Presupuesto 2026

Deuda en pesos: Economía canjea Letras dólar linked y estira vencimientos de enero

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El Ministerio de Economía avanzó con una operación de conversión de deuda de corto plazo para administrar el perfil de vencimientos del Tesoro en enero. Mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dictada el 7 de enero de 2026, se dispuso la ampliación de la Letra del Tesoro dólar linked con vencimiento el 30 de enero de 2026 (LELINK D30E6) por hasta USD 4.000 millones, con el objetivo de canjear la LELINK D16E6, que vence el 16 de enero. La medida se encuadra en las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto 2026 y busca ordenar el programa financiero del inicio del año.

Conversión de deuda y marco normativo

La operación se apoya en el artículo 45 de la Ley 27.798, que autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro para cumplir con el programa financiero, siempre que sean reembolsadas en el mismo ejercicio. En paralelo, el artículo 11 del Decreto 331/2022, incorporado a la Ley 11.672 y sustituido por el Decreto 846/2024, habilita a realizar suscripciones de instrumentos de deuda pública con otros títulos, independientemente de la moneda de pago, por fuera de las restricciones del artículo 65 de la Ley 24.156.

En ese marco, Finanzas y Hacienda —que ejercen en forma conjunta la coordinación de la Administración Financiera, conforme al Decreto 1344/2007 y su modificatorio— resolvieron convertir la LELINK D16E6 (emitida en febrero de 2025) por la LELINK D30E6 (emitida en octubre de 2025). Para concretar la operación, se autorizó la ampliación del monto en circulación de esta última, dentro de los límites presupuestarios vigentes.

Detalles operativos de la licitación

La conversión se instrumentó mediante una licitación con un único pliego competitivo. La recepción de ofertas se fijó para el miércoles 7 de enero de 2026, entre las 11:30 y las 15:00, mientras que la liquidación se estableció para el lunes 12 de enero de 2026 (T+3).

Los participantes debieron indicar cantidad de valor nominal en dólares y el precio por cada VNO USD 1.000, con dos decimales, al cual suscribirían la LELINK D30E6. La cantidad de LELINK D16E6 a entregar se determinó mediante una fórmula prevista en la resolución, con redondeo al múltiplo entero más cercano de la denominación mínima.

La normativa también detalló el procedimiento de transferencia de los títulos elegibles a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos (CRYL) del Banco Central. En caso de incumplimiento en la entrega de la LELINK D16E6, la liquidación se prevé mediante débito en pesos, calculado al tipo de cambio de referencia del BCRA conforme a la Comunicación “A” 3500.

Señales al mercado

Desde el punto de vista financiero, la conversión permite descomprimir el vencimiento inmediato del 16 de enero y trasladarlo al 30 de enero, sin aumentar el stock neto de deuda más allá del tope autorizado. La operatoria se inscribe en una estrategia de administración activa de pasivos, habitual en los primeros meses del año, cuando la Tesorería enfrenta picos de vencimientos en instrumentos de corto plazo.

Para los tenedores, el canje ofrece continuidad en un instrumento dólar linked, manteniendo la cobertura frente a la evolución del tipo de cambio oficial. En términos institucionales, la resolución reafirma el uso de los mecanismos habilitados por los DNU vigentes para flexibilizar la gestión de la deuda, en un contexto de restricciones fiscales y necesidad de previsibilidad en el programa financiero.

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Domingo Cavallo advierte que sin reformas monetarias no habrá crecimiento sostenible en 2026

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El ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo sostuvo que el inicio de un crecimiento “vigoroso y sostenible” de la economía argentina en 2026 es posible, pero advirtió que el resultado dependerá de manera decisiva de la secuencia y profundidad de las reformas que impulse el Gobierno. En un extenso análisis publicado en el inicio del año, remarcó que el ajuste fiscal y los incentivos a la inversión ya logrados son condiciones necesarias, aunque insuficientes, si no se avanza con rapidez en un nuevo régimen monetario y cambiario y en la reducción del riesgo país.

Ajuste fiscal y presupuesto 2026: un punto de partida, no de llegada

Cavallo reconoció como un “gran logro” haber alcanzado el equilibrio fiscal en un plazo breve y contar con un régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones en sectores como energía, minería y tecnologías avanzadas. Sin embargo, advirtió que el Gobierno “no debe dormirse en los laureles”.

En ese marco, destacó la aprobación del Presupuesto 2026 como un primer paso clave para consolidar la eliminación del déficit fiscal lograda en los dos años previos. Según su análisis, la ejecución de ese presupuesto y el acompañamiento de las provincias al ajuste nacional se verán facilitados si se acelera la reprivatización de empresas estatizadas tras el abandono de la convertibilidad.

Para Cavallo, el uso de los recursos obtenidos por esas privatizaciones debería orientarse a incrementar la inversión en infraestructura pública, que viene mostrando un deterioro acumulado. Ese esquema permitiría, además, fortalecer la negociación fiscal con las provincias, que son las más afectadas por la falta de infraestructura vial, ferroviaria, fluvial y marítima.

Régimen monetario, cepo y riesgo país: el núcleo del debate

El ex ministro identificó como “segundo paso imprescindible” la sanción, preferentemente por ley, de un nuevo régimen monetario y cambiario similar al que funciona en Perú. Consideró que este complemento institucional del Presupuesto 2026 es central para liberar al mercado cambiario y a la expansión del crédito al sector privado de “trabas burocráticas y manejos impredecibles”.

En ese escenario, sostuvo que el Banco Central debería acumular reservas propias a un ritmo rápido y que la tasa de riesgo país debería descender a no más de 300 puntos básicos. Alcanzado ese nivel, afirmó, las tasas de interés reales en pesos y en dólares podrían ubicarse en valores compatibles con la tasa de crecimiento potencial de la economía.

Cavallo fue explícito al señalar que sin una liberalización cambiaria y financiera completa será muy difícil que las expectativas de los inversores privados acompañen tanto la estabilidad macroeconómica como un crecimiento sostenido. En ese punto, coincidió con análisis que advierten sobre los límites de utilizar el tipo de cambio como ancla nominal en un contexto donde aún persisten restricciones cambiarias para las empresas.

Inflación, mercado interno y salida del “callejón”

En relación con la política antiinflacionaria, Cavallo sostuvo que la reducción del riesgo país es más relevante que una baja inmediata de la inflación. Argumentó que, mientras el riesgo país se mantenga elevado, siempre existirá la amenaza de un salto devaluatorio o la necesidad de contenerlo con tasas de interés excesivamente altas.

Advirtió además que no resulta prudente anunciar metas de inflación demasiado ambiciosas mientras persista el cepo cambiario, ya que ello podría derivar en una política monetaria excesivamente contractiva y en una mayor recesión del mercado interno. En cambio, propuso fijar metas ambiciosas en materia de riesgo país, como condición para un plan de estabilización y crecimiento sostenible.

Respecto de la reactivación del mercado interno, señaló que esta dependerá de mantener tasas de interés reales que no superen el crecimiento potencial de la economía y de una expansión del crédito al sector privado que facilite la inversión familiar y empresaria. En ese marco, volvió a destacar la inversión en infraestructura como un motor adicional del crecimiento, financiada mediante privatizaciones y concesiones de obras y servicios públicos.

Finalmente, Cavallo rechazó la idea de que la estrategia económica actual conduzca a un “callejón sin salida”. Reconoció riesgos de atraso cambiario y un posible efecto estanflacionario transitorio si se elimina el cepo, pero sostuvo que una salida ordenada, con un régimen monetario, cambiario y financiero consistente, permitiría retomar un sendero de estabilidad con crecimiento. En clave política, advirtió que cuanto antes se adopten esas decisiones, mejores serán las perspectivas del Gobierno de Javier Milei de cara al proceso electoral de 2027.

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Paraguay promulgó el Presupuesto 2026 con foco social y control del déficit fiscal

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, una ley clave que define el rumbo económico y social del país para el próximo año. El plan de gastos e ingresos asciende a 149,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, y representa un incremento del 12,3% respecto al presupuesto 2025, con un fuerte énfasis en inversión social, salud, educación y seguridad, pero manteniendo el déficit fiscal dentro del tope del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

La norma, sancionada previamente por el Congreso y promulgada en el último día de 2025, marca el inicio del proceso de reglamentación y ejecución presupuestaria para 2026. Desde el Poder Ejecutivo destacaron que se trata de un presupuesto consensuado con el Poder Legislativo y alineado con el objetivo de priorizar a los sectores más vulnerables sin desordenar las cuentas públicas.


Un presupuesto expansivo con fuerte eje en políticas sociales

El Presupuesto 2026 destina partidas significativas a programas sociales emblemáticos. Entre ellos se destaca el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que contará con 370 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país. A esto se suma una asignación de 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, que permitirá incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al sistema.

El esquema de gastos también refuerza áreas sensibles como Seguridad, Defensa, Salud y Educación, consolidando un perfil de presupuesto orientado a la inversión social y a la provisión de servicios públicos esenciales. En el área sanitaria, las modificaciones introducidas por el Congreso incluyeron un aumento cercano a 47.000 millones de guaraníes, destinados a obras e inversiones específicas como la ampliación del Hospital de Caaguazú (20.000 millones), la adquisición de mamógrafos (10.000 millones), equipamiento para el futuro hospital de Curuguaty y la reposición de recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones.

Cambios legislativos y reasignaciones estratégicas

Durante el debate parlamentario, ambas cámaras introdujeron ajustes relevantes al proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de fondos originalmente previstos para el Ministerio de Obras Públicas, que se redireccionaron para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el objetivo de dinamizar la construcción de viviendas sociales en 2026.

También se incrementó el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 10.000 millones de guaraníes, y el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 17.000 millones de guaraníes, destinados en gran parte al proyecto “Letrina Cero”, que prevé la construcción de baños adecuados en 347 escuelas, con una asignación específica de 15.000 millones, mientras que el resto se orientará a tareas de supervisión regional.

En términos globales, el PGN aprobado asciende a 149,1 billones de guaraníes (unos 18.928 millones de dólares), una cifra muy cercana a la propuesta original del Ejecutivo y consistente con la estrategia fiscal del Gobierno.

Orden fiscal y señal política al mercado

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un límite que no se respetaba desde 2018. Al conocerse la sanción legislativa, el presidente Peña celebró este punto y subrayó su relevancia institucional y económica: “Esto marca un hito: es la primera vez desde 2018 que se aprueba un presupuesto dentro de este límite, lo que demuestra nuestro compromiso absoluto con el orden administrativo”.

Desde una mirada macroeconómica, el PGN 2026 busca combinar expansión del gasto social con disciplina fiscal, un equilibrio que será observado de cerca tanto por los actores políticos internos como por analistas económicos y organismos internacionales. La ejecución efectiva del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales serán determinantes para sostener la credibilidad del programa económico del Gobierno en un año clave para la gestión.

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El Gobierno oficializó el Presupuesto 2026 con eje en el superávit fiscal y una inflación proyectada del 10,1%

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El Gobierno nacional promulgó la Ley de Presupuesto 2026 (Ley 27.798), que fija gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. La norma, sancionada por el Congreso el 26 de diciembre y publicada en el primer Boletín Oficial del año, establece además una inflación anual proyectada del 10,1%, un dólar a $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%. El texto redefine prioridades de gasto, consolida el sendero fiscal y anticipa impactos clave sobre educación, jubilaciones, salud y el frente externo.

La oficialización del Presupuesto 2026 se concretó mediante decreto del Poder Ejecutivo, luego de la aprobación legislativa en el Senado con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. La ley se presenta como la hoja de ruta económica y financiera del Estado nacional para el próximo ejercicio y busca dotar de previsibilidad a la política fiscal, monetaria y cambiaria.

Marco macroeconómico y metas fiscales: superávit, crecimiento y tipo de cambio

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, acompañado por una inflación anual del 10,1%, en línea con un escenario de desaceleración inflacionaria. En materia cambiaria, el texto fija un tipo de cambio de $1.423 por dólar para diciembre de 2026, variable clave para el comercio exterior y la planificación de inversiones.

En el plano fiscal, la norma establece gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, consolidando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas. Según la ley, este resultado se apoya en una administración más estricta del gasto y en una expansión moderada de los recursos.

Las exportaciones aparecen como uno de los motores del crecimiento proyectado: el Presupuesto prevé un incremento del 10,6% interanual hacia finales de 2026, en un contexto de recuperación de la actividad y mejora del frente externo.

Asignación del gasto: universidades, jubilaciones, salud y educación

Entre los principales destinos del gasto, el Presupuesto 2026 asigna $4,8 billones a las universidades nacionales, garantizando su financiamiento operativo y de programas especiales. El texto también contempla un aumento del 5% en el gasto previsional, en un escenario de contención del déficit y revisión de compromisos del sistema jubilatorio.

En el área social, se destacan incrementos reales en partidas sensibles: el gasto en Salud crecerá un 17%, mientras que Educación recibirá un aumento del 8%, con impacto directo sobre programas, transferencias y funcionamiento del sistema educativo.

Estos lineamientos reflejan una priorización selectiva del gasto, orientada a sostener áreas consideradas estratégicas, en paralelo con el compromiso de mantener el resultado fiscal positivo.

PRESUPUESTO 2026 Ley 27798 by CristianMilciades

Previsibilidad y señales al mercado

Desde una perspectiva institucional, la sanción y promulgación del Presupuesto 2026 refuerza el rol del Congreso en la definición de la política económica anual y aporta previsibilidad al sector público y privado. La fijación de metas explícitas de inflación, tipo de cambio y resultado fiscal funciona como señal para inversores, provincias y agentes económicos.

En términos políticos, la aprobación con mayoría en el Senado, aunque con votos negativos, evidencia un escenario de debate intenso en torno al ajuste del gasto, la sostenibilidad del superávit y la distribución de recursos. Los sectores más directamente impactados por la norma serán el sistema universitario, los beneficiarios del sistema previsional, el sector salud, el educativo y las actividades exportadoras, que operarán bajo los supuestos macroeconómicos fijados por la ley.

Hacia adelante, la ejecución del Presupuesto será clave para evaluar la consistencia entre las proyecciones oficiales y la dinámica real de la economía, en un año en el que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria se consolidan como ejes centrales de la política económica.

anexo PRESUPUESTO 2026 Ley 27798 by CristianMilciades

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El Gobierno prorrogó las pautas salariales para el sector público nacional

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El Poder Ejecutivo Nacional resolvió extender durante todo 2026 los lineamientos de negociación salarial para el Sector Público Nacional, mediante la Decisión Administrativa 43/2025, firmada el 31 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. La medida prorroga la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024, que fija pautas uniformes para las negociaciones colectivas, con el objetivo explícito de optimizar los recursos del Estado, reducir el gasto público y mantener criterios homogéneos en materia salarial.

La decisión se inscribe en la política de administración del gasto y ordenamiento fiscal impulsada por el Gobierno y alcanza a las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Antecedentes normativos y objetivos de la prórroga

Los lineamientos salariales que ahora se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026 fueron establecidos originalmente por la Decisión Administrativa 28 del 1° de febrero de 2024, en el marco de las facultades conferidas por la Ley 18.753, que asigna a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público la responsabilidad de estudiar y coordinar una política salarial armónica en el ámbito estatal.

Posteriormente, la Decisión Administrativa 1 del 6 de enero de 2025 prorrogó esas pautas durante todo el ejercicio presupuestario 2025, con el argumento de avanzar en la reducción del gasto público y la eficiencia en la administración estatal. Según se desprende de los considerandos de la nueva norma, desde su implementación “se ha logrado avanzar de manera ininterrumpida hacia el logro de los objetivos señalados, manteniendo durante el Ejercicio Presupuestario 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios”.

La Decisión Administrativa 43/2025 sostiene que, en virtud de esos resultados, resulta “pertinente prorrogar los lineamientos oportunamente establecidos […] para el Ejercicio Presupuestario 2026”, reforzando la continuidad de un esquema centralizado de pautas salariales para todo el sector público nacional.

Impacto en las negociaciones colectivas y el gasto público

La medida tiene incidencia directa sobre las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito estatal, reguladas por la Ley 14.250 (t.o. 2004), y sobre el funcionamiento de las comisiones negociadoras definidas por los Decretos 183/1988 y 322/2017. En particular, reafirma la representación del sector empleador del Estado nacional en las discusiones paritarias y la aplicación de criterios comunes en organismos centralizados, descentralizados, instituciones de seguridad social y entes estatales comprendidos en la Ley 24.156.

Desde el punto de vista fiscal, la prórroga busca preservar previsibilidad presupuestaria y consolidar un esquema de control del gasto salarial, uno de los componentes más relevantes del gasto corriente del Estado. En ese sentido, la norma aclara que todas las referencias previas a la Ley de Presupuesto 27.701 y al Decreto 88/2023 deberán entenderse realizadas al instrumento que apruebe el Presupuesto 2026, alineando las pautas salariales con el marco presupuestario vigente.

Alcance institucional y continuidad de la política salarial

La decisión fue adoptada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1, 2 y 7 de la Constitución Nacional, y contó con la intervención de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, así como de los servicios jurídicos competentes.

En términos institucionales, la prórroga consolida una política salarial coordinada y centralizada dentro del Sector Público Nacional, reforzando el rol de los organismos rectores en la definición de pautas comunes y limitando la dispersión de criterios entre jurisdicciones. La continuidad de este esquema durante 2026 anticipa un escenario de negociaciones salariales condicionadas por parámetros fiscales y presupuestarios uniformes, en línea con la estrategia general de ordenamiento del gasto público.

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