Política Económica

Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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Finanzas logró un rollover del 120% y estira vencimientos hasta 2030 con fuerte demanda por bonos duales

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La Secretaría de Finanzas cerró una nueva licitación de deuda con un resultado que fortalece la estrategia oficial de administración de pasivos: adjudicó $6,12 billones frente a vencimientos del día y alcanzó un rollover del 120,42%, lo que implica que no sólo refinanció la totalidad de los compromisos inmediatos sino que además obtuvo financiamiento neto positivo.

El resultado adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal, reducir la emisión monetaria y construir una curva de financiamiento de largo plazo en moneda local. La operación recibió ofertas por $7,40 billones, lo que evidencia una demanda superior al monto finalmente adjudicado y permitió al Tesoro seleccionar condiciones más favorables.

La principal apuesta de los inversores estuvo concentrada en los nuevos bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028, 2029 y 2030. Estos instrumentos, diseñados para ofrecer cobertura tanto frente a la inflación como ante la evolución de las tasas del mercado, captaron más de $4,3 billones. El bono con vencimiento en junio de 2030 fue el más demandado, con adjudicaciones por $2,11 billones y una tasa interna de retorno efectiva anual del 9,30% sobre la pata TAMAR y del 6,34% sobre la pata CER.

La fuerte adhesión a estos títulos revela una señal relevante para el equipo económico: el mercado comienza a aceptar plazos cada vez más extensos en pesos. En términos prácticos, el Tesoro logró trasladar parte de sus necesidades financieras desde instrumentos de corto plazo hacia vencimientos ubicados entre 2028 y 2030, reduciendo presiones futuras de refinanciación.

Otro dato significativo fue la colocación de instrumentos vinculados al dólar. La nueva letra dólar linked con vencimiento en agosto de 2026 absorbió $1,62 billones, mientras que el bono dólar linked a diciembre de 2028 sumó otros $116.000 millones. La demanda por este tipo de activos refleja que una porción del mercado continúa buscando cobertura cambiaria, aunque sin recurrir a instrumentos emitidos directamente en moneda extranjera.

En paralelo, el Gobierno concretó una nueva reapertura del Bonar 2028 (AO28), denominado y pagadero en dólares. La operación captó USD 191 millones efectivos mediante la adjudicación de USD 200 millones de valor nominal, con una tasa de retorno del 8,63%. El nivel de demanda superó el monto ofrecido, obligando a aplicar un prorrateo cercano al 31% para las órdenes presentadas al precio de corte.

La colocación del AO28 tiene una importancia estratégica para la administración de Javier Milei. Por un lado, permite captar dólares genuinos del mercado sin recurrir a organismos multilaterales. Por otro, funciona como una referencia para medir la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en moneda dura.

El operativo incluyó además una conversión voluntaria de títulos con vencimiento a fin de junio de 2026. Los tenedores del BONCER TZX26 y del bono dual TTJ26 aceptaron canjear una parte relevante de sus posiciones por los nuevos bonos duales a más largo plazo. La adhesión alcanzó al 24,89% del stock en circulación del TZX26 y al 21,79% del TTJ26.

Desde la óptica financiera, esta conversión representa una extensión efectiva de vencimientos por más de $3 billones, reduciendo las necesidades de caja que el Tesoro hubiera debido afrontar en las próximas semanas. Al mismo tiempo, permite construir una curva de rendimientos más extensa para los nuevos instrumentos duales.

La operación confirma que el Ministerio de Economía continúa aprovechando el escenario de desaceleración inflacionaria para reconfigurar el perfil de la deuda pública. La aparición de instrumentos con vencimientos hasta 2030 marca una diferencia respecto de los años previos, cuando la mayor parte del financiamiento se concentraba en plazos considerablemente más cortos debido a la incertidumbre macroeconómica.

El desafío hacia adelante será sostener esta dinámica. Si el Gobierno logra mantener la estabilidad cambiaria, la baja de la inflación y el superávit fiscal, la extensión gradual de plazos podría transformarse en una de las herramientas centrales para disminuir la vulnerabilidad financiera del sector público. Por lo pronto, la licitación dejó una señal positiva para el equipo económico: el mercado continúa dispuesto a financiar al Tesoro y comienza a hacerlo a horizontes temporales cada vez más largos.

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La inflación esperada vuelve a subir: los hogares proyectan 37,5% para los próximos doce meses

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La desinflación oficial convive con una señal menos cómoda en el frente de las expectativas: los hogares argentinos volvieron a corregir hacia arriba su previsión de inflación para los próximos doce meses. Según la Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, en mayo la inflación esperada por la población se ubicó en 37,5%, 3,5 puntos porcentuales por encima del registro de abril, cuando había sido de 34%.

El dato no implica solamente una variación estadística. En una economía donde la memoria inflacionaria sigue condicionando decisiones de consumo, precios, salarios y financiamiento, el nuevo aumento de las expectativas muestra que el proceso de normalización todavía enfrenta un escollo central: la credibilidad de la desaceleración futura.

La mediana, en cambio, se mantuvo sin cambios en 30%. Esa diferencia entre promedio y mediana sugiere que una parte de las respuestas más elevadas empujó hacia arriba el resultado general, aun cuando el valor central de la distribución no se modificó respecto del mes anterior. Es decir, no todos los hogares ajustaron su percepción con la misma intensidad, pero sí creció el peso de quienes esperan una inflación más alta.

Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, señaló que la medición de mayo muestra “una nueva suba en el promedio”, luego del incremento registrado en abril, mientras que la mediana permaneció estable. La encuesta fue realizada entre el 4 y el 19 de mayo, un período clave para captar el pulso social sobre precios después de los movimientos económicos de comienzos de mes.

El deterioro fue generalizado por regiones, aunque con diferencias importantes. El Gran Buenos Aires mostró el salto más fuerte: pasó de una inflación esperada de 35,6% en abril a 42,2% en mayo. En el Interior, el indicador avanzó de 33% a 35,4%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió de 35,9% a 36,7%.

La brecha territorial es relevante. El mayor incremento en el Gran Buenos Aires puede leerse como una señal de mayor sensibilidad social frente al precio de los alimentos, tarifas, transporte y servicios básicos, componentes que golpean con más fuerza en los presupuestos familiares de ingresos medios y bajos. En el Interior, la suba fue más moderada, aunque también confirma que la expectativa de inflación no descendió en ninguna de las regiones relevadas.

La encuesta también muestra una fractura clara por nivel socioeconómico. En los hogares de mayores ingresos, la inflación esperada subió de 33,5% a 35,6%. En los hogares de menores ingresos, el salto fue mucho más pronunciado: de 35% a 41,7%. Como resultado, la brecha entre ambos grupos se amplió.

Ese punto es especialmente sensible desde el punto de vista económico y político. Los hogares de menores ingresos suelen tener menor capacidad de cobertura frente a la inflación, menor acceso a instrumentos financieros defensivos y mayor proporción de gasto destinado a bienes esenciales. Cuando ese segmento espera más inflación, la percepción de pérdida de poder adquisitivo tiende a volverse más intensa, aun cuando los índices oficiales muestren una desaceleración respecto de los picos previos.

El dato mensual ofrece un matiz distinto. La expectativa de inflación para los próximos 30 días se ubicó en 3,86% promedio, levemente por debajo del 3,93% registrado en abril. La mediana mensual se mantuvo en 3%. Esto indica que, en el cortísimo plazo, los hogares no perciben una aceleración inmediata, pero sí proyectan mayores tensiones acumuladas en el horizonte de un año.

La lectura económica es doble. Por un lado, la expectativa mensual relativamente estable puede reflejar cierta aceptación social de que la inflación corriente dejó atrás los niveles más altos. Por otro, el aumento de la expectativa anual muestra que la población todavía no descuenta una convergencia rápida hacia niveles bajos y sostenibles.

En términos de política económica, el dato plantea un desafío para el Gobierno. La baja de la inflación observada necesita convertirse en expectativa persistente para consolidar decisiones de inversión, consumo, crédito y negociación salarial. Si los hogares siguen proyectando inflación elevada, las conductas defensivas pueden demorar la estabilización: remarques preventivos, compras anticipadas, reclamos salariales más altos o mayor preferencia por cobertura cambiaria.

La encuesta de la Di Tella no mide inflación efectiva, sino expectativas. Pero en la Argentina esa variable tiene peso propio. Después de años de inflación alta, la confianza no se recompone solo con algunos meses de desaceleración. Requiere consistencia fiscal, monetaria, cambiaria y, sobre todo, una trayectoria de precios que resulte creíble para los hogares.

Mayo dejó, en ese sentido, una advertencia: la nominalidad puede estar bajando, pero la expectativa social todavía se resiste a acompañar plenamente. Y el mayor deterioro entre los hogares de menores ingresos confirma que la discusión inflacionaria sigue siendo, además de macroeconómica, profundamente distributiva.

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Debate por la yerba: “Misiones pierde hasta tres RIGI por año con la desregulación”, dijo Herrera Ahuad

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El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad lanzó un fuerte cuestionamiento a la política yerbatera nacional y alertó sobre una pérdida estimada de 640 mil millones de pesos para el sector productivo durante las zafras 2025 y 2026. Lo hizo en el marco de la reunión informativa de las comisiones de Economía y de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación, donde participaron referentes productivos, empresarios, legisladores y representantes vinculados a la actividad yerbatera.

Durante su exposición, el legislador misionero -integrante de Encuentro Misionero dentro del bloque Encuentro Misionero y ex gobernador de Misiones- sostuvo que la crisis actual de la yerba mate no es un fenómeno reciente, sino la consecuencia directa de “dos años y medio sin conducción” en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que quedó prácticamente paralizado tras los cambios impulsados por el Gobierno nacional.

“Me pregunto si una economía regional que mueve mil millones de kilos de hoja prácticamente por año pudo haber quedado dos años y medio sin conducción”, expresó Herrera Ahuad al inicio de su intervención.

El diputado remarcó que la ausencia de decisiones afectó áreas sensibles del organismo, fundamentales para el funcionamiento de toda la cadena productiva. “Dos años y medio sin tomar decisiones son dos años y medio sin área de calidad, sin áreas de inspección, sin áreas de extensión. Son 1.500 o 2.000 productores sin atención técnica”, advirtió.

La intervención de Herrera Ahuad tuvo un fuerte tono político y dejó en evidencia las diferencias entre la visión del Gobierno nacional y el reclamo histórico de las economías regionales. En varios pasajes apuntó directamente contra el modelo económico libertario aplicado sobre la producción yerbatera, especialmente en lo referido a la desregulación del mercado y el debilitamiento de herramientas estatales de control. “El libre mercado a ustedes productores los mete con el 80% de ese 50 y pico por ciento de impuestos que tiene adentro”, afirmó al cuestionar el peso tributario nacional sobre el precio final del paquete de yerba mate.

En ese sentido, aclaró que la producción primaria en Misiones no tributa impuestos provinciales y remarcó que la mayor carga impositiva corresponde al Estado nacional. “El 80% de esos impuestos son nacionales”, insistió. La declaración buscó desmontar uno de los argumentos utilizados frecuentemente desde sectores libertarios respecto de la presión fiscal provincial sobre la actividad yerbatera.

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado al rol del INYM y a la necesidad de regulación frente a la concentración económica del mercado. Herrera Ahuad defendió la existencia del instituto y rechazó las críticas relacionadas con el supuesto costo fiscal que implica su funcionamiento. “El INYM no significa un presupuesto para el Estado nacional, funciona solo, se financia solo. No genera déficit”, subrayó.

A partir de allí, apeló incluso a la Constitución Nacional para fundamentar la necesidad de intervención estatal en defensa de los pequeños productores. “El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que las autoridades deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de mercado y al control de monopolios naturales y legales”, recordó.

El legislador misionero también mencionó la Ley de Defensa de la Competencia y marcó diferencias con quienes plantean eliminar regulaciones en nombre del libre mercado.

Uno de los momentos más contundentes de la exposición ocurrió cuando Herrera Ahuad reveló los números económicos que atraviesa actualmente la actividad yerbatera. Tomando datos del INYM y del Banco Central de la República Argentina, aseguró que el sector productivo tendrá pérdidas estimadas en 640 mil millones de pesos entre las zafras 2025 y 2026. “Equivalen a 460 millones de dólares”, precisó.

Además, alertó sobre el crecimiento del endeudamiento industrial. Según detalló, los principales molinos incrementaron su deuda bancaria un 53,5% durante 2025. “Esa deuda no incluye la deuda comercial”, agregó, dejando entrever que la situación financiera real podría ser aún más compleja.

Herrera Ahuad también expuso datos sobre la caída del consumo interno de yerba mate. Según indicó, las ventas pasaron de 285 millones de kilos en 2023 a poco más de 266 millones en 2025, reflejando una caída acumulada del 7,1%.

En uno de los tramos más impactantes de su discurso, el diputado nacional comparó las pérdidas del sector yerbatero con grandes inversiones estratégicas para la provincia. “Misiones pierde entre dos y medio y tres RIGI anuales”, afirmó. Y profundizó la comparación con una frase que buscó reflejar la magnitud económica de la crisis: “Estamos buscando alguien que venga a invertir 200 millones de dólares y ustedes están perdiendo casi 500 millones”.

La frase sintetizó el mensaje político de su intervención: la crisis yerbatera ya no afecta solamente a productores e industriales, sino que golpea directamente al conjunto de la economía misionera.

Herrera Ahuad también analizó la situación exportadora de la yerba mate y reconoció el crecimiento de las ventas externas, aunque advirtió que eso no garantiza rentabilidad sostenible. “Celebramos las exportaciones, pero necesitamos una política activa que haga que sean perdurables”, señaló.

Según detalló, el precio promedio por tonelada exportada cayó de 2.153 dólares en 2023 a 1.661 dólares en el período enero-marzo de 2026. Para el legislador misionero, el incremento exportador estuvo sostenido principalmente por el tipo de cambio y no por una política estructural de fortalecimiento del sector. “No intervenimos en el libre mercado de la yerba mate, pero sí intervenimos en el mercado cambiario”, cuestionó.

La exposición de Herrera Ahuad dejó además un mensaje político claro en defensa de las economías regionales y del rol del Estado como herramienta de equilibrio frente a las asimetrías del mercado. En el cierre de su intervención, ratificó el acompañamiento al sector productivo y sostuvo que continuará impulsando medidas desde el Congreso Nacional. “Vamos a estar al lado del sector yerbatero de la provincia de Misiones, como de todo el sector productivo primario”, concluyó.

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Shock de oferta de divisas y ortodoxia preelectoral: Daza prometió una “avalancha de dólares”

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La exposición de José Luis Daza en el evento “Inside Argentina” marcó una hoja de ruta disruptiva para el ciclo 2026-2027: el fin del ciclo de reactivación por estímulo fiscal. Al desestimar medidas de expansión monetaria para el año electoral, el Palacio de Hacienda envía una señal de anclaje de expectativas que busca consolidar el superávit financiero como política de Estado. La promesa de una “avalancha de dólares” —sustentada en proyectos del RIGI por u$s97.401 millones— plantea un escenario de abundancia de divisas que, paradójicamente, representa un desafío de productividad para las economías regionales.

Disciplina fiscal vs. Competitividad cambiaria

Para Misiones, la ratificación de la “disciplina de hierro” fiscal implica que no habrá alivios tributarios discrecionales ni obra pública nacional para dinamizar el consumo interno antes de las elecciones. La reactivación dependerá exclusivamente de la desregulación y la inversión privada.

Riesgo de atraso cambiario: Una sobreoferta de divisas por minería y energía (sectores beneficiarios del RIGI) podría apreciar el peso, encareciendo los costos en dólares de la yerba mate y la madera, sectores que ya operan con márgenes estrechos frente a la competencia de Brasil y Paraguay.

Asimetrías Fronterizas: Sin estímulos artificiales, el comercio misionero queda expuesto a las diferencias de precios con Encarnación y Foz de Iguazú. La competitividad no vendrá por la vía monetaria, sino por la eficiencia logística y la reducción de costos transaccionales derivados de la desregulación laboral mencionada por Daza.

Ejecución financiera y variables clave

El esquema presentado por Economía destaca indicadores que impactan directamente en la disponibilidad de crédito local:

Vencimientos 2027: El programa financiero ya se encuentra “cerrado”, lo que disminuye el riesgo de default y debería presionar a la baja las tasas de interés corporativas para el sector industrial.

Acumulación de Reservas: La compra de más de u$s7.000 millones en el primer cuatrimestre fortalece el balance del BCRA, otorgando previsibilidad a las empresas que dependen de insumos importados para la cadena forestal.

Depósitos en dólares: En máximos históricos, funcionan como un colchón de liquidez que podría volcarse al financiamiento de proyectos de infraestructura si el riesgo país continúa su senda bajista.

La mirada en la economía real

Mientras Daza proyecta un potencial exportador de u$s40.491 millones, las cámaras empresariales del NEA mantienen una cautela estratégica. La preocupación central es el timing: la desregulación y las reformas estructurales suelen tener efectos de maduración lenta, mientras que la falta de estímulo fiscal impacta de forma inmediata en el consumo minorista.

“El mensaje es claro: la Argentina cambió de régimen. La volatilidad ha caído y eso debe traducirse en un riesgo país más bajo para que el sector privado pueda sustituir al gasto público como motor del crecimiento”, subrayó Daza ante el auditorio de Moody’s.

Lo que el inversor debe monitorear

A mediano plazo, el foco debe estar en la velocidad de aprobación de los proyectos del RIGI. Si el flujo de divisas se materializa antes de que las economías regionales logren ganancias de eficiencia, el sector exportador misionero podría enfrentar un escenario de “enfermedad holandesa”, donde la abundancia de dólares energéticos castigue la rentabilidad de las manufacturas de origen agroindustrial. La clave será observar si la baja del riesgo país es lo suficientemente veloz para abaratar el capital antes de que el tipo de cambio real erosione los márgenes de exportación.

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