El decreto 115/2025 sobre el complejo minero de Santa Cruz fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. El plan es sanearlo para privatizarlo, pero hay tensiones con la provincia
Después del Banco Nación, le llegó la hora a la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de iniciar los preparativos previos a la privatización que planea Javier Milei. Con vistas a venderla a uno o varios privados, el Gobierno transformó el complejo minero en Sociedad Anónima, tal como hizo la semana pasada con el banco público.
YCRT es una de las nueve entidades del Estado que el oficialismo logró, a duras penas, incluir en la Ley Bases como organizaciones públicas sujetas a privatización o concesión.
La decisión se concretó esta madrugada, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 115/2025, que firmó el domingo el Presidente. Fue pergeñado por Diego Chaher, el encargado de acondicionar las compañías del Estado para su posterior venta, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
“Establécese que la representación de los derechos derivados de la titularidad de las acciones por parte del Estado nacional en la sociedad objeto de la presente medida será ejercida de la siguiente manera: el 95 % de la participación accionaria estará representada por la Secretaría de Energía y el 5% restante, por la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía”, indica la normativa. De esta manera, quedará en manos de la cartera comandada por Luis Caputo la responsabilidad de tomar las decisiones necesarias para facilitar la transformación planteada.
Con respecto al personal del yacimiento, aseguraron que la sociedad mantendrá “con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado”, por lo que los empleados quedarán sujeto a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.
Antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargó de que estuviera al tanto de la decisión Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, la provincia donde está emplazado el yacimiento que genera, explota, transporta y comercializa carbón desde mediados del siglo pasado, pero trabaja a medias y de manera intermitente desde hace años.
El Gobierno no quería sumar un motivo de discordia con el siempre esquivo mandatario de la región Sur, con quien la relación varía según el momento y el tema, y de quien el oficialismo depende para aprobar sus iniciativas en el Congreso.
No está decidido cuándo avanzarán con la venta -hay tres grupos que se postulan para quedársela-, pero por ahora se dispondrán a empezar a sanearla: presentar los balances contables de la entidad a la Inspección de Justicia, aggiornar los reglamentos internos, etc. Será un camino largo, proyectan en la Nación.
En este contexto, el decreto dispone un plazo de 60 días, prorrogable hasta 30 días más por única vez, para que la Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima eleve a la Secretaría de Hacienda el presupuesto correspondiente al año en curso, “reduciendo a lo estrictamente indispensable los aportes que el Tesoro nacional habrá de transferir para cubrir las necesidades financieras que no pudieran cubrirse con recursos genuinos de la sociedad”.
El mismo tiempo tendrá para presentar un plan de inversiones que permita cumplir con su objeto social en condiciones operativas esenciales.
YCRT enfrenta una crisis que combina problemas estructurales, económicos y políticos. La empresa, que condujo Aníbal Fernández durante la gestión de Alberto Fernández, incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Está, desde hace varias administraciones, en una situación crítica por la alta superpoblación de trabajadores, la falta de inversión, los problemas administrativos y los manejos irregulares.
Hace dos meses, la jefatura de Gabinete despidió por sospechas de corrupción a Thierry Decoud, que había llegado de la mano de Mauricio Macri. Fue después de que dos allegados suyos quedaran investigados por haber solicitado un retorno en su nombre para concretar una operación con una empresa israelí.
En su lugar, en vez de poner otro hombre del ex presidente, quedó Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, que responde al gobernador Vidal. La decisión del mandatario de hacerse cargo políticamente, dicen en su entorno, fue para tener injerencia en el proceso de transformación de la entidad.
En la Provincia sospechan que buscará que Santa Cruz asuma la responsabilidad de la mina y de los trabajadores, mientras que la central, que representa la principal fuente de ingresos potenciales, pasaría a manos privadas. Esta situación generó tensiones políticas, especialmente después de la designación de Gordillo.
Uno de los principales problemas que enfrenta YCRT es su abultada plantilla de trabajadores, una carga laboral desproporcionada para una operación que no está funcionando a plena capacidad. Este problema se remonta a la gestión de Daniel Peralta, que había firmado una serie de acuerdos con los gremios para evitar conflictos laborales, y resultó en una acumulación de personal que se convirtió en un obstáculo financiero. Con todo, la mina sigue siendo una fuente de sustento para dos comunidades cercanas que dependen directamente de su actividad.
A pesar de las dificultades, el carbón extraído de YCRT tiene una demanda importante en el mercado internacional, particularmente en países como China, que requieren grandes volúmenes para sus operaciones industriales. Sin embargo, la producción actual de la mina no alcanza los niveles necesarios para satisfacer estos requerimientos. China, calculan en la provincia, exige una producción mínima de 30.000 toneladas, mientras que YCRT, en su mejor escenario, apenas podría alcanzar las 20.000 toneladas.
Además, la ubicación geográfica, a 300 kilómetros del mar, complica la logística de exportación. El carbón debe ser transportado desde la montaña hasta el puerto, lo que incrementa los costos y reduce la competitividad del producto en el mercado internacional.
Antes de la publicación del decreto, expertos locales dijeron que una alternativa sería implementar un plan de subsidios a largo plazo por parte del gobierno nacional, destinado a mejorar las máquinas, aumentar la producción y garantizar un ciclo productivo sostenible. Pero en la Nación descartaron esa posibilidad, que podría generar más déficit. Justamente, el mentado objetivo de Milei al privatizar YCRT es contribuir a reducirlo.
