Recortan $63.000 millones en Salud: ajuste en medicamentos, cáncer y programas esenciales
La decisión administrativa 20/2026 del Gobierno nacional volvió a poner a la salud pública en el centro de la discusión. El Ministerio de Salud sufrió un recorte superior a los 63.000 millones de pesos dentro del ajuste general del 2% aplicado sobre toda la Administración Pública Nacional, una poda que impacta de lleno en programas sensibles como Remediar, tratamientos oncológicos, provisión de medicamentos esenciales, VIH, trasplantes, salud sexual y prevención de enfermedades transmisibles.
El ajuste quedó plasmado en el anexo presupuestario de la normativa oficial y expone una reducción significativa en áreas estratégicas que sostienen la atención primaria, especialmente en provincias con menor capacidad financiera. Aunque desde la cartera que conduce Mario Lugones aseguran que no habrá desfinanciamiento de prestaciones sensibles y que se trata de una “optimización de recursos”, especialistas advierten que el impacto podría sentirse con fuerza en los sectores más vulnerables.
Uno de los principales focos de preocupación está en el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, que sufrió una poda cercana a los 20.000 millones de pesos. Allí se encuentran el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, la provisión de medicamentos esenciales, la asistencia a pacientes trasplantados, tratamientos de alto costo, medicamentos judicializados y programas vinculados al cannabis medicinal.
También se recortaron 5.000 millones de pesos en el área de cáncer, que originalmente tenía previstos 15.000 millones para 2026 y quedó con apenas 10.000 millones vigentes. Hasta mediados de mayo, la ejecución presupuestaria apenas alcanzaba los 641 millones, equivalente al 6,2% del total disponible, un dato que genera fuerte inquietud entre especialistas y prestadores.
Otro capítulo crítico es el programa Remediar, una política pública histórica que desde 2002 garantiza medicamentos gratuitos en centros de atención primaria para poblaciones vulnerables. El ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, cuestionó duramente la reducción de este esquema y advirtió sobre las consecuencias sanitarias de trasladar esa carga financiera a las provincias.
“Claramente es una medida pro equidad que siguió funcionando en todas las gestiones. Se está desmantelando bajo el concepto de que todo lo tienen que bancar las provincias. Esto va a repercutir en los indicadores sanitarios”, sostuvo.
En paralelo, el programa SUMAR+, vinculado al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, también sufrió un fuerte ajuste con una reducción de 25.000 millones de pesos. Esto golpea especialmente a las provincias del norte argentino, donde la dependencia de transferencias nacionales es mucho mayor y donde las brechas sanitarias suelen ser más profundas.
La poda alcanza además a programas de prevención y control de enfermedades endémicas, dengue, zoonosis, enfermedades transmisibles, VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra, salud sexual y provisión de anticonceptivos. También hubo recortes para organismos como el INCUCAI, la SEDRONAR, el ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.
Desde el Gobierno sostienen que la modificación presupuestaria busca “ordenar la inversión sanitaria”, eliminar superposiciones y priorizar prestaciones de mayor impacto. Sin embargo, el debate de fondo gira en torno a cuánto puede resistir el sistema sanitario público cuando la demanda crece al mismo tiempo que se retrae la capacidad de financiamiento.
En un contexto de caída del poder adquisitivo, aumento de la morosidad y más personas dependiendo exclusivamente del sistema público de salud, el recorte sanitario abre un frente político y social de alto voltaje que difícilmente pase desapercibido en las provincias.