Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: La Libertad Avanza suma apoyo peronista y se encamina a su aprobación en el Senado

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El oficialismo logró un respaldo clave del peronismo y quedó a un paso de aprobar en el Senado el Presupuesto 2026, un hito institucional para el gobierno de Javier Milei, que desde su asunción en diciembre de 2023 administró el Estado nacional con la prórroga del presupuesto sancionado en 2022. Con el acompañamiento de cuatro senadores del bloque Convicción Federal, La Libertad Avanza tendría los votos necesarios para la aprobación en general del proyecto el viernes 26 de diciembre, aunque persiste una fuerte disputa política por el artículo 30, vinculado al financiamiento educativo, científico y técnico.

La definición del Presupuesto no solo ordena el esquema de gastos y recursos del próximo año, sino que también expone una reconfiguración de alianzas en la Cámara alta, con un primer quiebre visible dentro del peronismo entre los gobernadores provinciales y el sector que responde a la conducción parlamentaria de José Mayans.

Apoyo peronista y números para la votación en general

Según confirmaron fuentes parlamentarias, cuatro de los cinco senadores del bloque Convicción Federal votarán a favor del Presupuesto 2026 en general. Se trata de Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). En tanto, Fernando Rejal (La Rioja) aún no definió su posición, debido al rechazo del gobernador Ricardo Quintela a la iniciativa.

Andrada y Mendoza responden políticamente a los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente, ambos alineados con el oficialismo nacional en esta instancia presupuestaria. El respaldo de este sector peronista permitiría al Gobierno alcanzar hasta 48 votos en la votación en general, despejando el principal interrogante que enfrentaba el proyecto en el Senado.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, incluyendo a Luis Juez, y suma además el apoyo de una decena de legisladores radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por Salta, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

Este armado parlamentario permitiría sancionar la ley de Presupuesto, siempre y cuando se logre también el respaldo artículo por artículo, una condición indispensable para su conversión definitiva en ley.

El artículo 30, el punto crítico del debate

La principal incertidumbre para el oficialismo se concentra en el artículo 30, que propone la derogación de los artículos que fijan pisos mínimos de inversión en áreas estratégicas del Estado. En concreto, el texto elimina:

  • La obligación de destinar el 6% del PBI al sistema educativo.
  • El 1% del PBI al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
  • El 0,2% de los gastos del Sector Público a las escuelas técnicas.

En este punto, Convicción Federal anticipó que no acompañará la iniciativa, a diferencia de la votación en general. Para este artículo, el oficialismo solo cuenta con el respaldo del PRO, la mayoría del radicalismo y algunos bloques provinciales, por lo que la aprobación dependerá en gran medida de la presencia efectiva de los senadores opositores en el recinto al momento de la votación.

Voceros parlamentarios admitieron que la definición del artículo 30 es hoy el único aspecto que genera preocupación en el oficialismo, ya que su rechazo podría obligar a reabrir negociaciones o introducir modificaciones al texto.

Tensiones internas en el peronismo y negociaciones abiertas

El respaldo parcial de Convicción Federal marca uno de los primeros quiebres relevantes dentro del peronismo en el Senado, diferenciando a los legisladores que responden a gobernadores del Partido Justicialista de la bancada conducida por José Mayans, alineada con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A esta fragmentación se suma la incógnita sobre la posición del Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por el ex gobernador Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno. En la Cámara de Diputados, de los siete legisladores vinculados a Zamora, cinco votaron en contra del Presupuesto y dos se ausentaron, lo que mantiene abierta la expectativa sobre su comportamiento en el Senado.

Las negociaciones continuarán hasta el mismo viernes, incluso durante la sesión, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para cada uno de los artículos. El oficialismo ya definió que no incluirá el Capítulo 11, rechazado previamente en Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Un presupuesto clave para el Gobierno

La eventual aprobación del Presupuesto 2026 representará un hito político e institucional para el Gobierno de Javier Milei, al tratarse del primer presupuesto propio sancionado por el Congreso desde el inicio de su gestión. Al mismo tiempo, el debate expone las tensiones estructurales en torno al rol del Estado, el financiamiento de áreas estratégicas y la relación entre Nación y provincias, en un escenario de fuerte ajuste fiscal y reconfiguración del sistema político.

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Fase de Remonetización: el Gobierno redefine el esquema cambiario y lanza un programa de acumulación de reservas

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Según la consultora Ecolatina el Gobierno lanzó la “Fase de Remonetización” y redefine el esquema cambiario y monetario desde 2026

El Gobierno anunció al cierre de la rueda del lunes una nueva etapa del programa económico, denominada “Fase de Remonetización”, que introduce cambios relevantes en la política cambiaria y monetaria. El nuevo esquema contempla un programa de acumulación de reservas, la indexación del crawling peg a la inflación y la normalización gradual de encajes, en un contexto marcado por la necesidad de recomponer reservas, sostener la desinflación y consolidar el acceso al financiamiento.

La medida fue presentada tras una colocación de deuda en dólares por debajo de lo esperado y un mercado cambiario que no reaccionó con el optimismo previsto luego del resultado electoral de octubre. En ese marco, el rediseño busca corregir desequilibrios del esquema vigente, evitar una apreciación real persistente del tipo de cambio y sentar las bases para una mayor estabilidad macroeconómica hacia 2026, aunque introduce nuevos interrogantes sobre la velocidad de la desinflación y el grado de discrecionalidad del Banco Central.

Programa de compras de reservas y nuevo crawling peg indexado

El eje central de la Fase de Remonetización es el inicio, a partir del 1° de enero de 2026, de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco Central, alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. Según el escenario base oficial, la Base Monetaria pasaría del 4,2% del PIB actual al 4,8% del PIB en diciembre de 2026, lo que equivale a compras de divisas por aproximadamente USD 10.000 millones, con la posibilidad de extenderse hasta USD 17.000 millones adicionales si la relación base-producto aumentara un punto porcentual.

Las compras estarán condicionadas por la oferta de divisas del balance de pagos, en particular de la Cuenta Financiera, y por la evolución de la demanda de dinero. El BCRA no intervendrá de manera automática: el monto diario de compras no superará inicialmente el 5% del volumen operado en el mercado de cambios y podrá ajustarse según la liquidez disponible, con el objetivo explícito de evitar presiones alcistas sobre el dólar. Además, se habilita la posibilidad de realizar “compras en bloque” por fuera del mercado, modalidad que el Tesoro ya utilizó durante 2025.

En paralelo, el Gobierno anunció una modificación sustancial del esquema cambiario. A partir de enero de 2026, las bandas cambiarias se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación publicado por el INDEC. En enero, el crawling peg será del 2,5% mensual, correspondiente a la inflación de noviembre, y se actualizará en los meses siguientes conforme a los nuevos registros. Este rediseño reemplaza el esquema previo, en el que el techo de la banda crecía al 1% mensual mientras la inflación se ubicaba en torno al 2%.

Como resultado, el nuevo esquema evita la apreciación real que venía acumulándose. De acuerdo con estimaciones basadas en la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, el techo de la banda alcanzaría en diciembre de 2026 los $1.860 (o $1.930 según otras proyecciones), entre un 8% y un 12% por encima del nivel que habría resultado con un deslizamiento del 1%, que lo habría ubicado en torno a $1.720.

Efectos macroeconómicos, reservas y discrecionalidad del esquema

Desde el punto de vista macroeconómico, la indexación del crawling peg presenta efectos contrapuestos. Por un lado, permite que el tipo de cambio real deje de apreciarse e incluso se deprecie en el margen, mejorando la competitividad externa. En un contexto internacional en el que la Reserva Federal muestra un sesgo más moderado y la inflación en Estados Unidos sorprendió a la baja en noviembre, el escenario de tasas internacionales más bajas hacia 2026 podría favorecer el apetito por deuda emergente y un dólar global más débil, ampliando el margen de competitividad cambiaria.

Por otro lado, el tipo de cambio dejará de funcionar como ancla nominal del programa económico, lo que introduce un componente inercial en la dinámica de precios y podría derivar en una desinflación más lenta. Además, el esquema arranca con un tipo de cambio real que, si bien mejoró cerca de un 20% desde la implementación de las bandas en abril, todavía luce bajo en términos históricos.

En este contexto, el comportamiento del dólar dentro de la banda será clave y dependerá de la oferta y demanda de divisas y de las expectativas del mercado. Tras el anuncio, el Tesoro habría interrumpido su racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Entre la semana pasada y el martes posterior al anuncio, los depósitos del Tesoro crecieron de USD 309 millones a USD 2.077 millones, impulsados por compras en el MULC, el ingreso del BONAR y movimientos con organismos internacionales. Sin embargo, luego del anuncio, Hacienda pasó a contener la cotización mediante ventas de instrumentos dólar linked en el mercado secundario y ventas directas de USD 13 millones y USD 150 millones en el MULC, lo que explicó la estabilidad del dólar en torno a los $1.450 durante cuatro jornadas consecutivas, con un volumen operado cercano a USD 600 millones.

La estrategia oficial refleja un rasgo central del nuevo programa: la preferencia por la discrecionalidad antes que por reglas rígidas. La política de encajes se ajustará gradualmente según la evolución de las variables monetarias y cambiarias, y el límite del 5% de participación del BCRA en el mercado es indicativo, no obligatorio. Esto deja abierta la posibilidad de jornadas sin compras o con intervenciones superiores a ese umbral, así como operaciones fuera del mercado cambiario formal.

Repercusiones en el mercado y el desafío del Riesgo País

En el corto plazo, el dólar oficial se mantuvo dentro del techo de la banda ($1.400–$1.450) y cerró en $1.450, con una suba semanal del 0,6%. Las Reservas Netas habrían retornado a terreno positivo y se estiman en torno a USD 1.400 millones. En contraste, los dólares alternativos mostraron alzas: el dólar minorista subió 0,7% hasta $1.474, el blue avanzó 2,8% a $1.485, el CCL con CEDEARs trepó 2,1% a $1.547 y el MEP con AL30 aumentó 1,5% a $1.494. La brecha cambiaria promedio se ubicó cerca del 4%.

Los contratos de dólar futuro también reflejaron el nuevo escenario: los vencimientos cortos subieron 0,3%, mientras que los contratos desde marzo de 2026 avanzaron 1,1%. Las devaluaciones implícitas cerraron en +0,5% para diciembre, +2,9% para enero y +5,0% para febrero.

Hacia adelante, el principal interrogante es la compatibilidad entre la recomposición de reservas y el respeto del techo de la banda cambiaria. Para que el escenario base del Gobierno se materialice, será clave una nueva baja del Riesgo País que habilite al Tesoro a regresar al mercado de capitales en 2026 y comenzar a rollear vencimientos. A ello se sumarían ingresos por la Cuenta Financiera, una mayor oferta del sector agropecuario y potenciales inversiones extranjeras bajo el régimen RIGI, además de colocaciones internacionales que podrían habilitarse si el Presupuesto 2026 se aprueba en el Congreso.

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Presupuesto 2026: el oficialismo analiza reabrir Diputados a fin de año para reponer artículos clave

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Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró voltear un capítulo central del proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo recalibró su estrategia parlamentaria y analiza reabrir el recinto entre el 29 y el 30 de diciembre. El objetivo es avanzar primero con modificaciones en el Senado y luego aceptar esos cambios en Diputados para intentar reponer los artículos rechazados, en particular los vinculados a la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La definición no depende exclusivamente de La Libertad Avanza (LLA), sino del curso que adopte el debate en la Cámara alta. En ese marco, el oficialismo admite que el desenlace está atado a los acuerdos políticos que se alcancen en el Senado y a la correlación de fuerzas que vuelva a expresarse en una eventual sesión de fin de año.

Estrategia parlamentaria y rol del Senado

Luego de que Diputados rechazara el capítulo 11 del Presupuesto, el oficialismo dejó trascender que buscará modificaciones o leyes específicas para alcanzar los mismos objetivos que estaban concentrados en ese tramo del proyecto. “Se trabajará en modificaciones o nuevas leyes particulares para conseguir los mismos objetivos planteados en ese capítulo”, señalaron fuentes de la bancada oficialista.

El Senado aparece ahora como una pieza clave. Existen dos escenarios posibles: que la Cámara alta apruebe el Presupuesto sin cambios, tal como llegó desde Diputados, lo que convertiría el proyecto en ley; o que introduzca modificaciones, obligando a que el texto vuelva a la Cámara de origen para su revisión. Aunque la comisión de Presupuesto del Senado dictaminó sin incorporar el capítulo rechazado, en el oficialismo reconocen que el recinto podría alterar ese dictamen.

En función de esa incertidumbre, la Presidencia de Diputados y el bloque libertario se preparan para una eventual sesión los días 29 o 30 de diciembre, con el fin de aceptar o rechazar los cambios que pudieran llegar desde el Senado. Sin embargo, aun en ese escenario, no hay garantías de éxito: si se repitiera la paridad de fuerzas de la última sesión, la oposición podría insistir en bloquear el artículo 75, eje de la controversia por las leyes de universidades y Discapacidad.

Negociaciones, errores de diseño y tensiones políticas

En el balance interno, el oficialismo admite que el armado del capítulo 11 fue uno de los principales problemas del debate. Concentrar múltiples medidas sensibles en un solo bloque legislativo terminó condicionando a diputados que, de haberse votado los artículos por separado, podrían haber acompañado algunos puntos y rechazado otros. También reconocen que no aceptar la votación artículo por artículo elevó el costo político de la derrota.

Entre los artículos que el Gobierno considera más factibles de recuperar se encuentran la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas y el fin de la actualización automática de prestaciones de la ANSES, como la AUH, las Asignaciones Familiares y la asignación por embarazo.

La estrategia de incluir la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires como incentivo para sumar apoyos tampoco alcanzó. Esa decisión generó malestar en sectores aliados, en particular dentro del PRO, que acompañó la votación en general pero expresó fuertes críticas por la mezcla de temas en un mismo capítulo. Las tensiones se profundizaron tras conocerse un acuerdo político paralelo para cubrir cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que deterioró la relación con algunos socios legislativos.

Desde la Presidencia de Diputados minimizaron el conflicto y defendieron el procedimiento: “La Cámara cumplió con su deber tal cual venía siendo reclamado por miembros de la oposición, periodismo y público en general”, señalaron, al tiempo que ratificaron la intención de seguir trabajando con aliados “más allá de discrepancias puntuales”.

La lectura del oficialismo y el impacto político

Pese al traspié puntual, en La Libertad Avanza consideran que el resultado global fue “muy positivo”. Destacan que se obtuvieron los dictámenes necesarios y que se ganaron 19 de 20 votaciones en el recinto. Además, subrayan la sanción de dos leyes clave: Presupuesto e Inocencia Fiscal, y remarcan que el proyecto presupuestario “mantiene la regla de oro que permite asegurar el superávit fiscal”.

Las fuentes oficiales valoran especialmente la media sanción obtenida y aseguran que “los mercados reaccionaron en concordancia”, en alusión a la señal de disciplina fiscal que busca transmitir el Gobierno. Quedó pendiente, en cambio, el tratamiento de la Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario, que no pudo debatirse debido a la extensión de la sesión y al riesgo de pérdida de quórum cerca de las 4 de la madrugada.

Con el calendario corriendo y el cierre del año como límite político y administrativo, el oficialismo enfrenta ahora una definición contrarreloj. La posibilidad de sesionar entre las fiestas refleja la centralidad que el Gobierno le asigna al Presupuesto 2026 y anticipa un cierre de año legislativo marcado por negociaciones intensas y final abierto.

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Tras el revés en Diputados, el Presupuesto 2026 avanza en el Senado en medio de tensiones

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Con los tiempos legislativos al límite y tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza consiguió dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto en los próximos días, en medio de negociaciones contrarreloj, advertencias de veto presidencial y un clima político enrarecido que condiciona la recta final del año parlamentario.

Luego del debut fallido de las sesiones extraordinarias en Diputados, el oficialismo aceleró en la Cámara alta. Este viernes, los libertarios y sus aliados sellaron el dictamen del Presupuesto 2026 en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ezequiel Atauche, dejando el texto en condiciones de ser llevado al recinto en un plazo estimado de siete días.

Dictamen exprés tras el revés en Diputados

El Presupuesto 2026 ingresó al Senado el jueves, luego de que en la Cámara baja la oposición lograra un triunfo inesperado: el rechazo del Capítulo XI del proyecto, votado entrada la madrugada. Ese tramo incluía, en su artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas que el Gobierno considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.

Desde las 10 de la mañana, la comisión recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la iniciativa y su consistencia fiscal. Al igual que en Diputados, participaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

Tras las exposiciones, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen sin modificaciones, replicando el texto aprobado en general por Diputados, pese a las versiones que circularon desde la Casa Rosada sobre la posibilidad de vetar el Presupuesto si se sanciona sin el capítulo rechazado.

Estrategia parlamentaria y negociaciones contrarreloj

Con el calendario en contra, el oficialismo evalúa distintas alternativas legislativas. El 31 de diciembre es la fecha límite: si el Congreso no sanciona el Presupuesto, el presidente Javier Milei deberá reconducirlo por tercer año consecutivo, una situación que el Gobierno busca evitar.

Según trascendió, una de las estrategias es llevar el proyecto al recinto tal como llegó desde Diputados, mientras se negocian cambios con senadores aliados. En ese esquema, el oficialismo apunta a reunir 44 votos, aunque no descarta apoyos puntuales de senadores del interbloque Popular, que conduce José Mayans, donde conviven legisladores cuyos gobernadores mantienen vínculos con la Casa Rosada.

Las negociaciones giran en torno a una posible reincorporación del Capítulo XI, con la duda abierta sobre si incluiría nuevamente el artículo 75. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Allí, la Cámara baja deberá optar entre insistir con su versión original o aceptar la redacción del Senado. Por ahora, se menciona una sesión tentativa para el 29, mientras que en la Cámara alta se evalúa sesionar el viernes 26.

Qué contenía el Capítulo XI rechazado

El rechazo del Capítulo XI no solo implicó la caída de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, sino también de otras disposiciones relevantes desde el punto de vista fiscal e institucional.

Ese tramo del proyecto incluía la derogación del régimen de subsidios para las denominadas zonas frías, la eliminación de la actualización automática por IPC de las asignaciones familiares y, en paralelo, la prórroga de la Emergencia del Hospital Garrahan.

Durante el debate en Diputados, el oficialismo incorporó además dos artículos sensibles: la transferencia del 1,55% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en línea con lo establecido por la Corte Suprema tras la disputa por los fondos vinculados al traspaso de las fuerzas de seguridad, y un incremento de partidas para el Poder Judicial.

Estos agregados, introducidos en la madrugada, funcionaron como un intento de sumar voluntades y evitar el naufragio del capítulo. La maniobra, sin embargo, no alcanzó: el Capítulo XI fue rechazado y se convirtió en el principal foco de tensión del Presupuesto 2026.

Un clima político enrarecido en la Cámara alta

El avance del Presupuesto se da en un contexto de creciente desconfianza política. A la advertencia presidencial de vetar la ley si no garantiza el equilibrio fiscal, se suma la decisión de Patricia Bullrich de postergar para febrero el debate de la Reforma Laboral, con el objetivo de evitar una eventual derrota parlamentaria.

También pesa en el Senado el malestar de los aliados por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la Auditoría General de la Nación (AGN) en Diputados, un movimiento que tensó las relaciones internas y condiciona el clima en la Cámara alta.

Con este telón de fondo, el Presupuesto 2026 avanza, pero lo hace en un terreno inestable. La próxima semana será decisiva para definir si el oficialismo logra sancionar la ley, introducir cambios de fondo o enfrentar un nuevo escenario de prórroga presupuestaria.

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Cayó el capítulo fiscal del Presupuesto y desde Casa Rosada advierten que el texto “no sirve”

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Presupuesto 2026: el Gobierno advierte que la media sanción “vulnera el déficit cero” y evalúa frenar o vetar el proyecto

El Gobierno nacional considera que el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados ya no le sirve porque, tras el rechazo del Capítulo XI, pone en riesgo el objetivo de déficit cero. En la Casa Rosada sostienen que la eliminación de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, escenario que el oficialismo califica de inaceptable. Ante ese cuadro, evalúan demorar el envío al Senado, reabrir la discusión o incluso vetar la ley.

El punto de quiebre fiscal: cayó el capítulo clave del Presupuesto

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con 132 votos afirmativos en la votación general. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, considerado central por el Poder Ejecutivo, que incluía la derogación de normas que el Gobierno juzga incompatibles con el ahorro fiscal.

Ese capítulo fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones, tras una estrategia parlamentaria que buscó votar por capítulos —y no por artículos— para blindar el paquete fiscal. La apuesta no prosperó y dejó al Ejecutivo con un texto que, según fuentes oficiales, “vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”.

Para la administración nacional, el debate excede lo técnico: es político y económico. Déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En esa lectura, mantener vigentes las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario genera obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit. Desde la Casa Rosada lo sintetizan con una cifra: “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”.

Estrategias en evaluación: demorar, reescribir o vetar

Con el texto que se enviaría al Senado, el Gobierno cree que queda forzado a administrar sin superávit, algo que rechaza de plano. Por eso, en los despachos oficiales se analizan alternativas:

Demorar el envío al Senado y ganar tiempo para intentar un reordenamiento de prioridades legislativas, incluso priorizando la Modernización Laboral.

Reabrir la redacción para reincorporar el Capítulo XI, lo que implicaría que el proyecto vuelva a Diputados, aunque el oficialismo no tiene los números para insistir con su versión.

Vetar el Presupuesto, opción que gana terreno ante los incentivos de los bloques opositores para que la ley salga tal como está.

En paralelo, el Ejecutivo recuerda que, pese a fallos judiciales, no está aplicando fondos de las leyes cuestionadas al amparo de la falta de partidas presupuestarias. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten. En ese marco, en el oficialismo ven con mejores ojos sostener en 2026 un manejo discrecional de las partidas por parte de Hacienda: “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizan.

Gobernadores, votos y el nuevo mapa político

El rechazo del capítulo fiscal profundizó tensiones con gobernadores. En el Gobierno señalan a mandatarios de la oposición dialoguista que habían anticipado el voto en contra, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero el mayor impacto político provino de dos cambios de última hora que sorprendieron a los negociadores oficiales: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). En el caso chaqueño, la decisión llamó la atención porque había sido aliado electoral de LLA en octubre; en Neuquén, por una relación previa cordial con los libertarios.

La sesión también marcó un hito institucional: es la primera media sanción presupuestaria que consigue el oficialismo y el debut de la nueva composición de la Cámara, donde LLA cuenta con 95 bancas y es primera minoría. Aun así, el resultado dejó al Gobierno ante una disyuntiva compleja: avanzar con un Presupuesto que no cumple su ancla fiscal o bloquearlo para preservar el mandato de superávit.

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