Presupuesto 2026

Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

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En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

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Presupuesto 2027: Misiones proyecta un gasto de $5,2 billones y blinda la inversión social

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El gobernador Hugo Passalacqua remitió este viernes a la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2027, que asciende a $5.206.134.722.000, consolidando una estrategia que prioriza el gasto social y busca sostener la inversión pública en un contexto de fuerte retracción de los recursos nacionales.

La iniciativa representa un incremento nominal del 28,7% respecto del presupuesto vigente para 2026, que fue fijado en $4.045.600.921.000. En términos absolutos, la Provincia proyecta administrar $1,16 billones adicionales durante el próximo ejercicio.

El proyecto mantiene como eje central la inversión social. Según anunció Passalacqua, el 63% del presupuesto estará destinado a educación, salud y políticas de contención social, mientras que el 14% se orientará al desarrollo económico, con especial énfasis en la reactivación de obras de infraestructura.

“Cumpliendo con el mandato del artículo 116 inciso 4) de nuestra Constitución Provincial he presentado a la Legislatura Provincial el proyecto de Presupuesto 2027, por un monto de $5.206.134.722.000. Para seguir cuidando la educación, la salud y la contención social de los misioneros destina el 63% a la inversión social, y 14% para el desarrollo de la economía motivado en la reactivación de obras”, expresó el mandatario.

Un presupuesto atravesado por el ajuste nacional

En la nota elevada a la Legislatura, el Gobernador deja en claro que el presupuesto fue elaborado en un escenario marcado por el retiro del Estado nacional del financiamiento de programas y obras, situación que obligó a la Provincia a reorganizar prioridades y absorber con recursos propios funciones que antes eran compartidas.

El mensaje recuerda que durante 2024 comenzaron los recortes de partidas y fondos nacionales y que esa política se profundizó durante 2025 y 2026. Entre los principales impactos menciona la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); el desfinanciamiento del programa Remediar; la reducción del transporte subsidiado; el abandono del mantenimiento de la red vial nacional; la disminución de los envíos a las cajas previsionales provinciales; y una menor asistencia de organismos nacionales.

Según el texto oficial, esta situación obligó a la Provincia a sostener con recursos propios servicios esenciales para la población.

PRESUPUESTO 2027

Misiones proyecta administrar
$5,2 billones

El gasto provincial crecerá 28,7% respecto del presupuesto vigente de 2026.

Presupuesto 2026 $4,046 billones
Proyecto 2027 $5,206 billones
Aumento nominal +28,7%
Incremento absoluto +$1,16 billones

Destino de los recursos

Inversión social 63%
Educación, salud y políticas de contención social.
Desarrollo económico 14%
Reactivación de obras e impulso a la actividad económica.
Dato clave: casi dos de cada tres pesos del Presupuesto 2027 estarán destinados a la inversión social. Fuente: Gobierno de Misiones | Elaboración: Economis

Prioridad: educación, salud y contención social

Al igual que en los últimos ejercicios, el proyecto ratifica la decisión política de mantener a la inversión social como el principal destino de los recursos públicos.

El 63% del presupuesto estará concentrado en áreas sociales, consolidando la política provincial de preservar el funcionamiento del sistema educativo, la salud pública y los programas de asistencia, aun en un escenario de menores transferencias nacionales.

En paralelo, el Gobierno provincial reserva el 14% para el desarrollo económico, porcentaje vinculado principalmente a la reactivación de la obra pública, uno de los sectores más golpeados por la paralización de las inversiones nacionales.

Crecimiento moderado frente a una economía en rojo

El aumento del 28,7% respecto del presupuesto 2026 refleja una pauta de crecimiento nominal prudente, consistente con un escenario de desaceleración inflacionaria, aunque todavía atravesado por fuertes incertidumbres macroeconómicas.

En su mensaje, Passalacqua advierte además sobre los efectos de la apertura comercial, la desregulación de mercados y la caída de la demanda, factores que impactan especialmente sobre las economías regionales y las provincias fronterizas como Misiones.

El documento sostiene que ese contexto afecta la actividad económica, el empleo y la recaudación provincial, razón por la cual el Gobierno apuesta a un Estado “eficiente” que continúe trabajando junto al sector privado para amortiguar los efectos de esas asimetrías.

Con este proyecto, Misiones vuelve a poner el acento en la protección del gasto social y en el sostenimiento de la inversión pública, mientras busca compensar con recursos provinciales el repliegue financiero de la Nación. La discusión parlamentaria comenzará en las próximas semanas y definirá el esquema de funcionamiento del Estado provincial durante 2027.

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El Gobierno modifica el Presupuesto 2026 por DNU: refuerza fondos para el pago de salarios, deuda y programas sociales

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El Gobierno nacional volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia para introducir modificaciones al Presupuesto 2026 con el objetivo de reforzar partidas destinadas a áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado. A través del DNU 594/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reasignó recursos para afrontar incrementos salariales, fortalecer el financiamiento de las universidades nacionales, ampliar el presupuesto de la ANSES para cubrir déficits previsionales provinciales y garantizar el funcionamiento de distintos organismos de la Administración Pública.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y la totalidad del Gabinete, sostiene que la adecuación presupuestaria resulta indispensable para evitar riesgos en la prestación de servicios esenciales y para atender compromisos que surgieron durante la ejecución del ejercicio fiscal. El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto para los DNU.

Uno de los principales ejes de la modificación es el refuerzo presupuestario para la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Los nuevos recursos estarán destinados a financiar la política salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales y asegurar la continuidad del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una herramienta orientada a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo. El área recibirá un aumento de $1.335.312.502.795 en su partida presupuestaria.

En paralelo, el Ejecutivo amplió el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar el financiamiento del Programa Monotributo Social, mecanismo que facilita la formalización laboral de trabajadores de bajos ingresos y emprendedores de la economía popular.

Otro de los capítulos de mayor impacto económico corresponde a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El decreto fija en $409.342.664.874 el crédito presupuestario destinado a financiar las transferencias hacia las cajas previsionales provinciales con déficit no transferidas al Estado nacional, consolidando uno de los principales compromisos financieros del sistema previsional argentino.

La readecuación también alcanza a la Jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, cuyos créditos fueron incrementados para asegurar el cumplimiento de los vencimientos financieros previstos durante el ejercicio. Paralelamente, se modifican partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro para asistir financieramente a Educ.ar S.A.U., empresa estatal que depende de la Secretaría de Educación y desarrolla contenidos y plataformas digitales para el sistema educativo.

El decreto incorpora además una operación financiera relevante para las cuentas públicas. El Ministerio de Capital Humano deberá transferir al Tesoro Nacional $280.510.611.926, correspondientes al reembolso de fondos vinculados al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, recursos que habían sido adelantados previamente por el Tesoro.

La modificación presupuestaria también contempla ajustes administrativos derivados de cambios en la estructura del Estado. Mientras se completan las adecuaciones formales de organismos cuya naturaleza jurídica fue modificada durante 2026, el Ejecutivo dispuso que continúen ejecutando sus gastos con cargo a las partidas originalmente asignadas.

Se asignaron más fondos para el funcionamiento de hospitales nacionales. El Hospital Garrahan recibirá $103.966 millones, mientras que el Hospital Cuenca Alta Nestor Kirchner contará con $17.521 millones, entre otros centros de salud del sistema SAMIC.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió un refuerzo total de $49.261 millones, que incluye partidas para personal, bienes de consumo y equipos de computación. Por su parte, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal también recibieron adecuaciones en sus créditos para gastos de personal y funcionamiento.

En cuanto a la deuda pública, se registró una readecuación importante del presupuesto para cumplir con los servicios financieros del ejercicio actual, incluyendo la amortización de letras intransferibles al Banco Central por más de $18 billones, utilizando recursos del Tesoro Nacional.

Las planillas anexas al decreto muestran que la redistribución de recursos alcanza a numerosos organismos del Estado. Entre ellos aparecen refuerzos para el Poder Judicial, el Ministerio Público, universidades nacionales, áreas de seguridad, cultura y diversos organismos descentralizados, principalmente para afrontar gastos salariales, funcionamiento e inversiones operativas.

Desde una perspectiva fiscal, el DNU refleja las tensiones propias de la ejecución presupuestaria en un contexto de fuerte disciplina sobre el gasto público. Aunque el Gobierno mantiene como objetivo central el equilibrio fiscal, la dinámica de la administración obliga a reasignar partidas para atender compromisos salariales, previsionales, educativos y financieros que no podían postergarse sin afectar el funcionamiento del Estado.

DNU 594/2026 by CristianMilciades

La decisión confirma, además, que el Poder Ejecutivo continúa utilizando la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia para introducir modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio, una práctica prevista por la legislación vigente pero que, como ocurre con todos los DNU, quedará sujeta al control político posterior del Congreso de la Nación.

anexo 1 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 2 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 3 DNU 594/2026 by CristianMilciades

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Economía refinancia vencimientos con el Banco Central y posterga pagos por USD 3,8 millones hasta 2031

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La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda dispusieron a través de la Resolución Conjunta 35/2026 la emisión de una nueva Letra del Tesoro intransferible por USD 3,88 millones, destinada al Banco Central (BCRA), para refinanciar parte de los intereses de una letra emitida en 2022. La operación extiende el compromiso financiero hasta junio de 2031 y se enmarca en el esquema previsto por la Ley de Presupuesto 2026 para la administración de la deuda entre el Tesoro y la autoridad monetaria.

Aunque el monto involucrado es reducido frente al volumen total de la deuda pública argentina, la medida refleja una estrategia que sigue siendo central en la gestión financiera nacional: reemplazar vencimientos con nuevos instrumentos para evitar desembolsos inmediatos de caja y sostener el equilibrio fiscal de corto plazo.

Un mecanismo que preserva liquidez del Tesoro

La resolución establece que el 60% de los intereses correspondientes al séptimo cupón de una letra intransferible emitida en dólares y con vencimiento en 2032 será cancelado mediante la entrega de una nueva letra a cinco años de plazo.

El instrumento tendrá las siguientes características:

  • Monto máximo: USD 3.878.320.
  • Vencimiento: 30 de junio de 2031.
  • Amortización: íntegra al vencimiento.
  • Colocación: directa al BCRA.
  • Intereses: vinculados al rendimiento de las reservas internacionales del Banco Central, con un tope asociado a la tasa internacional SOFR.

La normativa responde a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que habilita al Estado nacional a reemplazar parte de los servicios financieros de las letras intransferibles en cartera del Banco Central por nuevos títulos públicos.

Desde una perspectiva financiera, la decisión implica transformar una obligación exigible en el corto plazo en un compromiso de mayor duración, reduciendo la presión sobre las cuentas públicas durante el ejercicio en curso.

Qué significa para la economía real

Para el sector privado, este tipo de operaciones no genera un impacto directo sobre la actividad productiva. Sin embargo, sí constituye una señal relevante sobre la administración de la deuda pública y la relación financiera entre el Tesoro y el Banco Central.

La refinanciación de vencimientos internos permite preservar recursos fiscales que pueden destinarse a otras obligaciones presupuestarias sin incrementar el financiamiento en el mercado. Al tratarse de deuda intraestado, la operación tampoco implica una salida de divisas ni modifica la exposición frente a acreedores privados o internacionales.

Los analistas financieros suelen observar estos movimientos porque permiten medir el grado de dependencia del Tesoro respecto de los mecanismos de financiamiento provistos por organismos públicos, particularmente el Banco Central.

La capacidad del Gobierno nacional para administrar vencimientos sin tensionar las cuentas públicas es un elemento observado por los sectores productivos, especialmente en actividades exportadoras que dependen de condiciones macroeconómicas previsibles para planificar inversiones y financiamiento.

Más allá del monto puntual de esta operación, el dato relevante es la continuidad de una estrategia de refinanciación de obligaciones entre organismos públicos. La sostenibilidad fiscal no dependerá de estas operaciones aisladas, sino de la capacidad del Estado para reducir necesidades de financiamiento futuras y fortalecer el perfil de vencimientos de la deuda pública. Para el sector privado, la variable a monitorear sigue siendo si esa estrategia contribuye a consolidar un entorno macroeconómico más estable y previsible para la inversión.

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Milei recortó casi $3 billones del Presupuesto 2026 y endurece el ajuste para sostener el superávit

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El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación del Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida combina ampliaciones puntuales de gasto previsional con recortes por casi $3 billones en distintas partidas del Estado nacional para reforzar la meta de superávit fiscal comprometida por el presidente Javier Milei.

El ajuste se produce en un contexto diferente al del inicio de gestión. Según los datos citados en el reporte, la caída de la inflación y el deterioro de la recaudación tributaria redujeron el margen que el Gobierno había utilizado en 2024 para licuar gasto público. La discusión fiscal ahora se traslada a un terreno más delicado: qué partidas sostener, cuáles reducir y cuánto impacto político puede absorber la administración nacional.

El Gobierno amplió pagos previsionales y financió retiros en ANSES

Uno de los cambios centrales del decreto presupuestario fue la ampliación de $500.000 millones para cancelar sentencias judiciales previsionales y acuerdos vinculados con jubilaciones. El nuevo techo autorizado asciende a: $712.288 millones

La ampliación responde a retroactivos derivados de ajustes sobre prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES.

Al mismo tiempo, el Gobierno incorporó: $162.000 millones destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca dentro de ANSES.

El programa busca reducir estructura administrativa mediante retiros voluntarios y establece restricciones para quienes adhieran, incluyendo la imposibilidad de volver al sector público nacional durante el plazo fijado y la renuncia a tutela sindical en caso de cargos gremiales.

La mayor poda cayó sobre subsidios y programas de infraestructura

El ajuste más fuerte se concentró en partidas vinculadas a subsidios económicos y gasto de capital.

Entre los principales recortes aparecen:

  • $1,47 billones en “Otras Asistencias Financieras – Servicios Económicos”
  • $359.497 millones en programas de uso racional y eficiente de la energía
  • $320.671 millones en infraestructura para desarrollo deportivo
  • $97.104 millones para obras sobre la Ruta Nacional 38
  • $78.711 millones en compensación salarial docente
  • $63.021 millones en programas de cáncer
  • $55.465 millones en integración social y ciudadanía
  • $39.442 millones en integración socio-urbana

La Administración Central terminó con un recorte neto de: $2,5 billones

A eso se sumaron mayores ingresos por: $565.000 millones

Según lo informado, el resultado eleva la meta de superávit fiscal a: $3,2 billones

El ajuste entra en otra etapa: menos licuación y más administración fina

El trasfondo económico de la medida refleja un cambio importante en la dinámica fiscal del Gobierno.

Durante 2024, la alta inflación funcionó como mecanismo indirecto de reducción del gasto real. Esa herramienta perdió potencia en 2026 por dos factores mencionados en el reporte: desaceleración inflacionaria, y caída de la recaudación.

El economista Isidro Guardarucci, de FIEL, advirtió que el superávit ya no depende únicamente de grandes recortes lineales, sino de una “gestión fina” del gasto público.

Según los datos citados: la recaudación tributaria cayó 8% real en el primer trimestre, equivalente a unos $3 billones menos respecto de 2025, mientras el gasto retrocedió 5,1% real. El IVA aparece como uno de los tributos más afectados, con una caída cercana a: $0,9 billones

El escenario obliga al Ejecutivo a administrar tensiones más complejas que en el inicio de mandato: universidades en recomposición presupuestaria, subsidios que dejan de caer y provincias con menor margen financiero.

El Consejo de la Magistratura recibió refuerzos presupuestarios

La modificación también incluyó incrementos para el Consejo de la Magistratura.

Las partidas adicionadas contemplan: $115.194 millones para gastos de personal, y $22.000 millones para bienes de uso vinculados a la Justicia de Máxima Instancia.

Según el texto oficial, la reasignación busca garantizar el funcionamiento operativo del organismo judicial.

Menos obra pública y presión sobre las provincias

Aunque la decisión tiene alcance nacional, el ajuste sobre infraestructura, subsidios y transferencias repercute especialmente en provincias periféricas como Misiones.

La reducción de partidas vinculadas a: integración socio-urbana, obras públicas, energía, y transferencias puede impactar sobre la capacidad de financiamiento de proyectos locales y sobre la actividad económica vinculada a construcción y servicios.

El informe también menciona que las transferencias corrientes a provincias cayeron: 27% real

Para distritos del NEA, donde el peso de la coparticipación y los recursos nacionales tiene mayor incidencia relativa, el endurecimiento fiscal agrega presión sobre presupuestos provinciales y municipales.

El Gobierno busca sostener el superávit mientras cae la recaudación

La modificación presupuestaria expone la prioridad política de la administración Milei: preservar el equilibrio fiscal incluso en un escenario económico menos favorable.

El desafío ahora es distinto al de 2024. El margen para recortar gasto sin afectar áreas sensibles parece reducirse mientras la actividad económica y el consumo muestran señales de desaceleración.

El mercado seguirá de cerca tres variables: evolución de la recaudación, capacidad del Gobierno para sostener el ajuste, y reacción de provincias, universidades y sectores alcanzados por los recortes.

La discusión fiscal dejó de girar únicamente sobre cuánto recortar. El eje empieza a desplazarse hacia dónde ajustar y cuánto costo político puede absorber el esquema de superávit permanente.

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