisos constituye el cierre de ese proceso de diez meses. Según la interpretación de la consultora, los ciudadanos ya no esperan para ver qué ocurre: la presión sobre el bolsillo los obligó a tomar una posición definida, eliminando las zonas grises.

Módulo especial: el humor social y las prioridades del día a día

Como aporte adicional al monitoreo de este mes, MRVT Consultora incorporó una medición específica sobre las preocupaciones cotidianas de los trabajadores bajo la consigna: “Con el día a día como está, ¿dónde tenés puesta tu cabeza hoy?”.

Los resultados son contundentes y reflejan con claridad la realidad percibida por la población.

Al consolidar las variables relevadas, la centralidad de la economía alcanza un impacto global del 90% en los hogares posadeños. Este amplio consenso social se compone de un 57% que manifiesta tener su atención puesta exclusivamente en la situación económica —precios, tarifas de servicios y capacidad de compra del ingreso— y un 33% que afirma repartir su interés entre economía y política por igual.

En ambos casos, la economía aparece como el denominador común de las preocupaciones.

En el extremo opuesto, la denominada “rosca política” tradicional —los debates partidarios, las internas y los posicionamientos de dirigentes considerados de manera aislada— concentra apenas un 3% de interés exclusivo.

Finalmente, un 7% declaró encontrarse completamente desconectado de la agenda pública.

Los datos consolidados muestran que el humor social en Posadas abandonó las posiciones intermedias y que la ciudadanía evalúa la gestión pública bajo una estricta mirada microeconómica. El respaldo o el rechazo al actual escenario político ya no se define en discusiones partidarias abstractas, sino en la capacidad de respuesta concreta frente a los problemas cotidianos del bolsillo.

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Casación ratificó el decomiso contra Cristina Kirchner y sus hijos: la Justicia avanza sobre bienes por $685 mil millones

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La Cámara Federal de Casación Penal dejó este jueves a Cristina Fernández de Kirchner al borde de una nueva instancia crítica en la causa Vialidad: ratificó el decomiso de bienes vinculado a la condena por administración fraudulenta y cerró el camino ordinario hacia la Corte Suprema. A la ex presidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, sólo les queda presentar un recurso de queja directa ante el máximo tribunal.

La resolución habilita al Tribunal Oral Federal 2 a avanzar en la ejecución patrimonial de bienes valuados en $684.990 millones, incluyendo propiedades, empresas y activos vinculados tanto a la familia Kirchner como al empresario Lázaro Báez.

El fallo tiene una dimensión judicial, pero también un impacto político y económico de largo alcance: consolida la etapa de ejecución de condena en uno de los expedientes más emblemáticos de la relación entre obra pública, poder político y negocios privados durante el kirchnerismo.

La decisión fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, aunque este último votó parcialmente en disidencia respecto de algunos bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.

El núcleo del fallo ratifica un principio que Casación viene sosteniendo desde la confirmación de la condena: el delito no puede constituir una fuente legítima de acumulación patrimonial.

“El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo Hornos.

La resolución consolida así la posibilidad de que el Estado avance sobre: inmuebles, hoteles, departamentos, lotes, sociedades comerciales, y activos heredados o transferidos gratuitamente. En total, el universo patrimonial bajo ejecución alcanza 111 bienes.

El punto más sensible: los bienes heredados por Máximo y Florencia

El aspecto jurídicamente más delicado del fallo es el criterio aplicado sobre los bienes de los hijos de la ex presidenta.

Casación sostuvo que la condición de herederos o cesionarios no impide el decomiso cuando existe “una vinculación razonable” entre los activos y el beneficio económico derivado del delito investigado.

Ese razonamiento marca un precedente relevante en materia penal económica y patrimonial.

La Cámara consideró que: la transferencia hereditaria no neutraliza el decomiso; y que los bienes pueden ejecutarse aun cuando sus actuales titulares no hayan sido condenados en la causa principal. En juego aparecen 19 propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner.

Borinsky, en minoría parcial, cuestionó específicamente algunos inmuebles adquiridos antes del período temporal fijado por el tribunal oral para analizar el circuito patrimonial investigado.

Entre ellos aparecen: departamentos en Río Gallegos; lotes vinculados al complejo Los Sauces; y activos asociados a empresas compradas por Báez.

La resolución llega en un momento de extrema sensibilidad política para el peronismo.

Cristina Kirchner ya cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica y enfrenta un escenario donde la ejecución patrimonial empieza a adquirir una dimensión concreta sobre bienes familiares históricos.

La señal judicial tiene además impacto interno sobre el sistema político: debilita la capacidad de reorganización del kirchnerismo; tensiona la estrategia opositora del PJ; y vuelve a colocar la corrupción en el centro de la agenda pública.

La causa Vialidad siempre tuvo una doble lectura: una jurídica y otra estructural.

No se discute solamente una condena individual, sino el funcionamiento de un modelo de administración de obra pública durante casi dos décadas en Santa Cruz.

La dimensión económica: obra pública, contratistas y poder

El expediente Vialidad se transformó en un caso testigo sobre la relación entre el Estado y empresarios contratistas durante los gobiernos kirchneristas.

Casación volvió a remarcar que existió un “flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

Ese punto tiene relevancia actual porque el Gobierno de Javier Milei busca utilizar políticamente el caso para reforzar su narrativa sobre: ajuste del gasto público, eliminación de intermediaciones, y cuestionamiento al modelo tradicional de obra pública nacional.

La ejecución de bienes también reabre un debate económico más amplio:
cómo recuperar activos derivados de delitos contra el Estado y cuál es la verdadera capacidad del sistema judicial argentino para ejecutar patrimonios complejos después de condenas firmes.

Aunque el fallo pertenece al terreno judicial, el mercado financiero sigue de cerca este tipo de decisiones por una razón central: la percepción institucional.

En los últimos meses, el Gobierno nacional intentó instalar la idea de una Argentina con: mayor previsibilidad jurídica; disciplina fiscal; y fortalecimiento institucional.

En ese contexto, causas de alto impacto político funcionan también como señales hacia inversores internacionales sobre el comportamiento del sistema judicial argentino frente a delitos económicos y corrupción pública.

El dato no es menor en un país donde históricamente existió escepticismo sobre la capacidad efectiva del Estado para sancionar casos de corrupción estructural.

Santa Cruz, hoteles y el corazón patrimonial del kirchnerismo

Muchos de los bienes alcanzados tienen además un fuerte valor simbólico y político.

Entre ellos aparecen activos asociados a: Los Sauces, propiedades en Río Gallegos, y sociedades vinculadas históricamente al patrimonio familiar.

La causa vuelve así sobre uno de los núcleos históricos del kirchnerismo: la construcción patrimonial y empresarial desarrollada desde Santa Cruz hacia el poder nacional.

No se trata únicamente de bienes económicos. También son activos políticos y simbólicos acumulados durante más de tres décadas de construcción de poder territorial.

El próximo movimiento judicial será la presentación de recursos de queja ante la Corte Suprema.

Sin embargo, la decisión de Casación deja al Tribunal Oral en condiciones de profundizar medidas de ejecución y recuperación patrimonial mientras el máximo tribunal evalúa si toma o no intervención.

La discusión jurídica ahora gira sobre dos preguntas centrales: hasta dónde puede avanzar el decomiso sobre bienes heredados; y cuánto tiempo demorará la Corte en definir si revisa el caso.

Mientras tanto, el expediente Vialidad entra en una etapa distinta:
menos enfocada en la condena penal y más centrada en la recuperación efectiva de activos.

Y ahí aparece un dato políticamente sensible para el sistema argentino: por primera vez, la discusión deja de ser abstracta y empieza a impactar directamente sobre el patrimonio histórico de la familia más influyente del peronismo de las últimas dos décadas.

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Milei retiene el núcleo duro, pero el Círculo Rojo ya busca sucesor

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Mientras el denominado “círculo rojo” acelera especulaciones sobre un eventual “mileismo sin Milei”, los datos de opinión pública muestran una paradoja: el Presidente conserva el núcleo más sólido de potencialidad de voto dentro del espacio de centroderecha, mientras Mauricio Macri y Patricia Bullrich no logran perforar ese mismo electorado ni construir una alternativa superadora. El último informe de Zuban Córdoba & Asociados revela que Javier Milei mantiene un voto seguro del 18,7%, por encima de Bullrich (14,3%) y Macri (9,9%), aunque también exhibe un rechazo consolidado del 57,2%, apenas superior al de sus potenciales reemplazos dentro del mismo universo político.

La consultora plantea que el establishment político y económico argentino “suele ser precoz con respecto a sus deseos” y advierte que el fenómeno Milei atraviesa una etapa de desgaste emocional más que de reemplazo político concreto. “Se ilusiona rápido y se desenamora aún más rápido”, señala el análisis, que interpreta la proliferación de nombres alternativos como una reacción típica ante la frustración más que como una construcción electoral real. Según el documento, la discusión sobre sucesores aparece demasiado anticipada, con un Presidente al que aún le resta más de un año y medio de mandato.

Los números refuerzan esa lectura. Milei registra una potencialidad de voto compuesta por 18,7% de voto seguro y 12,7% de quienes lo votarían, mientras Bullrich alcanza 14,3% y 18,1%, y Macri 9,9% y 20,1%. Sin embargo, los tres comparten prácticamente el mismo techo de rechazo: 57,2% en Milei, 56,4% en Bullrich y 56,8% en Macri. La comparación muestra que ni la ministra de Seguridad ni el ex presidente logran ampliar el perímetro electoral del oficialismo: disputan el mismo electorado, pero no suman fuera de él. La propia consultora resume el fenómeno con una frase directa: “Comparten techo y piso”.

Entre quienes votaron a Patricia Bullrich en primera vuelta de 2023, Milei conserva una alta capacidad de retención: 43,9% aún lo votaría, mientras Bullrich mantiene 68,3%. En cambio, Mauricio Macri logra apenas 44,2% de adhesión entre quienes acompañaron a Milei y 79,7% entre votantes originales de Bullrich. La conclusión es clara: Macri y Bullrich no aparecen como figuras expansivas sino como administradores de un mismo capital político ya consolidado por Milei.

El informe también detecta una fractura generacional significativa. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, Milei conserva mejor performance relativa: 43% asegura que lo votaría, mientras Bullrich llega a 47,1% y Macri queda relegado con 35,3%. Pero en el segmento de 31 a 45 años, donde suele consolidarse el voto económico más sensible al deterioro del ingreso, el rechazo hacia Milei escala a 63,1%, un dato que explica parte de la ansiedad del establishment por anticipar escenarios de recambio.

La pregunta de fondo no es sólo quién podría reemplazar a Milei, sino si existe demanda social para un “mileismo sin Milei”. Allí la consultora introduce la principal advertencia política: el gran ausente de las discusiones de la elite es la sociedad misma. “Se especula con candidaturas sin mencionar rumbos”, sostiene el documento. Es decir, la discusión se concentra en nombres, pero no en un proyecto económico capaz de ofrecer estabilidad tras el ajuste.

El círculo rojo parece haber comenzado el duelo antes de tiempo, pero los datos no muestran todavía una viudez electoral consumada. Milei sigue siendo el dueño principal de ese espacio, aun con desgaste y rechazo alto. La búsqueda de herederos parece más un reflejo ansioso del poder que una necesidad expresada por el electorado.

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Cómo quedó la casa del country de Adorni tras las refacciones por USD 245.000

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la difusión de las primeras imágenes de cómo quedó su casa de fin de semana en el country Indio Cuá, tras una reforma integral que demandó una inversión de 245.000 dólares.

Las fotografías y la documentación incorporadas al expediente judicial muestran una transformación total de la propiedad: desde la estructura principal hasta la galería, la cocina, los pisos, la pileta, la parrilla y el mobiliario exterior. Según consta en la causa, la remodelación comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial.

El contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, detalló bajo juramento los trabajos realizados y los montos involucrados.

En una primera etapa, explicó que el encargo incluyó la remodelación de la entrada y el garage, la demolición de la antigua galería y la construcción de una nueva, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, renovación de puertas, mejoras en la escalera, una nueva parrilla, la modernización completa de la cocina —con nuevas mesadas, isla y desayunador—, además de ajustes de iluminación y otras intervenciones generales.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la intervención en la pileta: fue climatizada, rellenada para reducir su profundidad y revestida con piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Además, se le agregó una cascada lateral cuyo costo fue de 3.500 dólares.

La parrilla también aparece como uno de los ítems destacados de la obra. Según la declaración del contratista, Adorni pagó 13.800 dólares entre materiales y mano de obra, a lo que se sumaron otros 2.000 dólares por un horno instalado en la galería.

A esto se agregaron cinco pedidos de carpintería por montos significativos: 8.000 dólares en diciembre, 6.400 dólares días después, 19.000 dólares en abril, 7.500 dólares en junio y 3.300 dólares en julio.

Tabar también relató que, con el avance de la obra, Adorni y su esposa Bettina Angeletti solicitaron nuevas “refacciones extra” que se fueron incorporando al presupuesto original. Según su testimonio, el funcionario le delegó la coordinación general de la obra: el contratista pedía presupuestos, los presentaba, recibía el dinero en efectivo y luego realizaba los pagos a proveedores.

El dato más sensible para la causa judicial es la modalidad de pago. Siempre según la declaración testimonial, los desembolsos se realizaron “en negro” y en efectivo: primero 55.000 dólares a fines de 2024 y luego el resto durante 2025 en distintas cuotas de 30.000, 100.000, 30.000 y 50.000 dólares, quedando un saldo pendiente de 20.929 dólares que luego habría sido cancelado.

De acuerdo con la reconstrucción patrimonial realizada en la investigación, el jefe de Gabinete habría gastado al menos 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años, mientras mantiene deudas inmobiliarias por otros 335.000 dólares, de los cuales 270.000 deberían cancelarse antes de noviembre de este año.

La investigación del fiscal Pollicita apunta precisamente a determinar si ese nivel de gasto resulta compatible con los ingresos y ahorros declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

Fuentes cercanas al funcionario señalaron que en los próximos días presentaría su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, documento clave para el avance de la causa.

Mientras tanto, las imágenes de la casa terminada y el detalle de los pagos reavivan el debate político sobre el patrimonio de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei.

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El Gobierno denuncia a Tailhade por “espionaje ilegal”

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El Gobierno de Argentina formalizó una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto “espionaje ilegal”, tras su intervención en la Cámara de Diputados donde detalló aspectos de la vida cotidiana de la familia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El planteo oficial sostiene que esa información habría sido obtenida mediante “medios ilegítimos” y que su difusión implica un riesgo para la seguridad.

El episodio se originó durante el informe de gestión presentado por Adorni, cuando el legislador cuestionó el uso de custodia policial para la esposa del funcionario, incluyendo referencias a actividades y desplazamientos personales. La reacción del Ejecutivo fue inmediata: denunció una posible actividad de inteligencia ilegal y avanzó en el plano judicial.

Inteligencia, seguridad y límites del control político

La denuncia introduce un eje sensible en el funcionamiento institucional: la frontera entre control parlamentario y acceso a información privada. El Gobierno plantea que la obtención y exposición de datos personales vinculados a la custodia de un alto funcionario puede configurar una vulneración de la seguridad y del orden institucional.

En el escrito, se advierte que la recopilación de ese tipo de información “amerita ser investigada” por los riesgos que implicaría para la seguridad nacional, especialmente cuando involucra a funcionarios con capacidad de incidir en decisiones estratégicas.

Judicialización de un cruce político en el Congreso

El conflicto pasa de la arena parlamentaria al ámbito judicial. El Ejecutivo sostiene que el diputado habría accedido a información sensible por vías no legítimas, mientras que el propio Tailhade anticipó que presentará sus elementos ante la Justicia.

El eje de la acusación no es solo la crítica política sino el origen de los datos utilizados y su nivel de detalle, particularmente en lo referido a la logística de seguridad.

Desde una lectura de poder, la denuncia fortalece la posición del Ejecutivo en el plano discursivo al encuadrar el episodio como una amenaza institucional, mientras que coloca a la oposición en una posición defensiva respecto al origen de la información utilizada en el debate parlamentario.

Al mismo tiempo, el caso expone una escalada en el conflicto político: el oficialismo no solo responde en el terreno retórico sino que traslada la disputa a tribunales, elevando el costo institucional del enfrentamiento.

Debate sobre límites y responsabilidades

El episodio abre interrogantes sobre los límites del control legislativo y el uso de información en el ámbito público. La discusión gira en torno a qué tipo de datos pueden ser utilizados en el Congreso y bajo qué condiciones, especialmente cuando involucran aspectos de la vida privada de funcionarios.

La denuncia también introduce el concepto de posible afectación a la seguridad, lo que amplía el alcance del conflicto más allá del plano político.

Si bien el caso se desarrolla en el ámbito nacional, su resolución puede sentar precedentes sobre el uso de información en la política argentina. Esto podría tener impacto indirecto en todas las jurisdicciones, incluyendo provincias del NEA, donde las relaciones entre oficialismo y oposición replican dinámicas de confrontación.

Investigación judicial y escalada política

El proceso judicial será clave para determinar si existieron los “medios ilegítimos” mencionados por el Gobierno. En paralelo, el conflicto político continúa abierto, con ambas partes sosteniendo sus posiciones.

Las variables a observar serán el avance de la causa, la presentación de pruebas y la evolución del debate público sobre los límites entre control político, privacidad y seguridad.

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