política argentina

Universidad Austral proyecta mínima participación desde 1983: “La apatía domina las urnas”

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Un informe del Observatorio de Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral anticipa que los comicios legislativos del próximo 26 de octubre podrían registrar la tasa de participación más baja desde el retorno de la democracia. El estudio proyecta que apenas el 65% del padrón acudiría a las urnas, marcando un récord de ausentismo y reflejando el creciente desencanto ciudadano con la política.

Participación en caída y desconfianza electoral

El informe, titulado “Proyección de participación y análisis del comportamiento de los oficialismos en elecciones de medio término. Su posible impacto en las elecciones nacionales del 26 de octubre”, fue elaborado por Marcelo Bermolén, director del OCI de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

A partir del análisis de diez elecciones provinciales desdobladas realizadas a lo largo de 2025 —entre ellas Chaco, Misiones, Salta, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires—, el estudio determinó que la participación promedio fue del 59,37%, con picos mínimos en distritos donde uno de cada dos electores habilitados no asistió a votar.

Si se proyecta ese comportamiento sobre el escenario nacional, considerando el diferencial histórico registrado en 2021, la participación en las elecciones legislativas del próximo domingo se ubicaría en torno al 65,27%, muy por debajo del 71,83% de los comicios de 2021 y del 77,39% observado en 2013.

La desconfianza, la apatía y la rebeldía frente a las fuerzas políticas tradicionales se expresan hoy también en las urnas vacías”, advirtió Bermolén.

El informe señala que el voto obligatorio pierde eficacia como instrumento de movilización cívica frente al malestar social y político. La tendencia descendente de la participación, que comenzó a consolidarse a partir de 2013, se habría profundizado en un contexto de anomia, crisis económica y desafección institucional.

El voto de medio término como “plebiscito” del gobierno

El trabajo académico también repasa el desempeño de los oficialismos en todas las elecciones legislativas desde 1985. Según el relevamiento, en 9 de las 11 elecciones de medio término celebradas desde el retorno de la democracia, el partido de gobierno perdió votos respecto de la elección presidencial previa, fenómeno que el estudio denomina la “regla del castigo”.

A pesar de ello, en 6 de esas 11 ocasiones, el oficialismo logró imponerse, aunque con menor caudal electoral. En promedio, las pérdidas de apoyo rondaron los 13,79 puntos porcentuales.

Solo dos presidentes lograron revertir esa tendencia y mejorar su desempeño en las elecciones intermedias: Néstor Kirchner, en 2005, con un incremento del 16,49%, y Mauricio Macri, en 2017, con una mejora genuina del 7,6%.

Por el contrario, los descensos más pronunciados correspondieron a Fernando de la Rúa en 2001 (−25,66%), Cristina Fernández de Kirchner en 2013 (−21,28%) y Alberto Fernández en 2021 (−13,68%).

“Las elecciones de medio término funcionan como un plebiscito del rumbo del gobierno”, sostiene el documento. “Determinan si un oficialismo logra amortiguar el castigo o convertirlo en una ratificación de gestión”.

Proyección y posibles impactos políticos

El OCI proyecta que la participación nacional se moverá en una “banda operativa” entre el 65,27% y el 69,11%, confirmando una tendencia de desmovilización electoral que podría impactar sobre la legitimidad de los resultados.

“El ausentismo se convierte en el primer partido político de la Argentina cuando supera el caudal de votos de las principales fuerzas”, advierte el informe.

De confirmarse las proyecciones, el escenario del 26 de octubre podría combinar baja participación ciudadana y voto de desaprobación hacia el oficialismo, en un contexto de recesión económica y desconfianza institucional.

“La apatía electoral —concluye Bermolén— no es solo una expresión de desinterés: es una forma de protesta silenciosa frente a una dirigencia que no logra representar ni entusiasmar al electorado”.

ELECCIONES 2025 Proyeccion de Participacion y Comportamiento de Los Oficalismos en Elecciones de Medio Termino by CristianMilciades

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Tras el rechazo a los vetos, el Gobierno oficializó las leyes clave para salud y educación, pero frenó su aplicación hasta nuevo presupuesto

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El Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso asigne fondos

La decisión impacta sobre dos normas claves que habían sido impulsadas por el Congreso para reforzar el sistema de salud infantil y las universidades públicas. El Ejecutivo alega falta de recursos y advierte un costo fiscal combinado superior a los 1,4 billones de pesos.

Promulgación con suspensión: dos leyes sancionadas, pero sin ejecución inmediata

En la madrugada de este martes, el Gobierno nacional promulgó formalmente dos leyes emblemáticas —la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario y la Ley N° 27.796 de Emergencia Sanitaria Pediátrica—, pero dispuso la suspensión de su aplicación hasta que el Congreso de la Nación defina fuentes de financiamiento específicas en el Presupuesto Nacional.

Ambas medidas quedaron oficializadas a través de los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, en los que el Poder Ejecutivo justifica la decisión en función del impacto fiscal que implicarían las nuevas obligaciones.

“El Congreso no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156”, señala el texto oficial.

La situación replica lo ocurrido semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también fue promulgada pero suspendida en su ejecución por motivos presupuestarios.

Financiamiento universitario: impacto fiscal y ajuste automático por inflación

La Ley N° 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, incluyendo actualizaciones automáticas por inflación, recomposición salarial del personal docente y no docente, y actualización de becas estudiantiles.

El texto prevé que los gastos de funcionamiento universitario se ajusten bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Según el decreto, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación acumulada del IPC fue del 34,89%, lo que implicaría un costo adicional de $123.358 millones para el ejercicio vigente.

El Gobierno proyecta que el costo total de la ley ascendería a $1,06 billones en 2025 y $2,0 billones en 2026, cifras consideradas incompatibles con la actual política de equilibrio fiscal.

En el plano salarial, la ley establece que los sueldos del personal universitario deberán actualizarse en un porcentaje no inferior al IPC acumulado entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma. Según los cálculos oficiales, la inflación acumulada fue de 220,45%, mientras que las remuneraciones crecieron un 128,49%, lo que obliga a un ajuste adicional del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Además, la incorporación de sumas no remunerativas a los básicos implicaría un aumento adicional del 37,55% para el personal no docente, con un costo fiscal estimado de $178.984 millones en 2025 y $490.459 millones en 2026.

La norma también dispone la actualización automática de los programas de becas: el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano demandaría $72.840 millones adicionales, y el Programa Progresar, otros $76.614 millones.

“Sin financiamiento específico, su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran esfuerzo por la sociedad argentina”, advierte el Decreto 759/2025.

Emergencia pediátrica: alerta sanitaria y restricción presupuestaria

La Ley N° 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año, con el objetivo de garantizar el acceso a la atención infantil, reforzar hospitales públicos —como el Hospital Garrahan, símbolo del sistema pediátrico nacional—, y asegurar insumos, infraestructura y personal especializado.

Entre sus medidas principales, la norma prevé:

  • Asignación prioritaria de recursos para medicamentos, vacunas y equipamiento.
  • Recomposición inmediata de salarios del personal de salud infantil.
  • Exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras y guardias.

Sin embargo, el Decreto 760/2025 calcula que el costo fiscal de la ley alcanzaría $196.270 millones, superando la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, que ya arrastra un déficit operativo de $102.400 millones.

La reasignación requerida, según el Gobierno, equivaldría al 30% de los subsidios destinados a medicamentos y tecnología sanitaria y al 60% del presupuesto de programas de prevención como VIH/Sida.

Por estos motivos, el Ejecutivo resolvió postergar la aplicación hasta contar con una asignación presupuestaria específica en la próxima ley de Presupuesto.

“Sin fuentes claras de financiamiento, la ejecución de la ley podría derivar en el deterioro del propio sistema que busca proteger”, sostiene el decreto.

Un conflicto institucional que se traslada al Congreso

Ambas leyes fueron sancionadas tras el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales, lo que evidenció una tensión política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre las prioridades del gasto público.

El oficialismo insiste en que las normas, tal como están planteadas, afectan el equilibrio fiscal y podrían provocar un efecto inflacionario por el incremento del gasto corriente.
Desde la oposición, en cambio, sostienen que la suspensión viola la voluntad del Congreso y pone en riesgo derechos esenciales vinculados con la educación pública y la salud infantil.

El debate promete reabrirse durante la discusión del Presupuesto 2026, donde deberán definirse las partidas específicas que permitan implementar ambas leyes sin comprometer el plan de consolidación fiscal del Gobierno.

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Día de la Lealtad: el peronismo misionero llama a “frenar a Milei” y refundar el movimiento desde la militancia

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En el marco del Día de la Lealtad Peronista, dirigentes del justicialismo misionero reivindicaron la vigencia del movimiento y llamaron a fortalecer la militancia frente al contexto político y económico nacional. En medio de tensiones internas y cuestionamientos hacia el oficialismo provincial, figuras como Martín Ayala y Cristina Brítez coincidieron en la necesidad de “ponerle un freno a Milei” desde el Congreso y reconstruir el peronismo desde las bases.

“Al peso del aparato le oponemos la fuerza de la militancia”, sostuvo Ayala, referente del Partido Justicialista de Misiones e integrante de la CTA de los Trabajadores, en declaraciones públicas durante la conmemoración del 17 de octubre.

Militancia y refundación del peronismo

El dirigente afirmó que el peronismo “está vivo en cada trabajador y en cada familia misionera que mantiene en alto las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”. A su juicio, el Día de la Lealtad debía transformarse “en un día de militancia para todo el pueblo argentino” ante lo que calificó como un “gobierno inhumano” encabezado por Javier Milei.

Consultado sobre la situación interna del PJ, Ayala aseguró que “el peronismo está más allá de una sede o de un sello partidario”, al tiempo que ratificó su pertenencia al espacio Fuerza Patria, donde confluyen diversos sectores del campo popular.

“El 26 de octubre va a comenzar con Fuerza Patria la refundación del peronismo y de la nueva Argentina que se viene”, anticipó.

En cuanto a las divisiones históricas dentro del movimiento, recordó con ironía una frase clásica: “Cuando uno veía a los peronistas peleando, parecía una bolsa de gatos; en realidad, se estaban rearmando”.

El dirigente también cuestionó la concentración del poder político y económico en la provincia: “Hoy hay un frente predominante que maneja los medios, la política y los grupos económicos. Pero al peso del aparato le oponemos la fuerza de la militancia, esa que se construye casa por casa”.

“Frenar a Milei desde el Congreso”: la postura de Cristina Brítez

Por su parte, Cristina Brítez, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, reforzó la idea de que el próximo 26 de octubre se definirá “si el Congreso logra ponerle un freno a Javier Milei”. En una entrevista reciente, sostuvo que la elección legislativa será clave para evitar “la entrega de soberanía económica y política” del país.

“Si dicen que nuestra prioridad es frenar a Milei, es verdad. Porque para mejorar el país primero hay que frenarlo. No se puede construir nada mientras un gobierno neoliberal destruye derechos y castiga a los trabajadores”, afirmó.

Brítez recordó que el peronismo impulsó leyes como la emergencia en discapacidad y el refuerzo presupuestario universitario, “medidas concretas para los sectores más vulnerables”, y cuestionó a los legisladores de la Renovación por acompañar proyectos del oficialismo nacional.

“Cuando se necesitaban dos senadores para frenar el DNU 70 que desreguló la yerba mate, los senadores de la Renovación acompañaron a Milei, y hoy los tareferos y pequeños productores están pagando las consecuencias”, denunció.

La diputada también se refirió a la política exterior y la relación del gobierno con Estados Unidos: “Milei está entregando soberanía económica y nuestros recursos naturales. Los senadores de la Renovación tampoco frenaron la privatización de Nucleoeléctrica, que implica ceder soberanía energética”.

“Recuperar la política para la gente”

En el cierre de su intervención, Brítez llamó a “recuperar la política para la gente común” y reivindicó el rol del peronismo como herramienta de transformación social. “El peronista tiene que decir lo que piensa y hacer lo que dice. No se acaba el mundo cuando uno hace las cosas bien. Necesitamos dirigentes con coraje, no cómplices del poder”, sostuvo.

Tanto Ayala como Brítez coincidieron en que el 17 de octubre debe ser recordado no solo como una fecha histórica, sino como una oportunidad para reactivar la participación popular frente al ajuste. “La mística del peronismo sigue viva en los barrios, en los sindicatos y en las familias trabajadoras. Ese es el verdadero legado de la lealtad”, concluyó Ayala.

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Olmos pidió citar al Banco Central por la falta de datos sobre el oro y los BOPREAL

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Olmos advirtió en el Congreso que la AGN no puede auditar el destino del oro del Banco Central

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, afirmó en la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se niega a brindar información sobre los lingotes de oro enviados al exterior. La falta de datos impide conocer su ubicación, rendimiento e incluso los costos de traslado.

La tensión entre el BCRA y la AGN

Durante su exposición en el Congreso, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, informó que el organismo de control llegó a un punto muerto en el intercambio de información con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) respecto a los lingotes de oro girados al exterior.

“El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, advirtió Olmos ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto.

El funcionario precisó que la AGN desconoce también qué interés está rindiendo ese oro y subrayó que resulta “fundamental saber cuáles son las tasas”. Tampoco se pudo establecer si se pagaron seguros por los traslados.

El reclamo de la AGN: transparencia en el manejo del oro y los BOPREAL

La exposición de Olmos reflejó un problema institucional: la imposibilidad de avanzar en auditorías por falta de colaboración del BCRA. Según explicó, la misma dinámica se repitió en la investigación sobre los bonos BOPREAL, donde la entidad monetaria respondió que la información es “reservada”.

“Ese secreto es importante para el desarrollo funcional e institucional del Banco, pero no para el organismo auditor. En todo caso, es un ejemplo de reserva que debería haber”, sostuvo Olmos.

El presidente de la AGN propuso a la Comisión que considere la citación a las autoridades del BCRA para brindar explicaciones directas sobre la situación.

Consecuencias institucionales y políticas

La falta de información sobre los lingotes de oro en el exterior abre un frente sensible en la relación entre los organismos de control y el BCRA. La AGN no solo queda limitada en su capacidad de fiscalización, sino que además se ve imposibilitada de judicializar el caso por la acefalía del Colegio de Auditores, que permanece sin constitución desde hace meses.

El planteo de Olmos instala un debate mayor sobre la transparencia en el manejo de las reservas del Banco Central y la necesidad de que el Congreso refuerce los mecanismos de control institucional. El desenlace dependerá de si la Bicameral avanza en la convocatoria de las autoridades del BCRA o si el conflicto se mantiene en el terreno de la opacidad administrativa.

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El Gobierno repartirá $13.223 millones a partidos políticos para la campaña con Boleta Única Papel

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La Dirección Nacional Electoral (DINE) definió la asignación de fondos públicos a los partidos políticos para la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Es la primera vez que se aplicará la Boleta Única Papel (BUP) en comicios nacionales.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) oficializó este viernes 12 de abril, a través de las disposiciones 6 y 7 publicadas en el Boletín Oficial, la distribución de $13.223 millones para financiar la campaña de las fuerzas políticas que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La medida se enmarca en lo establecido por la resolución 375/2024 del 2 de septiembre, que fijó el presupuesto electoral. En juego estarán 127 de las 257 bancas de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado, con renovación en ocho distritos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Además del financiamiento, estas elecciones marcarán un hito institucional: será la primera vez que se utilice la Boleta Única Papel (BUP), un mecanismo que busca reducir costos de impresión, mejorar la transparencia y simplificar el escrutinio.

Cómo se distribuyen los $13.223 millones

El financiamiento se divide en dos grandes partidas:

  • Diputados nacionales: $8.815.610.700,67
  • Senadores nacionales: $4.407.805.350,33

La asignación se realiza en base a los resultados de las últimas elecciones y la cantidad de bancas en disputa por cada fuerza. Entre los montos más significativos:

  • Diputados – Provincia de Buenos Aires
    • Fuerza Patria: $1.015.126.318,06
    • La Libertad Avanza: $389.369.900,00
    • Nuevos Aires: $378.138.000,47
    • Frente de Izquierda Unidad: $205.895.577,34
    • Coalición Cívica ARI: $163.235.723,78
  • Diputados – Ciudad de Buenos Aires
    • Fuerza Patria: $112.424.241,93
    • La Libertad Avanza: $81.618.527,87
    • Ciudadanos Unidos: $80.054.812,29
  • Diputados – Córdoba
    • Provincias Unidas: $339.922.144,64
    • Frente de Izquierda Unidad: $109.334.082,52
    • La Libertad Avanza: $63.044.728,56

En la categoría Senadores, destacan:

  • CABA: Fuerza Patria $292.142.240,07; La Libertad Avanza $274.187.306,03; Ciudadanos Unidos $146.894.939,75.
  • Salta: Fuerza Patria $250.359.274,34; Política Obrera $73.248.793,87; Frente de Izquierda Unidad $68.437.824,12.
  • Entre Ríos: Fuerza Entre Ríos $342.261.152,44; La Libertad Avanza $77.441.173,16.
  • Santiago del Estero: Frente Cívico $223.407.866,14; Fuerza Patria Peronista $77.696.703,36.

En provincias de menor peso electoral, como Tierra del Fuego, las principales alianzas (Defendamos Tierra del Fuego, Frente de Izquierda Unidad, Fuerza Patria y La Libertad Avanza) recibirán $16.917.296,46 cada una.

Implicancias políticas y proyección de campaña

El esquema de financiamiento oficial busca garantizar igualdad de condiciones mínimas entre las fuerzas políticas, aunque los montos reflejan también el peso electoral de cada distrito. La Provincia de Buenos Aires, al concentrar el 37% del padrón nacional, acapara la mayor proporción de fondos.

El debut de la Boleta Única Papel agrega un condimento institucional clave. El sistema reduce la dependencia de los partidos de estructuras de impresión y reparto de boletas, lo que podría debilitar el poder de los aparatos territoriales tradicionales y obligar a repensar la estrategia de campaña.

En un contexto de polarización política, presión económica y crisis de representación, la distribución de recursos será observada con atención tanto por la ciudadanía como por los organismos de control electoral. La disputa ahora se traslada a la capacidad de cada fuerza de gestionar esos fondos y traducirlos en presencia territorial y competitividad electoral.

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