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Intendentes del Alto Uruguay solicitaron intervención urgente para garantizar el acopio tabacalero

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Intendentes del Alto Uruguay, junto a entidades gremiales, empresas y cooperativas tabacaleras, solicitaron al gobernador Hugo Passalacqua la intervención inmediata del Estado para garantizar el inicio del acopio de tabaco previsto para el lunes 9 de febrero, ante bloqueos que impiden la libre circulación y ponen en riesgo el derecho a trabajar de miles de familias productoras.

El planteo fue formulado durante una reunión realizada el 6 de febrero en San Vicente, de la que participaron jefes comunales de la región y representantes de las principales entidades gremiales del sector: la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), la Cámara del Tabaco de Misiones y la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM). También acompañaron el reclamo empresas y cooperativas tabacaleras, entre ellas la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), Massalin Particulares, Alliance One, C.I.M.A. y la Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda., entre otras firmas de la cadena productiva.

En el documento elevado al Poder Ejecutivo provincial, los firmantes solicitaron la intervención de las Fuerzas de Seguridad para resguardar rutas y accesos a las plantas de compra, así como la actuación de la Justicia Federal y de Instrucción, a fin de garantizar la libre circulación y el normal desarrollo de la actividad frente a los bloqueos registrados.

El pedido se sustenta en el Acta de Acuerdo de Precio firmada el 28 de enero de 2026 en Leandro N. Alem, que fijó el valor del tabaco Burley Clase B1F en $4.062 por kilogramo, con el aval de más del 99% de la representación gremial y empresarial del sector tabacalero misionero.

Durante el encuentro se advirtió que las medidas de fuerza son impulsadas por un grupo reducido que no representa a los 13.700 productores tabacaleros de la provincia y que, mediante bloqueos, vulnera los derechos de la mayoría que necesita producir y comercializar su tabaco. Los intendentes y referentes alertaron además sobre las consecuencias sociales y económicas de la interrupción del acopio, que compromete ingresos clave para el inicio del ciclo lectivo —alimentos y útiles escolares— y profundiza procesos de migración forzada hacia países vecinos, con impacto directo en la economía regional y la soberanía productiva.

Del encuentro participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; el subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira; y el subsecretario de Planificación, Leonardo Amarilla. Entre los firmantes figuran los intendentes Fabián Rodríguez (San Vicente), Miguel Dos Santos (San Pedro) y Omar Wdowin (25 de Mayo), junto a otros jefes comunales y representantes de las entidades gremiales y cooperativas del sector.

Finalmente, los firmantes solicitaron al gobernador interceder ante el Gobierno Nacional, en particular ante los ministerios de Agricultura y Seguridad, para garantizar condiciones que permitan trabajar en paz, dentro de la ley y con libertad.

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El Gobierno baja el corte de biodiésel y actualiza precios de biocombustibles para contener el costo del gasoil

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El Gobierno ajusta los precios de los biocombustibles y reduce el corte de biodiésel, buscan contener el impacto en el precio del gasoil

La Secretaría de Energía actualizó los valores del bioetanol y biodiésel para noviembre y redujo transitoriamente el porcentaje de mezcla obligatoria en gasoil. Las resoluciones 443/2025 y 445/2025 establecen nuevos precios de referencia y apuntan a morigerar los efectos del aumento del aceite de soja.

Ajuste en los precios y control de costos en el surtidor

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, dispuso mediante las Resoluciones 443/2025 y 445/2025 un nuevo esquema de precios para los biocombustibles que integran la mezcla obligatoria con naftas y gasoil, de acuerdo con la Ley N° 27.640 de Marco Regulatorio de Biocombustibles.

El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $918,025 por litro, mientras que el bioetanol elaborado a base de maíz quedó en $841,394 por litro, valores que regirán para las operaciones correspondientes al mes de noviembre de 2025 y hasta que se publique una nueva actualización. El plazo máximo de pago se mantuvo en 30 días corridos desde la emisión de factura.

En paralelo, la Resolución 445/2025 estableció un nuevo precio del biodiésel destinado a su mezcla con gasoil, fijado en $1.688.961 por tonelada, y dispuso un plazo de pago máximo de siete días corridos. Además, la medida redujo de manera transitoria el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 7% sobre el volumen total del gasoil comercializado en el país.

Según la normativa, el ajuste responde a un incremento sostenido del precio del aceite de soja —principal insumo del biodiésel— que elevó los costos de producción y amenazaba con trasladarse al precio final del gasoil.

“A fin de morigerar el impacto de dicho incremento en el precio del gasoil en boca de surtidor y en el costo logístico de la actividad económica en general, se considera necesario establecer transitoriamente una reducción del porcentaje de mezcla obligatoria”, señala el texto oficial.

Contexto normativo y fundamentos técnicos

Ambas resoluciones se dictan en el marco de la Ley 27.640, que desde 2021 regula las actividades de elaboración, comercialización y mezcla de biocombustibles, y faculta a la Secretaría de Energía a fijar los precios de adquisición y los porcentajes de corte obligatorios.

El precio del biodiésel se actualiza conforme al procedimiento establecido en la Resolución 963/2023, que define la metodología de cálculo considerando los costos de producción, transporte y rentabilidad del sector. La última actualización había sido dispuesta por la Resolución 422/2025, vigente desde el 23 de octubre.

En cuanto al bioetanol, los valores se determinan de acuerdo con los procedimientos aprobados en la Resolución 373/2023 y su modificatoria, la 709/2023, que permiten realizar ajustes excepcionales cuando los precios de los biocombustibles generan “distorsiones” en el precio de los combustibles fósiles en surtidor.

La Secretaría recordó además que las medidas se adoptan bajo el paraguas del Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública económica, energética y fiscal hasta diciembre de 2025, y de la Ley 27.742, que prorrogó la emergencia por un año más.

“Resulta necesario atender las posibles distorsiones en el mercado y garantizar la estabilidad de precios en un contexto de emergencia energética y económica”, fundamenta el organismo.

Impacto económico y proyección del mercado energético

El ajuste en los precios del bioetanol y biodiésel tiene impacto directo sobre las refinerías, empresas mezcladoras y productores agroindustriales que integran el esquema de biocombustibles. La actualización busca equilibrar la rentabilidad de los elaboradores frente al encarecimiento de los insumos —especialmente el aceite de soja— sin afectar la competitividad del gasoil y la nafta en el mercado interno.

La reducción temporal del corte de biodiésel también apunta a contener el costo logístico y evitar presiones adicionales sobre los precios del transporte y de los productos básicos, sectores sensibles a las variaciones del combustible.

En el plano institucional, las medidas reafirman el rol de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación del marco regulatorio, consolidando un esquema de revisión mensual que permite ajustar las variables de acuerdo con la evolución de los mercados agrícolas y energéticos.

De acuerdo con fuentes del sector, el desafío será sostener un equilibrio entre la viabilidad económica de los biocombustibles —clave para las economías regionales productoras de maíz, caña y soja— y la necesidad de mantener precios estables en los combustibles fósiles durante un contexto de transición energética y restricción macroeconómica.

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Caída real del 6,1% en gasto agropecuario y ajuste del 16,4% en 2026, según Analytica

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El último informe de la consultora Analytica revela una reconfiguración del gasto público en Argentina, con impactos significativos en el sector agropecuario. En los primeros nueve meses de 2025, el gasto primario cayó 2% interanual a precios constantes, mientras las partidas agrícolas sufrieron una contracción del 6,1%. Estas tendencias se profundizan en el presupuesto proyectado para 2026, que implicaría una reducción real de hasta 16,4% en inversión agropecuaria, afectando áreas clave como investigación, sanidad y productividad. El análisis cobra relevancia en un contexto de exención transitoria de retenciones a la soja, medida con un costo fiscal estimado en $1,6 billones (0,19% del PIB) y efectos directos sobre la capacidad de inversión estatal en el sector.

En septiembre, el gasto primario devengado disminuyó un 2% interanual medido a precios constantes. En el acumulado en los primeros nueve meses se incrementó un 0,9% comparado con igual período del año pasado.

Los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-septiembre 2024 fueron las transferencias corrientes a provincias (+42,2%), las asignaciones familiares y por hijo (+15,8%), particularmente la AUH (+23,2%), y los bienes y servicios (+15,0%).

Por otro lado, las partidas con mayores ajustes reales interanuales en el acumulado en los primeros nueve meses fueron los programas sociales (-21,1%), el gasto en subsidios económicos (-45,2%), particularmente los asociados a la energía (-57,0%), y la obra pública (-48,3%) donde la caída se concentra en las transferencias de capital (-61,9%) mientras que las construcciones tuvieron una leve mejora (+4,5%).

Dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En los primeros nueve meses se incrementaron un 206,6% interanual real.

GASTO EN AGRICULTURA

La decisión de eliminar transitoriamente las retenciones al sector agro exportador tiene un costo fiscal de $1,6 billones, 0,19% del PIB. Como se observa a continuación la mayor parte de la menor recaudación proviene de la exención aplicada a la soja y sus derivados —que concentran la mayor parte del valor exportado—, lo que refleja el peso estratégico del complejo sojero en la generación de divisas y en la recaudación tributaria.

Por su parte, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto público asociado a la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” registró una contracción interanual del 6,1% en términos reales. Esta caída se suma al fuerte ajuste observado en igual período de 2024, cuando el gasto se redujo un 61,7% real interanual. Aun así, cabe señalar que la reducción del año pasado está influenciada por la alta base de comparación, ya que en 2023 se registró un gasto históricamente alto en esta función, que pudo estar en parte influenciado por la sequía.

En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, los fondos destinados al sector agropecuario se concentraron en: “Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible” (17,9%), “Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria” (14,7%), “Acciones para la Protección Vegetal” (9,9%), “Acciones para la Sanidad Animal” (9,5%), “Investigación y Desarrollo Pesquero” (6,1%) y “Promoción del Comercio y Producción de Semillas” (2,9%). A su vez, un 38,6% del gasto se concentró en actividades centrales y comunes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, mientras que el 0,30% restante se distribuyó entre los programas “Administración y Control Comercial Agropecuario” y “Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario”. En particular, este último redujo en gran medida su ponderación, pasando de representar el 8,9% en 2022 y el 6,9% en 2023, a ser el 0,26% en 2025. Aun así, y como se mencionó antes, esto puede explicarse por la sequía iniciada en 2022 y prolongada hasta inicios de 2023, lo cual también puede explicar el motivo de un mayor gasto en esos años.

El proyecto de presupuesto 2026 contempla un crédito de $375.461,2 millones para la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” y toma como base de comparación un presupuesto de $351.355,6 millones para 2025, lo que implicaría un aumento nominal del 6,9%. Sin embargo, si se toma como base de comparación al crédito vigente al 2 de octubre, el monto es de $363.704 millones por lo que el aumento nominal sería del 3,2%. Más aún, si se descuenta la inflación promedio proyectada en el presupuesto (14%), se obtendría una caída real del 8,4%, mientras que utilizando nuestra proyección del 23,5%, la caída sería del 16,4%.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

Es uno de los organismos más importantes de la política pública en el sector agropecuario, actualmente es un descentralizado del Ministerio de Economía luego de que el Congreso revierta el DNU 462/2025 que lo reagrupaba a la Administración Centralizada.

En los primeros nueve meses del año, el gasto en el INTA se redujo un 23% real interanual, y se mantiene en niveles históricamente bajos.

El programa principal que ejecuta el INTA es “Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural”, el cual concentra el 71,1% del gasto total del organismo. En lo que va del año, este programa registró una reducción del 15,2% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. Por fuera de las actividades centrales, el segundo programa en relevancia es “Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas”, que tuvo un recorte interanual del 26,5% a pesos constantes.

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