La nueva edad de imputabilidad: en Misiones solo 1,5% de los delitos involucran a menores de edad
La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a la reforma del Régimen Penal Juvenil, el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica estructuralmente el sistema vigente desde 1980. La iniciativa fue aprobada con 149 votos afirmativos y 100 negativos y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El debate se da en un contexto en el que los datos muestran que la participación juvenil en el delito representa una proporción baja del total. En Misiones, entre el 1,5% y el 2,5% de los delitos son cometidos por menores de edad, y cerca del 90% de esos casos corresponden a delitos contra la propiedad.
A nivel nacional, las cifras van en la misma línea: los delitos cometidos por menores representan entre el 1,5% y el 5% de los delitos graves en distritos densamente poblados. En términos globales, la participación de menores de 18 años en causas penales equivale apenas al 0,06% del total de delitos penales registrados.
Radiografía nacional del delito juvenil
Los datos más recientes permiten trazar un perfil claro del fenómeno:
- En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada en la justicia nacional, lo que representó una caída del 4,5% respecto al año anterior.
- El 81,4% de los ilícitos corresponde a delitos contra la propiedad (robos y hurtos).
- El 88,6% de los menores involucrados son varones.
- El 55,2% tiene entre 16 y 17 años.
- El 71,5% no tenía causas previas.
- La mayor concentración de casos se registra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las cifras indican que la mayoría de los adolescentes involucrados no son reincidentes y que los delitos violentos graves representan una fracción minoritaria dentro del universo juvenil.
La reforma deroga las leyes 22.278 y 22.803 y reemplaza el modelo tutelar por un proceso penal formal, con investigación fiscal, derecho a defensa desde el inicio y sentencia fundada. Establece la punibilidad desde los 14 años, eleva el umbral de prisión efectiva para jóvenes de 16 y 17 años y reserva la privación de libertad para delitos graves como homicidios, robos violentos o abusos sexuales. También amplía el catálogo de penas alternativas, como servicios comunitarios y monitoreo electrónico, fija un máximo de 15 años de prisión y prohíbe la prisión perpetua para menores de 18 años.
El proyecto prevé una asignación presupuestaria estimada en 23.739 millones de pesos para su implementación, con más de 20.000 millones destinados a la Defensoría General de la Nación para fortalecer la defensa pública especializada. Ese monto fue cuestionado por el bloque misionerista en el Congreso, ya que advierten que no alcanzará para construir centros de contención, contratar a profesionales y brindar atención diaria, carga que podría recaer en las provincias, a las que al mismo tiempo se les exige bajar el gasto público.
Mientras el oficialismo sostiene que el régimen actual quedó desactualizado frente a nuevas modalidades delictivas, las cifras muestran que el fenómeno juvenil representa una fracción acotada del total de delitos y que la mayoría de los casos corresponde a ilícitos patrimoniales.
La discusión ahora se traslada al Senado, donde el debate combinará seguridad pública, política criminal y derechos humanos en torno a una reforma que modifica de manera estructural el sistema penal juvenil argentino.
