Política Económica

Con el FMI en pausa, Economía negocia un REPO por u$s2.000 millones para cubrir vencimientos de enero

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Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) demora la revisión de fin de año y mantiene en suspenso el desembolso de u$s1.050 millones, el Ministerio de Economía y el Banco Central aceleraron un plan financiero alternativo: negocian un préstamo REPO por u$s2.000 millones con un consorcio de bancos internacionales. La operación, que ingresaría íntegramente como reservas brutas, apunta a blindar el balance del BCRA, atravesar el cuello de botella de enero y reducir la dependencia de un eventual waiver del organismo multilateral.

Fuentes de máxima jerarquía en Balcarce 50 y Reconquista confirmaron que la negociación ingresó en etapa definitiva en las últimas 48 horas, con una estructura similar a los repos ampliados utilizados en enero y junio de este año. El crédito se pactaría a uno o dos años, con bonos soberanos como colateral, y podría ampliarse hasta u$s300 millones adicionales, aún no confirmados.

Un REPO como herramienta preventiva en un contexto de reservas exigidas

El mecanismo REPO —acuerdo de recompra con obligación de recompra y tasa variable atada a un benchmark (SOFR) más spread— es habitual en operaciones de emergencia de bancos centrales emergentes, aunque menos difundido en el mercado local. En este caso, el consorcio estaría integrado por entidades que ya participaron en colocaciones previas, con perfil bajo para evitar ruido político.

El timing de la operación es clave. Con reservas netas en terreno negativo y un riesgo país en torno a los 600 puntos básicos, pese a la mejora reciente en la calificación de S&P, el equipo económico busca oxígeno financiero antes de los vencimientos de deuda de enero y de la presión cambiaria de fin de año. El ingreso de u$s2.000 millones permitiría desactivar, al menos temporalmente, el riesgo de una corrección brusca del tipo de cambio y ganar margen de maniobra.

Desde el Palacio de Hacienda insisten en que el REPO no es un salvavidas, sino una herramienta preventiva, y destacan que la tasa sería inferior a la de cualquier colocación en el mercado voluntario. Sin embargo, en el mercado circulan versiones de que el spread podría ubicarse entre 500 y 700 puntos básicos, lo que elevaría el costo efectivo por encima del 9% anual.

Colaterales definidos y señales políticas para el mercado

Según las fuentes, los bonos de garantía ya estarían cerrados: se utilizarían los bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) como colateral. La definición del respaldo refuerza la probabilidad de cierre en el corto plazo y suma previsibilidad a la estructura del crédito.

En paralelo, el frente político busca anclar expectativas. En una entrevista radial del 23 de diciembre, el presidente Javier Milei afirmó: “Estamos más que cubiertos, tenemos la plata para pagar enero, febrero y todo el primer trimestre sin ningún problema”. En la misma línea, el ministro Luis Caputo sostuvo: “Estamos cómodos, tenemos los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo sin ningún tipo de problema”.

En el oficialismo interpretan que operaciones como este REPO responden a la decisión de fortalecer reservas, mejorar el perfil financiero y seguir reduciendo el riesgo país, más que a una urgencia de caja. La lectura institucional es que, aun con la revisión del FMI demorada y el desembolso de u$s1.050 millones en duda, el Ejecutivo amplía su set de herramientas para sostener la estabilidad macro y cumplir con el calendario de pagos.

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El Gobierno extiende hasta junio de 2026 la transición para eliminar contratos preferenciales del Estado

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Mediante el Decreto 928/2025, publicado el 31 de diciembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para rescindir y reordenar los contratos del Sector Público Nacional que otorgaban ventajas o preferencias a empresas con participación estatal. La decisión impacta de lleno en los esquemas de contratación de combustibles, seguros y pasajes aéreos, y se inscribe en la política de desregulación, competencia y neutralidad del Estado impulsada desde diciembre de 2023.

La medida prorroga los plazos establecidos originalmente en el Decreto 747/2024 —ya extendidos una vez por el Decreto 591/2025— ante la persistencia de procesos licitatorios inconclusos o fallidos, varios de ellos bajo la modalidad de “Acuerdo Marco”, considerados estratégicos para el funcionamiento operativo de la administración pública.

El marco normativo: fin de las prerrogativas y contratos preferenciales

El nuevo decreto se apoya en el artículo 50 del Decreto 70/2023, que fijó un principio central de la actual política económica: “las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público”, ni podrán recibir ventajas en la contratación de bienes y servicios.

En esa línea, el Decreto 747/2024 derogó un conjunto de normas que imponían contrataciones obligatorias con empresas estatales. Entre ellas, el Decreto 1189/2012, que obligaba a contratar con YPF S.A. el suministro de combustibles y lubricantes; el Decreto 1191/2012, que establecía la obligación de utilizar Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar S.A. para la compra de pasajes aéreos; y el Decreto 823/2021, que imponía la contratación de pólizas a través de Nación Seguros S.A.

Además, ese decreto dispuso que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y b), de la Ley 24.156 debían rescindir, en un plazo máximo de un año, todos los contratos que otorgaran beneficios o preferencias, e impulsar procedimientos de selección competitivos y transparentes.

El plazo original, que vencía en agosto de 2025, ya había sido extendido por el Decreto 591/2025. Ahora, el Decreto 928/2025 lo prorroga nuevamente hasta el 30 de junio de 2026.

Licitaciones en marcha, procesos fallidos y cuellos operativos

En los considerandos, el Poder Ejecutivo justifica la nueva prórroga en el estado de avance —y en algunos casos, de estancamiento— de varios procesos licitatorios clave.

Entre los avances concretados, se menciona la Licitación Pública N° 999-0011-LPU24 para la apertura y gestión de cuentas sueldo, adjudicada por la Decisión Administrativa N° 9 del 23 de abril de 2025, que dio lugar al Acuerdo Marco N° 999-2-AM25, vigente por tres años con opción a uno adicional.

También se destaca la Licitación Pública N° 999-0002-LPU25, correspondiente al seguro de riesgos del trabajo, adjudicada mediante la Decisión Administrativa N° 13 del 30 de mayo de 2025, con un acuerdo marco de dos años, prorrogable por uno más. A esto se suma la contratación de seguros integrales, automotor y técnico, formalizada a través del Acuerdo Marco N° 999-7-AM25, perfeccionado el 6 de octubre de 2025.

Sin embargo, el decreto reconoce que persisten contrataciones críticas sin resolver, especialmente en materia de combustibles y pasajes aéreos. En el caso de la Licitación Pública N° 999-0006-LPU25, destinada a la provisión de combustibles y gestión de flota, el procedimiento fue dejado sin efecto en octubre de 2025 tras recibir una única oferta para un renglón y quedar desiertos los restantes.

Algo similar ocurrió con la Licitación Pública N° 999-0008-LPU25, para combustibles a granel destinados a automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales, donde se proyecta declarar fracasados ocho renglones y desiertos otros cuatro.

En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se encuentra elaborando un anteproyecto de pliego para una futura licitación de pasajes aéreos bajo la modalidad de Acuerdo Marco, aún sin fecha de convocatoria definitiva.

Alcance de la prórroga y efectos sobre la gestión pública

Frente a este escenario, el decreto no solo extiende hasta el 30 de junio de 2026 el plazo máximo previsto en el artículo 6° del Decreto 747/2024, sino que también faculta a cada jurisdicción competente a ampliar o prorrogar los contratos vigentes, celebrados bajo los decretos ahora derogados, hasta esa misma fecha.

En la práctica, esto implica que los contratos con YPF, Aerolíneas Argentinas, Nación Seguros y otras empresas alcanzadas podrán mantenerse de manera transitoria, evitando vacíos operativos mientras se completan los nuevos esquemas de contratación competitiva.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja las tensiones entre el objetivo político de desarmar privilegios y la complejidad técnica de reemplazar contratos estructurales en áreas sensibles para el funcionamiento cotidiano del Estado. Para los proveedores privados, la prórroga extiende un período de incertidumbre, pero también confirma que el Gobierno mantiene el rumbo hacia un sistema de compras públicas sin preferencias, basado en licitaciones abiertas y transparentes.

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INDEC: el empleo en la administración pública nacional bajó 7,8% interanual en noviembre

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La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo a 281.785 personas en noviembre de 2025, según datos oficiales del INDEC, y acumuló una pérdida de 59.688 empleos desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. La cifra consolida el ajuste sobre el sector público como uno de los ejes centrales de la política económica y administrativa del Gobierno nacional, con impacto directo en el funcionamiento del Estado, el mercado laboral y la estructura institucional.

En el último mes relevado, noviembre de 2025, el empleo público cayó 0,3% respecto de octubre (785 puestos menos) y 7,8% en la comparación interanual, lo que equivale a 22.322 trabajadores menos frente a noviembre de 2024. Los datos surgen del informe técnico “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, publicado el 30 de diciembre de 2025 por el INDEC.

Un ajuste sostenido en la administración pública nacional

El recorte se verifica en casi todos los segmentos del Estado nacional. La Administración Pública Nacional (APN) cerró noviembre con 192.219 empleados, una baja mensual de 0,2% y una caída interanual del 7,1%. Dentro de ese universo, la administración centralizada pasó de 39.272 a 39.011 trabajadores, lo que implicó una reducción mensual del 0,7% y una caída interanual del 10,7%.

La administración descentralizada, que concentra el mayor volumen de personal, también mostró una contracción: bajó 0,3% mensual, de 116.960 a 116.571 empleados, mientras que la administración desconcentrada fue el único segmento que registró una suba en noviembre, con 22.534 trabajadores, un incremento del 1,3% mensual (284 puestos más). En tanto, los otros entes redujeron su dotación 0,3%, al pasar de 14.148 a 14.103 empleados.

Si se toma el acumulado de enero a noviembre de 2025, la APN perdió 18.178 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 6,06% en lo que va del año. El contraste es más marcado al comparar con el inicio de la actual gestión: en enero de 2024, la administración pública nacional contabilizaba 333.784 puestos, por lo que el retroceso acumulado alcanza el 15,57%.

Empresas y sociedades del Estado: menos personal y menor estructura

El ajuste también se extendió a las empresas y sociedades del Estado, que en noviembre registraron 89.566 empleados, con una caída mensual de 374 puestos (-0,4%) y una reducción interanual del 7,8%. Este segmento explica una parte relevante del recorte total, en un contexto de revisión del rol del Estado empresario y de los costos operativos de las compañías con participación estatal.

En conjunto, la dotación total del sector público nacional —administración central, organismos descentralizados, entes y empresas— pasó de casi 300 mil trabajadores a comienzos de 2025 a los 281.785 actuales, consolidando una tendencia de reducción sostenida mes a mes. El informe oficial detalla que la medición incluye a 125 entidades, aunque en noviembre 10 empresas y sociedades no informaron su dotación, por lo que 5.194 personas (1,8% del total) fueron imputadas estadísticamente.

Impacto económico e institucional del recorte

La caída de casi 60 mil empleos públicos en dos años refleja el alcance del proceso de reorganización y reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. En términos económicos, el ajuste contribuye a la reducción del gasto corriente, especialmente en salarios, uno de los componentes más relevantes del presupuesto nacional. En el plano institucional, sin embargo, plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de áreas clave del Estado, en particular en organismos con funciones regulatorias, técnicas o de prestación de servicios.

La evolución del empleo público se convirtió así en un indicador central para seguir la estrategia de desregulación y transformación del Estado, en un contexto de fuerte debate político sobre el tamaño del sector público, la eficiencia administrativa y el impacto social del ajuste. Con los datos de noviembre, el INDEC confirma que la tendencia descendente se mantiene y que el redimensionamiento del Estado sigue siendo uno de los pilares de la política económica vigente.

Dotacion Personal Publico Argentina by CristianMilciades

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El Presupuesto habilita al Gobierno a renegociar deuda sin las exigencias de la ley de Administración Financiera

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Por Silvia Rajcher / NA – El Presupuesto aprobado el viernes pasado introduce una reforma clave en la ley de Administración Financiera que amplía de manera sustancial el margen de maniobra del Poder Ejecutivo para canjear y administrar la deuda pública en 2026. A partir de los cambios incluidos en los artículos 55 y 56, el Gobierno podrá encarar operaciones de renegociación y administración de pasivos sin la obligación legal de obtener mejoras en los plazos, las tasas de interés o el capital, una condición que regía hasta ahora para cualquier reestructuración de deuda.

La modificación, que será promulgada en los próximos días, pasa relativamente desapercibida en el debate parlamentario, pero tiene un impacto económico e institucional significativo, en un contexto en el que la Argentina deberá afrontar fuertes vencimientos de deuda durante el próximo año y buscará mayor flexibilidad para gestionar sus compromisos financieros.

Cambios en la ley de Administración Financiera: más flexibilidad para Economía

El núcleo de la reforma se encuentra en el artículo 56 del Presupuesto, que modifica el artículo 55 de la ley complementaria de Presupuesto, ampliando las facultades del Ministerio de Economía para realizar operaciones de administración de pasivos.

Según el nuevo texto, la cartera económica queda habilitada a ejecutar “operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese”, lo que incluye: compra, venta y canje de instrumentos financieros, como bonos o acciones; pases de monedas, tasas de interés o títulos; compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros; y “cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”.

Además, el articulado autoriza que estas operaciones se realicen a través de entidades creadas ad hoc, ampliando aún más el abanico de herramientas disponibles para la gestión de la deuda.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) subrayó en un informe que la diferencia central con el régimen anterior es que ya no se incluye expresamente la reestructuración de la deuda pública bajo los términos del artículo 65 de la Ley 24.156, que imponía condiciones estrictas para cualquier renegociación.

Qué se elimina: el requisito de “mejoramiento” de la deuda

Hasta ahora, el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera establecía que el Gobierno solo podía reestructurar deuda pública “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Es decir, cualquier canje o renegociación debía traducirse necesariamente en un alivio financiero explícito.

Ese requisito desaparece con la reforma aprobada. Según detalló la OPC, el nuevo esquema autoriza operaciones financieras, pero sin exigir que impliquen una mejora en las condiciones originales de la deuda. En palabras del informe legislativo, ahora se permite “la compra, venta y/o canje de instrumentos financieros” y otras operaciones habituales de mercado, así como la “cesión y/o disposición de créditos contra particulares provenientes de créditos devengados o facilidades de pago de deudas fiscales”.

En términos prácticos, esto significa que el Gobierno podrá reperfilar vencimientos o canjear deuda aun cuando no haya una mejora directa en tasas, plazos o capital, algo que hasta ahora estaba legalmente vedado.

Un debate legislativo de bajo perfil y un impacto de alto alcance

A diferencia de otros capítulos del Presupuesto, los cambios vinculados a la deuda no ocuparon un lugar central en la discusión parlamentaria. En la Cámara de Diputados, el debate estuvo dominado por la polémica en torno a la derogación de leyes de Discapacidad y Universidades, finalmente eliminadas del texto. En el Senado, la atención se concentró en el artículo 30, que suprimió los pisos de financiamiento para educación y ciencia y que sí quedó incorporado en la ley.

El nuevo régimen de deuda solo recibió cuestionamientos puntuales del jefe del bloque peronista del Senado, José Mayans, y de la senadora kirchnerista Juliano Di Tullio, sin generar un debate amplio sobre sus implicancias de mediano plazo.

Un 2026 con vencimientos exigentes y mayor margen de negociación

Con esta reforma, el Gobierno —y en particular el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo— contará con mayor flexibilidad para encarar la gestión de la deuda en un año fiscal exigente, marcado por importantes pagos que deberá afrontar la Argentina.

Desde el punto de vista económico, la modificación apunta a evitar restricciones legales que puedan obstaculizar negociaciones financieras en escenarios de estrés. Desde el plano institucional, en cambio, abre un debate sobre el menor nivel de exigencias legales para la administración del endeudamiento público.

En un contexto de ajuste fiscal, búsqueda de estabilidad macroeconómica y necesidad de sostener el acceso a los mercados, la reforma del Presupuesto redefine las reglas de juego para la política de deuda en 2026 y le otorga al Ejecutivo una herramienta clave para administrar pasivos con mayor discrecionalidad.

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Tras el pedido de la Justicia al BCRA, este informó que “no existen contratos que registren el envío de oro al exterior”

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó en el centro de una controversia institucional de alto impacto económico y político tras un fallo de la Justicia que lo obliga a brindar información pública sobre el eventual envío de reservas de oro al exterior. La decisión judicial, adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, reavivó el debate sobre la transparencia en la gestión de activos estratégicos del Estado, el riesgo de embargos en el marco del juicio por la expropiación de YPF y la estrategia oficial para obtener rendimientos financieros en un contexto de escasez de dólares.

El conflicto enfrenta al Gobierno nacional, que alega razones de seguridad y confidencialidad, con sectores sindicales, legislativos y de control que reclaman acceso pleno a la información, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. En paralelo, el BCRA sostuvo ante la Justicia que “no existen contratos que registren el envío de oro al exterior”, una afirmación que profundiza la incertidumbre sobre el destino y el uso de las reservas.

El fallo judicial y la obligación de informar

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dispuso que el Banco Central debe brindar información pública vinculada al eventual traslado de lingotes de oro fuera del país. La resolución revocó un fallo de primera instancia que había avalado la negativa del organismo monetario a responder los pedidos de información formulados por la Asociación Bancaria.

La presentación judicial se inscribió en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y contó con el respaldo de directores de la Auditoría General de la Nación (AGN), que asiste al Poder Legislativo en el control externo del sector público. Para estos actores, la falta de información constituye un “escándalo institucional”, mientras que desde el Poder Ejecutivo se argumenta que revelar datos sensibles podría exponer las reservas a eventuales embargos por parte de acreedores externos.

El trasfondo inmediato es el juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en tribunales de Nueva York y que podría derivar en reclamos por más de USD 18.000 millones. En ese contexto, la localización precisa de activos estratégicos, como el oro del BCRA, es observada con atención por fondos de inversión de alto riesgo, conocidos como “fondos buitre”.

El oro del Banco Central y la estrategia financiera oficial

Según la información disponible, el envío de oro al exterior impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, tuvo un antecedente directo en 2017, cuando durante la gestión de Federico Sturzenegger se transfirieron al Banco de Inglaterra activos por un valor estimado en USD 462 millones, con el objetivo de obtener rentabilidad en el mercado internacional.

La actual administración sostiene que la operatoria apunta a hacer rendir activos ociosos en un contexto de restricciones externas severas. En ese marco, se analizan operaciones de tipo Repo, que consisten en la venta de un activo —en este caso oro— con el compromiso de recomprarlo en un plazo y precio determinados, a cambio de liquidez inmediata en dólares para afrontar vencimientos.

El BCRA afirma que el stock declarado de oro, equivalente a 1,98 millones de onzas, se mantiene estable desde hace al menos cinco años y que las reservas de oro están valuadas actualmente en USD 4.900 millones. Sin embargo, tanto la oposición como la AGN reclamaron precisiones sobre fechas, destino, bancos custodios y tipo de operación financiera involucrada.

La controversia se profundizó cuando trascendió que, según la respuesta oficial del Central, “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”, y que, en consecuencia, “no se han tenido que elaborar informes del servicio jurídico del BCRA”.

Antecedentes históricos y disputa política

El oro en cuestión tiene un fuerte contenido simbólico y económico. Fue incorporado mayoritariamente durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando el BCRA adquirió 54,8 toneladas del metal por un desembolso estimado entre USD 700 y 750 millones, anticipando la revalorización internacional del oro tras la salida de la Convertibilidad. Esa estrategia generó, según estimaciones, una ganancia contable de USD 2.600 millones para el Banco Central.

Posteriormente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA, el stock se elevó a 61,74 toneladas, el nivel más alto de la historia reciente. En los años siguientes, parte de esas reservas se utilizó como respaldo crediticio y se vendieron cerca de cinco toneladas para afrontar compromisos externos, una porción de las cuales fue recomprada durante la pandemia.

El actual conflicto refleja un quiebre político profundo. Desde sectores del oficialismo se considera que la exigencia de información favorece a los acreedores externos, mientras que desde el gremio bancario y la AGN se insiste en que el acceso a la información pública es un principio básico del control democrático. La tensión se trasladó incluso al funcionamiento de la auditoría, cuyos integrantes denunciaron que el BCRA solo ofreció acceso restringido a datos “sensibles”, sin posibilidad de copias ni registros, lo que imposibilita técnicamente la tarea de control.

Un escenario abierto y de alto impacto institucional

Con el fallo judicial firme, el Banco Central deberá ahora ratificar su postura en sede judicial y definir el alcance de la información que entregará. El desenlace del caso tendrá implicancias directas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos de control, la credibilidad institucional del BCRA y la percepción de riesgo por parte de los acreedores externos.

Mientras tanto, el debate por el oro del Banco Central se consolida como uno de los focos más sensibles de la agenda económica y política, en un contexto donde la escasez de divisas, la presión judicial internacional y la disputa interna por la transparencia configuran un escenario de alta incertidumbre.

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