Presupuesto 2026

Bullrich defendió en el Congreso el Presupuesto de Seguridad: más tecnología, control territorial y baja del crimen

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La ministra Patricia Bullrich presentó el Presupuesto 2026 en Seguridad: $7,8 billones para fortalecer el control territorial, la modernización y la lucha contra el delito

Un presupuesto que busca consolidar el “orden” como política de Estado

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó en comisión del Congreso el Presupuesto 2026 de su cartera, que asciende a $7,8 billones y se inscribe en el rumbo marcado por el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La funcionaria aseguró que la asignación “consolida el camino del orden y la seguridad” y remarcó que el objetivo central es garantizar “la capacidad operativa, la eficiencia del gasto y la presencia del Estado en cada rincón del país”.

“El que las hace, las paga no fue un lema de campaña. Fue, es y seguirá siendo un principio de gobierno”, sostuvo Bullrich, al definir el fundamento político del proyecto y su alcance institucional.

Modernización, fronteras y reducción del delito: los pilares del Presupuesto 2026

El informe presentado ante legisladores desglosa una serie de prioridades que el Ministerio considera claves para sostener los resultados operativos del último año:

Inversión histórica en tecnología y equipamiento

El presupuesto proyecta USD 126 millones para modernización, infraestructura y sistemas digitales destinados a reforzar la capacidad de las fuerzas federales en tierra, aire y agua.
La distribución de la inversión en bienes de uso será:

  • 29,5 % para aviación
  • 25,8 % para tecnología
  • 15,1 % para automotores

Bullrich definió este refuerzo como “una apuesta a un sistema de seguridad moderno y federal”.

Control territorial y fronterizo

El Gobierno plantea la continuidad y consolidación de los planes Bandera, Güemes, Paraná y Guacurarí, herramientas utilizadas para combatir narcotráfico, contrabando y violencia urbana. Según la ministra, su ejecución permitió “resultados concretos” en materia de presencia estatal y control territorial.

Baja del delito y de los homicidios

Durante la presentación, Bullrich afirmó que “el país volvió a posicionarse entre los más seguros de la región”, con:

  • 13,5 % de reducción de homicidios a nivel nacional
  • 58,7 % de caída en Rosario bajo el Plan Bandera

Estos indicadores se presentan como evidencia del impacto operativo conseguido con los programas en vigencia.

Seguridad productiva

El Ministerio destacó el fortalecimiento de la Unidad y el Comando de Seguridad Productiva, que realizaron más de 116 intervenciones para garantizar “el derecho a trabajar y producir sin bloqueos ni extorsiones”.

Modernización del sistema penitenciario

Bullrich expuso los avances del programa Ocio Cero, que logró:

  • 22 % más de internos trabajadores
  • 35 % de reducción del gasto del peculio

El modelo, afirmó la ministra, apunta a “disciplina y reinserción”.

Gestión de emergencias

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), que el Gobierno busca consolidar como estructura nacional de respuesta ante catástrofes, registró:

  • 3.700 horas de vuelo
  • Asistencia directa a 16 jurisdicciones

Un presupuesto presentado como “declaración de principios” y sus implicancias institucionales

Bullrich enfatizó que la propuesta económica “no es solo una asignación de recursos, es una declaración de principios”. Desde esa perspectiva, el Presupuesto 2026 se construye como un instrumento que busca reforzar el mandato del Ejecutivo en tres ejes: orden, disciplina y seguridad territorial.

A nivel político, el proyecto intenta consolidar la narrativa gubernamental de eficiencia en el uso del gasto público, resultados operativos medibles y presencia estatal enfocada en el combate al crimen organizado. Institucionalmente, el énfasis en tecnología, fronteras y sistema penitenciario anticipa un escenario de mayor demanda de coordinación con provincias y fuerzas federales.

El Ministerio sostiene que “cada peso del presupuesto tiene un propósito: proteger la vida, cuidar el territorio y asegurar la libertad de los argentinos”, síntesis que refleja el posicionamiento estratégico que busca consolidar la gestión.

Proyección e impacto: sectores involucrados y posibles reacciones

El Presupuesto 2026 impacta directamente en:

  • Fuerzas federales, que recibirán equipamiento y sistemas tecnológicos nuevos.
  • Provincias fronterizas, donde se desplegarán los planes operativos.
  • Sectores productivos, que ven reforzada la política de seguridad para la actividad laboral sin bloqueos.
  • Sistema penitenciario, que profundizará su esquema de trabajo obligatorio bajo el programa Ocio Cero.

En el plano político, el Congreso será el escenario clave. Con un monto elevado en dólares destinados a modernización y una estructura organizativa ampliada, el debate legislativo anticipa discusiones sobre prioridades fiscales, eficiencia del gasto y articulación federal.

La ministra cerró su presentación con una definición que sintetiza el espíritu del proyecto:
“La Argentina puede y debe ser un país seguro, próspero y libre”.

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El Gobierno libertario busca aprobar su primer Presupuesto con superávit del 1,5% del PBI

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Presupuesto 2026, el Gobierno libertario enfrenta su primera gran prueba de gobernabilidad tras las elecciones

El proyecto será el primer test político y fiscal de Javier Milei ante el nuevo Congreso. La discusión sobre el equilibrio presupuestario, la presión tributaria y la recaudación marcará el pulso del debate económico de fin de año.

Un examen clave para la estabilidad política y fiscal

Con el impulso político que dejaron las elecciones legislativas, el Gobierno libertario se enfrenta esta semana a su primer gran desafío de gobernabilidad: la discusión del Presupuesto 2026. El proyecto, presentado por el presidente Javier Milei el pasado 15 de diciembre, será la primera señal concreta de cómo planea ejercer el poder con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.

El Presupuesto constituye una prueba crucial de conducción política, luego de dos ejercicios consecutivos (2024 y 2025) con prórrogas del presupuesto 2023. En esta oportunidad, la administración busca ratificar su compromiso con el equilibrio fiscal, con una meta de superávit del 1,5% del PBI, frente al 0,9% que proponen sectores opositores como el espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, que anticipó la presentación de un dictamen de minoría.

La Cámara de Diputados será el escenario central del debate, donde cada bloque expondrá sus propuestas. A diferencia de ocasiones anteriores, los legisladores libertarios llegan con una base política fortalecida y el objetivo de aprobar su primer presupuesto propio, en línea con el plan de consolidación fiscal y reformas estructurales delineado por el Ejecutivo.

Las proyecciones económicas: ingresos, inflación y el rol del Estado

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá esta semana ante las comisiones parlamentarias para defender las proyecciones oficiales. Según el texto presentado, el Gobierno prevé una recaudación total de $225 billones, equivalente al 21,77% del PBI, manteniendo la estructura impositiva vigente.

El desafío será explicar cómo se alcanzará ese volumen de ingresos con una inflación estimada del 10% y un crecimiento del 5% del PBI, proyecciones consideradas optimistas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El organismo advierte que los principales tributos —IVA, Ganancias y Aportes a la Seguridad Social— representarán el 16,9% del PBI, es decir, más de las tres cuartas partes de los recursos nacionales.

Entre las claves del esquema fiscal se destacan:

  • Aumento de la presión tributaria del Impuesto a las Ganancias en 0,21 puntos porcentuales, producto de la desaceleración nominal.
  • Actualización gradual de los montos fijos del Impuesto a los Combustibles.
  • Reducción de la carga de Bienes Personales, conforme a las alícuotas menores establecidas por la Ley 27.743.

Un capítulo especial dentro del Presupuesto 2026 es la continuidad del régimen de Ganancias Simplificado, vigente actualmente por decreto. Este sistema —similar al monotributo— permite a la Administración de Recursos y Control (ARCA) generar una declaración automática de gastos que el contribuyente puede validar o ajustar. Aunque no se lo menciona explícitamente, la iniciativa funciona como un blanqueo permanente para fondos no declarados, incluidos los “dólares del colchón”, que se busca reinsertar en el sistema formal.

Primer mojón del plan libertario y reacción política

Para el oficialismo, el Presupuesto 2026 es el primer paso de una agenda más amplia que incluirá, en los próximos meses, una reforma laboral y una reforma tributaria. Milei busca demostrar a los mercados y a los gobernadores que puede mantener disciplina fiscal y gobernabilidad política en un contexto de expectativas crecientes.

El presidente ya había anticipado su disposición a dialogar con los mandatarios provinciales para garantizar la aprobación del texto. La señal de orden institucional resulta clave luego de la prórroga del Presupuesto 2023, que limitó la planificación financiera del Estado y afectó el flujo de fondos hacia las provincias.

Por otra parte, el Congreso continuará esta semana con la exposición de funcionarios. Está prevista la participación de la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, quien defenderá los gastos de su cartera; así como la de María Luciana Carrasco, jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Ceratto. También asistirán Carlos Torrendell, secretario de Educación, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, para detallar la asignación de recursos en sus áreas.

El debate presupuestario se perfila, así, como el primer test político de la nueva etapa libertaria. Su desenlace marcará el ritmo del Gobierno hacia 2026 y será interpretado por los mercados como una señal de fortaleza o fragilidad institucional.

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Tras el rechazo a los vetos, el Gobierno oficializó las leyes clave para salud y educación, pero frenó su aplicación hasta nuevo presupuesto

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El Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso asigne fondos

La decisión impacta sobre dos normas claves que habían sido impulsadas por el Congreso para reforzar el sistema de salud infantil y las universidades públicas. El Ejecutivo alega falta de recursos y advierte un costo fiscal combinado superior a los 1,4 billones de pesos.

Promulgación con suspensión: dos leyes sancionadas, pero sin ejecución inmediata

En la madrugada de este martes, el Gobierno nacional promulgó formalmente dos leyes emblemáticas —la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario y la Ley N° 27.796 de Emergencia Sanitaria Pediátrica—, pero dispuso la suspensión de su aplicación hasta que el Congreso de la Nación defina fuentes de financiamiento específicas en el Presupuesto Nacional.

Ambas medidas quedaron oficializadas a través de los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, en los que el Poder Ejecutivo justifica la decisión en función del impacto fiscal que implicarían las nuevas obligaciones.

“El Congreso no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156”, señala el texto oficial.

La situación replica lo ocurrido semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también fue promulgada pero suspendida en su ejecución por motivos presupuestarios.

Financiamiento universitario: impacto fiscal y ajuste automático por inflación

La Ley N° 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, incluyendo actualizaciones automáticas por inflación, recomposición salarial del personal docente y no docente, y actualización de becas estudiantiles.

El texto prevé que los gastos de funcionamiento universitario se ajusten bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Según el decreto, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación acumulada del IPC fue del 34,89%, lo que implicaría un costo adicional de $123.358 millones para el ejercicio vigente.

El Gobierno proyecta que el costo total de la ley ascendería a $1,06 billones en 2025 y $2,0 billones en 2026, cifras consideradas incompatibles con la actual política de equilibrio fiscal.

En el plano salarial, la ley establece que los sueldos del personal universitario deberán actualizarse en un porcentaje no inferior al IPC acumulado entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma. Según los cálculos oficiales, la inflación acumulada fue de 220,45%, mientras que las remuneraciones crecieron un 128,49%, lo que obliga a un ajuste adicional del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Además, la incorporación de sumas no remunerativas a los básicos implicaría un aumento adicional del 37,55% para el personal no docente, con un costo fiscal estimado de $178.984 millones en 2025 y $490.459 millones en 2026.

La norma también dispone la actualización automática de los programas de becas: el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano demandaría $72.840 millones adicionales, y el Programa Progresar, otros $76.614 millones.

“Sin financiamiento específico, su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran esfuerzo por la sociedad argentina”, advierte el Decreto 759/2025.

Emergencia pediátrica: alerta sanitaria y restricción presupuestaria

La Ley N° 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año, con el objetivo de garantizar el acceso a la atención infantil, reforzar hospitales públicos —como el Hospital Garrahan, símbolo del sistema pediátrico nacional—, y asegurar insumos, infraestructura y personal especializado.

Entre sus medidas principales, la norma prevé:

  • Asignación prioritaria de recursos para medicamentos, vacunas y equipamiento.
  • Recomposición inmediata de salarios del personal de salud infantil.
  • Exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras y guardias.

Sin embargo, el Decreto 760/2025 calcula que el costo fiscal de la ley alcanzaría $196.270 millones, superando la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, que ya arrastra un déficit operativo de $102.400 millones.

La reasignación requerida, según el Gobierno, equivaldría al 30% de los subsidios destinados a medicamentos y tecnología sanitaria y al 60% del presupuesto de programas de prevención como VIH/Sida.

Por estos motivos, el Ejecutivo resolvió postergar la aplicación hasta contar con una asignación presupuestaria específica en la próxima ley de Presupuesto.

“Sin fuentes claras de financiamiento, la ejecución de la ley podría derivar en el deterioro del propio sistema que busca proteger”, sostiene el decreto.

Un conflicto institucional que se traslada al Congreso

Ambas leyes fueron sancionadas tras el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales, lo que evidenció una tensión política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre las prioridades del gasto público.

El oficialismo insiste en que las normas, tal como están planteadas, afectan el equilibrio fiscal y podrían provocar un efecto inflacionario por el incremento del gasto corriente.
Desde la oposición, en cambio, sostienen que la suspensión viola la voluntad del Congreso y pone en riesgo derechos esenciales vinculados con la educación pública y la salud infantil.

El debate promete reabrirse durante la discusión del Presupuesto 2026, donde deberán definirse las partidas específicas que permitan implementar ambas leyes sin comprometer el plan de consolidación fiscal del Gobierno.

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Caída real del 6,1% en gasto agropecuario y ajuste del 16,4% en 2026, según Analytica

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El último informe de la consultora Analytica revela una reconfiguración del gasto público en Argentina, con impactos significativos en el sector agropecuario. En los primeros nueve meses de 2025, el gasto primario cayó 2% interanual a precios constantes, mientras las partidas agrícolas sufrieron una contracción del 6,1%. Estas tendencias se profundizan en el presupuesto proyectado para 2026, que implicaría una reducción real de hasta 16,4% en inversión agropecuaria, afectando áreas clave como investigación, sanidad y productividad. El análisis cobra relevancia en un contexto de exención transitoria de retenciones a la soja, medida con un costo fiscal estimado en $1,6 billones (0,19% del PIB) y efectos directos sobre la capacidad de inversión estatal en el sector.

En septiembre, el gasto primario devengado disminuyó un 2% interanual medido a precios constantes. En el acumulado en los primeros nueve meses se incrementó un 0,9% comparado con igual período del año pasado.

Los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-septiembre 2024 fueron las transferencias corrientes a provincias (+42,2%), las asignaciones familiares y por hijo (+15,8%), particularmente la AUH (+23,2%), y los bienes y servicios (+15,0%).

Por otro lado, las partidas con mayores ajustes reales interanuales en el acumulado en los primeros nueve meses fueron los programas sociales (-21,1%), el gasto en subsidios económicos (-45,2%), particularmente los asociados a la energía (-57,0%), y la obra pública (-48,3%) donde la caída se concentra en las transferencias de capital (-61,9%) mientras que las construcciones tuvieron una leve mejora (+4,5%).

Dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En los primeros nueve meses se incrementaron un 206,6% interanual real.

GASTO EN AGRICULTURA

La decisión de eliminar transitoriamente las retenciones al sector agro exportador tiene un costo fiscal de $1,6 billones, 0,19% del PIB. Como se observa a continuación la mayor parte de la menor recaudación proviene de la exención aplicada a la soja y sus derivados —que concentran la mayor parte del valor exportado—, lo que refleja el peso estratégico del complejo sojero en la generación de divisas y en la recaudación tributaria.

Por su parte, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto público asociado a la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” registró una contracción interanual del 6,1% en términos reales. Esta caída se suma al fuerte ajuste observado en igual período de 2024, cuando el gasto se redujo un 61,7% real interanual. Aun así, cabe señalar que la reducción del año pasado está influenciada por la alta base de comparación, ya que en 2023 se registró un gasto históricamente alto en esta función, que pudo estar en parte influenciado por la sequía.

En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, los fondos destinados al sector agropecuario se concentraron en: “Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible” (17,9%), “Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria” (14,7%), “Acciones para la Protección Vegetal” (9,9%), “Acciones para la Sanidad Animal” (9,5%), “Investigación y Desarrollo Pesquero” (6,1%) y “Promoción del Comercio y Producción de Semillas” (2,9%). A su vez, un 38,6% del gasto se concentró en actividades centrales y comunes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, mientras que el 0,30% restante se distribuyó entre los programas “Administración y Control Comercial Agropecuario” y “Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario”. En particular, este último redujo en gran medida su ponderación, pasando de representar el 8,9% en 2022 y el 6,9% en 2023, a ser el 0,26% en 2025. Aun así, y como se mencionó antes, esto puede explicarse por la sequía iniciada en 2022 y prolongada hasta inicios de 2023, lo cual también puede explicar el motivo de un mayor gasto en esos años.

El proyecto de presupuesto 2026 contempla un crédito de $375.461,2 millones para la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” y toma como base de comparación un presupuesto de $351.355,6 millones para 2025, lo que implicaría un aumento nominal del 6,9%. Sin embargo, si se toma como base de comparación al crédito vigente al 2 de octubre, el monto es de $363.704 millones por lo que el aumento nominal sería del 3,2%. Más aún, si se descuenta la inflación promedio proyectada en el presupuesto (14%), se obtendría una caída real del 8,4%, mientras que utilizando nuestra proyección del 23,5%, la caída sería del 16,4%.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

Es uno de los organismos más importantes de la política pública en el sector agropecuario, actualmente es un descentralizado del Ministerio de Economía luego de que el Congreso revierta el DNU 462/2025 que lo reagrupaba a la Administración Centralizada.

En los primeros nueve meses del año, el gasto en el INTA se redujo un 23% real interanual, y se mantiene en niveles históricamente bajos.

El programa principal que ejecuta el INTA es “Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural”, el cual concentra el 71,1% del gasto total del organismo. En lo que va del año, este programa registró una reducción del 15,2% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. Por fuera de las actividades centrales, el segundo programa en relevancia es “Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas”, que tuvo un recorte interanual del 26,5% a pesos constantes.

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“Está en juego el futuro universitario argentino”

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Afirmó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar. “Es difícil para un docente dar clases de calidad cuando está preocupado porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes”. El Presidente del CIM pidió también el acompañamiento del Senado.

-Fuerte apoyo de los diputados nacionales en contra del veto y de la gente en defensa de la universidad pública. ¿Cómo se sigue?

“La lógica es el acompañamiento de los senadores y después que se instrumente esta ley porque si no va a quedar dando vuelta. Creo que ha sido un paso no es que sea una solución ya inmediata, pero si no se hubiera aprobado hubiera estado en juego el sistema universitario para el futuro. Es decir, por la positiva todavía faltan muchas cosas para hacer, para que eso se transforme directo a las universidades, hubo un espaldarazo a las universidades que son fundamentales para el sistema democrático”.

-¿Cree que el presidente Milei la va a reglamentar si se aprueba en el Senado tiene 120 días para reglamentarla o la judicializará?

“No lo sé, pero igual será largo y además ya entramos en el presupuesto 2026, con lo cual ambas cosas vamos a tener que ir analizando en cada en cada caso. Pero bueno, esto también es la base para el presupuesto 2026, o sea, queda claro también que en ese sentido si no tenemos esta base de lo que se aprobó, que tiene que ver con la base de presupuesto también es un paso importante. Es muchísimo para adelante, la verdad que digamos esto no es una solución mágica mucho menos, pero sí es lo que planteamos siempre, sentarnos al diálogo para que se entienda que la universidad, así como estamos no podemos continuar porque los fondos son más que insuficientes”

-¿Ha visto el presupuesto 2026 lo que se les asignó a las universidades?

“Es el mismo valor de que estamos cobrando mes a mes y llevado al año que viene, o sea, que no tiene absolutamente ningún aumento, ningún incremento. Hicimos el cálculo tomamos lo que las universidades en total están recibiendo el mes de agosto, lo analizamos y nos da más o menos 4,7 millones contra el 4,8, con lo cual la diferencia es mínima. Pero sí el cálculo que hicimos es que hay un 4% nada más por encima de lo que se está cobrando ahora y comparado con el 10% de inflación que se plantea significa que todavía el año que viene sobre la base de este estamos mal en un 40% el año que viene vamos a seguir perdiendo fondos sobre ese valor”

-¿Se perdió el año?

“El esfuerzo docente hace de que el año no esté perdido. Hay una esperanza de que esto se reglamente y avancemos y que se entienda de los fondos de esto. Si el resultado hubiera sido negativo, yo creo que se perdía el cuatrimestre 2025”

-¿Cómo se mantiene la calidad educativa cuando un docente que va a dar clase y piensa, “¿No llego a fin de mes, tengo deudas?

“No se puede mantener y vamos a tener hacer con un esfuerzo, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo entre todos y viendo las distintas opciones que se van a ir planteando.

-Además del apoyo a la universidad público hubo un fuerte apoyo al hospital Garrahan…

“Hubo un mensaje claro de la sociedad que le llegó a los diputados y que le llegó hasta los gobernadores. Habría que ver los cambios que vinieron desde las provincias y ver que acá hay un mensaje claro y ojalá que el gobierno no siga en esta tesitura de que no hay fondos para nadie, solamente para mantener un dólar que se sigue escapando”

-¿Cuánto bajó la calidad educativa? Si vos cree si bajó la calidad educativa.

“La disminución se va a ir viendo a mediano y largo plazo. Sí, ya notamos en este año una disminución de la calidad educativa con las renuncias que se produjeron. Por otro lado, el desánimo existe en el docente”.

-La mayoría de los diputados nacionales que votaron a favor y los que sufragaron en contra son producto de la universidad pública…

“Los legisladores que votaron a favor pensaron nosotros no vamos a ser los responsables de la destrucción de la universidad pública. Se vio en los diputados y los gobernadores. Ese mensaje se dio y ojalá que el gobierno entienda el mensaje”

-¿Qué les diría a aquellos diputados que votaron en contra de la universidad pública?

“Que votaron en contra de la gente, yo soy rector de la universidad de La Pampa que días pasados cumplió 67 años, esta universidad no surgió de la nada, sino por un esfuerzo colectivo. Los que votaron en contra le dieron la espalda a la sociedad”.

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