Política Energética

Privatización energética: el Gobierno preadjudica centrales hidroeléctricas a Central Puerto, Edison y BML

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El Gobierno preadjudicó las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila por más de USD 700 millones. La firma de contratos será en Cipolletti el 22 de diciembre

El Ministerio de Economía formalizó la preadjudicación del Concurso Público Nacional e Internacional para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, instrumentada a través de la Resolución 2059/2025, consolida uno de los procesos más relevantes de privatización energética del año, con impactos directos sobre el mercado eléctrico, las cuentas públicas y la estrategia de desinversión del Estado nacional.

La resolución, firmada el 18 de diciembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires por el ministro Luis Andrés Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa del procedimiento licitatorio y define los oferentes preadjudicatarios, los montos comprometidos, el orden de mérito y la estructura accionaria que regirá tras la transferencia.

Marco normativo y antecedentes: reversión de concesiones y privatización

El proceso se inscribe en un entramado normativo amplio, que combina las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, junto con una serie de decretos y resoluciones dictadas entre 1993 y 2025. Las concesiones originales de los complejos hidroeléctricos fueron otorgadas por los decretos 1661/1993 y 2665/1993, mientras que la actual etapa responde a la necesidad de revertir esas concesiones y redefinir su explotación.

Con ese objetivo, la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir sociedades específicas para asumir transitoriamente la generación eléctrica. Así nacieron Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A., con un esquema accionario del 98% en manos de ENARSA y 2% de NASA.

La Ley 27.742 declaró a ambas empresas sujetas a privatización, en línea con la Ley 23.696, y los decretos 286/2025 y 695/2025 habilitaron la privatización total de ENARSA y parcial de NASA. En ese marco, el Decreto 718/2024 dispuso la realización de un Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades hidroeléctricas.

El concurso, las ofertas y los montos preadjudicados

El procedimiento licitatorio, identificado como Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25, avanzó con la apertura de sobres a través de la plataforma CONTRAT.AR. El 7 de noviembre de 2025 se abrieron las ofertas técnicas (Sobre N°1), y el 28 de noviembre de 2025, las ofertas económicas (Sobre N°2).

Tras la evaluación de la Comisión Evaluadora “ad hoc” y la intervención de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, el Ministerio resolvió preadjudicar:

  • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°1)
    A Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por USD 162.040.002,17.
  • Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°2)
    A BML Inversora S.A.U., Energrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Energy Green S.A. y BML Energía S.A., por USD 235.671.294.
  • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°3)
    A Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por USD 64.174.002,32, luego de una instancia de mejora de precios.
  • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°4)
    A Central Puerto S.A., por USD 245.000.000.

En conjunto, las preadjudicaciones totalizan más de USD 700 millones, un ingreso relevante para el Tesoro en un contexto de consolidación fiscal y reducción del peso del Estado en la actividad empresaria.

Impacto económico, energético e institucional

La resolución también desestimó ofertas consideradas “precio vil o no serio”, como las presentadas por Hidroeléctrica Futaleufú S.A., Genneia S.A. y Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. para determinados renglones, y fijó con precisión la estructura accionaria que regirá tras la transferencia: en Alicurá y Cerros Colorados, Edison Holding S.A. adquirirá el 100% de las acciones; en El Chocón, BML Energía S.A. concentrará el 99%; y en Piedra del Águila, Central Puerto S.A. controlará la totalidad del capital.

Desde una perspectiva económica, la operación redefine el mapa del mercado eléctrico argentino, al transferir activos estratégicos de generación hidroeléctrica a operadores privados con fuerte presencia en el sector. En términos fiscales, se alinea con la política de privatizaciones impulsada por la Ley 27.742, orientada a reducir el déficit, obtener recursos extraordinarios y disminuir la exposición del Estado a riesgos operativos.

En el plano institucional, el proceso refuerza el rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, conforme al Decreto 695/2024, y deja en manos de la Secretaría de Energía la firma de los contratos de concesión y transferencia, prevista para el 22 de diciembre de 2025 en Cipolletti, provincia de Río Negro. Los contratos adquirirán vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

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Electricidad sin subsidios: en 2026 los usuarios pagarán casi el 86% del costo de la energía

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El esquema de subsidios a la energía eléctrica avanza hacia un cambio estructural. Según un informe técnico que analiza la Resolución 848/25 de la Secretaría de Energía de la Nación, en 2026 los usuarios pasarán a cubrir en promedio el 85,87% del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), mientras que la participación del Estado se reducirá al 24,13%. El giro consolida una de las principales apuestas del Gobierno para ordenar el gasto público, reducir distorsiones tarifarias y avanzar hacia un sistema de precios más alineado con los costos reales.

Del subsidio generalizado al esquema focalizado

La política de subsidios energéticos atraviesa una transformación profunda y sostenida desde fines de 2023. De acuerdo con el documento técnico elaborado en el marco de la Resolución 848/25, el sistema dejó atrás un esquema de subsidios generalizados para avanzar hacia uno focalizado, con mayor peso del usuario en el pago del costo de la electricidad.

En diciembre de 2023, la cobertura promedio del precio de la energía por parte de los usuarios alcanzaba apenas el 29,42%, mientras que el Estado absorbía el 70,58% restante. Para septiembre de 2025, esa relación ya se había modificado de forma significativa: los usuarios cubrían el 66,89% del precio y el aporte estatal se reducía al 33,11%, con una variación acumulada del 127% en apenas dos años.

La proyección hacia 2026 profundiza esta tendencia. Según el informe, al cierre del próximo año la cobertura promedio por parte de los usuarios llegará al 85,87%, lo que implica una variación acumulada del 191% respecto de 2023. Se trata de uno de los cambios más relevantes del sistema tarifario eléctrico de las últimas décadas, tanto por su magnitud como por su impacto fiscal y distributivo.

Cambios regulatorios y segmentación por ingresos

El salto proyectado para 2026 se explica por una combinación de factores regulatorios y operativos. Entre ellos se destacan la eliminación de límites tarifarios, la definición de consumos base y la equiparación progresiva de bonificaciones entre el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) y el Precio en el Mercado Eléctrico Mayorista (PIST).

El esquema establece consumos base diferenciados según nivel de ingresos: 350 kWh mensuales para los usuarios N2 (bajos ingresos) y 250 kWh para los N3 (ingresos medios). A partir de esos umbrales, el consumo adicional se paga a un precio con menor o nula bonificación, reforzando la señal de uso eficiente de la energía.

El impacto del nuevo régimen se observa con claridad al analizar la evolución por segmento. En el caso de los usuarios N2, la cobertura pasó del 8,65% en 2023 al 29,97% en 2025, y se proyecta que alcance el 44,16% en 2026, lo que representa una variación acumulada del 410,52%. Para los usuarios N3, la cobertura subió del 10,69% en 2023 al 41,25% en 2025, con una proyección del 51,61% en 2026, equivalente a un incremento acumulado del 382,79%.

El informe subraya que el objetivo es avanzar con gradualidad y equidad, evitando un retorno a esquemas de subsidios indiscriminados y permitiendo anticipar el impacto de los ajustes en cada segmento de usuarios.

Impacto fiscal y señales al sistema energético

Desde el punto de vista fiscal, la reducción progresiva del aporte estatal aparece como uno de los pilares centrales de la política energética hacia 2026. El mayor peso del usuario en el financiamiento del costo de la energía apunta a corregir distorsiones históricas, reducir el peso de los subsidios en el gasto público y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas del Estado.

Al mismo tiempo, el nuevo esquema busca enviar señales más claras al sistema energético en términos de precios y consumo. Un mayor alineamiento entre tarifas y costos reales es considerado clave para incentivar inversiones, mejorar la eficiencia y evitar escenarios de sobreconsumo asociados a precios artificialmente bajos.

El documento técnico también detalla el marco regulatorio, la implementación operativa del esquema de focalización y las memorias de cálculo utilizadas para las proyecciones, remarcando que el proceso responde a una hoja de ruta definida desde fines de 2023, con ajustes escalonados y previsibles.

Con estas proyecciones, 2026 se perfila como un año clave para la consolidación del nuevo régimen de subsidios energéticos. Si se cumplen los escenarios previstos, el sistema eléctrico argentino quedará más cerca de un esquema de precios reales, con subsidios concentrados en los sectores que efectivamente los necesitan y con una menor carga para el Estado. En ese marco, el alivio oficial tras atravesar diciembre sin cortes masivos de luz refuerza la decisión de avanzar con la quita progresiva de subsidios.

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De residuos a energía limpia: el desafío de Misiones para escalar proyectos de biomasa y biogás

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El gerente de Desarrollo, Proyectos y Mercado de Next Energy, Claudio Spurkel, analizó el rol de Misiones y la Argentina en el cambio global hacia nuevas matrices energéticas. Destacó el potencial de la provincia en biomasa y biogás, pero advirtió que el país está al menos seis años atrasado en la normativa frente a países como Brasil.

La transición energética dejó de ser un debate académico para convertirse en una política estratégica a nivel mundial. El reemplazo progresivo del petróleo líquido por gas natural, biocombustibles y energías renovables atraviesa a gobiernos y empresas de todos los continentes.

En ese marco, el ingeniero Claudio Spurkel, directivo de la firma Next Energy, señaló en diálogo con Economis, que Misiones cuenta con un potencial diferenciado en biomasa debido a la estructura forestal y agroindustrial, además de posibilidades en biogás a partir de residuos de la producción ganadera.

“El área forestal es una fuente clave de biomasa y en el sector ganadero hay grandes oportunidades de reconversión. Los residuos porcinos o bovinos, que hoy son altamente contaminantes, pueden transformarse en energía limpia a través de biodigestores”, explicó.

Sobre este modelo de generación de energía en Misiones, varias cooperativas locales ya ensayan proyectos piloto en este sentido y que la provincia podría convertirse en referente regional si se escala la tecnología.

Tecnologías y desafíos técnicos

El modelo más extendido a nivel internacional es el de los biodigestores, capaces de transformar residuos en abono orgánico y biogás. Este último, aunque con impurezas, puede ser utilizado para la generación de energía eléctrica dentro de las chacras.

El paso siguiente es la conversión de biogás en biometano, lo que exige sistemas de filtrado y purificación que eleven el estándar al nivel del gas natural. Este combustible renovable es apto para transporte, generación eléctrica y maquinaria agroindustrial.

Spurkel mencionó ejemplos en otras provincias:

  • Córdoba avanza con plantas de biogás a partir de desechos porcinos.
  • Entre Ríos experimenta con biodigestores basados en cáscaras de naranja.

“En Misiones hay antecedentes de plantaciones forestales y fuertes polos ganaderos. Si se articula bien, la biomasa y el biogás pueden generar un triple impacto: ambiental, económico y social”, destacó el gerente de Next Energy.

El retraso argentino y el contraste con Brasil

El especialista fue categórico respecto a las demoras del país: “Argentina está al menos cinco o seis años detrás en normativa respecto de lo que ocurre en Brasil o Europa. Sin un marco regulatorio claro y una decisión política de Estado, es difícil que el productor invierta”.

Brasil, ejemplificó Spurkel, consolidó un modelo de reconversión energética en el sector porcino, sostenido por todos los gobiernos independientemente de su signo político. Ese “consenso de Estado” permitió atraer inversión privada y convertir al país en líder global.

En cambio, en Argentina aún no existe una legislación integral para el biometano, lo que limita su inyección en redes de gas o su uso masivo en transporte.

Proyección y repercusiones para Misiones

De consolidarse un esquema normativo nacional, Misiones podría posicionarse como polo estratégico de bioenergía, aprovechando sus ventajas en:

  • Biomasa forestal, con el 52% de la biodiversidad del país y una industria maderera en expansión.
  • Residuos agropecuarios, en especial del sector porcino y bovino.
  • Innovación cooperativa, con experiencias pioneras en biodigestores.

El impacto sería doble: energético y económico. Por un lado, se reduciría la dependencia de combustibles fósiles importados. Por otro, se abriría un nuevo mercado de inversión, empleo y tecnología vinculada a la bioeconomía.

“Es necesario un compromiso político que trascienda gobiernos y un trabajo conjunto entre Estado, productores y proveedores tecnológicos. Solo así se puede dar el salto hacia una matriz energética más limpia y sostenible”, concluyó Spurkel.

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