Política Económica

La inflación esperada vuelve a subir: los hogares proyectan 37,5% para los próximos doce meses

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La desinflación oficial convive con una señal menos cómoda en el frente de las expectativas: los hogares argentinos volvieron a corregir hacia arriba su previsión de inflación para los próximos doce meses. Según la Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, en mayo la inflación esperada por la población se ubicó en 37,5%, 3,5 puntos porcentuales por encima del registro de abril, cuando había sido de 34%.

El dato no implica solamente una variación estadística. En una economía donde la memoria inflacionaria sigue condicionando decisiones de consumo, precios, salarios y financiamiento, el nuevo aumento de las expectativas muestra que el proceso de normalización todavía enfrenta un escollo central: la credibilidad de la desaceleración futura.

La mediana, en cambio, se mantuvo sin cambios en 30%. Esa diferencia entre promedio y mediana sugiere que una parte de las respuestas más elevadas empujó hacia arriba el resultado general, aun cuando el valor central de la distribución no se modificó respecto del mes anterior. Es decir, no todos los hogares ajustaron su percepción con la misma intensidad, pero sí creció el peso de quienes esperan una inflación más alta.

Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, señaló que la medición de mayo muestra “una nueva suba en el promedio”, luego del incremento registrado en abril, mientras que la mediana permaneció estable. La encuesta fue realizada entre el 4 y el 19 de mayo, un período clave para captar el pulso social sobre precios después de los movimientos económicos de comienzos de mes.

El deterioro fue generalizado por regiones, aunque con diferencias importantes. El Gran Buenos Aires mostró el salto más fuerte: pasó de una inflación esperada de 35,6% en abril a 42,2% en mayo. En el Interior, el indicador avanzó de 33% a 35,4%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió de 35,9% a 36,7%.

La brecha territorial es relevante. El mayor incremento en el Gran Buenos Aires puede leerse como una señal de mayor sensibilidad social frente al precio de los alimentos, tarifas, transporte y servicios básicos, componentes que golpean con más fuerza en los presupuestos familiares de ingresos medios y bajos. En el Interior, la suba fue más moderada, aunque también confirma que la expectativa de inflación no descendió en ninguna de las regiones relevadas.

La encuesta también muestra una fractura clara por nivel socioeconómico. En los hogares de mayores ingresos, la inflación esperada subió de 33,5% a 35,6%. En los hogares de menores ingresos, el salto fue mucho más pronunciado: de 35% a 41,7%. Como resultado, la brecha entre ambos grupos se amplió.

Ese punto es especialmente sensible desde el punto de vista económico y político. Los hogares de menores ingresos suelen tener menor capacidad de cobertura frente a la inflación, menor acceso a instrumentos financieros defensivos y mayor proporción de gasto destinado a bienes esenciales. Cuando ese segmento espera más inflación, la percepción de pérdida de poder adquisitivo tiende a volverse más intensa, aun cuando los índices oficiales muestren una desaceleración respecto de los picos previos.

El dato mensual ofrece un matiz distinto. La expectativa de inflación para los próximos 30 días se ubicó en 3,86% promedio, levemente por debajo del 3,93% registrado en abril. La mediana mensual se mantuvo en 3%. Esto indica que, en el cortísimo plazo, los hogares no perciben una aceleración inmediata, pero sí proyectan mayores tensiones acumuladas en el horizonte de un año.

La lectura económica es doble. Por un lado, la expectativa mensual relativamente estable puede reflejar cierta aceptación social de que la inflación corriente dejó atrás los niveles más altos. Por otro, el aumento de la expectativa anual muestra que la población todavía no descuenta una convergencia rápida hacia niveles bajos y sostenibles.

En términos de política económica, el dato plantea un desafío para el Gobierno. La baja de la inflación observada necesita convertirse en expectativa persistente para consolidar decisiones de inversión, consumo, crédito y negociación salarial. Si los hogares siguen proyectando inflación elevada, las conductas defensivas pueden demorar la estabilización: remarques preventivos, compras anticipadas, reclamos salariales más altos o mayor preferencia por cobertura cambiaria.

La encuesta de la Di Tella no mide inflación efectiva, sino expectativas. Pero en la Argentina esa variable tiene peso propio. Después de años de inflación alta, la confianza no se recompone solo con algunos meses de desaceleración. Requiere consistencia fiscal, monetaria, cambiaria y, sobre todo, una trayectoria de precios que resulte creíble para los hogares.

Mayo dejó, en ese sentido, una advertencia: la nominalidad puede estar bajando, pero la expectativa social todavía se resiste a acompañar plenamente. Y el mayor deterioro entre los hogares de menores ingresos confirma que la discusión inflacionaria sigue siendo, además de macroeconómica, profundamente distributiva.

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Debate por la yerba: “Misiones pierde hasta tres RIGI por año con la desregulación”, dijo Herrera Ahuad

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El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad lanzó un fuerte cuestionamiento a la política yerbatera nacional y alertó sobre una pérdida estimada de 640 mil millones de pesos para el sector productivo durante las zafras 2025 y 2026. Lo hizo en el marco de la reunión informativa de las comisiones de Economía y de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación, donde participaron referentes productivos, empresarios, legisladores y representantes vinculados a la actividad yerbatera.

Durante su exposición, el legislador misionero -integrante de Encuentro Misionero dentro del bloque Encuentro Misionero y ex gobernador de Misiones- sostuvo que la crisis actual de la yerba mate no es un fenómeno reciente, sino la consecuencia directa de “dos años y medio sin conducción” en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que quedó prácticamente paralizado tras los cambios impulsados por el Gobierno nacional.

“Me pregunto si una economía regional que mueve mil millones de kilos de hoja prácticamente por año pudo haber quedado dos años y medio sin conducción”, expresó Herrera Ahuad al inicio de su intervención.

El diputado remarcó que la ausencia de decisiones afectó áreas sensibles del organismo, fundamentales para el funcionamiento de toda la cadena productiva. “Dos años y medio sin tomar decisiones son dos años y medio sin área de calidad, sin áreas de inspección, sin áreas de extensión. Son 1.500 o 2.000 productores sin atención técnica”, advirtió.

La intervención de Herrera Ahuad tuvo un fuerte tono político y dejó en evidencia las diferencias entre la visión del Gobierno nacional y el reclamo histórico de las economías regionales. En varios pasajes apuntó directamente contra el modelo económico libertario aplicado sobre la producción yerbatera, especialmente en lo referido a la desregulación del mercado y el debilitamiento de herramientas estatales de control. “El libre mercado a ustedes productores los mete con el 80% de ese 50 y pico por ciento de impuestos que tiene adentro”, afirmó al cuestionar el peso tributario nacional sobre el precio final del paquete de yerba mate.

En ese sentido, aclaró que la producción primaria en Misiones no tributa impuestos provinciales y remarcó que la mayor carga impositiva corresponde al Estado nacional. “El 80% de esos impuestos son nacionales”, insistió. La declaración buscó desmontar uno de los argumentos utilizados frecuentemente desde sectores libertarios respecto de la presión fiscal provincial sobre la actividad yerbatera.

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado al rol del INYM y a la necesidad de regulación frente a la concentración económica del mercado. Herrera Ahuad defendió la existencia del instituto y rechazó las críticas relacionadas con el supuesto costo fiscal que implica su funcionamiento. “El INYM no significa un presupuesto para el Estado nacional, funciona solo, se financia solo. No genera déficit”, subrayó.

A partir de allí, apeló incluso a la Constitución Nacional para fundamentar la necesidad de intervención estatal en defensa de los pequeños productores. “El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que las autoridades deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de mercado y al control de monopolios naturales y legales”, recordó.

El legislador misionero también mencionó la Ley de Defensa de la Competencia y marcó diferencias con quienes plantean eliminar regulaciones en nombre del libre mercado.

Uno de los momentos más contundentes de la exposición ocurrió cuando Herrera Ahuad reveló los números económicos que atraviesa actualmente la actividad yerbatera. Tomando datos del INYM y del Banco Central de la República Argentina, aseguró que el sector productivo tendrá pérdidas estimadas en 640 mil millones de pesos entre las zafras 2025 y 2026. “Equivalen a 460 millones de dólares”, precisó.

Además, alertó sobre el crecimiento del endeudamiento industrial. Según detalló, los principales molinos incrementaron su deuda bancaria un 53,5% durante 2025. “Esa deuda no incluye la deuda comercial”, agregó, dejando entrever que la situación financiera real podría ser aún más compleja.

Herrera Ahuad también expuso datos sobre la caída del consumo interno de yerba mate. Según indicó, las ventas pasaron de 285 millones de kilos en 2023 a poco más de 266 millones en 2025, reflejando una caída acumulada del 7,1%.

En uno de los tramos más impactantes de su discurso, el diputado nacional comparó las pérdidas del sector yerbatero con grandes inversiones estratégicas para la provincia. “Misiones pierde entre dos y medio y tres RIGI anuales”, afirmó. Y profundizó la comparación con una frase que buscó reflejar la magnitud económica de la crisis: “Estamos buscando alguien que venga a invertir 200 millones de dólares y ustedes están perdiendo casi 500 millones”.

La frase sintetizó el mensaje político de su intervención: la crisis yerbatera ya no afecta solamente a productores e industriales, sino que golpea directamente al conjunto de la economía misionera.

Herrera Ahuad también analizó la situación exportadora de la yerba mate y reconoció el crecimiento de las ventas externas, aunque advirtió que eso no garantiza rentabilidad sostenible. “Celebramos las exportaciones, pero necesitamos una política activa que haga que sean perdurables”, señaló.

Según detalló, el precio promedio por tonelada exportada cayó de 2.153 dólares en 2023 a 1.661 dólares en el período enero-marzo de 2026. Para el legislador misionero, el incremento exportador estuvo sostenido principalmente por el tipo de cambio y no por una política estructural de fortalecimiento del sector. “No intervenimos en el libre mercado de la yerba mate, pero sí intervenimos en el mercado cambiario”, cuestionó.

La exposición de Herrera Ahuad dejó además un mensaje político claro en defensa de las economías regionales y del rol del Estado como herramienta de equilibrio frente a las asimetrías del mercado. En el cierre de su intervención, ratificó el acompañamiento al sector productivo y sostuvo que continuará impulsando medidas desde el Congreso Nacional. “Vamos a estar al lado del sector yerbatero de la provincia de Misiones, como de todo el sector productivo primario”, concluyó.

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Shock de oferta de divisas y ortodoxia preelectoral: Daza prometió una “avalancha de dólares”

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La exposición de José Luis Daza en el evento “Inside Argentina” marcó una hoja de ruta disruptiva para el ciclo 2026-2027: el fin del ciclo de reactivación por estímulo fiscal. Al desestimar medidas de expansión monetaria para el año electoral, el Palacio de Hacienda envía una señal de anclaje de expectativas que busca consolidar el superávit financiero como política de Estado. La promesa de una “avalancha de dólares” —sustentada en proyectos del RIGI por u$s97.401 millones— plantea un escenario de abundancia de divisas que, paradójicamente, representa un desafío de productividad para las economías regionales.

Disciplina fiscal vs. Competitividad cambiaria

Para Misiones, la ratificación de la “disciplina de hierro” fiscal implica que no habrá alivios tributarios discrecionales ni obra pública nacional para dinamizar el consumo interno antes de las elecciones. La reactivación dependerá exclusivamente de la desregulación y la inversión privada.

Riesgo de atraso cambiario: Una sobreoferta de divisas por minería y energía (sectores beneficiarios del RIGI) podría apreciar el peso, encareciendo los costos en dólares de la yerba mate y la madera, sectores que ya operan con márgenes estrechos frente a la competencia de Brasil y Paraguay.

Asimetrías Fronterizas: Sin estímulos artificiales, el comercio misionero queda expuesto a las diferencias de precios con Encarnación y Foz de Iguazú. La competitividad no vendrá por la vía monetaria, sino por la eficiencia logística y la reducción de costos transaccionales derivados de la desregulación laboral mencionada por Daza.

Ejecución financiera y variables clave

El esquema presentado por Economía destaca indicadores que impactan directamente en la disponibilidad de crédito local:

Vencimientos 2027: El programa financiero ya se encuentra “cerrado”, lo que disminuye el riesgo de default y debería presionar a la baja las tasas de interés corporativas para el sector industrial.

Acumulación de Reservas: La compra de más de u$s7.000 millones en el primer cuatrimestre fortalece el balance del BCRA, otorgando previsibilidad a las empresas que dependen de insumos importados para la cadena forestal.

Depósitos en dólares: En máximos históricos, funcionan como un colchón de liquidez que podría volcarse al financiamiento de proyectos de infraestructura si el riesgo país continúa su senda bajista.

La mirada en la economía real

Mientras Daza proyecta un potencial exportador de u$s40.491 millones, las cámaras empresariales del NEA mantienen una cautela estratégica. La preocupación central es el timing: la desregulación y las reformas estructurales suelen tener efectos de maduración lenta, mientras que la falta de estímulo fiscal impacta de forma inmediata en el consumo minorista.

“El mensaje es claro: la Argentina cambió de régimen. La volatilidad ha caído y eso debe traducirse en un riesgo país más bajo para que el sector privado pueda sustituir al gasto público como motor del crecimiento”, subrayó Daza ante el auditorio de Moody’s.

Lo que el inversor debe monitorear

A mediano plazo, el foco debe estar en la velocidad de aprobación de los proyectos del RIGI. Si el flujo de divisas se materializa antes de que las economías regionales logren ganancias de eficiencia, el sector exportador misionero podría enfrentar un escenario de “enfermedad holandesa”, donde la abundancia de dólares energéticos castigue la rentabilidad de las manufacturas de origen agroindustrial. La clave será observar si la baja del riesgo país es lo suficientemente veloz para abaratar el capital antes de que el tipo de cambio real erosione los márgenes de exportación.

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El Gobierno reabre beneficios aduaneros y apunta a sostener la emergencia ferroviaria con un decreto clave

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El Gobierno nacional formalizó el 30 de abril el Decreto 312/2026, una decisión que reintroduce exenciones impositivas para importaciones ferroviarias en un punto sensible: la continuidad operativa del sistema en plena emergencia sectorial. La norma apunta directamente a tres empresas estatales —BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., OPERADORA FERROVIARIA S.A. y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.A.— y habilita la eximición de derechos de importación y tasas aduaneras para mercaderías adquiridas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El dato no es menor: el beneficio había vencido con el cambio de año y su caída alteró la ecuación económica de contratos ya firmados. La decisión de restituirlo expone una tensión implícita en la política económica: cómo sostener un discurso de orden fiscal mientras se reabre una ventana de alivio tributario en sectores considerados estratégicos. ¿Se trata de una excepción puntual o de una señal más amplia hacia sectores productivos?

Emergencia, contratos y costos: el trasfondo institucional

El decreto se inscribe en la emergencia pública en materia ferroviaria declarada en 2024 y prorrogada hasta el 14 de junio de 2028. Ese marco habilita al Poder Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias para acelerar inversiones en infraestructura, material rodante y sistemas de seguridad.

Las tres empresas beneficiadas tienen un rol operativo central: gestionan tanto el transporte de cargas como de pasajeros y la infraestructura ferroviaria. Según el texto oficial, enfrentaban un problema concreto: habían realizado compras en el exterior bajo un esquema de exenciones vigente, pero las mercaderías no lograron ser embarcadas antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite del beneficio.

Ese descalce temporal generó un impacto directo en los costos. La normativa reconoce que los compromisos contractuales fueron asumidos bajo determinadas condiciones fiscales que luego cambiaron. La consecuencia era previsible: encarecimiento de importaciones críticas, riesgo de interrupción de proyectos y potencial demora en la recuperación del sistema ferroviario.

La respuesta del Ejecutivo fue técnica pero con implicancias políticas claras: utilizar las facultades del Código Aduanero para reestablecer exenciones específicas, condicionadas a que los bienes se destinen exclusivamente a proyectos de inversión ferroviaria y siempre que la industria nacional no pueda proveerlos.

Quién gana y quién queda condicionado

La medida fortalece, en primer lugar, la capacidad operativa de las empresas ferroviarias estatales, que recuperan previsibilidad en sus estructuras de costos y pueden avanzar con inversiones ya planificadas. También consolida el rol de la Secretaría de Transporte como articulador del “Plan de Acción” vigente desde 2024, que ordena las obras y contrataciones del sector.

En términos más amplios, el decreto revalida la lógica de intervención selectiva del Estado: se alivian cargas tributarias en sectores considerados críticos para la infraestructura y la logística, en un contexto donde la competitividad de las economías regionales aparece como argumento central.

Pero la decisión también introduce condicionamientos. Las exenciones no son abiertas ni generalizadas: aplican a operaciones específicas, con órdenes de compra emitidas hasta una fecha determinada y bajo estrictas condiciones de destino. Además, el decreto deberá pasar por la Comisión Bicameral del Congreso, lo que abre una instancia de control político sobre la medida.

En paralelo, queda planteada una señal hacia otros sectores: la posibilidad de reabrir beneficios vencidos no parece automática ni replicable, sino sujeta a la capacidad de cada área de demostrar impacto estratégico y urgencia operativa.

Un movimiento táctico en una agenda más amplia

El decreto 312/2026 no redefine la política ferroviaria, pero evita un punto de ruptura. Funciona como una corrección quirúrgica sobre un problema concreto: el riesgo de paralización de inversiones por un cambio en las condiciones fiscales.

Hacia adelante, el foco estará en la ejecución. La norma exige que las mercaderías importadas se destinen exclusivamente a los proyectos declarados, lo que implica un seguimiento operativo y administrativo que todavía debe materializarse.

También quedará bajo observación la dinámica de la emergencia ferroviaria: si las condiciones que justificaron estas exenciones persisten o si el Gobierno avanza hacia un esquema más estructural de financiamiento e incentivos.

Por ahora, la decisión marca un equilibrio inestable: ajuste fiscal en términos generales, pero flexibilidad en sectores donde la inacción podría tener costos mayores. La clave estará en si este tipo de excepciones se mantienen como herramientas puntuales o empiezan a delinear un patrón más amplio.

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Caputo proyecta baja de inflación desde abril y refuerza la apuesta oficial al ciclo exportador

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la inflación “tuvo un pico en marzo” y que desde abril iniciará una trayectoria descendente, durante su exposición en la apertura de ExpoEfi 2026. En el mismo evento, admitió que el dato de actividad de febrero fue negativo, aunque lo contrastó con lo que definió como “números récord” previos, en un contexto donde el Gobierno busca sostener expectativas en torno al proceso de desinflación.

La exposición de Caputo se da en un momento donde la política económica enfrenta tensiones entre indicadores mixtos. Por un lado, el reconocimiento de una caída en la actividad en febrero introduce cautela. Por otro, el ministro insistió en que el sendero general sigue siendo positivo, con foco en sectores clave como el agro y la energía.

Según detalló, el agro atraviesa un “boom” productivo con 160 millones de toneladas, lo que —de acuerdo a su lectura— responde a un esquema de previsibilidad que incentiva la inversión. En paralelo, proyectó un superávit energético superior a los 350.000 millones de dólares hacia 2035, ubicando a este sector como pilar estructural de la estrategia económica.

Inflación, tasas y tipo de cambio

El eje central del mensaje oficial sigue siendo la inflación. Caputo vinculó el comportamiento de los precios con dos variables: la baja de tasas en pesos y la dinámica cambiaria. Señaló que, pese a un escenario donde “normalmente” una suba del tipo de cambio combinada con tasas más bajas presionaría al alza, el Banco Central interviene comprando divisas para evitar una apreciación mayor del peso.

Ese esquema, sostuvo, es el que permitiría retomar el proceso de desinflación tras el dato de marzo, que marcó 3,4% según el Indec. La interpretación oficial sugiere que el movimiento de tasas no compromete el objetivo de desaceleración de precios, sino que lo acompaña.

El discurso de Caputo apunta a sostener una narrativa de transición. Reconoce un freno en la actividad, pero lo encuadra dentro de una etapa posterior a un ciclo expansivo reciente. La clave pasa por mantener ancladas las expectativas en torno a la inflación y reforzar la idea de que los fundamentos —exportaciones, energía— siguen firmes.

En términos políticos, el Gobierno necesita que esa expectativa se sostenga. La promesa de una baja inflacionaria desde abril funciona como señal hacia el mercado y los actores económicos, en un contexto donde los indicadores de corto plazo muestran volatilidad.

Entre el corto y el mediano plazo

Si la trayectoria descendente de la inflación se confirma, el efecto podría trasladarse a precios y consumo, con impacto directo en el poder adquisitivo. Sin embargo, el reconocimiento de un retroceso en la actividad introduce un límite inmediato.

El énfasis en exportaciones y energía apunta al mediano plazo. El agro y el sector energético aparecen como motores de ingreso de divisas y generación de inversión, aunque esos efectos no necesariamente se trasladan de forma inmediata al conjunto de la economía.

El punto de inflexión estará en los próximos datos. La evolución de la inflación desde abril, la reacción del consumo y la continuidad del ritmo exportador serán variables centrales. También la dinámica entre tasas, tipo de cambio y compras del Banco Central.

El Gobierno plantea que el peor dato ya quedó atrás en términos de precios. El mercado y los indicadores definirán si esa expectativa se consolida o enfrenta nuevas tensiones.

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