Política Económica

Daza, en el Council de las Américas: “La Argentina ya cambió y el cambio es permanente”

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“La Argentina ya cambió”. Con esa definición, José Luis Daza condensó el mensaje que el Gobierno buscó transmitir ante empresarios, inversores y referentes políticos durante el Council de las Américas 2026. El viceministro de Economía reemplazó al ministro Luis Caputo, ausente por problemas de salud, y convirtió su exposición en una defensa del rumbo económico iniciado con Javier Milei, pero también en una apuesta por el impacto estructural que, según su visión, tendrá la transformación sobre el mercado laboral y la matriz productiva.

Para Daza, el cambio no se limita a una reducción del déficit o a la baja de la inflación. Se trata de una modificación cultural y política que atraviesa al conjunto de la sociedad. “El cambio creo que es permanente”, afirmó, al sostener que la Argentina ingresó en una etapa que considera inédita en comparación con otras transformaciones económicas que observó durante décadas de trabajo en Estados Unidos y Wall Street.

Su interpretación parte de una premisa política: la elección de Milei significó, según Daza, que una mayoría social aceptara la necesidad de reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal. “La Argentina cambia cuando decide elegir a un presidente cuyo símbolo es la motosierra”, sostuvo. Para el funcionario, allí se produjo un quiebre que excede la discusión ideológica tradicional y expresa un nuevo consenso sobre las restricciones fiscales del Estado.

Pero el segundo componente que Daza considera decisivo es la forma en que se implementó ese ajuste. El funcionario destacó que el Gobierno decidió reducir el gasto y avanzar hacia el equilibrio fiscal sin romper contratos ni reestructurar la deuda doméstica. “Todo lo que vamos a hacer en política económica, todo lo que vamos a hacer en el Gobierno es respetando el Estado de derecho, respetando la santidad de los contratos”, señaló al reconstruir el mandato recibido por el equipo económico.

La defensa de las reglas de juego ocupó buena parte de su exposición. Daza buscó presentar el cumplimiento de los contratos como una condición para reconstruir un mercado financiero de largo plazo y diferenciar el proceso argentino de anteriores episodios de default. En esa lógica, sostuvo que la estrategia permitió comenzar a sentar las bases de “la Argentina moderna” y que esa decisión ya empieza a producir resultados en materia de financiamiento y confianza.

El otro eje de su diagnóstico fue la inflación. Daza afirmó que el proceso de desinflación está asentado sobre “bases sólidas” y que continuará porque el programa no depende de una única variable. Destacó la combinación de equilibrio fiscal, cuentas externas positivas, bancos capitalizados y ausencia de descalces relevantes como parte de los fundamentos que, según el Gobierno, permitirían sostener la estabilización en el tiempo.

“Para mí personalmente no es un tema”, respondió al referirse a la inflación, en una de las definiciones más contundentes de su exposición. La afirmación apunta a transmitir que la dinámica de los precios dejó de constituir, para el equipo económico, una amenaza central al programa. Daza también vinculó el futuro de la estabilidad con la eventual aprobación de una nueva Carta Orgánica del Banco Central y consideró que una mayor independencia de la autoridad monetaria podría constituir “un shock de confianza” para la economía.

El cambio que todavía no se ve

Sin embargo, el aspecto más ambicioso del discurso no estuvo en los indicadores financieros sino en lo que Daza considera la transformación todavía subestimada: el cambio de la matriz productiva argentina.

El funcionario sostuvo que el país está transitando desde una estructura más dependiente de los sectores tradicionales hacia una economía donde energía y minería tendrán un peso creciente, junto con una expansión de la productividad agropecuaria. A su entender, la magnitud de esa transformación todavía no fue completamente incorporada por la sociedad porque los proyectos de inversión tienen tiempos de maduración diferentes a los de la percepción cotidiana.

“Se viene un cambio que la sociedad no ha podido percibir porque nunca ha visto un cambio en la matriz productiva como el que se nos viene en la Argentina”, planteó.

El punto relevante, según Daza, es que ese proceso no quedará circunscripto a las provincias productoras ni a las empresas directamente involucradas. La expansión energética y minera generaría una demanda creciente de infraestructura, servicios profesionales, transporte, tecnología, mantenimiento y proveedores industriales, con efectos sobre múltiples sectores de la economía.

La referencia a Chile funcionó como ejemplo de esa dinámica. Daza sostuvo que el desarrollo del cobre produjo allí una red de proveedores y servicios que se extendió mucho más allá de las regiones estrictamente mineras. Esa experiencia es utilizada por el Gobierno como una referencia para anticipar lo que podría ocurrir en Argentina si los proyectos de energía y minería alcanzan la escala prevista.

La consecuencia más concreta de esa transformación, y quizás una de las definiciones de mayor impacto social de su discurso, aparece en el mercado laboral. “Argentina va a necesitar por lo menos 18.000 ingenieros por año”, afirmó. A esa demanda sumó soldadores, electricistas, mecánicos, trabajadores vinculados a la infraestructura, contadores y otros perfiles técnicos y profesionales.

El dato funciona como una advertencia tanto para el sistema educativo como para empresas y gobiernos. Si la inversión esperada efectivamente se materializa, la restricción podría dejar de estar exclusivamente en la disponibilidad de capital para convertirse también en la disponibilidad de recursos humanos capacitados.

Argentina, según Daza, egresa actualmente alrededor de 6.000 ingenieros por año, por lo que el salto requerido sería de una magnitud considerable. La discusión sobre el modelo económico, en consecuencia, empieza a desplazarse hacia otra pregunta: ¿está el país preparado para formar a las personas que necesitará la economía que pretende construir?

De la macroeconomía al bolsillo

El funcionario insistió además en que el crecimiento de sectores como minería y energía no debería analizarse como un fenómeno aislado. “Esto se va a trasladar a toda la sociedad”, afirmó, al explicar que la expansión de las inversiones demandará trabajadores, proveedores y servicios en distintas regiones.

La lógica es conocida en economía: una inversión primaria puede generar efectos multiplicadores sobre cadenas de proveedores, logística, servicios financieros, software, profesionales y consumo. La diferencia, en el caso argentino, estaría en la escala potencial de los recursos involucrados y en la posibilidad de convertirlos en una plataforma exportadora.

Daza vinculó esa oportunidad con la teoría de la convergencia: una economía que incorpora capital, tecnología y productividad puede acercar su ingreso por habitante al de países que lograron sostener procesos prolongados de crecimiento. En ese punto comparó la trayectoria argentina con la uruguaya y la chilena y sostuvo que la apertura y la eliminación de restricciones permitirían recuperar parte del terreno perdido.

El optimismo del funcionario, sin embargo, fue presentado como una conclusión basada en experiencias internacionales y no como una expectativa coyuntural. “No estoy optimista de Argentina. Soy realista”, afirmó, al explicar que observó transformaciones similares en otros países y que considera que Argentina reúne una combinación particularmente favorable de recursos naturales y capital humano.

El desafío que queda fuera de los balances

En el tramo final de su discurso, Daza introdujo una dimensión social que resulta central para evaluar cualquier proceso de transformación económica. Reconoció que la pobreza continúa siendo “excesivamente alta” y que la fragilidad de las clases medias también permanece como un problema.

El funcionario reivindicó, en ese sentido, el esfuerzo del Gobierno por focalizar la asistencia sobre los sectores más vulnerables mientras avanza el ajuste fiscal. La cuestión resulta particularmente relevante porque el éxito de una transformación productiva no se mide únicamente por exportaciones, inversiones o equilibrio presupuestario, sino por su capacidad para generar empleo, mejorar ingresos y ampliar las oportunidades de movilidad social.

Ese es, precisamente, el punto donde el discurso económico encuentra su principal desafío. La promesa de una Argentina más productiva requiere que el crecimiento de energía, minería, agro y servicios se convierta efectivamente en empleos formales, mejores salarios, proveedores locales y nuevas capacidades profesionales.

La advertencia sobre los 18.000 ingenieros anuales puede leerse, entonces, como algo más que una proyección laboral. Es también un llamado a anticipar el cuello de botella de la próxima etapa. Si la Argentina pretende atraer inversiones de gran escala, deberá resolver simultáneamente problemas de infraestructura, formación técnica, capacitación profesional y articulación entre el sistema educativo y las nuevas demandas empresarias.

En esa transición, el cambio de matriz productiva puede ser una oportunidad, pero no constituye por sí mismo una garantía de desarrollo territorial equilibrado. El verdadero salto dependerá de cuánto valor agregado pueda capturar la economía local y de qué manera ese crecimiento llegue a trabajadores, pymes, profesionales y comunidades.

Daza cerró su exposición con una definición política que resume la estrategia oficial: “La Argentina ya cambió”. Para el Gobierno, el desafío ahora consiste en demostrar que ese cambio no se limita a la macroeconomía y que puede convertirse en una transformación productiva capaz de generar oportunidades concretas.

La próxima discusión, por lo tanto, no será solamente cuánto déficit queda, cuánto baja la inflación o cuánto capital ingresa. Será quiénes podrán participar de la nueva economía que el Gobierno proyecta y si el país logra formar, integrar y retener a los trabajadores que esa transformación va a necesitar.

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Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027 el 15 de septiembre

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Javier Milei volverá a presentar personalmente el proyecto de ley de Presupuesto en el Congreso el próximo martes 15 de septiembre, retomando el formato que utilizó en 2024 y que había abandonado en 2025, cuando optó por grabar un mensaje desde la Casa Rosada para su emisión por cadena nacional.

La decisión vuelve a colocar al Presidente en el centro de una instancia que históricamente estuvo reservada al ministro de Economía. “El presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, señalaron altas fuentes parlamentarias del oficialismo para explicar la estrategia. En términos políticos, la elección implica que Milei asumirá nuevamente el costo y el beneficio de defender ante el Congreso los principales lineamientos de la política económica del Gobierno.

El antecedente inmediato es significativo. En 2024, Milei presentó el proyecto correspondiente al Presupuesto 2025 desde un atril ubicado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de utilizar el sillón presidencial reservado junto a las autoridades legislativas. Aquella puesta en escena rompió con el protocolo tradicional y convirtió una exposición presupuestaria en una demostración explícita de liderazgo político.

El proyecto, sin embargo, no consiguió avanzar hasta el recinto. Quedó trabado en las comisiones de Diputados en medio de negociaciones fallidas entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores por el reparto de recursos y las prioridades fiscales. La falta de acuerdo terminó impidiendo que el Congreso sancionara el Presupuesto 2025.

Un año después, el escenario fue diferente. El 15 de septiembre de 2025, en un contexto marcado por tensiones políticas y derrotas electorales, Milei decidió no concurrir al Palacio Legislativo y grabó un mensaje desde la Casa Rosada que fue transmitido por cadena nacional. El Presupuesto correspondiente a 2026 terminó teniendo un desenlace distinto al de su antecesor: fue el primero aprobado por ambas cámaras durante la administración libertaria, aunque recién obtuvo sanción en las sesiones extraordinarias de diciembre.

La nueva presentación del 15 de septiembre tendrá, por lo tanto, una importancia que excede la exposición de las variables fiscales para el próximo ejercicio. El desafío político será transformar los números del proyecto en un acuerdo parlamentario que permita garantizar su aprobación. Para el Gobierno, contar con una ley de Presupuesto implica además consolidar una herramienta institucional central para ordenar la política fiscal y otorgar mayor previsibilidad a la administración de los recursos públicos.

Milei cuenta con una particularidad que sus antecesores no tenían: conoce desde adentro el funcionamiento del Congreso, ya que fue diputado nacional entre 2021 y 2023. A esa experiencia se suma su formación como economista, dos factores que el oficialismo considera determinantes para justificar su decisión de asumir personalmente la presentación.

Pero el protagonismo presidencial también tiene una contracara institucional. La presencia de Milei en el Palacio Legislativo transformó el dispositivo de seguridad habitual del Congreso. En 2024, el operativo adquirió dimensiones extraordinarias, con controles federales dentro del edificio y restricciones inéditas para una actividad que durante décadas había tenido un carácter esencialmente administrativo y parlamentario.

La Policía Federal Argentina desplazó temporalmente funciones habituales del personal del Congreso y asumió el control de los accesos al hall y a los pasillos del Palacio Legislativo. Además, efectivos e inspectores realizaron recorridas preventivas piso por piso y oficina por oficina antes de la llegada presidencial.

El dispositivo incluyó también revisiones técnicas exhaustivas, perros detectores de explosivos en el recinto y controles de identidad y cacheos obligatorios en los accesos. En el exterior, la Avenida Rivadavia y el perímetro del Congreso fueron vallados y quedaron bajo vigilancia de un amplio despliegue policial, con participación de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La magnitud del operativo fue consecuencia directa de una modificación en la naturaleza política del acontecimiento. Lo que durante años había sido una presentación técnica del ministro de Economía pasó a convertirse, con Milei, en un evento presidencial con fuerte exposición pública, alta movilización política y mayor tensión con los bloques opositores.

El 15 de septiembre, esa dinámica volverá a ponerse a prueba. El Presidente deberá defender ante un Congreso donde el oficialismo necesita construir mayorías una hoja de ruta fiscal que será observada no solo por los legisladores, sino también por gobernadores, mercados, empresas y actores sociales. La presentación será, en consecuencia, el primer capítulo de una negociación parlamentaria que definirá cuánto margen tendrá el Gobierno para ejecutar su programa económico durante 2027.

Más allá del formato elegido, el desafío de fondo será el mismo que enfrentó el oficialismo en los últimos dos años: convertir el respaldo político al programa económico en acuerdos institucionales capaces de sostener una ley de Presupuesto. La exposición de Milei puede amplificar el mensaje; la aprobación dependerá, nuevamente, de la capacidad del Gobierno para negociar con el Congreso y las provincias.

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Milei abandona la idea de cerrar el Banco Central y busca blindarlo por ley: presentó la reforma de la Carta Orgánica

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El presidente Javier Milei presentó este jueves, mediante cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas más relevantes desde el inicio de su gestión. La propuesta busca convertir en norma permanente uno de los pilares del programa libertario: impedir que el Estado vuelva a financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Con un discurso cargado de definiciones ideológicas, Milei calificó a la emisión para financiar al Tesoro como “la estafa de falsificar dinero” y sostuvo que el Banco Central fue, durante décadas, “una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”.

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, insistió el mandatario, retomando la tesis monetarista que guía su programa económico. Según afirmó, desde la creación del Banco Central en 1935 la Argentina acumuló una inflación superior a “12 trillones por ciento”, consecuencia -según su visión difícil de comprobar- del uso político de la emisión.

Pero el anuncio dejó además una definición política que choca contra las promesas libertarias: el Gobierno abandona definitivamente la idea de cerrar el Banco Central, una de las principales promesas de campaña de Milei. En lugar de eliminarlo, propone fortalecer su autonomía institucional y limitar constitucionalmente -a través de una nueva Carta Orgánica- las herramientas que permitieron financiar el gasto público con emisión.

Un Banco Central con un único objetivo

El proyecto redefine completamente la misión del organismo.

Actualmente, la Carta Orgánica establece múltiples objetivos: preservar la estabilidad monetaria y financiera, promover el empleo y contribuir al desarrollo económico con equidad social.

La reforma elimina ese esquema y concentra toda la función del Banco Central en un único mandato: preservar el valor de la moneda.

Para el Gobierno, múltiples objetivos terminan debilitando la política monetaria y habilitan intervenciones discrecionales de los gobiernos de turno.

El núcleo de la iniciativa consiste en prohibir de manera explícita cualquier forma de asistencia monetaria al Estado.

La reforma elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional, mecanismo que durante décadas permitió cubrir déficits fiscales mediante emisión de pesos.

La prohibición alcanzará también a provincias y municipios e incluirá la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Se trata del cambio estructural más importante de la propuesta, ya que intenta impedir legalmente que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento.

Otro de los ejes centrales es reforzar la autonomía del organismo.

Las autoridades seguirán siendo designadas mediante el procedimiento actual, pero el Gobierno propone endurecer los requisitos para su remoción.

El presidente del Banco Central y los miembros del directorio solo podrán ser desplazados con el voto favorable de los dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

La intención oficial es evitar presiones políticas sobre la conducción monetaria cuando cambien las administraciones.

El proyecto incorpora además modificaciones patrimoniales. Entre ellas figura la eliminación de las letras intransferibles que el Tesoro entregó durante años al Banco Central a cambio de reservas internacionales.

Asimismo, restringe la distribución de dividendos extraordinarios derivados de operaciones de liquidez y dispone que determinados resultados contables queden inmovilizados como reservas técnicas no distribuibles.

Para el oficialismo, estas herramientas fueron utilizadas para debilitar el patrimonio de la autoridad monetaria.

El desafío: sin emisión, sólo queda el ajuste

Desde el punto de vista económico, la reforma consolida un principio que el Gobierno ya viene aplicando de hecho: el Estado solo podrá gastar aquello que recauda o consiga financiar en el mercado.

Si desaparece definitivamente la posibilidad de emitir para cubrir déficits, el equilibrio fiscal deja de ser una meta política para convertirse en una obligación estructural.

Esa lógica explica por qué el oficialismo vincula esta reforma con el superávit fiscal y con el denominado “déficit cero”.

Sin embargo, también profundiza uno de los principales debates económicos del momento. Al eliminar una fuente extraordinaria de financiamiento, cualquier caída de la recaudación o aumento del gasto obligará al Gobierno -o a futuras administraciones- a elegir entre incrementar impuestos, tomar deuda o profundizar el ajuste del gasto público.

En otras palabras, la reforma fortalece la credibilidad del régimen monetario, pero al mismo tiempo reduce significativamente el margen de maniobra de la política económica frente a eventuales crisis.

Un paquete de reformas más amplio

Milei confirmó además que el proyecto forma parte de un paquete legislativo más ambicioso.

El Ejecutivo enviará al Congreso una reforma del mercado de capitales destinada a facilitar nuevas formas de financiamiento privado y otra modificación integral del mercado de seguros.

También anunció el denominado “grillete fiscal“, un mecanismo inspirado en el sistema estadounidense que impediría la aprobación de presupuestos deficitarios y que, en casos extremos, podría derivar en una paralización parcial del Estado si el Congreso no corrige desequilibrios persistentes.

Más allá de los aspectos técnicos, el anuncio deja una señal política relevante.

El Gobierno pasó de prometer la eliminación del Banco Central a intentar convertirlo en una institución prácticamente intocable.

La dolarización dejó de ser el eje del debate para dar lugar a un modelo basado en un Banco Central independiente, con prohibición casi absoluta de financiar al Estado y con una política monetaria subordinada exclusivamente a la estabilidad de precios.

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Goldman Sachs recortó sus proyecciones de crecimiento para la Argentina

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La economía argentina mantiene una evaluación positiva entre los grandes bancos de inversión internacionales, aunque con expectativas más moderadas para el corto plazo. Goldman Sachs revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2026, al reducir del 3% al 2,7% la expansión esperada del Producto Interno Bruto (PIB), una corrección que atribuye a una desaceleración de la actividad económica durante el segundo semestre del año.

El informe, elaborado en el marco de un análisis sobre las perspectivas de América Latina, sostiene que la economía argentina continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado que el previsto meses atrás. Según la entidad financiera, el avance del PIB de 0,7% registrado durante el primer trimestre refleja una expansión que pierde dinamismo, en un contexto donde la consolidación del programa de estabilización comienza a enfrentar los desafíos propios de una nueva etapa del ciclo económico.

Pese al ajuste en las previsiones de crecimiento, Goldman Sachs mantuvo una valoración favorable sobre la estrategia macroeconómica impulsada por el Gobierno nacional. “Seguimos considerando que la Argentina está en el camino correcto en términos de política macroeconómica”, señala el documento, aunque advierte que el margen para cometer errores continúa siendo reducido, tanto por los desafíos económicos pendientes como por el contexto político que comenzará a delinearse de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Uno de los aspectos que el banco destaca es la evolución del proceso de desinflación. Tras conocerse que la inflación mensual perforó el umbral del 2% en junio, la entidad considera que la desaceleración de los precios comenzó a consolidarse. No obstante, remarca que la inflación interanual continúa siendo elevada —33,5% en junio—, lo que evidencia que el proceso de normalización todavía no está completo.

En ese escenario, Goldman Sachs proyecta que la inflación continuará descendiendo durante el segundo semestre y estima que el índice cerrará 2026 por debajo del 30%, ubicándose en torno al 29%, una previsión que, de concretarse, consolidaría la tendencia descendente observada desde el inicio del programa económico.

El informe también incorpora un análisis político al evaluar las perspectivas de continuidad del actual gobierno. Para el banco estadounidense, las posibilidades de una reelección del presidente Javier Milei estarán estrechamente vinculadas a la evolución de las principales variables económicas. En particular, señala que una recuperación sostenida de la actividad, acompañada por mejoras en los salarios reales y una inflación en descenso, fortalecería las condiciones para que el oficialismo llegue competitivo a los comicios de 2027.

La evaluación refleja un cambio en el foco de los mercados internacionales. Si durante el primer año de gestión el principal interrogante giraba en torno a la capacidad del Gobierno para estabilizar la macroeconomía, ahora la atención comienza a desplazarse hacia la sostenibilidad del crecimiento y la consolidación política del programa económico.

Para economías regionales como Misiones, un escenario de crecimiento moderado con menor inflación podría traducirse en mejores condiciones para la inversión, el financiamiento y el consumo interno. Sin embargo, la desaceleración proyectada también pone de manifiesto que el desafío ya no consiste únicamente en estabilizar las variables macroeconómicas, sino en lograr que esa estabilidad se transforme en una recuperación más amplia de la producción, el empleo y el ingreso de los hogares.

La revisión de Goldman Sachs confirma que los mercados internacionales siguen observando con expectativa el desempeño de la economía argentina. Si bien el ajuste en las proyecciones refleja una recuperación menos acelerada de lo esperado, el informe mantiene una lectura favorable sobre la dirección del programa económico y deja en claro que la consolidación de ese proceso dependerá, cada vez más, de su capacidad para sostener el crecimiento sin perder estabilidad.

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Ravier abrió el debate cambiario: admitió que el dólar podría llegar a $1.800

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El Gobierno nacional volvió a colocar al tipo de cambio en el centro de la escena. Esta vez no fue por una medida económica, sino por las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que un dólar ubicado entre los $1.700 y $1.800 “en los próximos meses es una posibilidad”, al considerar que ese nivel se encuentra dentro de los márgenes esperados del actual régimen cambiario.

Las afirmaciones, realizadas durante una entrevista en un canal de streaming, generaron una inmediata reacción en el mercado y en redes sociales, donde economistas y analistas debatieron si el mensaje constituye simplemente una descripción del funcionamiento del esquema de bandas cambiarias o una señal que podría modificar las expectativas de los agentes económicos.

Ravier buscó transmitir tranquilidad y descartó un escenario de sobresaltos financieros. Sostuvo que el Gobierno no observa riesgos de una corrida cambiaria y defendió la estrategia económica implementada por el Ministerio de Economía y el Banco Central. En ese sentido, afirmó que la acumulación de reservas internacionales y el superávit de la cuenta corriente respaldan la consistencia del programa económico y permiten absorber una eventual suba gradual del tipo de cambio.

Sin embargo, el reconocimiento de que la cotización podría ubicarse cerca de los $1.800 abrió un nuevo debate sobre el efecto que una depreciación cercana al 20% podría tener sobre la inflación y el poder adquisitivo, especialmente en una economía donde el dólar continúa funcionando como una referencia para la formación de precios.

Las repercusiones no tardaron en aparecer. El analista financiero Carlos Maslatón cuestionó públicamente las declaraciones y consideró que fijar un valor esperado para la divisa puede incentivar una mayor demanda de cobertura cambiaria. En la misma línea, la economista Natalia Motyl sostuvo que cuando un funcionario menciona un precio objetivo para el dólar “establece un nuevo piso para las expectativas”, lo que podría alterar el comportamiento del mercado.

Por su parte, el economista Christian Buteler planteó una mirada más técnica. Explicó que un dólar de $1.800 puede ser compatible con el esquema de bandas administradas por el Banco Central, aunque advirtió que una corrección cambiaria de esa magnitud inevitablemente tendría efectos sobre los precios internos y, por consiguiente, sobre la inflación.

El episodio vuelve a poner de relieve el papel que cumplen las expectativas en la política económica. Más allá de que el Gobierno insista en que la evolución del tipo de cambio responde a un esquema previamente diseñado, las declaraciones oficiales tienen capacidad para influir sobre decisiones de consumo, ahorro e inversión.

Para provincias con fuerte perfil exportador como Misiones, la evolución del dólar tiene implicancias directas sobre sectores como la forestoindustria, el té, el tabaco y la yerba mate, aunque también impacta sobre los costos de insumos importados y sobre el comportamiento del comercio fronterizo con Brasil y Paraguay. En ese contexto, la estabilidad cambiaria continúa siendo uno de los factores más observados tanto por el sector productivo como por los consumidores.

Mientras el Gobierno busca consolidar su programa económico y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria, el desafío seguirá siendo administrar las expectativas. En mercados altamente sensibles, las palabras de los funcionarios pueden convertirse en un factor tan relevante como las propias decisiones de política económica.

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