presión tributaria

La encuesta de la CEM revela que las pymes cerraron 2025 con caída del consumo

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La última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), correspondiente a diciembre de 2025, confirma un escenario de estancamiento prolongado para las pymes misioneras, atravesado por la caída del consumo, alta presión tributaria, costos laborales elevados, recesión y fuerte incertidumbre. Sin cambios estructurales a nivel nacional ni provincial, el empresariado adopta estrategias defensivas: resistir, reestructurar y postergar decisiones clave, especialmente en inversión y empleo.

El relevamiento, realizado de manera ininterrumpida desde hace más de dos años por la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, contó en esta edición con la participación de 234 empresarios pyme de distintos sectores económicos de la provincia, lo que permite trazar una radiografía precisa del clima de negocios con el que se cerró 2025 y se inicia 2026.

Actividad estancada, empleo congelado y costos como principal límite

En términos de movimiento económico, diciembre mostró una continuidad respecto de los meses previos. El 41% de los encuestados calificó la actividad como “regular”, mientras que un 26% la consideró “buena” y un 19% “mala”. Solo un 3% señaló un desempeño “muy bueno”, frente a un 8% que lo calificó como “muy malo”.

Este desempeño moderado se traduce en una fuerte cautela en materia laboral. Al igual que en noviembre, más del 83% de las pymes evita tomar decisiones sobre recursos humanos, profundizando una tendencia que se sostiene desde hace varios meses.

Entre los principales obstáculos para contratar personal, los empresarios identificaron a las cargas laborales altas como el factor más relevante (29%), seguidas por la inestabilidad económica (18%), el riesgo sindical (16%) y el miedo a juicios laborales (15%). El dato refleja un mercado laboral rígido, con alto nivel de riesgo percibido para el sector formal.

Presión tributaria, recesión y fronteras: las trabas estructurales según nivel de gobierno

Las problemáticas estructurales que afectan a las pymes se mantienen prácticamente sin cambios respecto de los meses anteriores, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

En el plano nacional, la carga tributaria encabeza el ranking con un 25%, seguida por el costo laboral (21%) y la recesión (17%). También aparecen el financiamiento (10%) y la corrupción (9%), en una combinación que limita la planificación y la inversión productiva.

A nivel provincial, la presión se intensifica: la carga tributaria asciende al 30% y las barreras arancelarias alcanzan el 26%. En tercer lugar se ubica nuevamente la corrupción (18%), seguida por los problemas de infraestructura (10%).

En los municipios, el escenario se complejiza aún más. La principal dificultad señalada es la informalidad y la competencia desleal (20%), seguida por las tasas e impuestos internos (16%), el movimiento comercial fronterizo (12%), la burocracia (10%) y los problemas de infraestructura (10%). También se mencionan la corrupción (9%) y la falta de personal capacitado (8%), factores clave en una economía de frontera como la misionera.

Expectativas moderadas, finanzas ajustadas y estrategias defensivas

En cuanto a las expectativas macroeconómicas, un 47% de los empresarios considera que Argentina crecerá en los próximos seis meses, mientras que un 30% no sabe si habrá crecimiento y un 20% cree que el país no crecerá.

La percepción sobre Misiones es sensiblemente más pesimista: solo el 19% cree que la provincia crecerá en el primer semestre de 2026, frente a un 45% que estima que no habrá crecimiento y un 34% que manifiesta incertidumbre.

Respecto a los precios, más del 66% de los encuestados detectó variaciones acotadas, entre 0% y 5%, lo que refleja un escenario de menor volatilidad nominal, aunque sin impacto directo en la recuperación del consumo.

En el plano financiero, la mora de pagos sigue siendo una señal de alerta. Un 34% indicó que “aumentó levemente”, un 26% que “se mantuvo estable” y un 19% que “aumentó significativamente”, en línea con lo observado durante julio, agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los cheques rechazados, solo el 28% de las pymes no recibe cheques; entre quienes sí los reciben, un 10% reportó rechazos frecuentes, un 21% ocasionales y un 24% raros.

Balance 2025 y punto de partida para 2026

El balance anual es contundente: para el 41% de los empresarios, 2025 fue peor que 2024; para el 30%, fue similar; y solo un 17% lo consideró mejor. En términos de resultados económicos, un 43% logró apenas un equilibrio, un 30% tuvo rentabilidad negativa y solo un 16% alcanzó rentabilidad positiva.

Frente a este contexto, las decisiones empresariales fueron mayoritariamente defensivas. Durante 2025, un 27% redujo inversiones, un 21% postergó pagos, un 12% redujo personal, un 11% redujo horas o actividad y un 9% vendió activos. Apenas un 17% no tomó ninguna de estas medidas.

Los factores que más impactaron en el desempeño empresarial fueron la caída del consumo, la incertidumbre económica, el aumento de costos, la carga fiscal y administrativa, la falta de financiamiento y el endeudamiento previo.

No obstante, el 52% de las pymes afirmó haber logrado adaptarse a las condiciones económicas, aunque con mucho esfuerzo, mientras que un 33% apenas consiguió sostenerse y un 11% se adaptó sin mayores inconvenientes.

El dato final sintetiza el estado del entramado productivo misionero: en 2025, las pymes resistieron (39%), reestructuraron (25%), se achicaron (14%), se endeudaron (10%), invirtieron (8%) y cerraron o pausaron actividades (1%).

De cara a 2026, el punto de partida sigue siendo frágil: un 42% comienza el año en la misma situación que en 2025, un 22% lo hace de forma debilitada, un 21% de forma fortalecida y un 14% directamente en situación de riesgo.

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La presión tributaria cayó 1,1 puntos del PBI en 2025 y fue la más baja en diez años

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La recaudación tributaria nacional cerró 2025 con una baja real del 1% interanual y una caída de 1,1 puntos porcentuales del PBI en la presión tributaria efectiva, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El dato confirma un giro relevante en la política fiscal, con impacto directo sobre las cuentas públicas, el esquema tributario y la relación Nación–provincias.

El año 2025 habría finalizado con una reducción significativa de la presión tributaria efectiva nacional, que se ubicó en el nivel más bajo de los últimos diez años. De acuerdo con el informe de recaudación nacional de diciembre de 2025 elaborado por el IARAF, la relación entre los ingresos tributarios y el tamaño de la economía descendió 1,1 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) respecto de 2024, en un contexto marcado por la eliminación del impuesto PAIS y la reducción de la carga sobre varios tributos clave.

En términos reales, la recaudación tributaria nacional acumulada del año habría registrado un descenso del 1% interanual, sin lograr compensar la baja de impuestos aplicada durante el ejercicio. El informe, fechado el 2 de enero de 2026, se apoya en datos difundidos por ARCA y utiliza como supuesto una inflación mensual del 2,5% para diciembre.

Cinco meses consecutivos de caída y fuerte impacto en derechos de exportación

El informe señala que en diciembre de 2025 se registró la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total, con una baja del 3% real respecto del mismo mes de 2024. Al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual habría sido nula, lo que refleja el peso de estos impuestos en el desempeño global de los ingresos fiscales.

Al analizar el comportamiento por tributo, la mayor caída real interanual correspondió a los derechos de exportación, con un desplome del 58%, incluso sin considerar la eliminación del impuesto PAIS. Según el IARAF, este retroceso estuvo directamente vinculado a la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario.

Le siguieron los impuestos internos, con una baja real interanual del 25%, y Bienes Personales, con una contracción del 19%, explicada por la comparación con una base elevada de diciembre de 2024 y por la reducción de alícuotas.

Entre los tributos de mayor peso, el IVA, principal impuesto del sistema, registró una caída real del 6,8%, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social, segundo rubro en importancia, descendieron un 1,2% real interanual.

En contraposición, los tributos con mayor incremento real en diciembre fueron los derechos de importación (+12,6%), el impuesto a las ganancias (+9,7%) y el impuesto a los combustibles (+5%), mostrando una recomposición parcial de ingresos por la vía del comercio exterior y el consumo específico.

Un año completo en retroceso y presión tributaria en mínimos históricos

Considerando el total de 2025, la recaudación tributaria nacional habría caído un 1% real respecto de 2024. Sin embargo, el informe aclara que, si se excluyen los tributos vinculados al comercio exterior, la recaudación total habría aumentado un 4,5% real interanual, lo que pone en evidencia el efecto contractivo de la política tributaria sobre ese segmento.

En el acumulado anual, los tributos con mayor caída real fueron Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e internos coparticipados (-11,7%). En sentido inverso, los mayores incrementos se observaron en el impuesto a los combustibles (+42,9%), derechos de importación (+22,3%) y seguridad social (+13,8%).

El relevamiento histórico del IARAF muestra que la recaudación tributaria nacional de 2025 se ubicó en el noveno lugar de los últimos diez años, bajo un orden de mayor a menor, y fue 6,6% inferior en términos reales a la de 2023.

Más contundente aún es el dato sobre presión tributaria efectiva: en el período 2016–2025, el año 2025 ocupa el último lugar, consolidando una tendencia descendente que redefine el esquema de ingresos del Estado nacional y abre interrogantes sobre su sostenibilidad fiscal y el financiamiento de políticas públicas.

Implicancias fiscales y desafíos hacia adelante

El informe del IARAF refleja un cambio estructural en la relación entre el Estado y la economía, con menor presión tributaria pero también con menores recursos reales disponibles. Este escenario impacta de lleno en la capacidad fiscal de la Nación, en el esquema de coparticipación y en la planificación presupuestaria, especialmente en un contexto donde la recaudación muestra señales persistentes de debilidad.

La evolución de los ingresos tributarios en 2026 dependerá, en gran medida, del desempeño de la actividad económica, de la dinámica del comercio exterior y de eventuales ajustes en la política impositiva. Por ahora, los datos confirman que 2025 marcó un punto de inflexión en la presión tributaria argentina.

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Inocencia Fiscal, suben los montos de evasión y se simplifica Ganancias para grandes patrimonios

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El Senado sancionó este viernes la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que redefine el esquema de control tributario en la Argentina y busca fomentar la formalización de dólares adquiridos en el mercado informal. La norma introduce cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario, en los procedimientos fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que, según el Gobierno, “blinda para siempre” a los contribuyentes que adhieran.

La ley se inscribe en la estrategia del presidente Javier Milei de reducir la presión fiscal, modificar la lógica de fiscalización del Estado y promover el regreso del ahorro a la economía formal, con impacto directo en la recaudación, el crédito y la relación entre el fisco y los contribuyentes

El nuevo régimen simplificado de Ganancias y el alcance patrimonial

Uno de los ejes centrales de la Ley de Inocencia Fiscal es la creación de un “Régimen simplificado de Ganancias”, destinado a contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones. Quienes adhieran quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales y tampoco estarán sujetos al control de consumos personales.

En la práctica, esto implica que ARCA sólo cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, independientemente del crecimiento patrimonial del contribuyente, que no será objeto de fiscalización. Sobre esa base imponible, se deducirán los consumos, en un esquema automatizado que busca simplificar las declaraciones juradas.

El artículo 39 del proyecto establece el denominado “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y realiza el pago en término, quedará liberado de futuras acciones, excepto en los casos en que se hayan omitido ingresos.

Según explicó el ex titular de ARCA, Juan Pazo, el sistema permitirá que “el organismo le presente al ciudadano cuánto debería pagar basándose en facturas y gastos deducibles, y el usuario simplemente revisa y edita”, garantizando además la privacidad de los gastos personales, que pasarán a ser anónimos para quienes adhieran.

Cambios penales, prescripción y sanciones tributarias

La ley introduce modificaciones sustanciales al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769). El monto mínimo para que una conducta sea considerada evasión simple se eleva de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que el piso para la evasión agravada pasa a ser de $1.000 millones, frente a los $15 millones vigentes hasta ahora.

En paralelo, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años, acotando el horizonte temporal de fiscalización del fisco. La norma también establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y sus intereses, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia aún no estuviera radicada, la acción penal quedará extinguida siempre que el contribuyente pague las obligaciones adeudadas más un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el espíritu general del proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, la ley endurece el régimen sancionatorio económico al aumentar las multas por la presentación fuera de término de las declaraciones juradas, buscando desalentar incumplimientos formales.

Un cambio de paradigma en el control fiscal

En declaraciones radiales, Juan Pazo calificó al sistema anterior como un “régimen soviético”, en el que “se trataba a todos los ciudadanos como delincuentes”, mientras que la informalidad deliberada y sofisticada no era eficazmente perseguida. Según explicó, la acumulación de información irrelevante —desde consumos mínimos con tarjeta hasta gastos básicos de luz y gas— impedía detectar maniobras complejas.

“El país pasa de un régimen persecutorio, donde todos eran culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario, a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes y libres de disponer el fruto de nuestro esfuerzo”, sostuvo el exfuncionario. En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema permitirá denunciar ante el Poder Judicial solo cuando existan movimientos financieros sin sostenibilidad.

Pazo vinculó la formalización del ahorro con el acceso al crédito, al señalar que el objetivo es corregir distorsiones estructurales: “No puede ser que en este país te compres un par de zapatillas en 24 cuotas y una casa al contado”. Además, destacó que la actual administración logró reducir la presión tributaria en más de 2,5 puntos del PBI, sentando las bases para futuras bajas de impuestos.

Finalmente, justificó su salida del organismo tras dos años de gestión como un gesto de normalidad republicana, agradeciendo al presidente Milei y al ministro Caputo por la oportunidad, y calificando la Ley de Inocencia Fiscal como un cambio fundacional en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

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