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ANSES ajusta 2,15% las asignaciones familiares desde julio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los límites de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a estos beneficios. La actualización comenzará a regir para las prestaciones correspondientes a julio de 2026 y replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, siguiendo el esquema de movilidad mensual vigente.

La medida, formalizada mediante la Resolución 187/2026, tiene un alcance que trasciende a los beneficiarios directos. Para las economías regionales, especialmente en provincias como Misiones y el resto del NEA, donde una porción significativa del consumo depende de ingresos provenientes de prestaciones sociales, la actualización representa un refuerzo del ingreso disponible de miles de hogares, aunque en línea con la inflación y sin generar una mejora del poder adquisitivo real.

El ajuste responde al mecanismo de movilidad establecido tras la reforma previsional vigente, que dispone la actualización mensual de las asignaciones familiares utilizando como referencia la evolución del IPC publicado por el INDEC.

Además de incrementar los montos, la resolución actualiza los rangos de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan cuánto percibe cada trabajador registrado, jubilado, monotributista o beneficiario alcanzado por el régimen.

Uno de los aspectos relevantes para empleadores y áreas de recursos humanos es que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos permanezca por debajo del límite general establecido.

Cuáles son los principales montos desde julio

Entre las prestaciones con mayor alcance se destacan los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

Los principales valores serán:

  • AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
  • AUH Zona Patagónica: $192.464.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $74.033.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041, según ingresos familiares.
  • Nacimiento: $86.295.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Adopción: $515.930.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para los monotributistas, las asignaciones por hijo y prenatal continuarán diferenciándose por categoría:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D a H: $15.586.

Impacto en el consumo y en las economías regionales

Aunque el incremento mantiene el poder de compra frente a la inflación, su efecto económico adquiere mayor relevancia en localidades donde las transferencias sociales representan una parte importante de los ingresos familiares.

En el NEA, el aumento alcanza no sólo a titulares de la AUH, sino también a trabajadores registrados, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), veteranos de guerra, perceptores de prestaciones por desempleo y pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo.

Desde la perspectiva comercial, estas actualizaciones sostienen parte del consumo de bienes esenciales —alimentos, medicamentos, indumentaria escolar y productos de primera necesidad—, segmentos con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas regionales.

Qué cambia para empleadores y trabajadores

La resolución también actualiza los parámetros utilizados para determinar el acceso a las asignaciones familiares dentro del empleo formal.

Entre los aspectos que deberán considerar empresas y trabajadores figuran actualización del 2,15% en todos los montos alcanzados por movilidad. Nuevos rangos de ingresos familiares para calcular las asignaciones. Exclusión automática del beneficio cuando un integrante supere ingresos mensuales de $3.034.844. Vigencia para prestaciones y hechos generadores ocurridos desde julio de 2026.

La continuidad del esquema de actualización mensual consolida un mecanismo que evita el rezago de las prestaciones frente a la inflación, pero también implica que los ingresos de los beneficiarios evolucionen al ritmo de los precios y no por encima de ellos. Para el comercio minorista y las economías regionales, el principal indicador será si la desaceleración inflacionaria permite que futuras actualizaciones comiencen a traducirse en una recuperación efectiva del consumo interno.

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ANSES relanza su programa de atención en empresas y organismos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el programa “ANSES Va a Tu Trabajo”, una herramienta que permite gestionar trámites previsionales y de seguridad social directamente desde empresas, organismos públicos, entidades intermedias y organizaciones del tercer sector. La modificación no implica nuevos beneficios económicos, pero sí reorganiza la estructura operativa y amplía el alcance institucional del esquema, con impacto potencial en la reducción de tiempos administrativos para empleadores y trabajadores.

La Resolución 178/2026 transfiere la administración del programa a la Coordinación de Atención a Organismos Públicos, Empresas y Entidades Intermedias, dependiente de la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo. La medida también actualiza los convenios de adhesión y las condiciones generales que deberán cumplir las entidades participantes.

Menos trámites presenciales, más gestión dentro de las empresas

El objetivo central del programa sigue siendo descentralizar la atención de ANSES mediante un esquema mixto, presencial y remoto, que permita iniciar consultas y trámites sin que los trabajadores deban trasladarse a oficinas del organismo. El alcance incluye no sólo a empleados en relación de dependencia, sino también a sus cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años.

Para las empresas, el beneficio más relevante es la posibilidad de canalizar gestiones previsionales y de seguridad social a través de representantes técnicos especialmente designados, quienes actuarán como interlocutores directos con ANSES.

Desde una perspectiva productiva, la iniciativa apunta a disminuir costos indirectos asociados a ausencias laborales por trámites presenciales, un aspecto especialmente sensible para industrias, comercios y empresas de servicios con alta dotación de personal.

Las nuevas condiciones establecen que cada entidad adherida podrá designar hasta dos representantes técnicos, encargados de gestionar consultas y trámites mediante canales digitales específicos y bajo supervisión de operadores designados por ANSES.

El organismo, por su parte, otorgará claves corporativas para acceder a información vinculada con empleados activos asociados al CUIT del empleador y pondrá a disposición operadores de enlace para acompañar los procesos administrativos.

La adhesión será evaluada según capacidad operativa de ANSES. Cantidad de empleados de la entidad solicitante. Extensión territorial de la organización. Prioridad para organismos públicos.

Para empresas con establecimientos alejados de grandes centros urbanos, la posibilidad de canalizar trámites previsionales mediante representantes internos puede traducirse en una reducción de tiempos administrativos y una mejora en la gestión documental de recursos humanos.

Sectores como la forestoindustria, la agroindustria, el comercio regional y los servicios podrían encontrar en este esquema una herramienta útil para simplificar procesos vinculados con asignaciones familiares, historia laboral, consultas previsionales y otras prestaciones administradas por ANSES.

Seguridad de la información: un eje central

La actualización incorpora exigencias específicas en materia de protección de datos personales y seguridad informática. Las entidades adheridas deberán implementar mecanismos de control de acceso, sistemas de protección de información, políticas de confidencialidad y protocolos de monitoreo de redes.

Además, el intercambio de información entre ANSES y las organizaciones se realizará mediante el Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información (SITACI), mientras que determinados datos previsionales requerirán consentimiento expreso del titular.

La actualización del programa no modifica prestaciones ni introduce nuevos beneficios previsionales, pero fortalece un mecanismo de vinculación directa entre ANSES y el sector empleador. El indicador relevante será el nivel de adhesión que logre entre empresas privadas y entidades intermedias.

Si el esquema consigue ampliar cobertura territorial y reducir la carga administrativa para trabajadores y empleadores, podría transformarse en una herramienta de gestión laboral con impacto concreto sobre la productividad, especialmente en regiones donde el acceso físico a oficinas nacionales continúa siendo un factor de costo operativo.

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El Gobierno disolvió la ANDIS y centralizó la política de discapacidad en Salud

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El Poder Ejecutivo Nacional dispuso una reorganización estructural de la política de discapacidad, centralizando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el ámbito del Ministerio de Salud, y prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional. La medida fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 942/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025, que entró en vigencia el mismo día de su dictado y fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026.

El decreto se fundamenta en la existencia de irregularidades administrativas, financieras, tecnológicas y de control detectadas en la ANDIS, que —según el texto oficial— comprometen la continuidad y regularidad de las prestaciones esenciales destinadas a las personas con discapacidad y configuran una situación de riesgo cierto, actual e inminente que imposibilita seguir el trámite legislativo ordinario.

Irregularidades en la ANDIS y fundamentos de la centralización

El DNU se apoya en las conclusiones del Informe final de intervención elaborado en el marco del Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí se detalla que el organismo operaba sobre un ecosistema tecnológico fragmentado, con sistemas inconexos y sin interoperabilidad, lo que afectaba directamente la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el Programa Federal Incluir Salud.

El informe advierte que esta situación generaba duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para el seguimiento de las trayectorias de vida de las personas beneficiarias, además de debilidades estructurales en el control interno, como la ausencia de manuales de procedimientos, deficiencias en la trazabilidad documental, demoras en la tramitación de pensiones y falencias en la gestión contractual con prestadores.

Asimismo, se identificaron “irregularidades de gravedad” en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad, particularmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Según el decreto, estas falencias colocan en riesgo el acceso efectivo a medicamentos de alto costo, dispositivos de apoyo y servicios esenciales para las personas con discapacidad.

Ante este diagnóstico, el Poder Ejecutivo consideró indispensable avanzar con la centralización orgánica y funcional de la política de discapacidad en una Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud, incorporándola al organigrama aprobado por el Decreto 50/2019. El texto sostiene que esta medida permitirá unificar criterios de conducción, fortalecer los sistemas de control interno, integrar los sistemas de información, transparentar contrataciones y optimizar la ejecución presupuestaria.

Continuidad de prestaciones y alcance institucional

El decreto establece que el Ministerio de Salud actuará como continuador legal de la ANDIS, asumiendo todos sus compromisos y obligaciones. A tal fin, se consideran transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal, garantizando expresamente la continuidad en la prestación de los servicios hasta tanto se apruebe la nueva estructura organizativa.

En línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, el DNU señala que la centralización resulta compatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Ley 26.378, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Convenio N° 159 de la OIT, siempre que se preserve el rol estatal como punto focal gubernamental, se asegure la coordinación interministerial y se garantice la participación de las organizaciones representativas.

Desde una perspectiva institucional, la norma deroga los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 698/2017, que había creado la ANDIS como organismo descentralizado, consolidando así un cambio de modelo de gobernanza en la política pública de discapacidad.

Prórroga de la emergencia sanitaria y nuevas competencias en precursores químicos

El Decreto 942/2025 también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, originalmente declarada por el Decreto 70/2023. El texto argumenta que la finalización de la emergencia sin medidas de transición adecuadas implicaría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, afectando el acceso de la población y comprometiendo la red asistencial.

En ese marco, el DNU amplía las competencias del Ministerio de Salud mediante la incorporación de nuevos incisos a la Ley de Ministerios N° 22.520, otorgándole un rol activo en materia de precursores químicos, evidencia sanitaria y estrategias de prevención vinculadas al consumo problemático de sustancias, en articulación con el Ministerio de Seguridad Nacional.

El Gobierno fundamenta esta ampliación en el impacto sanitario de estas sustancias, la aparición de nuevos compuestos de alta peligrosidad y la necesidad de fortalecer la trazabilidad, el control y la prevención, para evitar la sobrecarga del sistema sanitario.

Finalmente, el decreto dispone dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, conforme lo establecido por la Ley 26.122, para el control parlamentario del DNU.

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El Gobierno disuelve la ANDIS y traslada Discapacidad al Ministerio de Salud

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El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, una decisión que busca reordenar la gestión, reducir estructuras y reforzar controles luego de la detección de graves irregularidades administrativas. El anuncio fue realizado este martes 30 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aclaró que no se recortarán ni eliminarán prestaciones, pensiones ni servicios vinculados a la discapacidad.

La medida se concreta tras el impacto político generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y luego de una revisión interna que, según el Ejecutivo, confirmó descontrol administrativo, prácticas incompatibles con la transparencia y fallas en los mecanismos de control dentro del organismo creado en 2017.

De organismo descentralizado a área bajo Salud: los fundamentos de la decisión

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni desde la sala de conferencias. En su explicación, recordó que la ANDIS fue creada como un organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en discapacidad, pero que con el tiempo acumuló capas burocráticas y autonomía administrativa sin controles efectivos.

Según detalló el funcionario, esa estructura derivó en irregularidades como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios. Entre los casos mencionados, citó a la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar, aunque en sus instalaciones se hallaron “solo suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

Adorni sostuvo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se administrarán “de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. Además, anticipó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones.

Reducción de estructura y garantías sobre las prestaciones

Uno de los ejes centrales del anuncio fue el achicamiento de la estructura política. El jefe de Gabinete confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo disuelto. Para el Gobierno, este recorte apunta a optimizar recursos públicos y fortalecer la gestión directa desde Salud.

En paralelo, Adorni enfatizó en reiteradas oportunidades que la medida no implica recortes en derechos ni prestaciones. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, subrayó, y agregó: “Repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”. El mensaje buscó despejar temores en beneficiarios, prestadores y organizaciones del sector, en un contexto de alta sensibilidad social.

Reacciones políticas y polémica por el cierre de la ANDIS

La decisión generó fuerte repercusión política y social, con críticas desde distintos espacios opositores. Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez cuestionó la medida en redes sociales y sostuvo que “quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, al tiempo que afirmó que “no es una reestructuración administrativa, es un plan de impunidad”.

En la misma línea, la diputada Gabriela Estévez calificó el cierre como “otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias”, y vinculó la decisión con “recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción”. Por su parte, Esteban Paulón puso el foco en el cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió sobre eventuales responsabilidades institucionales.

Desde el Partido Obrero, el legislador Gabriel Solano aseguró que el cierre deja “a las personas con discapacidad y a quienes las atienden a la deriva”, tras denunciar el uso del presupuesto del área.

Impacto institucional y escenario a futuro

El traspaso de funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, redefine el esquema institucional de las políticas de discapacidad y concentra la gestión en una cartera con capacidad operativa y sanitaria. Para el Ejecutivo, el cambio permitirá ordenar procesos, mejorar controles y garantizar transparencia; para la oposición, abre interrogantes sobre la continuidad efectiva de programas y la rendición de cuentas.

En un contexto de revisión del gasto público y reorganización del Estado, la disolución de la ANDIS se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de estructuras descentralizadas. El debate, sin embargo, seguirá abierto en el plano político, judicial y social, con especial atención en la continuidad de las prestaciones, la auditoría de los expedientes heredados y el impacto real en las personas con discapacidad y los prestadores del sistema.

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Superávit financiero: el Gobierno cerró octubre con $517.672 millones y acumula 0,5% del PIB

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El Sector Público Nacional cerró octubre con un superávit financiero de $517.672 millones, tras un resultado primario de $823.925 millones y pagos de intereses por $306.253 millones. Con este desempeño, el Gobierno acumula un superávit equivalente al 0,5% del PIB y ratifica la estrategia fiscal que sostiene su programa económico.

Ingresos en alza y efecto de tributos clave en la recaudación

Según los datos oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) alcanzaron en octubre $11.987.193 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 28,1%. Los recursos tributarios exhibieron un incremento del 24,4% i.a., impulsado por variaciones significativas en impuestos ligados al comercio exterior y al movimiento económico.

Entre los tributos con mayor crecimiento se destacaron:

  • Derechos de Importación: +65,7% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +41,8% i.a.
  • Débitos y Créditos Bancarios: +41,2% i.a.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +35,9% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +31,5% i.a.

El informe advierte que la comparación interanual se encuentra influida por la vigencia del Impuesto PAIS, la exteriorización de activos y los ingresos generados por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), factores que ampliaron la base recaudatoria en 2025.

Este desempeño consolidó la capacidad del Tesoro para sostener el superávit primario, que acumula aproximadamente 1,4% del PIB al décimo mes del año.

Gasto primario: prestaciones sociales y subsidios económicos marcan el ritmo

En paralelo, los gastos primarios ascendieron en octubre a $11.163.268 millones, con un incremento interanual del 29,6%, ritmo levemente por encima del crecimiento de los ingresos.

El componente más relevante volvió a ser el de prestaciones sociales, que sumaron $6.891.369 millones (+31,5% i.a.), impulsadas por la actualización de haberes y programas de asistencia asociados a la cobertura social.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron $1.416.199 millones (+21,9% i.a.), variación atribuida a los incrementos salariales acordados y a “las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, según detalla el informe.

Las transferencias corrientes totalizaron $4.131.125 millones (+15,1% i.a.):

  • Al sector privado: +16,7% i.a. (+$453.927,6 millones).
  • Al sector público: +13,4% i.a. (por $957.908,3 millones en el mes).

Los subsidios económicos ascendieron a $1.041.225 millones, con un incremento del 27,1% i.a.. Dentro del rubro, se observaron variaciones similares en:

  • Energía: +28,2% i.a.
  • Transporte: +27,3% i.a.

En conjunto, estos componentes determinaron un gasto primario todavía elevado, pero compatible con el objetivo fiscal planteado por el Gobierno para 2025.

Implicancias económicas y políticas: una señal al mercado en un contexto de ajuste

El resultado de octubre refuerza la estrategia del oficialismo de sostener un ancla fiscal firme como pilar del programa económico. La continuidad del superávit financiero acumulado —equivalente al 0,5% del PIB— constituye un mensaje dirigido tanto a los mercados como a los organismos multilaterales, en un contexto de tensiones políticas y discusiones sobre el alcance futuro del gasto público.

El crecimiento de la recaudación por comercio exterior, el mayor aporte de impuestos transaccionales y el efecto de los regímenes especiales dieron margen adicional al Tesoro. Sin embargo, la evolución de subsidios, prestaciones sociales y remuneraciones seguirá siendo determinante para evaluar la sostenibilidad del superávit en los meses finales del año.

Hacia adelante, la política económica deberá conciliar la continuidad del equilibrio fiscal con las demandas de sectores productivos, provincias y actores sociales afectados por la reducción del gasto público y la recomposición de tarifas.

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