Presupuesto 2026

El Gobierno fija presupuestos con superávit para Aerolíneas Argentinas, Intercargo y EANA y busca sostener el “déficit cero” en el sector aeronáutico

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El Gobierno nacional aprobó los presupuestos 2026 de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), tres compañías estatales clave del sistema aerocomercial argentino. Las decisiones quedaron formalizadas el 6 de marzo a través de resoluciones del Ministerio de Economía, que habilitan los planes de acción y los cálculos presupuestarios para el próximo ejercicio.

El dato central que busca exhibir la administración económica es político además de contable: las tres empresas proyectan superávit financiero en 2026 y, según la planificación oficial, no requerirán transferencias del Tesoro para sostener sus operaciones. La señal se alinea con la política de gasto restrictivo impulsada desde el Ministerio de Economía y refuerza un mensaje que el Gobierno intenta instalar en torno a las empresas públicas: funcionamiento con equilibrio fiscal mientras permanece abierta la discusión sobre su eventual privatización.

La pregunta que se abre ahora es doble. Por un lado, si estas proyecciones se sostendrán en un sector atravesado por tensiones laborales y demandas salariales. Por otro, si el ordenamiento financiero de las compañías funciona como antesala de futuras definiciones sobre su propiedad.

El marco institucional: empresas públicas bajo la lógica del equilibrio fiscal

Las resoluciones que aprobaron los presupuestos se dictaron en el marco del régimen presupuestario para empresas públicas previsto por la Ley 24.156, que regula la planificación financiera de entes estatales fuera de la administración central.

En la práctica, esto implica que cada empresa presenta un plan de acción y presupuesto anual que debe recibir aval del Ministerio de Economía. En esta ocasión, el enfoque adoptado por la cartera económica responde a una directriz general: operaciones autosustentables y gasto contenido.

La suma de las tres compañías proyecta gastos operativos por $3.869.858.214.471. Sobre ese nivel de actividad, el Gobierno estima un ahorro de $173.563.914.841, lo que derivaría en un superávit financiero consolidado de $40.749.146.484.

Detrás de esos números se encuentra la lógica central de la política económica: limitar el uso de recursos del Tesoro para empresas estatales y demostrar que el sistema aerocomercial público puede operar sin subsidios directos.

Aerolíneas Argentinas: superávit con inversiones que presionan las cuentas

Dentro del esquema aeronáutico estatal, Aerolíneas Argentinas concentra el mayor volumen presupuestario. Para 2026, el Gobierno aprobó ingresos operativos por $3.725.414.963.686 y gastos por $3.548.847.856.125, lo que arrojaría un resultado operativo positivo de $176.567.107.561.

En términos económicos, el ahorro estimado alcanza $90.967.011.104, mientras que el superávit financiero proyectado asciende a $32.870.702.081.

Sin embargo, la ecuación muestra un matiz relevante: el margen superavitario sería 7,7% menor al del ejercicio anterior, en parte por inversiones de capital vinculadas a la renovación de la flota. El plan financiero contempla la incorporación de nuevas aeronaves para responder al crecimiento de la demanda y a las limitaciones que genera la antigüedad de parte de la flota.

Esa combinación —equilibrio fiscal con inversión en infraestructura— define el desafío central de la aerolínea estatal para el próximo año.

Intercargo: rentabilidad en un mercado ahora competitivo

La empresa encargada de los servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos también tendrá proyecciones positivas en 2026.

El presupuesto aprobado prevé ingresos operativos por $126.417.438.752 y gastos por $117.775.929.686, lo que generaría una ganancia operativa de $8.641.509.066.

El resultado económico proyectado alcanza $7.713.932.808, mientras que el superávit financiero estimado asciende a $7.828.539.207.

La situación de Intercargo tiene un componente político adicional. En los últimos meses la empresa quedó expuesta a un nuevo escenario regulatorio: la política de “Cielos Abiertos” habilitó la entrada de múltiples operadores privados en el servicio de handling, lo que terminó con la exclusividad operativa que mantenía la compañía estatal.

En ese contexto, el Gobierno busca que Intercargo recupere capacidad de generar recursos propios antes de avanzar en definiciones más estructurales sobre su futuro.

EANA: superávit mínimo en medio de inversiones en infraestructura

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) —responsable de la gestión del tráfico aéreo y el control de navegación— también proyecta números positivos, aunque con un margen mucho más reducido.

El presupuesto aprobado contempla ingresos operativos por $278.117.399.589 y gastos por $203.234.428.660, lo que deja un resultado operativo de $74.882.970.929.

No obstante, el resultado financiero final se reduce considerablemente por el peso de las inversiones en infraestructura: el superávit proyectado se ubica en apenas $49.905.196.

El dato refleja la naturaleza del organismo. A diferencia de las otras empresas del sector, EANA requiere inversiones constantes en tecnología y sistemas de navegación, lo que altera su equilibrio financiero incluso cuando el resultado operativo es amplio.

Un sector en equilibrio contable, pero con tensiones abiertas

La aprobación de los presupuestos llega en un contexto donde el sistema aerocomercial estatal atraviesa tensiones laborales. Los trabajadores de las tres compañías mantienen reclamos por recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.

Esa variable introduce un factor de incertidumbre sobre las proyecciones financieras. Cualquier modificación significativa en los costos laborales podría alterar el equilibrio que el Ministerio de Economía proyecta para el próximo año.

Al mismo tiempo, el debate sobre posibles privatizaciones sigue presente en el horizonte político. Aunque el Gobierno aprobó los presupuestos bajo el supuesto de continuidad operativa estatal, las tres empresas han sido mencionadas anteriormente dentro de los activos potencialmente privatizables.

Lo que se juega en el mediano plazo

Las resoluciones que habilitan los presupuestos 2026 funcionan como una señal de ordenamiento financiero. El Gobierno busca mostrar que el sector aerocomercial estatal puede sostenerse sin asistencia directa del Tesoro.

Pero ese equilibrio contable también puede tener una lectura estratégica: empresas con balances positivos resultan más atractivas para eventuales procesos de apertura al capital privado.

Por ahora, la prioridad oficial parece ser otra: mantener el déficit cero en las compañías del sector aeronáutico y sostener la operación diaria del sistema aerocomercial.

Si ese objetivo se mantiene durante 2026, el debate sobre el futuro institucional de estas empresas —continuidad estatal, asociación con privados o privatización— podría adquirir un nuevo contexto en los próximos meses.

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El 8M en perspectiva económica

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8M y economía: un informe advierte que las brechas de género se profundizan en el nuevo esquema fiscal. Un diagnóstico económico que reabre la discusión política sobre el modelo

En la antesala de un nuevo 8 de marzo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe que vuelve a poner en el centro del debate el impacto social del actual programa económico. El documento sostiene que las políticas implementadas durante la gestión del gobierno nacional no afectan de forma neutral a la población, sino que amplían brechas estructurales entre varones y mujeres, especialmente en empleo, ingresos, acceso a políticas públicas y protección social.

Los datos relevados al tercer trimestre de 2025 muestran un patrón persistente: menor participación femenina en el mercado laboral, mayor precariedad, ingresos más bajos y una sobrerrepresentación en los segmentos de menores recursos. La pregunta que subyace al diagnóstico no es solo estadística. También es política: ¿puede sostenerse un programa de ajuste fiscal sin ampliar desigualdades preexistentes?

El informe propone leer las cifras dentro de un contexto más amplio: la reconfiguración del gasto público, la reforma laboral aprobada en febrero y los cambios en programas sociales y de cuidados, que forman parte del nuevo equilibrio fiscal impulsado por la administración nacional.

Radiografía de las brechas: empleo, ingresos y pobreza

Los indicadores laborales muestran una desigualdad persistente entre varones y mujeres.

La tasa de actividad femenina alcanza el 52,6%, mientras que en los varones llega al 70,1%, una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. La brecha también se observa en el desempleo: 7,4% para mujeres frente a 5,9% en varones.

En materia de informalidad laboral la distancia también aparece, aunque más acotada. El 38% de las mujeres trabaja en condiciones informales, frente al 35,5% de los varones.

La brecha salarial resulta todavía más marcada. Según el informe, los ingresos masculinos superan entre 27,3% y 29% a los femeninos, diferencia que se amplía hasta 40% entre trabajadores informales.

Ese diferencial tiene consecuencias directas sobre la estructura social. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, un aumento respecto al 61,4% del año anterior, lo que refuerza el fenómeno que los economistas denominan “feminización de la pobreza”.

La contracara es la distribución en los niveles altos de ingresos. En el decil superior, la participación femenina cae al 37%, mientras que 63% de ese segmento corresponde a varones.

El peso del trabajo no remunerado

Uno de los factores estructurales que condiciona la inserción laboral femenina se encuentra fuera del mercado de trabajo formal.

El informe señala que las mujeres dedican tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, lo que impacta en su disponibilidad para empleos formales o de jornada completa.

Ese patrón se refleja también en la composición sectorial del empleo. El trabajo en casas particulares, altamente feminizado, muestra cifras contundentes: 98,8% de quienes desempeñan esa actividad son mujeres.

Además, el sector sufrió un deterioro reciente. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 22.436 puestos de trabajo, acompañado por una caída del salario real del 35,2%.

El impacto del ajuste en políticas públicas

El informe del CEPA pone especial atención en el rediseño presupuestario implementado en los últimos años. Según el relevamiento, el presupuesto 2026 consolidó la reducción o eliminación de programas orientados a reducir desigualdades de género.

El dato central: 7,5 de cada 10 programas vinculados a la reducción de brechas sufrieron recortes o directamente dejaron de existir.

Entre los principales cambios se destacan: Moratoria previsional: ajuste del 41,71%. Prestación Alimentar: reducción del 17,26%. Pensiones para madres de siete hijos: caída del 0,83%.

En contraste, el único programa con crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo, que registra un aumento del 74,64%, interpretado en el informe como un mecanismo de contención social frente al ajuste general.

En paralelo, tres programas orientados a reducir brechas laborales —Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— fueron virtualmente eliminados en el presupuesto proyectado para 2026.

Violencia, salud y políticas de cuidado: el reordenamiento presupuestario

Las áreas vinculadas a políticas de género también muestran cambios significativos.

Los programas destinados a protección de víctimas de violencia de género registraron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023.

En el mismo período, la Línea 144, destinada a la atención de casos de violencia, registró una caída del 90% en la cantidad de personas asistidas durante 2025, mientras que la meta proyectada para 2026 sería 79,1% menor que en 2023.

En el área de salud sexual también aparecen modificaciones relevantes: Educación Sexual Integral (ESI): reducción del 98%, quedando sin crédito presupuestario para 2026. Salud Sexual y Procreación Responsable: ajuste del 20,9%. Programa de VIH e infecciones de transmisión sexual: incremento del 11,2%.

El informe agrega un dato llamativo: durante 2025 no se distribuyó ningún preservativo en el marco del programa nacional correspondiente.

En el campo de las políticas de cuidado, la paralización de la obra pública impactó en programas vinculados a infraestructura social. Según el documento, no se proyecta construir ningún jardín de infantes en 2026, tras la eliminación de programas de infraestructura educativa y de cuidado.

Reforma laboral y tensiones sobre derechos laborales

El documento también analiza los efectos potenciales de la reforma laboral aprobada en febrero, que introduce cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo.

Entre los aspectos destacados aparecen: Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con aportes patronales equivalentes al 1% del salario en grandes empresas y 2,5% en PyMES, compensado con reducción de contribuciones al sistema previsional. Despido por embarazo: se elimina la posibilidad de solicitar reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada. Banco de horas: permite compensar horas extras con descanso en lugar de pago. Teletrabajo: derogación de la ley que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. Período de prueba: extensión a seis meses para trabajadoras de casas particulares, cuando antes era de 15 días.

Según el informe, estos cambios podrían generar mayor flexibilidad laboral pero también nuevas tensiones en materia de estabilidad e ingresos, particularmente en sectores con alta presencia femenina.

Un debate económico que trasciende el 8M

El informe del CEPA llega en un momento de fuerte discusión pública sobre el rumbo económico del país. El gobierno nacional sostiene una estrategia centrada en orden fiscal, reducción del gasto y desregulación del mercado laboral, mientras distintos centros de estudios advierten sobre impactos sociales diferenciados.

Las cifras presentadas no resuelven el debate. Pero sí introducen un elemento que vuelve cada año en la agenda del 8 de marzo: la economía no es neutral. Las decisiones fiscales, laborales y presupuestarias reordenan incentivos, recursos y oportunidades.

La discusión que se abre hacia adelante no será solo estadística. También será política: cómo se distribuyen los costos del ajuste y quiénes quedan más expuestos en el nuevo equilibrio económico.

8M 2026 en Perspectiva Económica by CristianMilciades

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El Gobierno aprueba el Presupuesto 2026 del Correo Argentino y proyecta $96.695 millones de ganancia operativa

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El Ministerio de Economía dio luz verde al plan de acción y presupuesto 2026 del Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, que prevé ingresos operativos por $754.003 millones y una ganancia de operación estimada en $96.695 millones. La decisión quedó formalizada en la Resolución 221/2026, publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial, y fija además un superávit financiero de $28.558 millones para el ejercicio.

El dato no es menor: el principal operador postal del país proyecta cerrar el año con resultado positivo, sin endeudamiento y con transferencias al Tesoro por $60.000 millones. En un contexto de ajuste fiscal y revisión del rol de las empresas públicas, el mensaje combina equilibrio financiero con continuidad operativa.

Un presupuesto con superávit y foco en paquetería

La norma aprueba un esquema que estima ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos corrientes por $720.308 millones, lo que arroja un ahorro económico de $53.818 millones. Si se suman los recursos y gastos de capital, el resultado financiero proyectado es superavitario.

El corazón del negocio sigue siendo operativo: de los $754.003 millones de ingresos de operación, $736.929 millones provendrán de ventas brutas. No se prevén transferencias corrientes del Estado para sostener la actividad, lo que refuerza la lógica de autofinanciamiento.

En paralelo, el presupuesto asigna $34.745 millones a inversión real. La mayor parte —$29.290 millones— se destinará a activos intangibles, es decir, tecnología, sistemas y plataformas digitales. Otros $4.350 millones irán a construcciones del dominio público y $1.105 millones a maquinaria y equipamiento.

El plan estratégico que acompaña el presupuesto define con claridad el rumbo comercial: menos dependencia del correo tradicional y mayor apuesta a la paquetería vinculada al comercio electrónico. Para 2026 se proyecta una caída del 7% en piezas postales (72.300 millones) y un crecimiento del 19% en paquetes (36.700 millones).

La empresa profundizará el modelo de franquicias “Punto Correo”, avanzará con sistemas de clasificación automática (SORTER) y buscará consolidar servicios de fulfillment y soluciones cross border, tanto para importaciones simplificadas como para exportaciones postales.

Costos, personal y transferencias al Tesoro

Del lado del gasto, las remuneraciones concentran $309.762 millones, mientras que bienes y servicios suman $319.010 millones. La dotación prevista se reducirá de 11.676 agentes a 11.436 hacia diciembre de 2026, con 240 bajas estimadas en el año y sin incorporación de personal temporario.

La decisión combina moderación en la plantilla con mantenimiento del Servicio Básico Universal (SBU), obligación legal que implica cobertura territorial en todo el país a precio accesible.

Un punto clave es la previsión de transferencias por $60.000 millones a la Administración Nacional. Es decir, la empresa no solo no requerirá asistencia financiera, sino que aportará recursos al Tesoro. En términos fiscales, esto convierte al Correo en contribuyente neto dentro del esquema de empresas públicas.

No se contempla endeudamiento para 2026. Las fuentes financieras provendrán principalmente de movimientos sobre activos y pasivos corrientes.

Modernización tecnológica y reposicionamiento de mercado

El presupuesto confirma una estrategia de transformación digital. La inversión en activos intangibles apunta a renovar sistemas de envíos internacionales, trazabilidad, data centers, ciberseguridad y plataformas comerciales como “Mi Correo”.

El giro es consistente con la dinámica del mercado postal. El segmento de cartas continúa en retroceso estructural, mientras que la logística de última milla vinculada a plataformas online se consolida como el eje competitivo frente a operadores privados.

En ese marco, la empresa buscará mejorar estándares de calidad, integrar soluciones nativas con plataformas de e-commerce y desarrollar servicios híbridos (imposición electrónica con entrega física), además de implementar aviso de recibo digital para cartas documento.

El desafío operativo será sostener rentabilidad en un entorno donde los costos de bienes y servicios representan más del 40% del gasto corriente y donde la competencia privada presiona márgenes en paquetería.

Equilibrio fiscal sin privatización explícita

La aprobación del presupuesto bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete muestra una continuidad institucional en la administración del operador postal.

Desde el punto de vista político-económico, la señal es clara: el Gobierno prioriza equilibrio financiero, reducción gradual de personal y modernización tecnológica, pero mantiene el esquema societario vigente y el cumplimiento del Servicio Básico Universal.

No hay expansión de estructura ni endeudamiento. Tampoco se observa un retiro del Estado del negocio postal. La estrategia parece orientada a consolidar un operador público rentable, adaptado al comercio electrónico y capaz de aportar recursos al Tesoro.

Lo que habrá que seguir

En los próximos meses habrá que observar tres variables para medir el impacto real del presupuesto 2026: Si el crecimiento proyectado del 19% en paquetería se concreta y compensa la caída del correo tradicional. Si la inversión tecnológica mejora productividad y reduce costos unitarios. Si la reducción de dotación se implementa sin afectar tiempos de entrega ni cobertura territorial.

El equilibrio financiero está proyectado. La clave será sostenerlo en un mercado logístico cada vez más competitivo y con consumidores que exigen velocidad y trazabilidad en tiempo real.

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Economía refinancia deuda, emite Letra del Tesoro en dólares por hasta USD 1.228 millones

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dispuso la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, a descuento y con vencimiento el 19 de febrero de 2027, por un monto máximo de VNO USD 1.228.159.232,62. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 7/2026 y fechada el 5 de febrero de 2026, tiene como objetivo reemplazar al vencimiento una letra en dólares que expira el 13 de febrero de 2026, en el marco del esquema de rollover de deuda intra sector público autorizado por la Ley de Presupuesto 27.798.

Refinanciamiento intra sector público y marco legal vigente

La decisión se inscribe en el Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156, que exige autorización presupuestaria para toda operación de endeudamiento. En ese sentido, el artículo 44 de la Ley 27.798 habilita al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito por los montos y destinos previstos en su planilla anexa. Asimismo, el artículo 54 de la misma norma establece que, durante el Ejercicio Fiscal 2026, los pagos de intereses y amortizaciones de capital de letras denominadas en dólares emitidas al Sector Público Nacional serán reemplazados al vencimiento por nuevos títulos públicos, cuyas condiciones definen conjuntamente las Secretarías de Finanzas y de Hacienda.

En línea con ese mandato, la resolución destaca el próximo vencimiento de la “Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento con vencimiento 13 de febrero de 2026”, emitida por la Resolución Conjunta 7/2025, y dispone su sustitución por un nuevo instrumento con plazo de un año. La operatoria se encuadra, además, en las competencias asignadas por el Decreto 1344/2007, modificado por el Decreto 820/2020, que reconoce a ambas Secretarías como órgano responsable conjunto de la coordinación de la Administración Financiera.

Condiciones financieras de la nueva Letra en dólares

La Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento tendrá fecha de emisión el 13 de febrero de 2026 y vencimiento el 19 de febrero de 2027. Se emitirá, suscribirá y pagará en dólares estadounidenses, con amortización íntegra al vencimiento y tasa de interés cupón cero, característica propia de los instrumentos a descuento.

El precio de suscripción fue fijado en USD 984,98 por cada VNO USD 1.000, con denominación mínima de VNO USD 0,01. La colocación será directa y exclusiva al Sector Público Nacional definido por el artículo 8° de la Ley 24.156, así como a fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por organismos comprendidos en ese marco, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 27.798.

El instrumento será intransferible y no cotizará en mercados de valores locales ni internacionales. La titularidad se instrumentará mediante un certificado depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los servicios financieros se atenderán a través del BCRA mediante transferencias de fondos a la cuenta de efectivo del titular de la cuenta de registro. Además, la letra gozará de las exenciones impositivas previstas por la normativa vigente.

Impacto y señales al mercado

Desde el punto de vista fiscal e institucional, la emisión refuerza la estrategia de administración de pasivos mediante el reperfilamiento intra sector público, evitando desembolsos en efectivo en moneda extranjera y asegurando la continuidad operativa del Tesoro dentro de los límites presupuestarios autorizados. Al tratarse de una colocación no negociable y sin cotización, el impacto se circunscribe al ámbito público, sin efectos directos sobre el mercado de capitales.

La resolución también autoriza a titulares de áreas clave —incluidas la Oficina Nacional de Crédito Público, la Dirección de Administración de la Deuda Pública y otras dependencias vinculadas a la programación y análisis del financiamiento— a suscribir la documentación necesaria para implementar la operación, lo que agiliza la ejecución administrativa. La norma entra en vigencia desde su dictado y fue suscripta por Jose Garcia Hamilton y Carlos Jorge Guberman.

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Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos con un superávit financiero superior a $21.000 millones

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El Ministerio de Economía aprobó formalmente el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos Sociedad Anónima, una empresa pública clave en la estructuración y administración de fideicomisos financieros y de garantía. La decisión quedó plasmada en la Resolución 78/2026, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo y publicada en el Boletín Oficial, y proyecta para el ejercicio un resultado financiero superavitario de $21.018.023.308, sin recurrir a endeudamiento ni aportes del Tesoro Nacional. El dato no es menor: consolida el giro hacia una gestión autosustentable dentro del esquema de empresas públicas y refuerza la estrategia oficial de disciplina fiscal y eficiencia operativa.

Un presupuesto con superávit operativo, económico y financiero

De acuerdo con la resolución, el presupuesto aprobado estima ingresos de operación por $25.409.580.188 y gastos de operación por $12.141.190.526, lo que arroja una ganancia operativa de $13.268.389.662. En términos más amplios, los ingresos corrientes ascenderán a $36.417.321.802, mientras que los gastos corrientes se ubicarán en $14.677.558.099, generando un resultado económico positivo (ahorro) de $21.739.763.703.

El esquema se completa con recursos de capital por $286.351.011 y gastos de capital por $1.008.091.406, destinados íntegramente a inversión en maquinaria y equipamiento. Aun así, el balance final proyecta un superávit financiero de más de $21.000 millones, un indicador poco frecuente en empresas públicas y alineado con los objetivos macroeconómicos del Ministerio de Economía.

La resolución se dicta en el marco de las facultades previstas en el artículo 49 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario 1344/2007, y cuenta con dictamen favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que le otorga respaldo técnico y legal.

Transformación operativa y alineamiento con la Ley Bases

El Plan de Acción 2026, aprobado como Anexo I, describe un proceso de transformación iniciado en 2024, orientado a la eficiencia, sostenibilidad operativa y reducción de costos. Entre las medidas implementadas se destacan la reestructuración de la dotación de personal, la revisión integral de honorarios y la mudanza de la sede social para compartir infraestructura con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que permitió reducir en un 35% los gastos mensuales de mantenimiento.

La empresa proyecta cerrar 2026 con una dotación de 115 empleados, frente a esquemas más amplios en años previos, y continuar profundizando políticas de control del gasto. Según el propio documento oficial, este proceso convirtió a BICE Fideicomisos en una compañía superavitaria, capaz de cubrir gastos e inversiones exclusivamente con ingresos fiduciarios, sin asistencia del Estado.

En términos normativos, el plan explicita que la operatoria de la empresa se desarrolla en estricta concordancia con la Ley 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y con las políticas definidas por el Poder Ejecutivo Nacional, reforzando estándares de transparencia, control e integridad en la administración fiduciaria.

Inversión, mercado y señales al sistema financiero

Para 2026, BICE Fideicomisos prevé una inversión de $1.008.091.406 en maquinaria y equipo, orientada al recambio tecnológico, la automatización de procesos y una mayor trazabilidad de la gestión. No se contempla colocación de deuda, ni en moneda local ni extranjera, una señal consistente con la estrategia oficial de reducir el apalancamiento del sector público.

Desde el punto de vista institucional, la empresa mantiene su inscripción como fiduciario financiero ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ostenta la categoría 1 FD con Perspectiva Estable, la máxima calificación fiduciaria otorgada por Fix Ratings, lo que la posiciona como uno de los principales fiduciarios del país en términos de activos administrados.

El plan también proyecta un rol activo en el financiamiento de la economía real, mediante la estructuración de fideicomisos financieros para proyectos de inversión privada, infraestructura y desarrollo productivo, buscando complementar al sistema financiero tradicional sin comprometer recursos fiscales.

La aprobación de este presupuesto refuerza el mensaje del Gobierno en dos planos. En lo económico, muestra que es posible sostener empresas públicas superavitarias, con inversión y sin deuda, en un contexto de ajuste fiscal. En lo institucional, consolida un esquema de gestión alineado con la Ley Bases y con la narrativa oficial de eficiencia y racionalización del Estado.

Para el mercado, el dato no pasa inadvertido: una empresa pública que proyecta superávit financiero, invierte y no se endeuda funciona como señal de orden fiscal en un momento en el que la estrategia económica prioriza credibilidad y disciplina presupuestaria.

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