Bajo la lupa judicial, Adorni se sumó al régimen de Inocencia Fiscal
La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias volvió a poner en el centro de la escena a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una de las herramientas tributarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei para facilitar la regularización fiscal de contribuyentes.
Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Adorni solicitó este miércoles su incorporación al esquema simplificado para el período fiscal 2025. El trámite se concretó apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, realizara el mismo procedimiento.
La decisión adquiere relevancia política porque ocurre en momentos en que la situación patrimonial del funcionario es observada por la Justicia Federal. Además, se produce antes de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.
Qué implica el régimen simplificado
El Régimen Simplificado de Ganancias fue incorporado por la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal.
El mecanismo permite presentar declaraciones juradas con menos exigencias formales y simplifica la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador.
Su principal atractivo es el denominado “tapón fiscal”. Se trata de una presunción de exactitud sobre las declaraciones presentadas bajo este esquema.
En la práctica, el beneficio limita futuras revisiones sobre períodos fiscales anteriores, siempre que la información declarada resulte consistente y no existan diferencias relevantes detectadas por la administración tributaria.
La adhesión no implica un blanqueo de capitales. Tampoco supone la exteriorización automática de activos no declarados.
Además, el régimen no impide investigaciones por otros delitos. Entre ellos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o corrupción.
La situación de Adorni
Los registros oficiales muestran que Adorni desarrolla actividades económicas desde 2013.
Su actividad principal figura como prestación de servicios personales. También registra actividades vinculadas al asesoramiento empresarial, contabilidad, auditoría y servicios de información.
El funcionario se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020. Ahora optó por migrar al esquema simplificado para el ejercicio fiscal 2025.
La decisión generó preguntas sobre las razones del cambio. Distintas fuentes judiciales señalan que el movimiento será analizado junto con otros elementos patrimoniales y fiscales que actualmente forman parte de investigaciones en curso.
Desde el entorno oficial remarcan que se trata de una herramienta legal disponible para cualquier contribuyente que cumpla los requisitos establecidos por la normativa.
Otros funcionarios que ingresaron al régimen
La adhesión de Adorni no es un caso aislado. A partir de registros de ARCA, se estableció que varios funcionarios nacionales también optaron por el esquema simplificado. Entre ellos aparece el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se incorporó en abril.
También figura Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía.
La nómina incluye además a Santiago Oría, responsable audiovisual de la Presidencia; Aime Ayelén Vázquez, jefa de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete; y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.
También se registró la adhesión de Juan Alberto Pazo, uno de los impulsores de la reglamentación del régimen.
A ellos se sumó recientemente José Luis Espert, eyectado del oficialismo en medio del escándalo por financiamiento narco, quien realizó el trámite un día antes que Adorni.
Transparencia y costo político
El caso de Adorni tiene una dimensión política adicional. Como principal vocero del Gobierno durante gran parte de la gestión y actual jefe de Gabinete, fue una de las figuras encargadas de defender el discurso oficial de transparencia, austeridad fiscal y control del gasto público.
Por eso, su incorporación al régimen simplificado genera debate político. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una herramienta legal y abierta a todos los contribuyentes, sectores críticos señalan que la decisión ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la evolución patrimonial de funcionarios nacionales.
En los próximos meses, la adhesión será evaluada junto con la documentación fiscal, patrimonial y financiera que distintas áreas del Estado y la Justicia analizan sobre el funcionario y su entorno familiar.