Caputo anticipó un proyecto para licitar 5.000 kilómetros de rutas nacionales sin impuestos
El Gobierno de Javier Milei profundiza el proceso de privatización de las rutas nacionales y prepara un nuevo proyecto de ley para habilitar la licitación de más de 5.000 kilómetros bajo un esquema particular: las futuras concesiones estarán exentas de impuestos nacionales. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
La iniciativa amplía una estrategia que ya comenzó con la transferencia de corredores viales al sector privado. El objetivo oficial es avanzar hacia un modelo en el que la operación y el mantenimiento de determinados tramos de la red nacional queden en manos de concesionarios, con reglas económicas específicas para hacer atractiva la inversión privada.
El nuevo proyecto deberá pasar por el Congreso, donde se definirá el marco legal para las futuras licitaciones. La particularidad anunciada por Caputo es la eliminación de impuestos nacionales para las rutas que ingresen en este esquema, una condición que modifica la ecuación económica de las concesiones y apunta a facilitar la participación privada.
El anuncio se produce después de que el Ejecutivo formalizara la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la privatización de Corredores Viales. Esos corredores suman más de 3.900 kilómetros y llevaron el total de rutas adjudicadas a más de 9.000 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno.
La nueva etapa vuelve a poner en discusión quién financia la infraestructura vial argentina. Durante décadas, el Estado nacional concentró buena parte de la responsabilidad sobre construcción, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales. El esquema que impulsa la administración de Milei busca trasladar progresivamente esa responsabilidad al sector privado mediante concesiones y mecanismos de explotación de los corredores.
El punto económico será determinar si las condiciones ofrecidas a los concesionarios se traducen en mayores inversiones y mejores niveles de mantenimiento sin generar un costo excesivo para los usuarios. La exención tributaria puede mejorar la rentabilidad de los proyectos, pero también abre un debate sobre la contraprestación que deberán asumir las empresas y sobre el esquema mediante el cual se financiará la conservación de las rutas.
Para las provincias, el proceso tiene una dimensión adicional. Las rutas nacionales constituyen infraestructura estratégica para la circulación de producción, el transporte de pasajeros y la conexión con los principales mercados. Por eso, cualquier cambio en el modelo de concesión puede tener efectos sobre los costos logísticos y la competitividad regional.
Entre las provincias alcanzadas por las concesiones ya adjudicadas aparecen Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. La inclusión de Misiones resulta especialmente relevante por su condición de provincia periférica dentro del sistema logístico nacional y por la importancia de las rutas para conectar su producción con los grandes centros de consumo y las fronteras internacionales.
En ese contexto, la discusión no se limita al estado físico de las rutas. Para Misiones y el NEA, el costo y la previsibilidad del transporte son variables que impactan directamente sobre la estructura de costos de las empresas. Una concesión que garantice mantenimiento, transitabilidad y obras puede mejorar las condiciones logísticas; un esquema que incremente significativamente los costos de circulación podría producir el efecto contrario.
El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá recuperar una infraestructura que durante los últimos años acumuló problemas de mantenimiento. Caputo apuntó directamente contra las gestiones anteriores durante su exposición y cuestionó las críticas actuales sobre el estado de las rutas: “Verlos criticar me parece cómico”, afirmó.
Más allá de la disputa política, el nuevo esquema deberá medirse por resultados concretos. La variable central será si las concesiones logran sostener rutas transitables, reducir interrupciones, garantizar mantenimiento permanente y generar inversiones sin trasladar una carga desproporcionada a quienes utilizan la red vial.
La próxima discusión en el Congreso será, por lo tanto, decisiva. El proyecto no sólo definirá qué rutas pueden pasar a manos privadas, sino también bajo qué condiciones económicas, tributarias y contractuales se desarrollará una nueva etapa de la infraestructura vial argentina.
Con más de 9.000 kilómetros ya adjudicados y otros 5.000 kilómetros que el Gobierno pretende licitar, la privatización de rutas deja de ser una política puntual para convertirse en uno de los principales cambios estructurales de la infraestructura pública. Para las provincias atravesadas por esos corredores, el resultado se medirá menos por la propiedad de las rutas que por una cuestión concreta: cuánto costará mover personas y producción y qué calidad tendrá, en adelante, la red que sostiene esa circulación.