Política Económica

El Gobierno descarta un “plan platita” y apuesta al crédito como motor de la actividad

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Mientras el calendario electoral comienza a marcar el ritmo de la política, el Gobierno nacional busca reforzar uno de los ejes centrales de su estrategia económica: expandir el crédito sin abandonar el equilibrio fiscal. El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que la administración de Javier Milei trabaja en nuevas herramientas para facilitar el financiamiento al sector privado, aunque descartó de plano la implementación de un “plan platita” orientado a estimular el consumo mediante un mayor gasto público.

La definición no es menor. En un contexto donde distintos sectores reclaman señales para reactivar la actividad económica, el equipo económico intenta sostener un discurso de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, diferenciándose de estrategias aplicadas en años electorales por administraciones anteriores.

“Estamos trabajando en muchas alternativas para facilitar este crédito. Lo que puedo decir es que no podemos tomar atajos, no hay soluciones fáciles ni populistas. Lo vamos a dar y vamos a tener. No va a haber plan platita”, sostuvo Daza al explicar la orientación que busca imprimir el Ministerio de Economía.

La apuesta oficial consiste en consolidar un esquema donde el crecimiento de la inversión privada reemplace al impulso tradicional del gasto público. Según el funcionario, el acceso al crédito será un componente central para sostener la expansión económica en los próximos años, en la medida en que continúe estabilizándose el escenario macroeconómico.

En esa línea, Daza buscó también enviar una señal de previsibilidad de cara al proceso electoral de 2027. Sostuvo que los comicios, por sí mismos, no representan un factor de inestabilidad económica y argumentó que las crisis suelen originarse en desequilibrios fiscales, monetarios o financieros.

“Por primera vez en cuatro décadas vamos a ir a una elección con superávit fiscal, superávit externo, bancos bien calzados, reservas y un tipo de cambio flotante. No hay país que vaya a una elección con una posición más sólida que la Argentina”, afirmó el viceministro, reforzando uno de los principales argumentos del oficialismo para defender su programa económico.

Las tasas siguen siendo el principal desafío

Uno de los puntos sobre los que hizo foco el funcionario fue el elevado costo del financiamiento, un aspecto que continúa limitando tanto el acceso al crédito empresarial como el destinado a las familias.

Según explicó, la persistencia de tasas elevadas responde principalmente a la cautela del sistema financiero luego de varios años de alta volatilidad macroeconómica.

“Los bancos no bajan la tasa que le prestan del 60 o 70% a un 40% porque todavía tienen temor a que vuelva la volatilidad. Hay un conjunto de factores que influyen”, explicó.

No obstante, destacó que el financiamiento destinado a empresas muestra señales de recuperación. Indicó que el crédito corporativo viene creciendo en términos reales a un ritmo cercano al 1,9% mensual, impulsado principalmente por préstamos de corto plazo orientados al capital de trabajo.

Para el equipo económico, ese comportamiento constituye un indicador temprano de recuperación de la actividad, aunque reconocen que todavía resta consolidar un mercado crediticio de largo plazo.

La situación es distinta para los préstamos personales e hipotecarios, donde las tasas continúan en niveles elevados debido al mayor horizonte temporal de esos créditos y al riesgo que aún perciben las entidades financieras.

La presión tributaria, otro obstáculo para el financiamiento

Daza también identificó a la estructura impositiva como uno de los principales factores que encarecen el crédito en Argentina.

“La cascada de impuestos hace que el crédito sea inaccesible o impagable para mucha gente. Tenemos que limpiar y solucionar ese problema”, sostuvo.

El funcionario admitió además que durante los últimos meses aumentó la mora en algunos segmentos del sistema financiero como consecuencia de la volatilidad y del incremento de las tasas de interés, aunque consideró que el proceso tenderá a normalizarse si continúa consolidándose la estabilidad macroeconómica.

Con este discurso, el Ministerio de Economía intenta sostener una narrativa basada en la prudencia fiscal y en el desarrollo del crédito privado como herramienta de crecimiento, diferenciándose de políticas expansivas de corto plazo. A pocos meses del inicio del proceso electoral, el mensaje oficial busca transmitir que la recuperación económica deberá apoyarse en la inversión, la estabilidad y el financiamiento, sin recurrir a mecanismos extraordinarios de estímulo al consumo que impliquen un deterioro de las cuentas públicas.

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Milei y Reidel presentan un modelo matemático que busca explicar por qué algunas economías quedan atrapadas en la pobreza

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El trabajo académico Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns desarrolla un modelo formal para demostrar que, bajo determinadas condiciones, existe una escala mínima de capital necesaria para que una economía logre un sendero de crecimiento sostenido. El estudio combina teoría económica, demostraciones matemáticas y verificación computacional.

El presidente Javier Milei y el jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, publicaron el paper “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns”, un trabajo de investigación que propone un modelo matemático para analizar uno de los problemas clásicos del desarrollo económico: por qué algunas economías logran despegar mientras otras permanecen atrapadas en un equilibrio de baja productividad.

El estudio se inscribe dentro de la tradición de la teoría del crecimiento económico, aunque incorpora herramientas poco habituales en la literatura económica convencional, como pruebas matemáticas verificadas mediante algoritmos computacionales. El objetivo central es demostrar formalmente la existencia de una escala mínima viable (Minimum Viable Scale), es decir, un umbral de capital por debajo del cual una economía tiende a extinguir su capacidad productiva y por encima del cual puede iniciar un proceso sostenido de acumulación.

El modelo parte de un supuesto de rendimientos crecientes a escala, una característica presente en numerosos sectores intensivos en tecnología, infraestructura o conocimiento. Bajo estas condiciones, pequeñas diferencias iniciales en la dotación de capital pueden generar trayectorias completamente distintas para economías que, en apariencia, comparten condiciones similares.

Uno de los principales aportes del trabajo consiste en identificar matemáticamente dos regiones bien diferenciadas. La primera corresponde a una zona de extinción, donde el capital disminuye progresivamente hasta converger a cero. La segunda representa una región de alta acumulación, donde el crecimiento se vuelve autosostenido una vez superado un determinado umbral. Entre ambos escenarios existe una franja intermedia en la que las decisiones óptimas determinan si la economía consigue escapar del estancamiento o termina retrocediendo.

El paper demuestra que existe un nivel crítico de capital —denominado κ (kappa)— por debajo del cual ningún sendero factible logra sostener el stock de capital en el tiempo. A partir de las simulaciones certificadas, los autores concluyen que toda trayectoria que comience por debajo de ese umbral converge inexorablemente hacia la desaparición del capital productivo.

En el extremo opuesto, el trabajo sostiene que, una vez alcanzada la región superior de capital, la política óptima consiste en permanecer dentro de ese rango de alta acumulación. La demostración matemática establece que, para el intervalo de parámetros analizado, todas las trayectorias óptimas terminan ingresando y permaneciendo en esa zona de mayor escala productiva.

Una característica distintiva del estudio es la utilización de un sistema de verificación computacional para validar las demostraciones. En lugar de depender únicamente de desarrollos analíticos tradicionales, los autores construyen un “certificado” matemático compuesto por grillas discretas, funciones barrera y políticas óptimas verificadas mediante algoritmos que permiten garantizar rigurosamente los resultados obtenidos.

Desde el punto de vista conceptual, el trabajo intenta ofrecer una explicación formal sobre los denominados “poverty traps” o trampas de pobreza. Según el modelo, cuando una economía opera por debajo de la escala mínima necesaria, los incentivos individuales no alcanzan para generar el volumen de inversión requerido que permita salir del estancamiento. En cambio, una vez superado ese umbral, los rendimientos crecientes aceleran la acumulación de capital y consolidan una trayectoria de crecimiento.

El documento también introduce una interpretación relevante para el debate sobre política económica. Si bien no formula recomendaciones explícitas, el modelo sugiere que las economías podrían enfrentar restricciones estructurales asociadas a la escala productiva, más allá de los incentivos de mercado de corto plazo. En otras palabras, el tamaño inicial del capital disponible condicionaría las posibilidades de converger hacia un equilibrio de alto crecimiento.

Milei y Reidel: marco teórico para defender la desregulación by CristianMilciades

El paper evita extender sus conclusiones directamente al caso argentino y mantiene un enfoque estrictamente teórico. Los parámetros utilizados corresponden a un modelo abstracto diseñado para demostrar la existencia del fenómeno, sin realizar estimaciones empíricas sobre países específicos. Sin embargo, la publicación adquiere especial relevancia porque proviene del propio Presidente de la Nación y del principal asesor económico del Gobierno, en un contexto en el que la administración libertaria sostiene que la estabilidad macroeconómica, la inversión y la desregulación constituyen las condiciones necesarias para aumentar la escala de producción y acelerar el crecimiento de largo plazo.

Desde la perspectiva académica, el trabajo busca aportar una demostración formal de que la escala inicial importa y que, bajo determinados supuestos tecnológicos, las economías pueden enfrentar puntos críticos a partir de los cuales cambian completamente sus perspectivas de desarrollo. La combinación entre teoría económica, matemáticas avanzadas y verificación computacional convierte al estudio en una contribución metodológica poco frecuente dentro de la literatura sobre crecimiento económico.

Minimum Viable Scale por Milei y Reidel by CristianMilciades

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Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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Finanzas logró un rollover del 120% y estira vencimientos hasta 2030 con fuerte demanda por bonos duales

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La Secretaría de Finanzas cerró una nueva licitación de deuda con un resultado que fortalece la estrategia oficial de administración de pasivos: adjudicó $6,12 billones frente a vencimientos del día y alcanzó un rollover del 120,42%, lo que implica que no sólo refinanció la totalidad de los compromisos inmediatos sino que además obtuvo financiamiento neto positivo.

El resultado adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal, reducir la emisión monetaria y construir una curva de financiamiento de largo plazo en moneda local. La operación recibió ofertas por $7,40 billones, lo que evidencia una demanda superior al monto finalmente adjudicado y permitió al Tesoro seleccionar condiciones más favorables.

La principal apuesta de los inversores estuvo concentrada en los nuevos bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028, 2029 y 2030. Estos instrumentos, diseñados para ofrecer cobertura tanto frente a la inflación como ante la evolución de las tasas del mercado, captaron más de $4,3 billones. El bono con vencimiento en junio de 2030 fue el más demandado, con adjudicaciones por $2,11 billones y una tasa interna de retorno efectiva anual del 9,30% sobre la pata TAMAR y del 6,34% sobre la pata CER.

La fuerte adhesión a estos títulos revela una señal relevante para el equipo económico: el mercado comienza a aceptar plazos cada vez más extensos en pesos. En términos prácticos, el Tesoro logró trasladar parte de sus necesidades financieras desde instrumentos de corto plazo hacia vencimientos ubicados entre 2028 y 2030, reduciendo presiones futuras de refinanciación.

Otro dato significativo fue la colocación de instrumentos vinculados al dólar. La nueva letra dólar linked con vencimiento en agosto de 2026 absorbió $1,62 billones, mientras que el bono dólar linked a diciembre de 2028 sumó otros $116.000 millones. La demanda por este tipo de activos refleja que una porción del mercado continúa buscando cobertura cambiaria, aunque sin recurrir a instrumentos emitidos directamente en moneda extranjera.

En paralelo, el Gobierno concretó una nueva reapertura del Bonar 2028 (AO28), denominado y pagadero en dólares. La operación captó USD 191 millones efectivos mediante la adjudicación de USD 200 millones de valor nominal, con una tasa de retorno del 8,63%. El nivel de demanda superó el monto ofrecido, obligando a aplicar un prorrateo cercano al 31% para las órdenes presentadas al precio de corte.

La colocación del AO28 tiene una importancia estratégica para la administración de Javier Milei. Por un lado, permite captar dólares genuinos del mercado sin recurrir a organismos multilaterales. Por otro, funciona como una referencia para medir la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en moneda dura.

El operativo incluyó además una conversión voluntaria de títulos con vencimiento a fin de junio de 2026. Los tenedores del BONCER TZX26 y del bono dual TTJ26 aceptaron canjear una parte relevante de sus posiciones por los nuevos bonos duales a más largo plazo. La adhesión alcanzó al 24,89% del stock en circulación del TZX26 y al 21,79% del TTJ26.

Desde la óptica financiera, esta conversión representa una extensión efectiva de vencimientos por más de $3 billones, reduciendo las necesidades de caja que el Tesoro hubiera debido afrontar en las próximas semanas. Al mismo tiempo, permite construir una curva de rendimientos más extensa para los nuevos instrumentos duales.

La operación confirma que el Ministerio de Economía continúa aprovechando el escenario de desaceleración inflacionaria para reconfigurar el perfil de la deuda pública. La aparición de instrumentos con vencimientos hasta 2030 marca una diferencia respecto de los años previos, cuando la mayor parte del financiamiento se concentraba en plazos considerablemente más cortos debido a la incertidumbre macroeconómica.

El desafío hacia adelante será sostener esta dinámica. Si el Gobierno logra mantener la estabilidad cambiaria, la baja de la inflación y el superávit fiscal, la extensión gradual de plazos podría transformarse en una de las herramientas centrales para disminuir la vulnerabilidad financiera del sector público. Por lo pronto, la licitación dejó una señal positiva para el equipo económico: el mercado continúa dispuesto a financiar al Tesoro y comienza a hacerlo a horizontes temporales cada vez más largos.

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La inflación esperada vuelve a subir: los hogares proyectan 37,5% para los próximos doce meses

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La desinflación oficial convive con una señal menos cómoda en el frente de las expectativas: los hogares argentinos volvieron a corregir hacia arriba su previsión de inflación para los próximos doce meses. Según la Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, en mayo la inflación esperada por la población se ubicó en 37,5%, 3,5 puntos porcentuales por encima del registro de abril, cuando había sido de 34%.

El dato no implica solamente una variación estadística. En una economía donde la memoria inflacionaria sigue condicionando decisiones de consumo, precios, salarios y financiamiento, el nuevo aumento de las expectativas muestra que el proceso de normalización todavía enfrenta un escollo central: la credibilidad de la desaceleración futura.

La mediana, en cambio, se mantuvo sin cambios en 30%. Esa diferencia entre promedio y mediana sugiere que una parte de las respuestas más elevadas empujó hacia arriba el resultado general, aun cuando el valor central de la distribución no se modificó respecto del mes anterior. Es decir, no todos los hogares ajustaron su percepción con la misma intensidad, pero sí creció el peso de quienes esperan una inflación más alta.

Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, señaló que la medición de mayo muestra “una nueva suba en el promedio”, luego del incremento registrado en abril, mientras que la mediana permaneció estable. La encuesta fue realizada entre el 4 y el 19 de mayo, un período clave para captar el pulso social sobre precios después de los movimientos económicos de comienzos de mes.

El deterioro fue generalizado por regiones, aunque con diferencias importantes. El Gran Buenos Aires mostró el salto más fuerte: pasó de una inflación esperada de 35,6% en abril a 42,2% en mayo. En el Interior, el indicador avanzó de 33% a 35,4%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió de 35,9% a 36,7%.

La brecha territorial es relevante. El mayor incremento en el Gran Buenos Aires puede leerse como una señal de mayor sensibilidad social frente al precio de los alimentos, tarifas, transporte y servicios básicos, componentes que golpean con más fuerza en los presupuestos familiares de ingresos medios y bajos. En el Interior, la suba fue más moderada, aunque también confirma que la expectativa de inflación no descendió en ninguna de las regiones relevadas.

La encuesta también muestra una fractura clara por nivel socioeconómico. En los hogares de mayores ingresos, la inflación esperada subió de 33,5% a 35,6%. En los hogares de menores ingresos, el salto fue mucho más pronunciado: de 35% a 41,7%. Como resultado, la brecha entre ambos grupos se amplió.

Ese punto es especialmente sensible desde el punto de vista económico y político. Los hogares de menores ingresos suelen tener menor capacidad de cobertura frente a la inflación, menor acceso a instrumentos financieros defensivos y mayor proporción de gasto destinado a bienes esenciales. Cuando ese segmento espera más inflación, la percepción de pérdida de poder adquisitivo tiende a volverse más intensa, aun cuando los índices oficiales muestren una desaceleración respecto de los picos previos.

El dato mensual ofrece un matiz distinto. La expectativa de inflación para los próximos 30 días se ubicó en 3,86% promedio, levemente por debajo del 3,93% registrado en abril. La mediana mensual se mantuvo en 3%. Esto indica que, en el cortísimo plazo, los hogares no perciben una aceleración inmediata, pero sí proyectan mayores tensiones acumuladas en el horizonte de un año.

La lectura económica es doble. Por un lado, la expectativa mensual relativamente estable puede reflejar cierta aceptación social de que la inflación corriente dejó atrás los niveles más altos. Por otro, el aumento de la expectativa anual muestra que la población todavía no descuenta una convergencia rápida hacia niveles bajos y sostenibles.

En términos de política económica, el dato plantea un desafío para el Gobierno. La baja de la inflación observada necesita convertirse en expectativa persistente para consolidar decisiones de inversión, consumo, crédito y negociación salarial. Si los hogares siguen proyectando inflación elevada, las conductas defensivas pueden demorar la estabilización: remarques preventivos, compras anticipadas, reclamos salariales más altos o mayor preferencia por cobertura cambiaria.

La encuesta de la Di Tella no mide inflación efectiva, sino expectativas. Pero en la Argentina esa variable tiene peso propio. Después de años de inflación alta, la confianza no se recompone solo con algunos meses de desaceleración. Requiere consistencia fiscal, monetaria, cambiaria y, sobre todo, una trayectoria de precios que resulte creíble para los hogares.

Mayo dejó, en ese sentido, una advertencia: la nominalidad puede estar bajando, pero la expectativa social todavía se resiste a acompañar plenamente. Y el mayor deterioro entre los hogares de menores ingresos confirma que la discusión inflacionaria sigue siendo, además de macroeconómica, profundamente distributiva.

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