PRIVATIZACIONES

Milei habló de un reconocimiento especial para los veteranos de Malvinas y prometió mejores salarios para las Fuerzas

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El 2 de abril, en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei transformó una conmemoración en señal política: anunció un reconocimiento especial a los veteranos para 2027, mejoras salariales para las Fuerzas Armadas y la decisión de destinar el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones al sistema de Defensa.

El dato no es menor. En un contexto de ajuste fiscal y redefinición del Estado, el Gobierno introduce una excepción estratégica: priorizar el financiamiento militar. La pregunta queda planteada: ¿se trata de un giro estructural en la política de defensa o de un movimiento táctico para consolidar una narrativa de autoridad y soberanía?

De la conmemoración a la política pública

El anuncio se inscribe en un marco institucional claro: el Presidente anticipó un decreto para que en 2027, al cumplirse 45 años de la guerra, la Secretaría General de la Presidencia otorgue una distinción a los veteranos. No es solo un gesto simbólico. Funciona como punto de anclaje de una agenda más amplia que busca reposicionar a las Fuerzas Armadas dentro del esquema estatal.

El mensaje oficial articula tres ejes. Primero, el reconocimiento de una “deuda histórica” con el personal militar. Segundo, la intervención sobre áreas sensibles como la obra social, con una reorganización orientada a reducir gastos administrativos y garantizar cobertura. Tercero, el componente presupuestario: asignar parte de los ingresos por privatizaciones a equipamiento y bienes de capital.

En términos operativos, el Gobierno traduce conceptos abstractos —soberanía, defensa, reconocimiento— en decisiones concretas: financiamiento, salarios y estructura institucional. Ese pasaje es clave para entender el alcance político del anuncio.

Recursos, relato y correlación de fuerzas

La decisión de vincular el financiamiento de Defensa con las privatizaciones introduce un elemento de lectura estratégica. El Gobierno conecta dos agendas centrales —reforma del Estado y seguridad nacional— y redefine prioridades en el uso de recursos.

Esto impacta en varios niveles. Por un lado, fortalece la posición del Ejecutivo frente a las Fuerzas Armadas, al ofrecer mejoras salariales en un contexto de restricciones. Por otro, envía una señal hacia el sistema político: la defensa nacional se instala como política de Estado, más allá de la coyuntura.

También hay una dimensión externa. El discurso reafirma el reclamo sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y anticipa respuestas diplomáticas frente a iniciativas sobre recursos en la cuenca Malvinas Norte. La referencia a inversiones en el yacimiento Sea Lion introduce un componente económico concreto en la disputa geopolítica.

Sin embargo, el esquema abre interrogantes. La asignación de fondos dependerá del volumen efectivo de privatizaciones, lo que condiciona la sostenibilidad del financiamiento. Al mismo tiempo, el énfasis en Defensa podría tensionar otras áreas del gasto público en un contexto de caída de ingresos.

Entre el giro estratégico y la construcción política

El Gobierno plantea la reconstrucción de las Fuerzas Armadas como un proceso de largo plazo y como política de Estado. Pero la temporalidad de los anuncios —reconocimiento en 2027, financiamiento atado a privatizaciones— sugiere una combinación de estrategia y gradualismo.

En el corto plazo, el foco estará en la implementación: cómo se traduce la mejora salarial, qué alcance real tiene la reorganización institucional y qué volumen de recursos logra canalizar el nuevo esquema. En paralelo, la política exterior sumará presión, con el frente Malvinas activo y la vigilancia sobre actividades en la región.

La decisión abre una nueva fase en la agenda del Gobierno. No solo redefine el lugar de las Fuerzas Armadas, también reintroduce la defensa como eje de poder estatal. Queda por ver si ese movimiento logra consolidarse como política sostenida o si queda condicionado por las variables económicas y el escenario internacional.

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Domingo Cavallo advierte que sin reformas monetarias no habrá crecimiento sostenible en 2026

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El ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo sostuvo que el inicio de un crecimiento “vigoroso y sostenible” de la economía argentina en 2026 es posible, pero advirtió que el resultado dependerá de manera decisiva de la secuencia y profundidad de las reformas que impulse el Gobierno. En un extenso análisis publicado en el inicio del año, remarcó que el ajuste fiscal y los incentivos a la inversión ya logrados son condiciones necesarias, aunque insuficientes, si no se avanza con rapidez en un nuevo régimen monetario y cambiario y en la reducción del riesgo país.

Ajuste fiscal y presupuesto 2026: un punto de partida, no de llegada

Cavallo reconoció como un “gran logro” haber alcanzado el equilibrio fiscal en un plazo breve y contar con un régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones en sectores como energía, minería y tecnologías avanzadas. Sin embargo, advirtió que el Gobierno “no debe dormirse en los laureles”.

En ese marco, destacó la aprobación del Presupuesto 2026 como un primer paso clave para consolidar la eliminación del déficit fiscal lograda en los dos años previos. Según su análisis, la ejecución de ese presupuesto y el acompañamiento de las provincias al ajuste nacional se verán facilitados si se acelera la reprivatización de empresas estatizadas tras el abandono de la convertibilidad.

Para Cavallo, el uso de los recursos obtenidos por esas privatizaciones debería orientarse a incrementar la inversión en infraestructura pública, que viene mostrando un deterioro acumulado. Ese esquema permitiría, además, fortalecer la negociación fiscal con las provincias, que son las más afectadas por la falta de infraestructura vial, ferroviaria, fluvial y marítima.

Régimen monetario, cepo y riesgo país: el núcleo del debate

El ex ministro identificó como “segundo paso imprescindible” la sanción, preferentemente por ley, de un nuevo régimen monetario y cambiario similar al que funciona en Perú. Consideró que este complemento institucional del Presupuesto 2026 es central para liberar al mercado cambiario y a la expansión del crédito al sector privado de “trabas burocráticas y manejos impredecibles”.

En ese escenario, sostuvo que el Banco Central debería acumular reservas propias a un ritmo rápido y que la tasa de riesgo país debería descender a no más de 300 puntos básicos. Alcanzado ese nivel, afirmó, las tasas de interés reales en pesos y en dólares podrían ubicarse en valores compatibles con la tasa de crecimiento potencial de la economía.

Cavallo fue explícito al señalar que sin una liberalización cambiaria y financiera completa será muy difícil que las expectativas de los inversores privados acompañen tanto la estabilidad macroeconómica como un crecimiento sostenido. En ese punto, coincidió con análisis que advierten sobre los límites de utilizar el tipo de cambio como ancla nominal en un contexto donde aún persisten restricciones cambiarias para las empresas.

Inflación, mercado interno y salida del “callejón”

En relación con la política antiinflacionaria, Cavallo sostuvo que la reducción del riesgo país es más relevante que una baja inmediata de la inflación. Argumentó que, mientras el riesgo país se mantenga elevado, siempre existirá la amenaza de un salto devaluatorio o la necesidad de contenerlo con tasas de interés excesivamente altas.

Advirtió además que no resulta prudente anunciar metas de inflación demasiado ambiciosas mientras persista el cepo cambiario, ya que ello podría derivar en una política monetaria excesivamente contractiva y en una mayor recesión del mercado interno. En cambio, propuso fijar metas ambiciosas en materia de riesgo país, como condición para un plan de estabilización y crecimiento sostenible.

Respecto de la reactivación del mercado interno, señaló que esta dependerá de mantener tasas de interés reales que no superen el crecimiento potencial de la economía y de una expansión del crédito al sector privado que facilite la inversión familiar y empresaria. En ese marco, volvió a destacar la inversión en infraestructura como un motor adicional del crecimiento, financiada mediante privatizaciones y concesiones de obras y servicios públicos.

Finalmente, Cavallo rechazó la idea de que la estrategia económica actual conduzca a un “callejón sin salida”. Reconoció riesgos de atraso cambiario y un posible efecto estanflacionario transitorio si se elimina el cepo, pero sostuvo que una salida ordenada, con un régimen monetario, cambiario y financiero consistente, permitiría retomar un sendero de estabilidad con crecimiento. En clave política, advirtió que cuanto antes se adopten esas decisiones, mejores serán las perspectivas del Gobierno de Javier Milei de cara al proceso electoral de 2027.

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Energía y transporte, en el centro del plan de privatizaciones que impulsa el Gobierno para 2026

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El Gobierno nacional definió una estrategia para avanzar en 2026 con la privatización de más de una decena de empresas públicas, principalmente en los sectores de energía, transporte y servicios, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos para fortalecer las reservas. El plan se apoya en la transformación previa de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, un paso clave desde el punto de vista jurídico e institucional para habilitar futuras ventas.

La iniciativa se enmarca en el esquema de reformas impulsado por el presidente Javier Milei, que busca reducir la participación del Estado en actividades empresariales, igualar las condiciones de competencia con el sector privado y avanzar en un proceso de desinversión ordenado.

El marco normativo y la transformación de las empresas públicas

El sustento legal del proceso se encuentra en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023, mediante el cual el presidente Milei dispuso que todas las sociedades o empresas con participación estatal, cualquiera fuera su tipo o forma societaria, deban transformarse en Sociedades Anónimas.

De este modo, las empresas quedaron sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativas públicas. Esta modificación resulta central porque elimina regímenes especiales y facilita los procesos de privatización, concesión o venta de activos.

En ese marco, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). El último paso se concretó este viernes, cuando se inscribió en el Registro Público la conversión de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE) en Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), cerrando así una etapa clave del plan oficial.

Las empresas que el Gobierno buscará privatizar

Con la estructura societaria ya modificada, el Ejecutivo avanza con una lista amplia y diversa de empresas que podrían ser privatizadas durante 2026. Entre ellas se destacan compañías vinculadas al transporte ferroviario, aéreo y fluvial, así como a servicios públicos y energía.

En el primer grupo figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Operadora Ferroviaria, la Administración General de Puertos, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Intercargo y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, un activo estratégico para el comercio exterior argentino.

También aparecen empresas de servicios y contenidos públicos, como Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Casa de Moneda, junto con Fabricaciones Militares.

Además, el Gobierno incluyó en su hoja de ruta a grandes compañías de infraestructura y energía, como Transener, las represas hidroeléctricas, Enarsa y AYSA, la empresa que provee agua potable y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el caso de Corredores Viales, la privatización abarca una red de 9.000 kilómetros de rutas, lo que anticipa un fuerte impacto en el esquema de concesiones y mantenimiento vial

Impacto económico y sectores sensibles

Desde el punto de vista económico, el Gobierno espera que el proceso de privatizaciones genere ingresos extraordinarios que permitan robustecer las reservas, al tiempo que impulse una mayor participación del sector privado en áreas consideradas estratégicas.

Sin embargo, el alcance del plan también anticipa repercusiones significativas en sectores sensibles como el transporte, la energía y los servicios públicos, donde las empresas involucradas cumplen funciones clave en la logística, la conectividad y el abastecimiento básico.

La decisión de concentrar la mira principalmente en energía y transporte refleja la relevancia fiscal y económica de estos sectores, pero también abre un debate sobre tarifas, inversiones futuras y el rol del Estado en la regulación de servicios esenciales.

Con la conversión societaria ya concluida, 2026 aparece como el año clave para la ejecución del plan. El avance efectivo de las privatizaciones dependerá del contexto macroeconómico, del interés de los inversores y de la capacidad del Gobierno para llevar adelante un proceso que combina decisiones políticas, reformas institucionales y alto impacto económico.

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Privatización de AySA: disponen que un banco público tase las acciones para concretar la venta en 8 meses

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El Gobierno da un paso más en la privatización de la empresa estatal de agua potable y saneamiento.

El Gobierno dio un paso más en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) al disponer contratar un banco público para tasar las acciones estatales y fijar un plazo de ocho meses para concretar la venta, mediante la Resolución 1198/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Tras la autorización gubernamental de avanzar con una privatización total de la compañía, el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social.

La normativa firmada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a “llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional para la tasación del paquete accionario de AySA”.

Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, manifestó que “se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por AySA en un plazo razonable”.

Además, se encomendó a la mencionada agencia a concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de AySA a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, “dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

Del mismo modo, se le encargó “realizar las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en AySA” que no sean vendidas en la licitación.

Asimismo, Economía instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a elaborar la documentación licitatoria, técnica y contractual, del proceso de privatización de AySA, la cual incluirá el contrato de concesión correspondiente, debiendo contar con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

En este aspecto, aclaró que la citada área “podrá solicitar la colaboración técnica y operativa de la sociedad” y determinó que también deberá “articular las acciones necesarias” para garantizar que el proceso privatizador no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales.

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Gobierno lanza módulo digital para licitaciones y concursos de privatización de empresas públicas

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La Oficina Nacional de Contrataciones aprobó un nuevo módulo en el sistema CONTRAT.AR para gestionar, de forma íntegramente electrónica, los procesos de privatización previstos por la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado. La herramienta apunta a garantizar transparencia, competencia y máxima concurrencia en las operaciones.

La medida, oficializada el 11 de agosto a través de la Disposición 29/2025 publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el capítulo de privatizaciones de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La norma declaró sujetas a privatización diversas empresas y sociedades de propiedad estatal total o mayoritaria, según lo dispuesto en los artículos 7°, 8° y 9°.
El Decreto 416/2025 encomendó a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) la creación de un módulo específico en el sistema CONTRAT.AR para administrar licitaciones y concursos públicos destinados a la venta, concesión o administración de activos y sociedades estatales.

Contenido técnico: cómo funcionará el nuevo módulo

Bajo la denominación “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, el módulo permitirá:

  • Venta de activos y acciones.
  • Transferencia de cuotas del capital social.
  • Venta de establecimientos productivos en funcionamiento.
  • Locaciones y concesiones.
  • Otorgamiento de licencias y permisos.

Los interesados deberán inscribirse y validarse como usuarios externos del sistema, siguiendo el procedimiento detallado en el Anexo I de la disposición. También se aprobaron modelos estandarizados para el acta de Administrador Legitimado y para declaraciones juradas sobre habilidad para contratar, elegibilidad y beneficiario final.

La ONC destacó que el nuevo esquema responde a los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia y eficiencia en la utilización de recursos públicos, en línea con las políticas de gobierno abierto.
En el caso de concesiones y licencias de servicios públicos reguladas por la Ley 17.520, se aplicará el procedimiento de inscripción ya aprobado por la Disposición ONC 84/2024. Quienes ya estén registrados como “Concesionarios Ley N° 17.520” no deberán reinscribirse.

Empresas en la mira

El plan de privatizaciones del Ejecutivo abarca ocho empresas públicas, de las cuales tres presentaron superávit en el primer trimestre de 2025:

  • Corredores Viales S.A.: superávit de $5.200 millones, administra 5.884 km de rutas en 13 provincias.
  • Intercargo S.A.C.: superávit de $5.736 millones, presta servicios de rampa y traslado de pasajeros.
  • Nucleoeléctrica Argentina S.A.: superávit de $17.234 millones, opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

En cambio, firmas como Enarsa (déficit de $34.897 millones), AySA, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (déficit de $44.600 millones) y YCRT continúan con resultados negativos.

El uso del sistema digital busca evitar discrecionalidad y agilizar las operaciones, pero el proceso podría generar tensiones políticas, especialmente en torno a la venta de empresas estratégicas como Nucleoeléctrica o AySA. Los gremios y sectores opositores anticipan cuestionamientos sobre la sustentabilidad del modelo y el impacto en el empleo, mientras que el Gobierno apuesta a una reducción del déficit fiscal y a mejorar la eficiencia operativa.

La disposición establece que la medida entra en vigencia el 12 de agosto de 2025, habilitando de inmediato la utilización del módulo para iniciar procesos de privatización. A partir de ahora, cada operación deberá canalizarse a través de CONTRAT.AR, con publicación electrónica y requisitos de inscripción unificados.

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