presión fiscal

ARCA elimina la exención y las fintech deberán pagar el impuesto al cheque

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió que las billeteras digitales no bancarias comiencen a tributar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, una decisión que encarece el uso de plataformas como Mercado Pago y otras fintech de consumo masivo. La medida redefine el esquema vigente desde 2001 y tiene impacto directo sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), en un contexto de creciente presión fiscal y reordenamiento del sistema financiero digital.

A partir de esta definición administrativa, operar con billeteras virtuales será más caro, ya que los movimientos de fondos quedarán alcanzados por el llamado impuesto al cheque, con una alícuota total del 1,2% por operación (0,6% para el emisor y 0,6% para el receptor), siempre que una de las partes sea una persona jurídica.

Fin de una exención histórica y nuevo criterio fiscal

Hasta ahora, las fintech no bancarias se encontraban exentas del impuesto, al igual que los bancos tradicionales, bajo el esquema que rige desde la creación del tributo en 2001, en plena crisis económica e institucional. El impuesto, pensado originalmente como una herramienta transitoria, se consolidó con el paso del tiempo como uno de los instrumentos de recaudación más efectivos, representando una erogación multimillonaria para empresas y consumidores.

La decisión de ARCA implica un cambio de criterio: las billeteras virtuales dejan de ser tratadas de forma similar a los bancos y pasan a tributar como otros actores del sistema financiero ampliado. En noviembre de 2024, el Gobierno ya había avanzado en esta dirección al reincorporar al impuesto a las billeteras vinculadas a operaciones con criptomonedas. Ahora, el alcance se extiende al resto de las plataformas digitales no bancarias.

A quiénes alcanza el impuesto y cómo se aplica

La medida impacta principalmente sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), figura bajo la cual opera la mayoría de las billeteras virtuales del mercado. Entre las plataformas alcanzadas se encuentran Mercado Pago, la de mayor volumen de operaciones, y otras como App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box y Claro Pay, entre similares.

El Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios establece una alícuota del 0,6% sobre cada movimiento de fondos, tanto para quien envía como para quien recibe el dinero. No se aplica a transferencias entre particulares o monotributistas, pero sí cuando interviene una persona jurídica, lo que afecta de lleno a comercios, empresas y operaciones comerciales canalizadas a través de estas plataformas.

Para fundamentar la decisión, ARCA sostuvo que las billeteras digitales no están inscriptas en los regímenes 375 y 376 del impuesto, diseñados originalmente para entidades bancarias. En ese marco, las únicas fintech que quedan excluidas son aquellas que cuentan con licencia bancaria, las cuales mantienen la exención vigente para los bancos tradicionales.

Impacto en el sector y estrategias en evaluación

La resolución genera tensión en el ecosistema fintech, que advierte sobre un posible traslado del mayor costo fiscal a comercios y usuarios finales, encareciendo los medios de pago digitales. Al mismo tiempo, abre un debate sobre la competencia regulatoria entre bancos y plataformas tecnológicas.

Frente a este nuevo escenario, algunas fintech evalúan avanzar hacia la obtención de licencias bancarias como alternativa para quedar excluidas del impuesto. Mercado Pago ya inició ese proceso y se encuentra a la espera de la autorización del Banco Central, un paso que podría redefinir su rol dentro del sistema financiero argentino.

La decisión de ARCA marca un punto de inflexión en la regulación de las billeteras virtuales, con implicancias económicas, fiscales e institucionales que reconfiguran el mapa de los pagos digitales en la Argentina.

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Las pymes apuestan a reformas laborales, impositivas y financieras para volver a crecer

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Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) miran a 2026 como un punto de inflexión. Para los dirigentes nucleados en la Confederación Económica de Misiones (CEM), el próximo año concentra expectativas concretas de que las reformas estructurales que ya comenzaron a discutirse a nivel nacional —y que el sector reclama desde hace décadas— tengan finalmente el contenido y el impacto necesarios para devolver competitividad, reactivar el consumo y generar empleo sin temor. En un contexto de ajuste fiscal y objetivo de Déficit Cero, las pymes plantean una agenda clara: reducir costos, ordenar el sistema laboral, aliviar la presión impositiva y reconstruir un esquema financiero compatible con la rentabilidad real de las empresas.

El desafío no es menor. Tras un ciclo económico que dejó a muchas firmas sin espalda financiera, el sector entiende que sin actividad económica sostenida ninguna reforma será viable en el tiempo. Por eso, el foco está puesto tanto en las decisiones nacionales como en su necesario correlato provincial y municipal.

Reforma laboral e impositiva: bajar el costo, no el salario

Desde la CEM, que agrupa a más de 30 cámaras empresarias de Misiones, la prioridad está puesta en influir en el debate legislativo. “Cerramos el 2025 e iniciamos el 2026 con el foco de la actividad dirigencial pyme puesto en fortalecer el diálogo y la información brindada a legisladores nacionales, de manera tal de ponerlos al tanto de la situación del sector”, señaló Guillermo Fachinello, presidente de la entidad.

En materia de Reforma Laboral, la posición es tajante: el problema no es el salario, sino el costo laboral. Las pymes dependen del consumo y, por lo tanto, bajar ingresos no es una opción. El reclamo apunta a reducir cargas e introducir cambios que permitan contratar sin el riesgo de una litigiosidad desmedida, que —según advierten— termina fundiendo empresas y no siempre redunda en beneficios directos para los trabajadores.

El planteo se vuelve aún más complejo si se considera el marco macroeconómico actual. El Gobierno Nacional sostiene el objetivo de Déficit Cero, lo que obliga a pensar reformas que alivien al sector privado sin desbalancear las cuentas públicas. En paralelo, las pymes reclaman una Reforma Impositiva propia, con instrumentos pensados específicamente para su escala y estructura de costos, que les permita seguir traccionando la economía real.

Financiamiento, consumo y confianza: las claves para volver a invertir

Otro eje central de la agenda pyme es el financiero. La expectativa es que una Reforma Financiera sea inminente y contemple un esquema crediticio acorde a la rentabilidad de las empresas, especialmente en un contexto de baja inflación. En esa línea, Gerardo Díaz Beltrán, secretario de la CEM y secretario del Interior en CAME, insiste en la necesidad de tasas que reflejen la nueva realidad macroeconómica.

El diagnóstico es compartido: pese a la baja del riesgo país y de las tasas de referencia, ese alivio no se trasladó plenamente al crédito productivo. Además, el sector señala que el valor del dinero en el ámbito internacional es sensiblemente mayor al que se toma como referencia para financiar a las pymes locales, lo que profundiza la brecha de competitividad. Tras la eliminación de las Leliq, se espera un gesto concreto del sistema financiero hacia la producción, con mayor flexibilidad y eficiencia.

La reactivación del consumo, en tanto, aparece como una condición necesaria. “Está claro que sin actividad económica, ninguna de las reformas de las cuales estamos hablando tiene sentido”, coinciden los dirigentes empresarios. Sin demanda interna, la baja de costos y el crédito accesible pierden efectividad.

Presión fiscal provincial y tasas municipales

El debate no se agota en la Nación. Las pymes misioneras plantean que las reformas deben generar ecos a nivel provincial y municipal. Reclaman un reacomodamiento del esquema impositivo provincial, una revisión de las tasas municipales y mayor eficiencia en el gasto tanto en empresas públicas como en los distintos niveles del Estado.

No es un reclamo menor: la carga tributaria encabeza desde hace al menos tres años el listado de problemáticas provinciales que más afectan la actividad diaria de las pymes en todos los sectores —industria, comercio, producción y servicios—. A eso se suman regímenes municipales abusivos en varios municipios, que generan impactos negativos directos sobre la actividad y plantean, según el sector, un riesgo institucional para la producción.

En la coyuntura poselectoral, el clima tampoco ayuda. Luis Steffen, director de la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, advierte que “se dio cierto nivel de descreimiento desde el sector pyme hacia el crecimiento tanto para Argentina como para Misiones”. En ese marco, subraya que el país necesita confianza y una tasa de interés razonable para que las inversiones vuelvan y se puedan generar nuevas fuentes de trabajo.

El diagnóstico final es autocrítico. El sector reconoce que atraviesa un fin de ciclo poco beneficioso: “El consumo y la actividad engañosa nos llevó a no tener espalda para soportar el ajuste y avanzar en las transformaciones que hacen falta”, admiten. Por eso, 2026 aparece como una oportunidad clave. No como una promesa abstracta, sino como el año en el que las reformas deberán traducirse en condiciones reales para producir, invertir y volver a crecer.

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La CAC exige a Caputo intervención por normas provinciales que encarecen el comercio interno

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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la proliferación de regímenes provinciales que obligan al pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el ingreso de mercaderías provenientes de otras jurisdicciones. Según la entidad, estas medidas generan barreras al comercio interprovincial, aumentan los costos logísticos y fiscales y constituyen “aduanas interiores” contrarias al espíritu constitucional.

Los casos alcanzan a Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis, Catamarca y Neuquén, donde se aplican regímenes de percepción y pago a cuenta que encarecen la operatoria. Para la entidad empresaria estos regímenes constituyen una seria barrera al comercio interjurisdiccional, generan ineficiencias operativas, aumentan la carga burocrática y elevan los costos de las empresas.

A continuación, se detallan los mismos:

  • Provincia del Chaco – Administración Tributaria Provincial: Resolución General N° 1566 y sus complementarias Resoluciones Generales N° 1570, N° 1588, N° 1594, N° 1707 y N° 2094.
  • Provincia de Formosa – Dirección General de Rentas: Resolución General N° 50/2020 y N° 35/2021.
  • Provincia de Jujuy – Dirección Provincial de Rentas: Resolución General N° 1661/2024 y sus complementaria/modificatoria Resolución General N° 1670/2024 y     N°1713/2025.
  • Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas: Decreto 2913/2007 y Resolución General N° 56/2007 y sus complementarias/modificatorias.
  • Provincia de Salta – Dirección General de Rentas: Decreto No 2419/2009, las Resoluciones     Generales No 12/2016, 07/2023, 15/2023, 04/2024 y 08/2025.
  • Provincia de San Luis – Dirección Provincial de Ingresos Públicos: Resolución General 8/2016 y sus complementarias/modificatorias.
  • Provincia de Catamarca – Administración General de Rentas: Resolución 61/2012.
  • Provincia de Neuquén – Dirección Provincial de Rentas: Proyecto de ley 16.487 ingresado por el Bloque Neuquén Federal, el 5 de marzo de 2024.

En este contexto, la Entidad solicitó la intervención de las autoridades nacionales para garantizar el pleno respeto del marco constitucional y resguardar el normal desenvolvimiento del comercio en el país.

Marco constitucional y reclamo al Gobierno nacional

La CAC fundamentó su rechazo en que el artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional otorga al Congreso la facultad de “regular el comercio con las provincias y de éstas entre sí”, lo cual, según la entidad, invalida cualquier normativa que implique obstáculos locales a la libre circulación de bienes.

En este sentido, reclamó la intervención de las autoridades nacionales para “garantizar el pleno respeto del marco constitucional y resguardar el normal desenvolvimiento del comercio en el país”.

El planteo de la CAC no solo interpela a los gobiernos provinciales, que buscan reforzar su recaudación en un contexto de ajuste fiscal, sino también al Ejecutivo nacional, que debe equilibrar la autonomía tributaria de las provincias con el mandato constitucional de un mercado interno integrado y sin distorsiones.

El reclamo de la Cámara se inscribe en un debate de fondo sobre la presión fiscal y la competitividad del sector privado. La proliferación de regímenes de retención de Ingresos Brutos impacta especialmente en pymes y empresas de logística, que enfrentan sobrecostos administrativos y financieros.

De prosperar la intervención nacional, podrían iniciarse acciones judiciales de inconstitucionalidad o instancias de coordinación fiscal en el marco del Consenso Fiscal. Sin embargo, en un contexto de alta dependencia de las provincias de la recaudación propia, es previsible que surjan resistencias políticas.

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