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Privatización de la Hidrovía: suman una auditoría integral en la etapa final de la licitación

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación inició una auditoría interna sobre todo el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), en la etapa final de evaluación de ofertas, con el objetivo de reforzar las garantías de transparencia y selección objetiva del futuro concesionario.

La revisión abarcará cada una de las etapas desarrolladas hasta el momento y se realizará sobre la base de la normativa vigente. Según la información suministrada, esta nueva instancia de control no interrumpirá el avance del proceso licitatorio.

La auditoría se incorporará al esquema de seguimiento que llevan adelante usuarios privados y provincias a través del Consejo de Control. Una vez concluida, se avanzará con la adjudicación del contrato a la mejor oferta, de acuerdo con los criterios fijados en los pliegos.

La licitación corresponde a una de las obras de infraestructura más relevantes del país y comprende la vía por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas. De acuerdo con la información difundida, el proceso no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes en ninguna de las etapas de evaluación.

Asimismo, antes de la publicación de los pliegos se habilitó una instancia de observaciones sobre los borradores, en la que participaron empresas, cámaras, organizaciones civiles y otros interesados, quienes pudieron formular objeciones y aportes.

La confección de los pliegos contó además con la auditoría de la UNCTAD, organismo especializado de Naciones Unidas en licitaciones de infraestructura estratégica, y con instancias técnicas de participación para usuarios privados, cámaras navieras y representantes provinciales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tanto los usuarios privados como las provincias respaldaron las distintas etapas de evaluación y destacaron la claridad de la información y la objetividad de los criterios utilizados, al tiempo que solicitaron avanzar hacia la adjudicación definitiva.

El director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, afirmó ante los usuarios que el procedimiento es “abierto y transparente” y sostuvo que cualquier interesado puede revisarlo para verificar que cada paso se desarrolló siguiendo las mejores prácticas internacionales.

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Jan de Nul y Deme avanzan a la fase final de la privatización de la Hidrovía

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El Gobierno comunicó a las empresas oferentes la finalización de la evaluación técnica de la licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), y confirmó que Jan de Nul y DEME avanzarán a la instancia final del proceso.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) notificó a las compañías a través del sistema Contrat.Ar mediante el Acta de Evaluación Técnica correspondiente a la segunda etapa de la licitación, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En esta instancia, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos, mientras que DEME NV alcanzó 42,14 puntos en la evaluación de los proyectos técnicos presentados para la modernización y operación de la Hidrovía.

La etapa técnica se desarrolló luego de la evaluación económica y financiera de los grupos interesados y analizó el contenido del Sobre N° 2, que incluyó el plan de trabajos y antecedentes específicos de los oferentes.

El sistema de calificación aplicado fue validado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que asignó distintos porcentajes de puntaje según las categorías “Excelentes”, “Muy buenas”, “Buenas”, “Básicas” y “Regulares”.

Las empresas dispondrán ahora de un plazo de siete días corridos para presentar eventuales impugnaciones ante la Comisión Evaluadora, que luego emitirá un Acta Complementaria.

En caso de no registrarse objeciones, la ANPYN dictará la resolución administrativa que oficializará las ofertas admitidas y fijará la fecha de apertura del Sobre N° 3, correspondiente a las propuestas económicas.

La próxima instancia representará el tramo más relevante del proceso licitatorio, ya que la evaluación económica concentra el 60% de la calificación total, con un máximo de 120 puntos.

La documentación técnica presentada por ambas firmas incluyó planes de dragado, mantenimiento de señalización, protocolos ambientales, control de tráfico, ciberseguridad y antecedentes operativos vinculados al mantenimiento de la vía navegable.

Desde distintos sectores privados respaldaron el avance del proceso licitatorio. Entre las entidades que manifestaron su apoyo figuran la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara del Acero y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras.

La Vía Navegable Troncal concentra cerca del 80% del comercio exterior argentino y regional, y el Gobierno busca avanzar con su modernización para mejorar la competitividad logística y reducir costos operativos para los sectores productivos.

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Privatización ferroviaria: Belgrano Cargas avanza con interés del agro y la minería

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Mientras la privatización de Trenes Argentinos Operaciones avanza a un ritmo más lento de lo previsto por falta de rentabilidad y altos costos operativos, la licitación del Belgrano Cargas gana impulso con fuerte interés del sector agroexportador y minero. Economía ya destinó más de $260.000 millones para obras y mejoras en infraestructura ferroviaria.

El plan de privatizaciones ferroviarias del Gobierno de Javier Milei enfrenta realidades dispares. Por un lado, Trenes Argentinos Operaciones (SOF) —responsable de las líneas urbanas, regionales y de larga distancia— sigue sin atraer capitales privados, principalmente por tarifas atrasadas y una dotación laboral de 20.779 empleados (23.834 en diciembre de 2023).

Fuentes oficiales reconocen que el proceso llevará más tiempo, dado que primero es necesario “acomodar” la estructura interna. “El proceso de concesión no se detuvo, solamente sigue el proceso de acomodar a cada una de las compañías, como se viene haciendo”, indicaron desde el Ministerio de Economía.

En cambio, Belgrano Cargas aparece como una oportunidad estratégica que despierta alto interés empresarial. Su privatización se estructura en tres lotes —vías e inmuebles, talleres y material rodante— con la meta de destinar lo recaudado a obras de infraestructura para los 7.600 km de vías en 17 provincias.

La Emergencia Ferroviaria fue decretada a inicios de 2024, tras un choque en la línea San Martín que expuso falencias en seguridad y mantenimiento. A partir de allí, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte coordinaron inversiones extraordinarias para modernizar la red.

Hasta mayo de 2025, las transferencias a Trenes Argentinos Operaciones alcanzaron $260.000 millones, incluyendo $52.798 millones en gastos de capital asignados recientemente para obras críticas. Según la administración nacional, estos fondos ya estaban previstos y no responden directamente a la demora de la privatización, aunque fortalecen la infraestructura para futuras concesiones.

Obras clave para atraer inversión privada

El plan ferroviario incluye 226 obras:

  • 109 en vías y puentes
  • 56 en señalamiento
  • 33 civiles
  • 26 eléctricas

Entre las más relevantes:

  • Implementación del sistema de frenado automático ATS en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre.
  • Renovación de vías en el ramal La Plata (línea Roca) y Tigre (línea Mitre).
  • Modernización del señalamiento en la parrilla de Retiro (Mitre).
  • Mejoras en el ramal M de la línea Belgrano Sur y tramos Constitución-La Plata y Retiro-Pilar.

Además, se incorporaron sistemas de inteligencia artificial para prevenir robos de cables, se desarrolló un prototipo de tercer riel de aluminio con el CENADIF y se actualizaron normas operativas tras pruebas piloto.

El esquema previsto para las cinco líneas urbanas, regionales y de larga distancia de SOF contempla:

  • Un concesionario para la infraestructura, que cobre peajes por derechos de paso.
  • Otro operador para talleres y mantenimiento de formaciones.

Este diseño apunta a segmentar responsabilidades y atraer diferentes perfiles de inversión, pero su implementación requiere ajustes tarifarios y reestructuración laboral para ser viable.

Belgrano Cargas: interés estratégico del agro y la minería

La licitación del Belgrano Cargas despierta especial atención del sector agroexportador. Cinco de las principales cerealeras —Bunge, Cargill, ACA, Aceitera General Deheza y Louis Dreyfus— preparan una propuesta conjunta para operar la red, con apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En un encuentro encabezado por el presidente de la BCR, Miguel Simioni, se subrayó la necesidad de un sistema ferroviario eficiente para conectar el Noroeste Argentino con los puertos y la urgencia de concluir el circunvalar ferroviario de Santa Fe, obra clave para reducir costos logísticos.

El interés no se limita al agro: Río Tinto y otras compañías mineras también ven en la red un canal estratégico para exportar producción desde regiones alejadas.

La segmentación del proceso —postergando SOF y acelerando Belgrano Cargas— responde a criterios de viabilidad económica y demanda privada. En el caso de Belgrano, el Gobierno proyecta adjudicar antes de fin de año, apalancado por el respaldo de la Ley Bases, que habilita la privatización.

Para SOF, la hoja de ruta contempla continuar con el plan de obras, avanzar en eficiencia operativa y revisar el esquema tarifario para reactivar el interés privado en el mediano plazo.

La expectativa oficial es que la mejora en infraestructura y seguridad incremente la competitividad logística del país, reduzca costos de exportación y genere ingresos fiscales por concesiones.

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Gobierno interviene Corredores Viales y avanza en su privatización

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El Poder Ejecutivo dispuso la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de importantes rutas nacionales y accesos viales, en el marco del proceso de privatización establecido por la Ley 27.742. La medida, oficializada mediante el Decreto 244/2025, tiene como objetivo optimizar la gestión de la compañía y garantizar una transición ordenada hacia la concesión de sus operaciones al sector privado.

Un paso clave en el proceso de privatización

Corredores Viales S.A. fue creada en 2017 con participación estatal para administrar y operar corredores viales nacionales clave. Actualmente, el Estado Nacional posee el 51% de la empresa a través del Ministerio de Economía, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad controla el 49% restante.

El Decreto 244/2025 se enmarca dentro de la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública y facultó al Ejecutivo a intervenir empresas estatales con el fin de reorganizarlas o privatizarlas. Esta decisión se suma a la estrategia del Gobierno de reducir la participación estatal en la economía y fomentar la inversión privada en infraestructura.

Intervención y auditoría para la transición

El decreto establece que la intervención de Corredores Viales S.A. estará bajo la supervisión del Ministerio de Economía, con el objetivo de realizar una auditoría integral de la situación de la empresa. Según la normativa, el interventor designado asumirá las competencias del directorio y tendrá la facultad de implementar medidas excepcionales para asegurar la continuidad operativa y la sustentabilidad de la compañía durante el proceso de privatización.

El futuro de las concesiones viales

El plan del Gobierno incluye la concesión de la red vial a operadores privados mediante un esquema de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520. Esta modalidad busca garantizar el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura sin afectar las obligaciones contractuales vigentes.

El Decreto 97/2025 instruye al Ministerio de Economía, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a avanzar en el proceso de liquidación de la empresa, asegurando la transparencia y la competencia en la adjudicación de las concesiones.

Impacto en el sector y próximos pasos

La decisión de intervenir Corredores Viales S.A. genera expectativas en el sector del transporte y la construcción, donde las empresas privadas evalúan las oportunidades que surgirán del nuevo esquema de concesiones. Mientras tanto, gremios y usuarios del servicio vial siguen de cerca la situación ante posibles cambios en las tarifas y condiciones de uso de las rutas.

La privatización de Corredores Viales S.A. es una pieza clave en la estrategia del Gobierno para reformar el sector público y fomentar la inversión privada en infraestructura, con implicancias directas en el transporte y la economía nacional.

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La Justicia suspendió el decreto que transforma al Banco Nación en Sociedad Anónima

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Un juez federal dictó una medida precautelar en la que le ordenó al gobierno de Milei y a la entidad que “se abstengan de toda acción” tendiente a la implementación de la disposición anunciada la semana pasada

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla suspendió hoy el decreto que dictó el presidente de la Nación, Javier Milei, en el que transformó al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima (SA). Lo hizo al dictar una medida cautelar interina en una causa que se inició el año pasado contra una posible privatización de la entidad.

“Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del decreto 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”, sostuvo el magistrado en su resolución de 15 páginas.

Junto con la suspensión, el juez le dio al gobierno nacional cinco días para que presente sus argumentos contra la demanda que se inició.

El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”, sostuvo el magistrado.

Ramos Padilla también señaló que el derecto que transformó al banco en una SA “fue dictado en exceso” porque el Congreso Nacional cuando aprobó la ley Bases quitó a la entidad de las empresas a privatizar. “Si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización”, dijo el juez.

El gobierno de Milei publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial el dercreto por el que transformó al banco Nación en una SA. La transformación de la persona jurídica no implica que la entidad deje de ser pública sino que quita ciertas restricciones que tenía al ser una Sociedad del Estado y otorga una mayor apertura para su capitalización.

Un grupo de empleados del banco inició el año pasdo una causa judicial en la que reclaman la inconstitucionalidad del decreto de necesiadd y urgencia (DNU) 70/2023 y de una resolución del banco Nación que avanzaba sobre una evenvtual privatización. En septiembre del año, el juez Ramos Padilla dictó un fallo en el que declaró que el DNU y la resolución no permiten cambiar la situación jurídica de la entidad.

Ese fallo fue apelado por el gobierno para que sea revisado por la Cámara Federal de La Plata cuando se dispuso su conversión a SA y en la causa se pidió que se dicte una medida que suspenda esa decisión. Así, la Cámara le pidió al juez Ramos Padilla -que actúa como subrogante del juzgado civil, comercial y contencioso administrativo federal 2 de La Plata- que resuelva el planteo.

El magistrado señaló que el banco Nación fue creado en en 1891 con la ley 2.841 que establece que la entidad actúa “con sujeción a las disposiciones de la presente ley”. Así, todo cambio sobre el status de la entidad debe hacerla el Congreso.

El gobierno basó su decisión de convertir el banco en una SA en la delegación de facultades que le dio la ley bases y en el DNU 70 sobrela posible privatización de sociedades o empresas con participación del Estado. El sostuvo en su fallo que de la ley bases fue excluído expresamente el banco Nación y lo mismo el DNU 70 respecto a los entes autárquicos.

“De allí que, es posible inferir, con el grado de provisoriedad necesario para el dictado de una medida cautelar, que el decreto 116/2025 del P.E.N. se trataría de un decreto delegado dictado en exceso, en tanto la interpretación del alcance de la delegación fijada en el art. 3 de la “Ley Bases” debe ser integrada con el resto de la norma, en especial con el capítulo “II. Privatización”, en el que se excluyó al Banco de la Nación Argentina, como así también con el modo en que se desarrolló y se alcanzaron los consensos durante el debate parlamentario”, explicó Ramos Padilla.

El juez también aclaró que “si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados; circunstancia que si bien deberá ser analizada en el contexto adecuado, escuchando previamente a las partes y respetando los principios del debido proceso y defensa en juicio; imponen ahora el dictado de la medida cautelar.

Ahora el gobierno tiene cinco días para contestar la demanda. Luego de eso el juez debe resolver si ratifica la medida precautelar o la revoca y permite que el banco Nación sea una SA. Además, el Poder Ejecutivo puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal.

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