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Privatización ferroviaria: Belgrano Cargas avanza con interés del agro y la minería

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Mientras la privatización de Trenes Argentinos Operaciones avanza a un ritmo más lento de lo previsto por falta de rentabilidad y altos costos operativos, la licitación del Belgrano Cargas gana impulso con fuerte interés del sector agroexportador y minero. Economía ya destinó más de $260.000 millones para obras y mejoras en infraestructura ferroviaria.

El plan de privatizaciones ferroviarias del Gobierno de Javier Milei enfrenta realidades dispares. Por un lado, Trenes Argentinos Operaciones (SOF) —responsable de las líneas urbanas, regionales y de larga distancia— sigue sin atraer capitales privados, principalmente por tarifas atrasadas y una dotación laboral de 20.779 empleados (23.834 en diciembre de 2023).

Fuentes oficiales reconocen que el proceso llevará más tiempo, dado que primero es necesario “acomodar” la estructura interna. “El proceso de concesión no se detuvo, solamente sigue el proceso de acomodar a cada una de las compañías, como se viene haciendo”, indicaron desde el Ministerio de Economía.

En cambio, Belgrano Cargas aparece como una oportunidad estratégica que despierta alto interés empresarial. Su privatización se estructura en tres lotes —vías e inmuebles, talleres y material rodante— con la meta de destinar lo recaudado a obras de infraestructura para los 7.600 km de vías en 17 provincias.

La Emergencia Ferroviaria fue decretada a inicios de 2024, tras un choque en la línea San Martín que expuso falencias en seguridad y mantenimiento. A partir de allí, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte coordinaron inversiones extraordinarias para modernizar la red.

Hasta mayo de 2025, las transferencias a Trenes Argentinos Operaciones alcanzaron $260.000 millones, incluyendo $52.798 millones en gastos de capital asignados recientemente para obras críticas. Según la administración nacional, estos fondos ya estaban previstos y no responden directamente a la demora de la privatización, aunque fortalecen la infraestructura para futuras concesiones.

Obras clave para atraer inversión privada

El plan ferroviario incluye 226 obras:

  • 109 en vías y puentes
  • 56 en señalamiento
  • 33 civiles
  • 26 eléctricas

Entre las más relevantes:

  • Implementación del sistema de frenado automático ATS en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre.
  • Renovación de vías en el ramal La Plata (línea Roca) y Tigre (línea Mitre).
  • Modernización del señalamiento en la parrilla de Retiro (Mitre).
  • Mejoras en el ramal M de la línea Belgrano Sur y tramos Constitución-La Plata y Retiro-Pilar.

Además, se incorporaron sistemas de inteligencia artificial para prevenir robos de cables, se desarrolló un prototipo de tercer riel de aluminio con el CENADIF y se actualizaron normas operativas tras pruebas piloto.

El esquema previsto para las cinco líneas urbanas, regionales y de larga distancia de SOF contempla:

  • Un concesionario para la infraestructura, que cobre peajes por derechos de paso.
  • Otro operador para talleres y mantenimiento de formaciones.

Este diseño apunta a segmentar responsabilidades y atraer diferentes perfiles de inversión, pero su implementación requiere ajustes tarifarios y reestructuración laboral para ser viable.

Belgrano Cargas: interés estratégico del agro y la minería

La licitación del Belgrano Cargas despierta especial atención del sector agroexportador. Cinco de las principales cerealeras —Bunge, Cargill, ACA, Aceitera General Deheza y Louis Dreyfus— preparan una propuesta conjunta para operar la red, con apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En un encuentro encabezado por el presidente de la BCR, Miguel Simioni, se subrayó la necesidad de un sistema ferroviario eficiente para conectar el Noroeste Argentino con los puertos y la urgencia de concluir el circunvalar ferroviario de Santa Fe, obra clave para reducir costos logísticos.

El interés no se limita al agro: Río Tinto y otras compañías mineras también ven en la red un canal estratégico para exportar producción desde regiones alejadas.

La segmentación del proceso —postergando SOF y acelerando Belgrano Cargas— responde a criterios de viabilidad económica y demanda privada. En el caso de Belgrano, el Gobierno proyecta adjudicar antes de fin de año, apalancado por el respaldo de la Ley Bases, que habilita la privatización.

Para SOF, la hoja de ruta contempla continuar con el plan de obras, avanzar en eficiencia operativa y revisar el esquema tarifario para reactivar el interés privado en el mediano plazo.

La expectativa oficial es que la mejora en infraestructura y seguridad incremente la competitividad logística del país, reduzca costos de exportación y genere ingresos fiscales por concesiones.

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Gobierno interviene Corredores Viales y avanza en su privatización

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El Poder Ejecutivo dispuso la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de importantes rutas nacionales y accesos viales, en el marco del proceso de privatización establecido por la Ley 27.742. La medida, oficializada mediante el Decreto 244/2025, tiene como objetivo optimizar la gestión de la compañía y garantizar una transición ordenada hacia la concesión de sus operaciones al sector privado.

Un paso clave en el proceso de privatización

Corredores Viales S.A. fue creada en 2017 con participación estatal para administrar y operar corredores viales nacionales clave. Actualmente, el Estado Nacional posee el 51% de la empresa a través del Ministerio de Economía, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad controla el 49% restante.

El Decreto 244/2025 se enmarca dentro de la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública y facultó al Ejecutivo a intervenir empresas estatales con el fin de reorganizarlas o privatizarlas. Esta decisión se suma a la estrategia del Gobierno de reducir la participación estatal en la economía y fomentar la inversión privada en infraestructura.

Intervención y auditoría para la transición

El decreto establece que la intervención de Corredores Viales S.A. estará bajo la supervisión del Ministerio de Economía, con el objetivo de realizar una auditoría integral de la situación de la empresa. Según la normativa, el interventor designado asumirá las competencias del directorio y tendrá la facultad de implementar medidas excepcionales para asegurar la continuidad operativa y la sustentabilidad de la compañía durante el proceso de privatización.

El futuro de las concesiones viales

El plan del Gobierno incluye la concesión de la red vial a operadores privados mediante un esquema de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520. Esta modalidad busca garantizar el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura sin afectar las obligaciones contractuales vigentes.

El Decreto 97/2025 instruye al Ministerio de Economía, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a avanzar en el proceso de liquidación de la empresa, asegurando la transparencia y la competencia en la adjudicación de las concesiones.

Impacto en el sector y próximos pasos

La decisión de intervenir Corredores Viales S.A. genera expectativas en el sector del transporte y la construcción, donde las empresas privadas evalúan las oportunidades que surgirán del nuevo esquema de concesiones. Mientras tanto, gremios y usuarios del servicio vial siguen de cerca la situación ante posibles cambios en las tarifas y condiciones de uso de las rutas.

La privatización de Corredores Viales S.A. es una pieza clave en la estrategia del Gobierno para reformar el sector público y fomentar la inversión privada en infraestructura, con implicancias directas en el transporte y la economía nacional.

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La Justicia suspendió el decreto que transforma al Banco Nación en Sociedad Anónima

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Un juez federal dictó una medida precautelar en la que le ordenó al gobierno de Milei y a la entidad que “se abstengan de toda acción” tendiente a la implementación de la disposición anunciada la semana pasada

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla suspendió hoy el decreto que dictó el presidente de la Nación, Javier Milei, en el que transformó al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima (SA). Lo hizo al dictar una medida cautelar interina en una causa que se inició el año pasado contra una posible privatización de la entidad.

“Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del decreto 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”, sostuvo el magistrado en su resolución de 15 páginas.

Junto con la suspensión, el juez le dio al gobierno nacional cinco días para que presente sus argumentos contra la demanda que se inició.

El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”, sostuvo el magistrado.

Ramos Padilla también señaló que el derecto que transformó al banco en una SA “fue dictado en exceso” porque el Congreso Nacional cuando aprobó la ley Bases quitó a la entidad de las empresas a privatizar. “Si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización”, dijo el juez.

El gobierno de Milei publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial el dercreto por el que transformó al banco Nación en una SA. La transformación de la persona jurídica no implica que la entidad deje de ser pública sino que quita ciertas restricciones que tenía al ser una Sociedad del Estado y otorga una mayor apertura para su capitalización.

Un grupo de empleados del banco inició el año pasdo una causa judicial en la que reclaman la inconstitucionalidad del decreto de necesiadd y urgencia (DNU) 70/2023 y de una resolución del banco Nación que avanzaba sobre una evenvtual privatización. En septiembre del año, el juez Ramos Padilla dictó un fallo en el que declaró que el DNU y la resolución no permiten cambiar la situación jurídica de la entidad.

Ese fallo fue apelado por el gobierno para que sea revisado por la Cámara Federal de La Plata cuando se dispuso su conversión a SA y en la causa se pidió que se dicte una medida que suspenda esa decisión. Así, la Cámara le pidió al juez Ramos Padilla -que actúa como subrogante del juzgado civil, comercial y contencioso administrativo federal 2 de La Plata- que resuelva el planteo.

El magistrado señaló que el banco Nación fue creado en en 1891 con la ley 2.841 que establece que la entidad actúa “con sujeción a las disposiciones de la presente ley”. Así, todo cambio sobre el status de la entidad debe hacerla el Congreso.

El gobierno basó su decisión de convertir el banco en una SA en la delegación de facultades que le dio la ley bases y en el DNU 70 sobrela posible privatización de sociedades o empresas con participación del Estado. El sostuvo en su fallo que de la ley bases fue excluído expresamente el banco Nación y lo mismo el DNU 70 respecto a los entes autárquicos.

“De allí que, es posible inferir, con el grado de provisoriedad necesario para el dictado de una medida cautelar, que el decreto 116/2025 del P.E.N. se trataría de un decreto delegado dictado en exceso, en tanto la interpretación del alcance de la delegación fijada en el art. 3 de la “Ley Bases” debe ser integrada con el resto de la norma, en especial con el capítulo “II. Privatización”, en el que se excluyó al Banco de la Nación Argentina, como así también con el modo en que se desarrolló y se alcanzaron los consensos durante el debate parlamentario”, explicó Ramos Padilla.

El juez también aclaró que “si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados; circunstancia que si bien deberá ser analizada en el contexto adecuado, escuchando previamente a las partes y respetando los principios del debido proceso y defensa en juicio; imponen ahora el dictado de la medida cautelar.

Ahora el gobierno tiene cinco días para contestar la demanda. Luego de eso el juez debe resolver si ratifica la medida precautelar o la revoca y permite que el banco Nación sea una SA. Además, el Poder Ejecutivo puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal.

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El Gobierno inició el proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas

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La medida había sido anunciada en octubre de 2024 y terminó por oficializarse esta madrugada con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, tal como había adelantado Adorni durante el fin de semana

El presidente Javier Milei dio inicio al proceso de “privatización total” de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. La medida fue oficializada esta madrugada, con la publicación del Decreto 60/2025 en el Boletín Oficial.

La medida que se hizo oficial este lunes establece en el primer artículo que se autoriza “el procedimiento para la privatización total de BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños”.

El decreto establece un esquema de privatización del sector ferroviario mediante distintas modalidades. Se contempla la venta del material rodante a través de un remate público, cuyos fondos serán dirigidos a un fideicomiso destinado a financiar obras ferroviarias. En paralelo, las vías y los inmuebles aledaños serán concedidos bajo el régimen de concesión de obra pública mediante licitación pública nacional e internacional.

Asimismo, el uso de los talleres ferroviarios será otorgado en concesión a través de licitación, asegurando su continuidad operativa bajo gestión privada. Una vez concluidos estos procesos, la empresa será disuelta y liquidada, marcando el cierre definitivo de su administración estatal.

La implementación de este proceso quedará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía, que contará con el apoyo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para llevar adelante la privatización. A diferencia de procesos anteriores, el decreto establece que no se otorgarán preferencias a empleados ni se implementará un programa de propiedad participada.

Durante el fin de semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la noticia a través de una publicación en su cuenta de X.

De esta manera, una vez finalizado el procedimiento de venta de la compañía y transferencia a una empresa privada, “el Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, según explicó.

Belgrano Cargas y Logística S.A. es una de las ocho empresas estatales incluidas en el listado de privatizaciones impulsado por el Gobierno tras la aprobación de la “Ley Bases”. Por el contrario, otras compañías quedaron excluidas luego de la negociación con bloques aliados y opositores.

Según las declaraciones del vocero presidencial del año pasado, la empresa requirió 112 millones de dólares en financiamiento estatal para continuar operando. A pesar de ello, “la distancia media transportada hoy es de 500 km, exactamente la misma que se transportaba hace 50 años en la República Argentina”.

La decisión de avanzar con la privatización fue tomada por el Presidente el sábado por la tarde, según confirmó Adorni y quedó oficializada esta madrugada mediante decreto. La medida ya había sido anunciada en octubre de 2024.

Con el decreto publicado este lunes, el Gobierno busca concretar la primera privatización de una empresa ferroviaria estatal bajo la gestión de Javier Milei, en línea con la premisa de que “todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar”.

El esquema propuesto para Belgrano Cargas y Logística S.A. contempla la fragmentación de sus tres líneas ferroviarias en siete concesiones diferenciadas: una por la vía con derecho a cobro de peaje, dos para locomotoras –incluyendo a sus respectivos conductores–, dos para vagones y dos para talleres junto con su personal.

Durante la conferencia de prensa de octubre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “sin la intromisión inútil del Estado, la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia”.

Entre los fundamentos señalados, el Gobierno cuestiona una presunta falta de eficiencia de la compañía pública. En este contexto, Adorni sumó que “el límite de cantidad de toneladas que puede transportar el Belgrano Cargas se mantiene congelado desde el año 2009”, mientras que durante las últimas cinco décadas “la producción agrícola -que representa el 60 por ciento de la carga transportada- se multiplicó por cinco”.

Además, se precisó que la propuesta de privatización, que estará a cargo del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, apunta a una “concesión de infraestructura de acceso abierto”. Es decir, el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías, con el objetivo de evitar conductas monopólicas.

De acuerdo con la propuesta inicial, lo único que continuará siendo propiedad del Estado nacional son las tierras y las vías ferroviarias.

La empresa fue creada en junio de 2013 por la expresidenta Cristina Kirchner para agrupar las tres principales líneas de transporte de cargas que operan en la Argentina: la Línea Belgrano, la San Martín y la General Urquiza. Esta red ferroviaria atraviesa 17 provincias del noroeste y centro del país, por lo que cumple un rol de conectividad fundamental en el transporte de granos que tienen como destino la exportación.

Además del Belgrano Cargas, otras empresas estatales que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases son Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales SA.

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