PPP

Peña reconoció la demora del artículo 10 y aseguró que buscarán resolver “el problema del FET”

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Durante su presentación ante el Congreso, Marcos Peña debió responder a las repreguntas del diputado Jorge Franco, quién le planteó la problemática del Fondo especial del Tabaco (FET), el gasoducto del NEA y la falta de reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme.
Al hacer uso de la palabra en la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el jefe de Gabinete Marcos Peña presentó su tercer informe de gestión, el diputado Jorge Franco se refirió a temas puntuales de la problemática regional, como la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, el avance de obras para la llegada del Gasoducto a la provincia y la demora en el envío de los recursos del Fondo Especial del Tabaco.
“Sería bueno insistir en la reglamentación del artículo 10 porque los hermanos paraguayos y brasileños ya lo están haciendo, van adelante nuestro en este sentido. Han hecho una serie de ventajas, fundamentalmente en Brasil a favor de sus pymes en la frontera”, observó al plantear el reclamo en el que coinciden empresarios y funcionarios.
Franco precisó que lo establecieron de lado brasileño “en una línea de 60 kilómetros, que no estaría mal porque hasta incluso en los controles en la relación del Mercosur son más intensos pasando 60 km para adentro, en la frontera con Brasil, que 60 km para acá. Quiero que ese tema se tenga en cuenta”, apuntó.
Sobre el Gasoducto, el legislador indicó que leyó el informe de Peña y “si bien tiene que ver con otras realidades, a mí lo que preocupa es que en algún momento, creo que para octubre de 2015 había una licitación”. “Creo que no solo debe discutirse, porque por ahí una alternativa serían los PPP, pero nuestro miedo es que llegue hasta nuestra frontera, hasta las puertas de Misiones y tengamos que hacernos cargo. No estamos los misioneros en condiciones de hacer una distribución interna”, advirtió.

En tanto, al hacer referencia al Fondo Especial del Tabaco, Franco observó que se trata de un recurso que reciben los pequeños productores en varias provincias, que tiene que ver con un impuesto que se cobra al paquete del cigarrillo. Recordó que el 80 por ciento va a la cuestión social del productor.
“La preocupación nuestra es que de los 1.500 millones de pesos aproximadamente que están disponibles, a mi provincia le llegó solamente 250 millones. Me gustaría que ese 54 por ciento que todavía no nos llegó, llegue pronto y que no demos vuelta en cuestiones burocráticas”, puntualizó.
Las respuestas de Peña sobre reglamentación del Art 10 ley Pyme
La Ley Pyme ya da beneficios a todas las pequeñas y medianas empresas del país. Ya son 390.000 las empresas que accedieron a los beneficios: pagan IVA a 90 días, no pagan ganancia mínima presunta, descuentan de ganancias el impuesto al cheque y hasta 10% de las inversiones que realizan además de tener la posibilidad de solicitar un bono de crédito fiscal por el IVA de dichas inversiones que aún tengan a favor.
Además, tienen mayor acceso a crédito y simplifican su administración. Hasta ahora se ahorraron más de $2.251 M en el pago de ganancias por inversiones realizadas.
El primer paso entonces para todas las PyMEs es registrarse. Hoy sólo 44% de las MiPyMEs recibieron o están recibiendo los beneficios. Si sos una peluquería, un comercio, una maderera, también sos MiPyMe.
El segundo paso es que las provincias se adhieran a la Ley PYME Nacional y se comprometa a no subir los impuestos provinciales por dos años como ya hicieron CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Tucumán y Santa Fe.
Mientras, seguimos trabajando en la reglamentación de los artículos 10 y 11 de la ley, para definir qué otros beneficios van a recibir las MiPyMEs de frontera y las economías regionales. El desafío es que ayude a toda la región y no a “correr” el problema del desequilibrio hacia una frontera interna. Para eso, estamos trabajando con las cámaras empresarias y los gobiernos provinciales.
A la fecha los costos fiscales de los beneficios otorgados en dicha ley son los siguientes: $80M en 2016, $120M en 2017 y $150M en 2018.
Al 24 de abril se registraron, en total, cerca de 390.000 empresas. De estas, cerca de 350.000 se encuentran vigentes actualmente.
 

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Misiones quedó fuera de la primera licitación de proyectos de Participación Público Privada

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El Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, y junto al Ministerio de Finanzas, llevó adelante la primera licitación bajo el sistema de participación público privada del Gobierno nacional. Luego de la licitación Dietrich participó de la comisión de transporte en el Senado y adelantó que la licitación del corredor vial de la ruta 12 será en septiembre.
En la primera etapa, se beneficiarán las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. Los trabajos comprenden la construcción de 1.494 kilómetros de rutas seguras, 252 km de especiales, y 813 km de autopistas. Los 10 consorcios están conformados por 13 empresas nacionales y 7 internacionales.
El ingreso de los grupos europeos al sistema merece un capítulo aparte. Es que se dio luego de una intensa negociación para que haya un tratamiento impositivo diferencial. Concretamente, reclamaron (y el Gobierno accedió) que los contratos de PPP sean declarados de “interés nacional” y sean desgravados de IVA e Ingresos Brutos. Es decir, que tengan el mismo beneficio que las obras públicas tradicionales, exentas de ambos tributos.
El Plan general de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras se divide en tres etapas de licitación, con una inversión total superior a los 12.500 millones de dólares para los primeros 5 años y superior a los 4.200 millones de dólares durante los siguientes 10. A lo largo de las tres etapas se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de ruta segura, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes; en total, 5.270 kilómetros. Los restantes 2.077 kilómetros serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente.
“Es un día histórico para el país, para la obra pública y para millones de argentinos en todo el territorio nacional, porque dimos un paso importantísimo en la profunda transformación que estamos haciendo en la red vial federal. En pocos meses arrancan obras esperadas hace 30 años. Gracias a esas autopistas y rutas seguras, en 4 años vamos a tener: más seguridad vial, dejando atrás las rutas de la muerte; menos costos logísticos para la producción nacional; y menos tiempos para conectarnos con las personas y los lugares que queremos fomentando el turismo y el desarrollo.” Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.
Luego de la licitación Dietrich participó de la comisión de transporte en el Senado y adelantó que la licitación del corredor vial de la ruta 12 será en septiembre.
En la reunión de la Comisión de Infraestructura y Transporte del Senado, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, informó sobre los plazos de licitación del corredor de la Ruta Nacional Nº 12 y el ramal del ferrocarril General Urquiza. También se habló de la escalabilidad de en el transporte conocido como bitrenes. El funcionario nacional respondió que los trabajos en el corredor comenzarían los primeros días del año próximo. El senador Maurice Closs comentó que además les informaron que el Ramal Urquiza figura en segundo orden de prioridades debido a que la prioridad son ramales de más de 1.500 kms.

Licitación de la Primera Etapa
Se conocieron hoy las ofertas de la licitación de la primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras. La misma incluye la concesión de los nuevos corredores viales conformados por más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.
“Los proyectos de Participación Público Privada (PPP) permiten empezar a saldar la deuda de infraestructura que tenemos los argentinos sin dejar de cumplir con las metas fiscales. Es la forma más barata, segura, eficaz y transparente de desarrollar la infraestructura que necesitamos para crear empleo y ser competitivos. Logramos generar las condiciones para que los inversores se sientan atraídos. La apertura de los sobres de la licitación de la red de autopistas y rutas seguras concreta este modelo”. Luis Caputo, Ministro de Finanzas de La Nación.
El plan de obra nueva para estos corredores implica obras en más de 2.500 km a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades. La inversión estimada para estos corredores de la primera etapa será superior a 6.000 millones de dólares durante los 5 primeros años y de 2.023 millones de dólares durante los 6 a 15 años subsiguientes en obras de mantenimiento.
Cada oferente presentó dos sobres con documentación que será analizada por una Comisión Evaluadora: el primero, que se abrió hoy, certifica la calidad y la viabilidad del oferente (consorcio) para participar del proceso licitatorio, mientras que el segundo corresponde a la oferta económica presentada por corredor vial. La apertura del segundo sobre se realizará la segunda semana de mayo y a partir del 16 del mes que viene en adelante está proyectada la adjudicación y firma del contrato.
Financiamiento del proyecto de participación público privada
El nuevo proyecto del Gobierno Nacional se financiará principalmente con una parte del impuesto al gasoil (para las obras) y con el ingreso por peaje (para el mantenimiento y operación del corredor). Para el pago de estas obras de la Etapa I no se han creado nuevos impuestos, debido a que serán utilizado recursos existentes que antes se destinaban a otros gastos, entre ellos el subsidio de los Corredores actuales.
El modelo de Contrato PPP a implementar genera previsibilidad para los emprendedores privados. Este proyecto permite tanto a inversores locales e internacionales, así como al sistema financiero en su conjunto, invertir en obras de infraestructura y de esta manera trabajar junto al Estado Nacional de manera colaborativa para el desarrollo de la infraestructura del país.
Además, la fuerte inversión prevista durante la primera etapa se realizará sin afectar los recursos y el presupuesto público nacional, al correr el financiamiento por parte del sector privado.
Principales beneficios
Las obras previstas en las distintas Etapas, permitirán disminuir considerablemente el número de siniestros viales en torno al 70 %, gracias a la construcción de nuevas autopistas y obras de seguridad y tendrá incidencia en el ahorro de los costos operativos y de tiempos de viaje en las rutas más transitadas del país. Se estima que durante el plazo de las obras se generarán más de 50.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta en el país.
__”Argentina se está desarrollando y para eso necesitamos darle infraestructura a la gente. Los que conocemos en profundidad los pueblos del interior sabemos que todos los ciudadanos que viven en los pueblos a la vera de las rutas nacionales deben tener la oportunidad de vivir y trasladarse tranquilos. Este plan va a bajar en un 70% los accidentes. Además, va a emplear cerca de 45 mill personas durante los próximos 5 años que se suman a los miles de puestos de trabajo que ya venimos generando. Esta es una etapa de transformación de la argentina dónde en 4 años haremos lo que se hizo en 60. Las empresas que resulten ganadoras para construir este plan, compartirán junto al Estado la aventura de transformar a la Argentina en un país que nos haga vivir más tranquilos y más seguros. Estamos muy contentos por la cantidad de ofertas que recibimos, de empresas internacionales y nacionales. Esto demuestra que estamos por buen camino, que lar empresas argentinas vuelven a confiar en él gobierno y que los países del mundo creen en nuestro gobierno.”_ Javier Iguacel, Administrador General de Vialidad Nacional_

Mediante el sistema de licitación tradicional el Estado Nacional por la envergadura de las inversiones involucradas tardaría más de 12 años en concluir el plan de obras si lo tuviese que afrontar con el pago de las obras directamente de su presupuesto propio de la Dirección Nacional de Vialidad, comprometiendo a tal fin una gran cantidad de fondos. Con la alternativa de financiamiento prevista en el Proyecto PPP, los usuarios podrán utilizar las obras 7 años antes (las mismas se ha previsto ejecutarlas en 5 años) lográndose de esta forma un importante ahorro de costos operativos y tiempos de viaje para los usuarios y el transporte en general.
Estas son las propuestas:
Corredor Vial A (Ruta Nacional 3)
1. HELPORT S.A. – PANEDILE SAICFeI – SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) – ELEPRINT S.A.
2. CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS (COLOMBIA) – CRZ CONSTRUCCIONES S.A. – GRUPO ALBERDI S.A.
3. CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) – GREEN S.A.
4. JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
5. PAOLINI HNOS. S.A. – VIAL AGRO S.A. – INC SpA (ITALIA).
6. BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
7. MSU INFRAESTRUCTURA S.A. – UCSA S.A. – INVERSIONES PPP S.A.U
8. TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI – ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)
 
Corredor Vial B (Ruta Nacional 5)
1. HELPORT S.A. – PANEDILE SAICFeI – SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) – ELEPRINT S.A.
2. ROVELLA CARRANZA S.A. – JCR S.A. – MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3. CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) – GREEN S.A.
4. BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
5. MSU INFRAESTRUCTURA S.A. – UCSA S.A. – INVERSIONES PPP SAU
6. TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI – ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)
 
Corredor Vial C (Ruta Nacional 7)
1. HELPORT S.A. – PANEDILE SAICFeI S.A – SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) – ELEPRINT S.A.
2. ROVELLA CARRANZA S.A. – JCR S.A. – MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3. CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) – GREEN S.A.
4. JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
5. BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
6. MSU INFRAESTRUCTURA S.A. – UCSA S.A. – INVERSIONES PPP SAU
7. TECHINT Compañía Técnica Internacional SACI – ACCIONA Concesiones S.L. (ESPAÑA)
 
Corredor Vial E (Ruta Nacional 9)
1. HELPORT S.A. – PANEDILE SAICFeI – SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) – ELEPRINT S.A.
2. SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A. – ODS S.A. – GROUNDWORK DEVELOPMENT LLC (EE.UU.)
 
Corredor Vial F (Ruta nacional 33)
1. HELPORT S.A. – PANEDILE SAICFeI – SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) – ELEPRINT S.A
2. CCA CIVIL PANAMA S.A. (CHINA) – GREEN S.A.
3. JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
4. BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
5. SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO S.A. – ODS S.A. – GROUNDWORK DEVELOPMENT LLC (EE.UU.)
 
Corredor Vial Sur
1. HELPORT S.A. – PANEDILE SAICFeI – SA OBRAS Y SERVICIOS COPASA (ESPAÑA) – ELEPRINT S.A.
2. ROVELLA CARRANZA S.A. – JCR S.A. – MOTA-ENGIL LATIN AMERICA B.V. (PORTUGAL)
3. BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A
4. MSU INFRAESTRUCTURA S.A. – UCSA S.A. – INVERSIONES PPP SAU
 
 

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Misiones tendrá tramos de autopista y ruta segura en las licitaciones de Participación Público Privada

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Este viernes se abrirán los sobres con las primeras ofertas para la construcción de obras de infraestructura a través del sistema de Participación Púbico Privada. Aunque Misiones tiene el corredor G, para una autopista concesionada PPP, entre Resistencia e Iguazú, en esta primera etapa solo se incluirían una autovía entre Eldorado y Montecarlo y la extensión de la autovía desde Santa Ana a San Ignacio, además de terceras trochas por la ruta nacional 12.
Los mayores tramos en Misiones serán de “ruta segura”, es decir, banquinas asfaltadas y terceras trochas en los tramos donde todavía no están, además de colectoras y puentes donde hay accesos urbanos. La autopista desde Resistencia todavía no está en los planes.
El presidente de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, aseguró que el objetivo es llegar a 2019 con tres mil kilómetros de autopistas nuevas en el país, de las cuáles se terminaron 300 entre 2016 y 2017. Por eso la gran apuesta es la Participación Pública Privada, donde los contratistas deben buscar los recursos a cambio de concesiones de peaje más un porcentaje del impuesto al gasoil.
“En Misiones tenemos 12 kilómetros hasta Candelaria, terminados y esperamos a fines de 2019 llegar hasta San Ignacio”, aseguró Iguacel en una entrevista concedida a Radio República.
El funcionario también anunció que el 1 de enero de 2019 la Nación volverá a hacerse cargo de la ruta 105, por lo que la extensión de la autopista hasta San José se incluirá el año que viene. Para noviembre, en tanto, estaría concluida la ruta nacional 14.
Asimismo, en la ruta nacional 12 continuarán las estaciones de peaje, que de ahora en más no tendrán la obligación de contratar seguridad ni equipos de rescate ante un accidente, sino la “responsabilidad” de llamar a la Policía, Bomberos o ambulancias de los servicios públicos.
Iguacel se mostró confiado en que habrá muchas ofertas para realizar los proyectos. “No son brotes verdes, sino lluvia de inversiones”, aseguró.
El viernes el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el director de Vialidad Nacional abrirán los sobres de la licitación de casi 8000 km concesiones viales que el Gobierno otorgará bajo este modelo de obra similar a lo que sería un contrato llave llave en mano. Los que obtengan la licitación de los corredores viales deberán conseguir el financiamiento, negociar con los proveedores y los sindicatos como si se tratara de una obra privada. Pero no lo es. A cambio de la inversión, el privado dispondrá de un período de concesión de la misma en donde vía peaje en el caso de los viales, pero podría ser la venta de energía para una hidroeléctrica recupera parte de la inversión y la otra es vía bonos del Estado que se van pagando contra certificado de avance de la obra.
La licitación de Vialidad vía PPP contempla una inversión de u$s 12.572 millones durante los primeros cuatro años y u$s 4172 millones durante los siguientes once años. Serán 7277 km de rutas nacionales, con la construcción de 1610 km de autopistas, 3310 km de ruta segura, 324 km de obras especiales y 26 km de variantes; en total, 5270 kilómetros.
Este primer llamado de los tres que habrá se intervendrán 2500 km de rutas nacionales, 810 km de autopistas, 1494 km de ruta segura, 252 km de obras especiales y 17 km de variantes.
En este caso, las rutas que serán intervenidas son para el Corredor A: RN 3 y 226; para el B: RN 5; el C: RN 7 y 33. el D: RN 8, 36, A-005, 158, 188; el E: RN 9, 11,34, 193, A-008, A-012; el F: Autopista Rosario-Córdoba RN9 y RN 33; el G: RN 12 y 16; el H: RN 34, 9, 66 y 1V66; el I: RN 19 y 34.
Además, el Corredor Sur: Au. Riccheri, Av Jorge Newbery, Aut Ezeiza Cañuelas y rutas 3 y 205; Corredor BB: RN 3, 33, 229, 249, 252, 1V252, 1V3; Corredor Cuyo: RN 7, 20, 40; Corredor Au. Parque: Autopista Parque. Más el puente Paraná-Santa Fe y Chaco-Corrientes

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Eliminan IVA para los fondos de Participación Público Privada

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El Gobierno Nacional eliminó la obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado para los fondos que participen de proyectos de Participación Público Privada, según el decreto 300 publicado este viernes en el Boletín Oficial
El Gobierno Nacional eliminó la obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado para los fondos que participen de proyectos de Participación Público Privada (PPP), según el decreto 300 publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La norma dispone que “el componente de interés de los certificados, valores negociables de los certificados, títulos valores, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del contratista PPP” que emita el Fideicomiso Individual PPP, tendrá en el IVA el “tratamiento previsto” en la ley de Presupuesto Nacional.
Los contratos de Participación publica privada (PPP) constituyen una herramienta para asegurar las inversiones necesarias en infraestructura, vivienda, actividades y servicios; inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
Paralelamente, otro decreto del Poder Ejecutivo, el 299, incluyó el “arbitraje con prórroga de jurisdicción como mecanismo de solución de controversias” para los contratos de PPP que resulten de la adjudicación de mejora de corredores viales nacionales, cuya licitación fue convocada el 26 de enero pasado.
Esta inclusión permitirá que en caso de que el adjudicatario tenga accionistas extranjeros, pueda concurrir a “tribunales arbitrales extranjeros con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)”, si fuese necesario.
La medida se tomó ahora para la licitación del proyecto Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP; y para los corredores viales A, B, C E, F y Sur.
El decreto publicado aclaró que “la prórroga de jurisdicción” a favor de tribunales arbitrales extranjeros, “no implicará renuncia a la inmunidad de ejecución por la República Argentina”.

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Las obras por participación pública privada (PPP) demandan creatividad fiscal

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Los contratos de Participación Público Privada (PPP) se crearon por ley en 2016 y actualmente se están iniciando las primeras licitaciones. Integran al sector público nacional con el privado con el objeto de desarrollar diversos proyectos, aunque largó con rutas, explicó Martín Caranta, del estudio Lisicki, Litvin y Asoc.
El régimen permite constituir una sociedad de propósito específico, de fideicomisos o de otro tipo de vehículos o de esquemas asociativos para la ejecución de la contratación.
Las sociedades de objeto específico y fideicomisos podrán realizar oferta pública de títulos negociables.
Las empresas que vayan de ser parte de este tipo de contrataciones deberán prestar especial atención al flujo de ingresos y egresos, puntualizó Caranta.
El contratista PPP tendrá a su cargo todos los egresos por obras principales, mantenimiento, operación, etc. En la obra vial, periódicamente la Dirección Nacional de Vialidad evaluará las inversiones realizadas, emitiendo “actas de reconocimiento de inversión” (ARAI) según el avance de las obras.
El pago por las obras realizadas provendrá de un vehículo específico (Fideicomiso PPP) que se nutrirá con ingresos de impuestos al gasoil y otros recursos.
La contraprestación pública por las obras realizadas se realizará bajo dos títulos: de reconocimiento por la inversión (TPI) y por disponibilidad (TPD).
El Contratista PPP también percibirá la “contraprestación por uso”, que provendrá de peajes, excesos de carga, áreas de servicio, y servicios para terceros.
A diferencia de lo que sucedía en los contratos de obra pública, el Contratista PPP no recibirá un anticipo financiero, sino que deberá recurrir a entidades financiadoras, para poder afrontar las erogaciones iniciales, enfatizó Caranta.
Aspectos tributarios 
En lo que respecta al Impuesto a las Ganancias, la posibilidad de constituir una sociedad de propósito específico obligará a estudiar cuidadosamente los flujos del negocio y optar por una metodología de imputación de ingresos según lo previsto en la ley del tributo para empresas constructoras, indicó Caranta, y recordó que el resultado bruto de las construcciones deberá ser declarado de acuerdo con alguno de los siguientes métodos optativos:
– Asignando a cada período fiscal el beneficio bruto que resulte de aplicar, sobre los importes cobrados, el porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra.
– Asignando a cada período fiscal el beneficio bruto que resulte de deducir del importe a cobrar por todos los trabajos realizados en el mismo, los gastos y demás elementos determinantes del costo de tales trabajos.
En principio, y de acuerdo con las oportunidades de pago que se prevén en forma trimestral para las obras principales, parecería ser que la primera opción tiene más atractivo, afirmó Caranta.
El financiamiento del Contratista PPP es otro punto importante para analizar desde lo impositivo, por varios motivos, enumeró Caranta: país de procedencia y aplicación de Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), la posible obligación de realizar un estudio de precios de transferencia, existencia de vinculación económica, entre otros.
La moneda de pago de los TPI (ex adelanto de obra) será el dólar estadounidense. Ante ello, las diferencias de cambio seguramente tendrán cierto protagonismo. Tal es así, que está prevista la celebración de un contrato derivado (currency collar) con el Fideicomiso PPP para cubrir la diferencia cambiaria.
En el IVA, la retribución en dólares también será un elemento a analizar. Es que, de acuerdo a una vieja interpretación de la AFIP, si la facturación es en moneda extranjera y el pago también, no corresponde considerar a la diferencia de cambio como base del impuesto, precisó Caranta.
Esta el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aunque por lo general la opinión de las distintas agencias tributarias se inclina por incluir en la base imponible la diferencia de cambio, existen algunos pronunciamientos en contrario, concluyó Caranta. (Cronista)
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