presión fiscal

¿Paraguay es un espejo en el que mirarse?: la informalidad llega al 20,5% del PIB y alcanza al 60,1% del empleo

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Paraguay se convirtió en una de las referencias más citadas por el presidente Javier Milei cuando habla de competitividad, disciplina fiscal y crecimiento económico. Con una presión tributaria reducida, estabilidad monetaria y una economía que mantuvo dinamismo durante los últimos años, el país vecino aparece como uno de los modelos que la administración libertaria observa con atención.

Sin embargo, detrás de los indicadores macroeconómicos positivos persiste una realidad que condiciona el desarrollo paraguayo: la elevada informalidad laboral y empresarial.

Según estimaciones basadas en cuentas nacionales, la economía informal representa alrededor del 20,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay. Al mismo tiempo, el 60,1% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad, una proporción que se mantiene entre las más altas de la región.

El economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), sostiene que la informalidad no puede explicarse únicamente por la presión impositiva o la burocracia estatal. Se trata de un fenómeno multicausal y estructural, vinculado a factores productivos, educativos e institucionales.

“La informalidad es una parte fundamental del funcionamiento económico paraguayo”, señala en un reportaje del diario Última Hora. Está presente en el comercio callejero, la construcción, el transporte, los servicios domésticos, las actividades agrícolas y miles de pequeños emprendimientos familiares.

Ibarrola advierte que la informalidad no constituye una categoría homogénea. Incluye desde trabajadores de subsistencia que no pueden afrontar los costos de la formalización hasta profesionales y empresarios que optan por permanecer fuera del sistema para aprovechar ventajas tributarias o mayores márgenes de flexibilidad.

Por esa razón, considera que medir exclusivamente la cantidad de trabajadores informales puede conducir a diagnósticos incompletos. Dos países pueden exhibir tasas similares y enfrentar problemas completamente diferentes.

Un modelo que crece pese a la informalidad

Uno de los aspectos más llamativos del caso paraguayo es que el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad.

La experiencia paraguaya contradice parcialmente la idea de que la formalización debe preceder necesariamente al crecimiento. Durante la última década, el país logró consolidar estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y expandir sectores como la agroindustria, la energía y los servicios, aun con una importante porción de la economía funcionando fuera de los registros oficiales.

Para Milei y sus equipos económicos, Paraguay suele representar un ejemplo de competitividad regional. Su esquema tributario simple, el impuesto corporativo reducido, la estabilidad fiscal y el bajo nivel de endeudamiento son frecuentemente mencionados como ventajas frente al modelo argentino.

Sin embargo, los especialistas paraguayos advierten que la informalidad sigue generando costos significativos. Reduce la recaudación fiscal, limita el acceso a la protección social, restringe la productividad y dificulta la construcción de empresas de mayor escala.

Para Ibarrola, la clave de una reducción sostenible de la informalidad no pasa por endurecer sanciones ni multiplicar controles.

La evidencia muestra que los trabajadores con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de acceder a empleos registrados, cobertura médica, aportes jubilatorios y contratos laborales formales. Además, suelen insertarse en empresas más grandes y productivas.

“La educación incrementa la productividad individual y facilita el acceso a mejores empleos. Los mejores empleos generan mayores ingresos y favorecen la inserción formal”, explica.

En esa lógica, la formalización aparece como una consecuencia del desarrollo económico más que como una condición previa.

El economista también cuestiona las estrategias basadas exclusivamente en fiscalización y castigos.

Paraguay enfrenta una paradoja: posee una alta intención regulatoria, pero limitada capacidad para controlar efectivamente el cumplimiento de las normas. Como resultado, muchos programas de formalización terminan mostrando impactos modestos.

Además, una formalización abrupta podría provocar efectos contraproducentes, como cierres de microempresas, aumento del desempleo o caída de ingresos familiares.

Por eso propone políticas centradas en incentivos, reducción de costos administrativos y mejoras concretas en los servicios públicos que reciben quienes ingresan al sistema formal.

El desafío pendiente del modelo paraguayo

La experiencia paraguaya muestra que es posible sostener crecimiento económico, estabilidad fiscal y competitividad aun con elevados niveles de informalidad. Pero también evidencia los límites de ese modelo cuando se busca avanzar hacia mayores niveles de productividad, innovación y desarrollo social.

Mientras Milei señala a Paraguay como una referencia para la economía argentina, el debate en el país vecino gira precisamente sobre cómo resolver una de sus principales asignaturas pendientes.

La informalidad ya no aparece como una anomalía transitoria. Es un fenómeno estructural que representa una quinta parte de la economía paraguaya y más de la mitad de su mercado laboral.

El desafío para Paraguay será mantener las fortalezas que hoy despiertan admiración en parte de la dirigencia argentina sin resignar el objetivo de construir una economía más integrada, productiva y formal.

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Misiones es la sexta provincia de menor presión fiscal sobre los bancos

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El Banco Central de la República Argentina dio un paso técnico con alto impacto político y fiscal: habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas de manera no presencial en cualquier sucursal del país, independientemente del domicilio real del cliente. La medida, ya vigente, apunta a reducir el peso de Ingresos Brutos y otras cargas provinciales y municipales sobre la actividad financiera, uno de los factores que encarecen el crédito en la Argentina.

La decisión reabre una discusión de fondo: cuánto de la tasa que paga un usuario o una empresa responde al riesgo financiero y cuánto corresponde a la presión fiscal aplicada sobre los bancos. En un sistema donde buena parte de las operaciones ya se realizan por canales digitales, el BCRA introduce una posibilidad concreta: que las entidades asignen las cuentas abiertas por internet o por aplicación a sucursales ubicadas en jurisdicciones con menor carga tributaria. La única exigencia operativa es que el banco informe claramente al cliente cuál es la sucursal elegida.

El dato central surge del informe de ADEBA difundido por el propio BCRA: las diferencias entre provincias son muy marcadas. La Pampa encabeza el ranking de mayor presión sobre la actividad financiera, con una alícuota de 9,1% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con alícuotas del 9%. En el otro extremo aparece Santiago del Estero, que aplica 3% sobre el spread, mientras Corrientes tributa 4,7% y Formosa 5,5%.

Misiones queda en la parte media-baja del ranking, pero todavía por encima de las jurisdicciones más competitivas: figura en el puesto 19 sobre 24, con una alícuota del 7,8% sobre Ingresos Brutos. Además, según el cuadro de ADEBA, grava títulos públicos, pero no créditos hipotecarios. Esa combinación la diferencia de provincias como Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y San Luis, que sí registran carga sobre créditos hipotecarios.

El punto más sensible está en la transmisión de esa carga al precio del crédito. En la práctica, una mayor presión de Ingresos Brutos sobre los bancos puede trasladarse a tasas más altas, comisiones o menor incentivo a prestar. Por eso la medida del BCRA opera como una forma indirecta de competencia fiscal: las provincias con menor carga pueden volverse más atractivas para la radicación administrativa de cuentas digitales, aun cuando el cliente viva y opere en otra jurisdicción.

Para Misiones, el nuevo esquema deja una señal ambivalente. Por un lado, no se encuentra entre las provincias de mayor presión, como La Pampa o Buenos Aires. Por otro, tampoco aparece entre las más competitivas. Con 7,8%, queda por debajo del pelotón del 8% y 9%, pero bastante lejos de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa. En un mercado financiero cada vez más digital, esa diferencia puede ganar relevancia.

La discusión excede a los bancos. El BCRA busca empujar una baja de costos en el crédito, pero también tensiona la relación entre Nación y provincias, porque Ingresos Brutos es una fuente clave de recaudación subnacional. El dilema es conocido: aliviar la carga fiscal puede mejorar el acceso al financiamiento; mantenerla sostiene ingresos fiscales en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.

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Ganancias a más trabajadores y monotributo más caro, las nuevas recomendaciones del FMI a Milei

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner sobre la mesa una profunda reforma tributaria para la Argentina. En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el organismo internacional recomendó avanzar con cambios estructurales sobre impuestos clave como Ganancias, IVA y Monotributo, con el objetivo de ampliar la recaudación, reducir distorsiones y simplificar el sistema impositivo argentino.

El informe, difundido tras la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, sostiene que una reforma fiscal integral podría generar ingresos adicionales equivalentes al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con un impacto directo también sobre las provincias, que captarían aproximadamente la mitad de esos recursos adicionales.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta apunta al Impuesto a las Ganancias. El FMI consideró que la reforma impulsada en 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo y dejó a menos del 1% de los empleados formales pagando el impuesto. Aunque en 2024 se produjo una reversión parcial, el organismo advirtió que el piso de exención continúa elevado respecto de los niveles previos.

Por eso, el FMI recomendó reducir el umbral de ingresos y avanzar hacia un esquema donde al menos el 20% de los trabajadores quede alcanzado por Ganancias. Además, propuso simplificar las escalas y armonizar deducciones entre distintas categorías laborales. Según sus estimaciones, esos cambios permitirían incrementar la recaudación en torno al 0,4% del PBI.

El segundo gran eje de la discusión fiscal gira alrededor del Monotributo. El organismo reconoció que el régimen simplificado permitió ampliar la formalización y el acceso a cobertura previsional y sanitaria para pequeños contribuyentes, pero advirtió que actualmente genera fuertes diferencias respecto del régimen general.

El FMI señaló que las brechas entre categorías y los saltos abruptos de carga tributaria desalientan el crecimiento de pequeñas empresas y fomentan fragmentaciones artificiales. En consecuencia, sugirió “alinear” gradualmente el Monotributo con el sistema general, homogeneizar contribuciones sociales y reducir las distorsiones generadas por los topes de facturación. El organismo incluso planteó utilizar herramientas tecnológicas para simplificar la administración tributaria y mejorar el cumplimiento fiscal.

De acuerdo con las proyecciones del FMI, una reforma sobre el Monotributo podría aportar entre 0,4% y 1% adicional del PBI en recursos fiscales.

El documento también incluyó observaciones sobre el IVA. Allí el organismo recomendó avanzar hacia una unificación de alícuotas, reducir regímenes especiales y limitar exenciones tributarias que no tengan un objetivo social claramente definido. Como contrapartida, sugirió implementar mecanismos compensatorios focalizados para sectores vulnerables.

En paralelo, el FMI cuestionó la estructura actual del impuesto a las sociedades, cuya alícuota máxima del 35% consideró elevada respecto de los estándares internacionales. En ese punto, propuso evaluar una tasa fija del 30% y crear un impuesto mínimo basado en facturación para desalentar maniobras de evasión.

El informe también incluyó sugerencias sobre impuestos internos y especiales, particularmente sobre combustibles, tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. El organismo propuso actualizar automáticamente esos tributos por inflación y avanzar hacia un esquema mixto de imposición específica y ad valorem.

En paralelo a la ampliación de la recaudación, el FMI insistió en la necesidad de eliminar progresivamente impuestos considerados “distorsivos”, entre ellos las retenciones a las exportaciones y los gravámenes sobre transacciones financieras. Según el organismo, una reducción gradual de los derechos de exportación podría incrementar la producción agroindustrial, mejorar las exportaciones y aumentar el ingreso de divisas.

El reporte incluso estimó que una eliminación total de las retenciones sobre soja y derivados podría generar unos US$5.000 millones adicionales por año y sumar cerca de 0,4 puntos porcentuales al PBI argentino.

La propuesta del FMI se inscribe dentro de las negociaciones abiertas con el gobierno de Javier Milei y forma parte del compromiso asumido por la administración nacional de presentar antes de fin de año una propuesta de reforma tributaria integral orientada a mejorar la eficiencia, simplificar el sistema y sostener el equilibrio fiscal.

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Desde la provincia reclaman a Nación la eliminación del IVA sobre el agua potable

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Por primera vez en Argentina, un ente regulador provincial impulsa formalmente la reducción y/o eliminación del IVA sobre el agua potable, planteando que resulta incoherente sostener un discurso de baja de impuestos mientras millones de argentinos siguen pagando un 21% sobre un servicio esencial. Es que desde el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones (EPRAC), organismo encargado del control del agua en Misiones, iniciaron un proceso formal para solicitar la reducción de impuestos al estado Nacional.

“Por disposición de nuestro gobernador y con el apoyo de nuestros diputados nacionales, le solicitamos al gobierno nacional que revea el esquema de IVA aplicado a este servicio básico” instó la presidente del EPRAC, Soledad Balán, quien sostuvo que el agua “no puede ser tratada como un bien de lujo” y cuestionó que el Gobierno Nacional mantenga una de las cargas impositivas más altas sobre un recurso básico para la vida cotidiana.

En esa línea, explicó que no es disparatado el pedido ya que hay alimentos de la canasta básica que cuentan con este tipo de beneficios impositivos. “Si Nación realmente quiere sostener coherencia con su discurso liberal y de alivio fiscal, debería empezar por eliminar impuestos sobre servicios esenciales como el agua potable”, expresó la titular del organismo de control de los servicios de agua.

Desde el organismo remarcaron que una reducción del IVA tendría impacto directo sobre las facturas de millones de usuarios y representaría un alivio concreto para las familias en un contexto económico complejo. Además, señalaron que la iniciativa busca abrir una discusión nacional sobre la lógica de seguir cobrando impuestos elevados sobre consumos básicos mientras se habla de reducción de presión fiscal.

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Misiones oficializó la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos en rutas

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El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la suspensión del régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre mercaderías que ingresaban a la provincia y sobre determinadas operaciones vinculadas al transporte de cargas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado el 30 de abril de 2026, y representa uno de los anuncios más esperados por el sector comercial e industrial, luego de que el gobernador Hugo Passalacqua lo anticipara el viernes pasado durante su discurso ante la Legislatura provincial.

Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.

Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.

La decisión instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del sistema previsto en las Resoluciones Generales 56/2007 y 44/2021, que regulaban el pago a cuenta en los puestos de control fiscal sobre rutas.

Hasta ahora, ese mecanismo obligaba a realizar adelantos de Ingresos Brutos sobre productos o mercaderías que ingresaban a Misiones para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito, consignación y también sobre la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el actual contexto macroeconómico, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa sobre la dinámica productiva y comercial, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, el decreto sostiene que la operatoria vigente en los puestos de control fiscal, si bien constituye una herramienta válida de fiscalización, genera en determinadas circunstancias costos financieros y administrativos que terminan afectando la actividad económica.

Por eso, el Gobierno consideró necesario avanzar en una simplificación de procedimientos que reduzca la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria Misiones (ATM), sin resignar los objetivos de control y recaudación.

La norma remarca que se trata de una flexibilización transitoria, sin modificar la estructura normativa vigente, pero permitiendo una administración más eficiente de los recursos estatales y una fiscalización más focalizada en los sectores de mayor riesgo fiscal.

En la práctica, la medida implica el fin de uno de los reclamos históricos de comerciantes, industriales y transportistas, que cuestionaban el impacto financiero que generaban estos adelantos impositivos sobre el capital de trabajo, especialmente en un escenario de caída del consumo y retracción económica.

Durante su mensaje legislativo, Passalacqua había planteado la necesidad de sostener la actividad privada y aliviar cargas que afectan la competitividad provincial, en línea con otras herramientas como los programas Ahora y nuevas medidas de incentivo para el comercio y la producción.

El decreto faculta además tanto al Ministerio de Hacienda como a la Agencia Tributaria Misiones a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del nuevo esquema, que entró en vigencia de manera inmediata desde su publicación oficial.

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