presión tributaria

CAME rechazó la reforma tributaria sugerida por el FMI y pidió un nuevo Consenso Fiscal

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones tributarias formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y advirtió que las propuestas apuntan a aumentar la carga sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin resolver los problemas estructurales que afectan la competitividad del sector productivo.

El organismo internacional planteó ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, extender el alcance del IVA sobre bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.

Para CAME, estas iniciativas tienen un efecto regresivo porque reducen el ingreso disponible de las familias, encarecen la formalidad y afectan el consumo interno, uno de los principales motores de la actividad económica.

“La discusión tributaria está enfocada en el lugar equivocado”, señalaron desde la entidad empresaria, al sostener que el principal problema fiscal para las pymes no se encuentra en los impuestos nacionales sino en la estructura tributaria provincial y municipal.

El foco de la crítica: Ingresos Brutos y las tasas municipales

Según el análisis de CAME, el verdadero obstáculo para la inversión, la producción y la generación de empleo formal es la acumulación de impuestos subnacionales, especialmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y diversas tasas municipales.

La entidad explicó que estos tributos se aplican sobre la facturación y no sobre la rentabilidad, por lo que impactan incluso sobre empresas que registran márgenes reducidos o pérdidas.

Además, advirtió que el denominado “efecto cascada” de Ingresos Brutos incrementa los costos en cada etapa de la cadena productiva y termina trasladándose a precios, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Otro de los puntos cuestionados es el sistema de retenciones y percepciones provinciales, que genera saldos a favor difíciles de recuperar y obliga a las empresas a financiar involuntariamente a los fiscos locales.

Un préstamo forzoso al Estado

CAME sostiene que las retenciones anticipadas aplicadas por las provincias suelen superar el impuesto efectivamente adeudado por los contribuyentes.

Qué propone el FMI para Argentina

  • Ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores.
  • Extender el IVA a bienes y servicios actualmente exentos.
  • Modificar el régimen de Monotributo elevando categorías.
  • Incrementar la recaudación tributaria de manera permanente.

Como consecuencia, miles de empresas acumulan créditos fiscales que pueden tardar años en recuperarse, perdiendo valor por efecto de la inflación.

La entidad remarcó que este mecanismo afecta especialmente al capital de trabajo de las pymes y funciona, en la práctica, como un financiamiento sin costo para los gobiernos provinciales.

La propuesta: un Nuevo Consenso Fiscal

Frente a este escenario, CAME propuso convocar a un Nuevo Consenso Fiscal entre Nación, provincias y municipios para avanzar en una reforma integral del sistema tributario subnacional.

El objetivo sería armonizar criterios, transparentar los regímenes de recaudación y reducir las distorsiones que afectan la competitividad empresarial.

La entidad considera que el acuerdo debería incluir una transformación gradual de Ingresos Brutos para eliminar su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrar la tributación en la venta final al consumidor, siguiendo una lógica similar a la del IVA.

Asimismo, plantea establecer reglas uniformes para las devoluciones de saldos a favor, limitar las retenciones excesivas y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones.

Las 6 bases del Nuevo Consenso Fiscal que propone CAME

  1. Armonizar criterios tributarios entre provincias.
  2. Limitar retenciones y percepciones excesivas.
  3. Agilizar la devolución de saldos a favor.
  4. Transparentar tasas municipales.
  5. Reducir el efecto cascada de Ingresos Brutos.
  6. Fortalecer la coordinación fiscal entre jurisdicciones.

Desde CAME sostienen que aumentar la carga sobre salarios y consumo no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.

Por el contrario, afirman que una mayor presión tributaria sobre trabajadores y pequeños contribuyentes podría afectar la demanda interna, desalentar la formalización y reducir la actividad económica.

“La competitividad no se recupera aumentando impuestos sobre quienes producen, trabajan y consumen, sino eliminando los tributos distorsivos que encarecen la inversión y la generación de empleo”, concluyó la entidad.

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ARCA endurece controles sobre Ganancias y pone bajo revisión beneficios de la “inocencia fiscal”

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El organismo detectó inconsistencias en deducciones informadas por trabajadores en relación de dependencia y activó controles electrónicos preventivos. La preocupación crece entre contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado impulsado por el Gobierno, ante el riesgo de perder el “tapón fiscal”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una revisión masiva sobre deducciones declaradas en el Impuesto a las Ganancias por trabajadores en relación de dependencia y encendió una señal de alerta en torno al Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los instrumentos centrales del esquema de “inocencia fiscal” promovido por el Gobierno nacional.

El organismo comenzó a cruzar información entre las declaraciones realizadas mediante el Siradig y las liquidaciones anuales confeccionadas por empleadores a través del formulario F.1359. El resultado preliminar mostró inconsistencias en distintos conceptos deducidos, especialmente vinculados a gastos de indumentaria, equipamiento profesional, aportes previsionales, vehículos utilizados por corredores y viajantes, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y cargas de familia.

La situación adquirió mayor sensibilidad porque ARCA advirtió que esas diferencias podrían derivar en “discrepancias significativas”, una categoría que puede afectar directamente el acceso y permanencia dentro del Régimen Simplificado de Ganancias.

El “tapón fiscal” entra en zona de tensión

El régimen impulsado por el Ministerio de Economía fue presentado como una herramienta destinada a facilitar la formalización patrimonial y permitir la exteriorización de ahorros no declarados sin quedar expuestos a revisiones retrospectivas amplias.

La pieza clave del esquema es el denominado “tapón fiscal”: una limitación a futuras investigaciones sobre variaciones patrimoniales de períodos anteriores.

Sin embargo, el beneficio no es automático ni irrestricto. La normativa vigente establece que ARCA puede revisar la situación de los contribuyentes cuando detecte diferencias relevantes entre lo declarado y el impuesto efectivamente determinado por el organismo.

Actualmente, una diferencia igual o superior al 15% podría ser considerada una “discrepancia significativa”, un umbral que comenzó a generar preocupación entre trabajadores adheridos o interesados en ingresar al régimen antes del cierre del plazo de adhesión.

Las comunicaciones oficiales ya comenzaron a llegar a través de los domicilios fiscales electrónicos de cientos de contribuyentes.

Por ahora, especialistas tributarios remarcan que las notificaciones emitidas por ARCA no constituyen intimaciones formales ni determinaciones de deuda.

Se trata de acciones preventivas encuadradas dentro del Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), una herramienta de fiscalización digital utilizada por el organismo para corregir inconsistencias antes de que las liquidaciones queden firmes.

Sin embargo, detrás del procedimiento técnico también aparece una señal política y fiscal relevante: el Gobierno busca ampliar la base de formalización sin resignar capacidad de control tributario.

El equilibrio es delicado. La administración de Javier Milei intenta consolidar un discurso de menor presión estatal y simplificación impositiva, pero al mismo tiempo necesita preservar herramientas de fiscalización en un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de sostener recaudación.

Economía revisa el impacto del régimen

La preocupación generada por las observaciones de ARCA coincidió con la decisión oficial de extender hasta fines de julio el plazo de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

En paralelo, el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con especialistas tributarios para analizar el alcance de las discrepancias detectadas y evaluar posibles ajustes reglamentarios que eviten desalentar el ingreso de contribuyentes al sistema.

El punto sensible es que el régimen fue diseñado como uno de los mecanismos para incentivar la incorporación de ahorros y activos no formalizados al circuito económico. Cualquier percepción de inseguridad tributaria podría afectar esa estrategia.

Para ARCA, el objetivo es reducir inconsistencias antes de judicializar conflictos fiscales. Para los contribuyentes, en cambio, el desafío pasa por sostener el acceso a beneficios sin quedar expuestos a revisiones posteriores que puedan comprometer la estabilidad tributaria prometida por el régimen.

La dinámica abierta por ARCA revela que el Régimen Simplificado de Ganancias aún atraviesa una etapa de ajuste operativo y político.

El Gobierno necesita que el esquema gane volumen y legitimidad para transformarse en una herramienta efectiva de formalización. Pero al mismo tiempo busca evitar que el régimen sea utilizado para consolidar deducciones improcedentes o inconsistencias patrimoniales.

La tensión entre flexibilización y control quedó ahora expuesta en el corazón del nuevo esquema tributario.

Los próximos meses serán decisivos para determinar si el sistema logra consolidarse como incentivo a la formalización o si las dudas regulatorias terminan limitando su alcance.

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ARCA extiende vencimientos de Ganancias y Bienes Personales

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero postergó hasta fines de julio las presentaciones y pagos correspondientes al período fiscal 2025. La medida responde a reclamos de entidades profesionales y descomprime la presión administrativa sobre personas humanas, aunque también corre parte de la recaudación hacia el segundo semestre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero formalizó una prórroga excepcional para la presentación de declaraciones juradas y el pago de saldos de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales e impuesto cedular correspondientes al período fiscal 2025. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución General 5851/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida habilita a personas humanas y sucesiones indivisas a cumplir esas obligaciones hasta el 27 de julio de 2026, mientras que las declaraciones informativas vinculadas a determinados regímenes de rentas podrán presentarse hasta el 31 de julio.

Detrás de la decisión aparece una señal política y administrativa concreta: el organismo aceptó el planteo realizado por entidades profesionales de ciencias económicas, que venían reclamando más tiempo para completar liquidaciones tributarias en un escenario de creciente complejidad normativa y fuerte carga operativa.

La prórroga alcanza a Ganancias, Bienes Personales e impuesto cedular

La resolución firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andres Edgardo Vazquez, modifica de manera excepcional el calendario previsto por la normativa vigente.

El nuevo esquema incluye: Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. Impuesto sobre los Bienes Personales. Impuesto cedular. Declaraciones juradas informativas vinculadas a determinados niveles de ingresos.

Según el texto oficial, la extensión alcanza tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes están adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

ARCA justificó la decisión en “razones de administración tributaria” y en la necesidad de facilitar el cumplimiento fiscal.

La medida no modifica la carga tributaria ni introduce beneficios fiscales directos. El cambio es operativo y financiero: desplaza hacia finales de julio obligaciones que originalmente vencían antes.

El Gobierno sostiene recaudación, pero flexibiliza tiempos

La decisión de ARCA aparece alineada con una lógica de administración tributaria más pragmática: sostener niveles de cumplimiento sin escalar conflictos operativos con contribuyentes y profesionales.

El punto a seguir será si esta flexibilización queda limitada al calendario 2026 o anticipa futuras revisiones en esquemas de vencimientos y regímenes informativos.

Por ahora, la señal oficial es puntual: el Gobierno no resigna impuestos, pero acepta extender tiempos en un contexto donde la capacidad operativa del sistema tributario quedó bajo presión.

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Impuesto al cheque: ARCA cambia vencimientos y le da aire financiero a bancos y grandes operadores en semanas clave del año

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó de manera excepcional los vencimientos del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios —conocido como “impuesto al cheque”— para tres períodos específicos de 2026. La decisión impacta de forma directa sobre entidades financieras y agentes de percepción, pero también genera efectos indirectos sobre la cadena comercial y productiva, especialmente en provincias como Misiones, donde la circulación bancaria está fuertemente vinculada al comercio fronterizo, el turismo y las economías regionales.

La Resolución General 5847/2026 estableció nuevas fechas para el ingreso del tributo correspondiente a operaciones realizadas entre el 16 y el 22 de mayo, noviembre y diciembre. Aunque técnicamente se trata de una adecuación administrativa, el movimiento revela una cuestión de fondo: el Gobierno busca administrar con mayor flexibilidad los flujos de caja tributarios en semanas de elevada demanda financiera y presión sobre el sistema de pagos.

ARCA dispuso que los agentes de liquidación y percepción del impuesto ingresen los montos retenidos en fechas distintas a las previstas originalmente por el calendario fiscal.

Nuevos vencimientos excepcionales

  • Operaciones del 16 al 22 de mayo de 2026: vencen el 26 de mayo
  • Operaciones del 16 al 22 de noviembre de 2026: vencen el 25 de noviembre
  • Operaciones del 16 al 22 de diciembre de 2026: vencen el 23 de diciembre

La medida alcanza principalmente a bancos y entidades financieras, pero el impacto operativo se derrama sobre empresas, cadenas comerciales y sectores con alta rotación bancaria.

En economías metropolitanas, el impuesto al cheque suele analizarse como un costo financiero más dentro de estructuras empresariales de gran escala. En Misiones, el efecto es distinto porque la provincia tiene una dinámica de liquidez mucho más sensible.

A eso se suma un factor estructural: las asimetrías fronterizas con Paraguay y Brasil. Cuando el tipo de cambio, los impuestos o los costos financieros internos se encarecen, parte del consumo migra hacia Encarnación o Foz do Iguaçu. Por eso, cualquier modificación en la administración tributaria sobre operaciones bancarias tiene efectos más sensibles que en distritos cerrados al comercio internacional cotidiano.

El impuesto más silencioso del sistema

El impuesto sobre créditos y débitos bancarios fue creado como un tributo transitorio, pero terminó convirtiéndose en una fuente permanente de recaudación nacional. La particularidad es que grava el movimiento financiero, incluso antes de que exista rentabilidad.

Para las pymes misioneras esto implica un problema estructural: una empresa puede pagar impuesto al cheque aun operando con márgenes mínimos o incluso con pérdida.

En sectores como yerba mate, madera o comercio mayorista, donde existen múltiples transferencias dentro de la cadena productiva, el tributo se acumula varias veces sobre el mismo flujo económico.

Aunque la resolución no modifica alícuotas ni crea beneficios fiscales, la decisión de alterar vencimientos específicos suele responder a necesidades de administración financiera del Estado y del sistema bancario.

Los tres períodos elegidos no son casuales: Mayo: etapa de fuerte movimiento comercial post cosecha gruesa y previo al invierno turístico. Noviembre: meses de alta demanda financiera empresarial. Diciembre: máxima tensión estacional sobre pagos, aguinaldos y consumo.

El corrimiento de fechas permite reorganizar temporalmente el flujo de ingresos tributarios y aliviar cargas operativas de percepción en semanas de elevada actividad.

Impacto para empresas y comercios

Para el empresariado regional, la resolución no implica una baja impositiva, pero sí una señal de flexibilidad administrativa. Efectos prácticos mejora transitoria del manejo de liquidez para agentes financieros. Menor presión operativa en semanas de alta transaccionalidad. Posible alivio indirecto en tiempos de acreditación y conciliación bancaria. Y reordenamiento del flujo fiscal antes de cierres mensuales y estacionales.

Sin embargo, el núcleo del problema sigue intacto: el impuesto al cheque continúa siendo uno de los tributos más cuestionados por las economías regionales debido a su efecto cascada sobre costos operativos.

En Misiones, el debate sobre competitividad no pasa solamente por el dólar o los salarios. También se juega en la estructura impositiva acumulativa.

El comercio formal de frontera compite contra sistemas tributarios más livianos en Paraguay y Brasil. Cuando una pyme misionera paga impuesto al cheque, Ingresos Brutos, costos logísticos y financiamiento bancario elevado, pierde margen frente a operadores informales o mercados vecinos con menor presión fiscal.

Por eso, cámaras empresariales vienen reclamando hace años mecanismos diferenciales para provincias fronterizas, argumentando que la estructura tributaria nacional no contempla las particularidades del NEA.

La resolución de ARCA parece menor dentro del volumen normativo diario, pero funciona como termómetro de una administración tributaria que empieza a moverse con criterios más financieros que recaudatorios puros.

La señal relevante para el sector privado no es el cambio de fechas en sí mismo, sino la posibilidad de que el Gobierno avance hacia esquemas más flexibles de administración fiscal en momentos de tensión de liquidez.

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Misiones extiende medidas de alivio fiscal hasta diciembre y refuerza la baja de la presión tributaria

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El Gobierno de Misiones profundiza su estrategia de alivio tributario con la extensión hasta diciembre de 2026 de una serie de beneficios fiscales orientados a profesionales, empresas y contribuyentes que desarrollan actividad en la provincia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de dos herramientas clave: la bonificación del 30 por ciento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia y la prórroga de la suspensión del artículo 9 de la Resolución General 18/10, vinculada al régimen de autorretención.

“Informo la extensión de las medidas de alivio fiscal hasta diciembre de 2026. Nuestro compromiso es seguir brindando previsibilidad y apoyo a quienes impulsan la economía”, expresó el mandatario provincial.

En ese marco, Passalacqua remarcó que los profesionales seguirán contando con una bonificación del 30 por ciento en Ingresos Brutos en todo el territorio provincial, una herramienta que apunta a reducir costos operativos y mejorar la competitividad de sectores independientes, especialmente en servicios, asesoramiento técnico, salud, arquitectura, ingeniería, abogacía y otras actividades liberales.

Además, se mantendrá suspendida hasta fin del próximo año la aplicación del artículo 9 de la Resolución General 18/10, lo que implica la continuidad de la pausa sobre el esquema de autorretención, una medida largamente reclamada por sectores empresariales y productivos por el impacto financiero que generaba sobre el capital de trabajo.

Se suma a la eliminación del pago a cuenta en los controles de ingreso

La decisión se enmarca en una política más amplia de reducción de presión tributaria que tuvo un punto central el pasado 1 de mayo, cuando Passalacqua anunció en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes la eliminación del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los controles de ingreso a la provincia. La medida se tomó tras la inclusión de un artículo en el Presupuesto aprobado por la Legislatura, que lo autorizaba a mover las alícuotas y modificar políticas fiscales.

Posteriormente, la medida fue formalizada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, dejando sin efecto un régimen vigente desde 2007 que obligaba a anticipar tributos sobre productos y mercaderías que ingresaban al territorio misionero.

Ese esquema había sido cuestionado por distintos sectores comerciales e industriales por generar sobrecostos, afectar la competitividad y dificultar la operatoria de empresas que abastecen el mercado local.

La eliminación fue celebrada por la Confederación Económica de Misiones y por cámaras empresariales, que interpretaron la decisión como una señal concreta de acompañamiento en un escenario marcado por caída del consumo, menor actividad y fuerte deterioro de la recaudación.

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