Política Misiones

El Intendente de Caraguatay pidió licencia y se pondrá “a disposición de la Justicia”

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El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, anunció este viernes que solicitará licencia en su cargo, en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto abuso sexual contra una empleada del Concejo Deliberante. En su lugar asume la concejal Norma Gularte, que ingresó en la misma lista del intendente, pero se pasó a la Libertad Avanza.

La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde el jefe comunal expresó que se pondrá “a disposición de la Justicia”.

En su publicación, Peyer dijo que se puso “a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.

“Desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia”, se lee en su publicación.

El anuncio se produjo dos días después del pedido público del gobernador Hugo Passalacqua, quien instó a Peyer a pedir licencia del cargo para garantizar “una investigación ordenada y transparente”. La causa está radicada en el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Puerto Rico, a cargo del juez Leonardo Manuel Balanda Gómez, quien este jueves ordenó allanamientos en la sede municipal y en el domicilio del intendente, además de imponerle restricciones de contacto con la denunciante.

La causa

Según el testimonio de la denunciante, los episodios de acoso habrían comenzado en julio del año pasado y derivado en un presunto abuso ocurrido el 4 de septiembre dentro de una oficina del Concejo Deliberante.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en la Municipalidad de Caraguatay y en el domicilio del intendente. También dispuso el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, además de una restricción de acercamiento hacia la denunciante.

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Denuncian por abuso sexual al intendente de Caraguatay y el gobernador pidió que se aparte del cargo

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El gobernador Hugo Passalacqua, solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en su cargo y se ponga a disposición de la Justicia, luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial expresó: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.

La denuncia fue presentada el 25 de febrero por una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay, mediante una abogada patrocinante, ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico. La presentación judicial señala hechos de acoso y abuso sexual que habrían comenzado a mediados del año pasado y que, según el relato de la denunciante, habrían tenido un episodio de mayor gravedad en septiembre dentro del edificio del cuerpo deliberativo.

De acuerdo al testimonio brindado ante la Justicia, la mujer relató que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas por parte del intendente hacia ella.

Según su declaración, la situación se agravó el 4 de septiembre, cuando el jefe comunal se presentó en el edificio del Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadoras en el marco del Día de la Secretaria.

La denunciante sostuvo que, en esas circunstancias, Peyer ingresó a la oficina donde ella se encontraba y, luego de entregarle una caja de bombones y mantener una breve conversación, cerró la puerta con llave.

Siempre según su relato ante la Justicia, el intendente se habría abalanzado sobre ella, le habría corrido la ropa y la habría sometido sexualmente sin su consentimiento.

La joven declaró que durante el hecho habría sido golpeada y sometida mediante el uso de la fuerza, situación que -según expresó- le generó un profundo impacto físico y emocional. También señaló que en ese momento hacía pocos días que había dado a luz, lo que habría agravado las dolencias sufridas.

Tras el episodio, la mujer aseguró que el intendente la habría amenazado para que no denunciara lo sucedido si quería conservar su trabajo.

De acuerdo con su testimonio, esa situación se habría extendido durante varios meses, con llamadas telefónicas desde distintos números y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante, lo que -según describió- generó un clima de presión constante.

Ratificación de la denuncia y medidas judiciales

Este miércoles la denunciante fue convocada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, donde brindó una declaración ampliada sobre los hechos denunciados.

Durante su testimonio, la mujer describió presuntas situaciones de hostigamiento previo y relató un episodio ocurrido el 4 de septiembre, cuando el intendente habría ingresado a una oficina del Concejo Deliberante y se habría producido el hecho denunciado.

Tras la ratificación de la denuncia, el juzgado dispuso medidas preventivas, entre ellas una prohibición de acercamiento entre el acusado y la denunciante, mientras continúa el proceso de investigación y recolección de pruebas.

Según trascendió, de la investigación podrían surgir nuevas medidas judiciales en caso de que se reúnan elementos que sustenten la acusación.

En paralelo, la denunciante radicó una segunda presentación judicial por amenazas, al señalar que el intendente habría pasado frente a su domicilio y realizado gestos intimidantes desde su vehículo. Este hecho también quedó incorporado al expediente que tramita la Justicia provincial.

Investigación en curso

La causa se investiga bajo la posible calificación de abuso sexual con acceso carnal, aunque la investigación se encuentra en etapa preliminar.

Peyer fue notificado de la existencia de la causa penal en su contra. Sin embargo, debido a su condición de intendente, cuenta con inmunidad de arresto prevista en la Ley Orgánica de Municipios, lo que impide una detención inmediata, aunque no obstaculiza el avance de la investigación judicial ni la eventual citación a declaración indagatoria.

En ese contexto, el pedido público del gobernador Passalacqua apunta a que el jefe comunal se aparte temporalmente del cargo mientras avanza el proceso judicial, con el objetivo de garantizar la transparencia del procedimiento.

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El PJ Misiones avanza con su normalización, la intervención ratificó el cronograma electoral

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La intervención del Partido Justicialista en Misiones salió a responder a versiones difundidas en algunos medios y confirmó que el proceso de normalización institucional del PJ provincial avanza hacia una elección interna con voto directo, un hecho que no ocurre desde hace 27 años en el distrito.

El comunicado oficial difundido por la intervención del PJ Distrito Misiones sostiene que el objetivo del proceso es reordenar el funcionamiento interno del partido y devolver la legitimidad electoral a sus autoridades, mediante un esquema que habilita la competencia en los 79 municipios de la provincia. La iniciativa forma parte de una decisión adoptada por las autoridades nacionales del partido y posteriormente ratificada por el Congreso Nacional partidario.

La decisión abre una nueva etapa en la vida interna del peronismo misionero. Pero también deja planteada una pregunta política de fondo: si el proceso de normalización logrará reconstruir una conducción legitimada o si las tensiones internas reaparecerán durante la competencia electoral.

Un proceso de reorganización partidaria con reglas electorales definidas

Según detalló la intervención partidaria, la normalización del distrito se apoya en una serie de medidas administrativas y electorales que buscan restablecer el funcionamiento orgánico del partido.

Entre las acciones ya iniciadas se encuentran: la regularización administrativa del partido en la provincia, la convocatoria formal a elecciones internas, la elaboración del cronograma electoral, la conformación de una Junta Electoral independiente, la reforma de la Carta Orgánica partidaria, y la publicación de los formularios para la presentación de avales y candidaturas.

El nuevo esquema habilita la presentación de listas para Consejos Municipales, congresales provinciales por municipio y la lista al Congreso Provincial partidario.

Para esta última instancia, el reglamento electoral exige el aval del 3% del padrón total de afiliados. Además, las listas que aspiren a competir con alcance provincial deberán acreditar representación territorial en al menos 27 municipios, a través de una junta promotora.

El objetivo declarado es garantizar que las propuestas que aspiren a conducir el partido tengan respaldo territorial real dentro de la provincia, evitando estructuras exclusivamente centralizadas.

Un intento de cerrar años de desorden institucional

El argumento central que sostiene la intervención es que el PJ misionero atravesó una prolongada etapa sin procesos electorales internos regulares, lo que generó —según el diagnóstico del propio comunicado— una situación de desorden institucional y ausencia de renovación de autoridades.

La intervención fue dispuesta por las autoridades nacionales del partido precisamente con el propósito de revertir ese escenario y restituir el mecanismo básico de legitimación política dentro de la estructura partidaria: el voto de los afiliados.

En términos institucionales, el paso que se intenta dar ahora es significativo: por primera vez en casi tres décadas, los afiliados del PJ en Misiones elegirán de manera directa a sus autoridades partidarias en toda la provincia.

El proceso incluye la elección de autoridades en cada municipio y también en el Consejo Provincial del partido, órgano que concentra la conducción política del distrito.

Neutralidad de la intervención y competencia interna

El comunicado también buscó despejar suspicacias sobre el rol de la intervención en la disputa interna.

Según el texto difundido oficialmente, la intervención no tiene candidatos propios ni listas preferidas, y su función se limita a garantizar reglas claras y condiciones de igualdad para los distintos sectores del peronismo provincial.

La definición no es menor. En procesos de normalización partidaria, la imparcialidad de la autoridad electoral interna suele convertirse en un punto sensible, especialmente cuando se trata de reorganizar estructuras con años de disputas internas.

Por eso el mensaje central de la intervención apunta a reforzar la idea de un proceso electoral competitivo, transparente y abierto a todos los sectores del peronismo misionero.

La dimensión política de la normalización

Más allá de los aspectos administrativos, el proceso tiene una dimensión política evidente.

La reorganización del PJ en Misiones busca reconstruir un esquema de conducción legitimado por el voto de los afiliados, algo que el propio comunicado considera clave para que el partido recupere su rol como herramienta política.

La intervención plantea que el objetivo final es que el justicialismo provincial vuelva a funcionar con dirigentes elegidos democráticamente y con representación territorial en toda la provincia.

En la práctica, la elección interna definirá no sólo la conducción partidaria, sino también qué sectores del peronismo logran estructurar una base territorial capaz de competir en un escenario provincial fragmentado.

Lo que está en juego en las próximas semanas

El proceso recién comienza y su evolución dependerá de cómo se organicen las listas internas y de la capacidad de los distintos sectores para reunir los avales exigidos por la normativa electoral partidaria.

El requisito del 3% del padrón de afiliados y la necesidad de contar con representación en al menos 27 municipios establecen un umbral organizativo significativo para quienes aspiren a competir por la conducción provincial.

En ese marco, las próximas semanas serán decisivas para observar si emergen candidaturas competitivas, si se consolidan alianzas internas o si el proceso de normalización abre nuevas tensiones dentro del peronismo misionero.

Por ahora, la intervención busca instalar una idea simple: que el PJ provincial inicia una etapa de reconstrucción institucional.

Pero el verdadero resultado del proceso dependerá de lo que ocurra cuando la disputa política se traslade al terreno donde el partido intenta volver a legitimarse: el voto directo de sus afiliados.

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La Justicia levantó la proscripción y habilitó a Arrúa, Comparin y Kornuta a competir en las internas del PJ

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El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas resolvió hacer lugar a un planteo judicial presentado por el ex apoderado del Partido Justicialista, Martín Kornuta, junto al abogado Leandro Maidana, y dispuso suspender provisoriamente la suspensión preventiva de afiliación que pesaba sobre el diputado nacional Pedro Alberto Arrúa, Myriam Analía Comparin y el propio Kornuta.

La decisión judicial habilita a los tres dirigentes a participar del proceso electoral interno del PJ mientras se resuelve la cuestión de fondo ante la Cámara Nacional Electoral.

Según la resolución, el tribunal consideró que la suspensión preventiva de afiliación implicaba una restricción directa al ejercicio de derechos políticos y de participación partidaria, especialmente en el contexto de un proceso electoral interno ya en marcha.

En ese sentido, el fallo señala que la verosimilitud del derecho surge de la naturaleza de los derechos involucrados, dado que la medida disciplinaria afectaba la condición de afiliados y, por lo tanto, la posibilidad de intervenir en la vida institucional del partido.

Riesgo de afectar derechos políticos

El juzgado también evaluó el denominado “peligro en la demora”, al advertir que el desarrollo del calendario electoral interno podría generar perjuicios de difícil reparación si los dirigentes quedaban excluidos del proceso mientras se tramita la apelación.

En materia electoral, remarca el fallo, el paso del tiempo puede volver ilusorio el ejercicio de los derechos políticos si no se adoptan medidas cautelares que preserven la participación de los afiliados hasta que exista una resolución definitiva.

Bajo ese criterio, el tribunal resolvió suspender provisoriamente los efectos de la suspensión preventiva de afiliación y garantizar la posibilidad de que Arrúa, Comparin y Kornuta participen en las elecciones internas del justicialismo.

Apelación ante la Cámara Nacional Electoral

En paralelo, el juzgado concedió el recurso de apelación contra la resolución cuestionada, que será analizado por la Cámara Nacional Electoral conforme al régimen previsto por la Ley 23.298 de partidos políticos.

De esta manera, la cautelar mantiene vigente el ejercicio de los derechos políticos de los dirigentes hasta que el tribunal de alzada se pronuncie sobre el fondo del conflicto partidario.

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El puente Porto Xavier–San Javier entra en fase técnica y administrativa decisiva

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La construcción del puente internacional que unirá Porto Xavier (Río Grande do Sul) con San Javier, en Argentina, ingresa esta semana en una nueva etapa operativa con el inicio efectivo de la planificación técnica, ambiental y administrativa. La llegada al municipio de los emprendedores del consorcio responsable del proyecto marca el comienzo de las reuniones presenciales y activa una agenda binacional que busca ordenar licencias, definir áreas críticas y alinear a las autoridades locales, con impacto directo en la integración regional, el comercio y el turismo.

La información fue confirmada por el intendente de Porto Xavier, Gilberto Menin, en una entrevista con Radio Sepé Tiaraju AM 540, del Grupo de Comunicación Sepé. Según precisó, el cronograma incluye encuentros en el municipio brasileño y una visita oficial al lado argentino, donde se abordarán cuestiones clave como licencias ambientales, delimitación de áreas y coordinación institucional.

Licencias ambientales y ahorro de tiempo en el calendario

Menin explicó que la concesión de licencias ambientales en Brasil ya está en marcha y que el proceso se apoya en protocolos iniciados en una licitación anterior, lo que permitió racionalizar trámites y evitar duplicaciones. Esa reutilización de información técnica y ambiental implicó, según el intendente, una ganancia estimada de unos cinco meses en el calendario del proyecto.

El avance en esta etapa resulta central para consolidar el cronograma general y reducir riesgos administrativos, en un contexto donde los plazos de licenciamiento suelen ser determinantes para la ejecución de obras de infraestructura binacional. La coordinación temprana con el lado argentino aparece como un factor clave para evitar cuellos de botella posteriores.

Indemnizaciones, uso del suelo y definición de áreas sensibles

Uno de los puntos más sensibles del proceso es la indemnización de las zonas afectadas, en particular donde se instalarán las aduanas. De acuerdo con Menin, entre 25 y 30 familias poseen terrenos en el área zonificada para el complejo, una zona que hoy figura como rural, aunque se trata de un área de expansión urbana.

Es un área de expansión urbana, todavía registrada como rural, lo que plantea preguntas sobre los valores. Nuestro objetivo es asegurar un proceso justo”, afirmó el intendente. La definición de criterios de valuación y compensación será determinante para asegurar consenso social y previsibilidad institucional en el avance de la obra.

Características del puente e impacto esperado en la región

El proyecto contempla un puente de aproximadamente 950 metros de extensión, con dos carriles rodantes y espacios para peatones y ciclistas. Desde la perspectiva local, la infraestructura tendrá efectos positivos en el turismo, el comercio y el transporte de mercancías, reforzando la integración regional entre el sur de Brasil y el noreste argentino.

Según indicó Menin, la proyección es que la construcción comience en 2026, una vez completadas las instancias técnicas, ambientales y administrativas en ambos países. La obra se inscribe en una agenda más amplia de conectividad fronteriza, con impacto económico directo en las economías locales y en los flujos logísticos regionales.

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