BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Economía, ya aprobó más de $6.000 millones en créditos valor producto para el desarrollo de la actividad. La herramienta acompaña el crecimiento del sector que alcanzó en los primeros 8 meses del año un récord de producción con más de 526.400 tn.
En línea con la evolución de la actividad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que ya se aprobaron más de $6.000 millones en créditos valor producto a través del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). El Gobierno Nacional continúa impulsando la competitividad del sector porcino con préstamos destinados a la incorporación de genética, tratamiento de residuos y efluentes, compra de maquinaria, construcción y/o modernización de instalaciones.
Es una línea de financiamiento que fue lanzada este año por el banco y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y se destaca que, del universo total de solicitantes, las provincias Buenos Aires y Córdoba nuclean la mayor cantidad de casos.
El diferencial de la herramienta es que las cuotas se establecen en una cantidad fija de kilos de carne de cerdo y se pagan en pesos tomando el valor de referencia mensual del kilo capón. La cantidad acordada por mes nunca cambia, lo que brinda certidumbre y previsibilidad al productor.
El monto máximo que ofrece es de $800 millones por empresa y se otorga en UVA con una tasa del 8% -algunas provincias, como por ejemplo Córdoba, bonificaron 4 puntos porcentuales de la tasa para incentivar las inversiones locales.
Tiene un plazo de cancelación flexible, donde el sistema está diseñado para que en promedio el préstamo se pague en los términos originales de 60 meses. Si en algún período el precio del cerdo aumenta por debajo de la inflación, el plazo se extiende automáticamente, brindando al productor más tiempo para pagar sin esfuerzos adicionales. Además, cuenta con un período de gracia de 6 meses.
La línea de financiamiento acompaña el desarrollo de la actividad que, entre enero y agosto de este año, alcanzó un récord de faena y producción, con 5.521.175 cabezas faenadas y 526.463 toneladas producidas y un consumo interno de casi 18 kg por habitante. Además, el sector viene creciendo a una tasa promedio del 6% en los últimos 10 años en faena.
Los interesados en acceder a los préstamos deben remitir sus proyectos y consultas a la Dirección de Porcinos de la Secretaría.
Hoy, en el sistema educativo de Argentina, existen escasos medios que preparen realmente a los alumnos para el futuro inminente. En un 2025 signado por la decreciente tasa de retorno energético, dónde cada vez cuesta más y más extraer los pocos recursos que quedan en el planeta, lo normal es desconocer los procesos que nos llevaron a padecer la coyuntura que esto genera.
Los factores que nos llevaron a este punto son innumerables y casi infinitamente complejos. El que hoy nos convoca es uno de los más infravalorados: La obsolescencia programada es, en esencia, una herramienta que le permite a las empresas garantizar la sostenibilidad de su negocio limitando la vida útil de sus productos. Claro que, dicha sostenibilidad es, de mínima, cuestionable, debido a que, los recursos naturales necesarios para elaborar sus productos se acaban a un ritmo que aumenta a cada segundo.
Si el dinero “lo compra todo”: la felicidad, la paz, seguridad y placer ¿Por qué cuestionar las herramientas que sostienen al capitalismo? Es decir, es fácil deducir que, si se fabrica un producto y este fuera tan bueno que nadie necesite comprarlo más de una vez, llegará el día en que el mercado se acabe, llegará el día en que nadie vuelva a comprarlo. Por lo tanto, habrás generado un gran bien a la comunidad, pero no a la economía del fabricante, por lo tanto, su emprendimiento estaría condenado antes de empezar. ¿O no?
Para cuestionar esa afirmación, debemos volver un poco en el tiempo, alrededor de un siglo.
A pesar de que este fenómeno, que vemos reflejado en casi todo objeto que poseemos hoy en día, pareciera haber existido siempre, la verdad es que tiene apenas un siglo de historia. Entre la primera y segunda guerra mundial, la industria estadounidense quedó con exceso de capacidad: Europa no podía comprar tras la crisis del ’29 y el capital fijo ya estaba montado para producir en masa. La jugada fue convertir el hogar en mercado. Con la electrificación avanzando y los motores pequeños abaratados por el fordismo, se “miniaturizaron” funciones industriales y se las vendió como modernidad, higiene y estatus: aspiradoras, licuadoras, máquinas de coser, heladeras, entre muchos otros. La publicidad y el crédito al consumo hicieron el resto: No era solo vender aparatos, era fabricar la necesidad de tenerlos y renovarlos.
Para sostener el negocio en el tiempo se consolidaron dos llaves. La obsolescencia programada: limitar la vida útil o reparabilidad (piezas selladas, repuestos caros o escasos, estándares que cambian), con casos históricos como el cártel Phoebus que acortó la vida útil de las bombillas eléctricas o focos. Y la obsolescencia percibida: generar el estatus de “viejo” en algo que aún funciona, acelerando modas, colores y diseños, lanzando “nuevos modelos” con cambios cosméticos, creando ecosistemas y accesorios incompatibles, y campañas que asocian lo último con prestigio y eficiencia. Una te rompe el aparato; la otra te rompe la paciencia. Juntas, garantizan rotación constante, aunque la necesidad real no haya cambiado.
Pero ¿Cómo era antes?
Antes de las eficientes cadenas de montaje y la romantizacion del consumo, existía lo que hoy conocemos como artesanos. El prestigio de un artesano no está necesariamente en la cantidad que pueda producir, sino en la calidad de su trabajo: Si Fulano ve que el trabajo que hizo Mengano al transformar un árbol resistente en una mesa para su familia fue bueno, entonces se lo recomendará a Sultano y Mengano tendrá cada vez más clientes en su pueblo. El día que Mengano haga una mesa para cada uno de los hipotéticos 700 habitantes de su diminuto pueblo, habrán pasado tantos años que éstas, por más resistentes que sean, se habrán desgastado y necesitarán reposición. Pero claro, esto no es aplicable a escala, ni mucho menos a los ritmos y dinámicas que supone el actual modelo de consumo. Ni hablar de si ahora Fulano y Sultano decidieran hacerle competencia al artesano mediante tutoriales de YouTube.
Más allá de la simplificada explicación, en esencia, estos mecanismos de aprovechamiento de materia prima para su posterior transformación en objetos de corta vida útil, no habla de un problema más, sino del más crudo reflejo de la inconsciente avaricia del ser humano. Siendo que aun sabiendo los grandes empresarios y magnates que sus acciones harán imposible que su descendencia goce de sus mismos privilegios, continúan la depredación desmedida de recursos y energía. Esto es simple termodinámica. Entonces, su único propósito es su propio e individual beneficio, a costa de la vida del resto de la población.
Luego, por debajo, el otro 99% de la humanidad, consumiendo una y otra vez la idea de que somos todos el 1%, que somos reyes con potestad absoluta, porque podemos comer carne, porque nos bañamos con agua caliente, porque nos vestimos de tela traída de otro continente, sin entender que esas son comodidades mínimas (de las que ni siquiera goza todo ese 99%) en comparación con el despilfarro de la elite capitalista. Mientras sigamos consumiendo esta idea, tal y como si se tratara de una suscripción a un servicio de streaming o de internet, seguiremos siendo engranajes de la máquina come mundos, cuyo timón llevan personas que viven en un termo.
En un encuentro destinado a productores apícolas, emprendedores y actores de la cadena de valor de la miel, el Grupo Itajú compartió su experiencia empresarial, subrayando la importancia de agregar valor, construir identidad de marca y lograr la habilitación formal de las salas de extracción. La actividad, realizada en Oberá, se enmarca en la estrategia provincial para fortalecer la competitividad del sector apícola y abrir nuevas oportunidades comerciales tanto en el mercado interno como en el externo.
La apicultura en Misiones combina un entorno de biodiversidad privilegiado con el desafío de profesionalizar procesos productivos y comerciales. Actualmente, en Oberá existe una sala de extracción de miel industrial con capacidad para centrifugar 60 cuadros, que aún requiere la habilitación oficial para garantizar estándares de calidad y permitir la venta con certificación habilitada.
En este escenario, la formalización no es solo un requisito legal: representa un paso clave para ingresar a mercados más exigentes, mejorar el precio de venta y asegurar la trazabilidad del producto, condición cada vez más demandada por consumidores y distribuidores.
El encuentro abordó aspectos técnicos y de gestión para el desarrollo del sector:
Habilitación de salas de extracción: requisitos legales, procedimientos y beneficios comerciales.
Financiamiento productivo: exposición del Fondo de Crédito de Misiones sobre líneas de financiamiento específicas para apicultores.
Experiencias de mercado: presentación de Grupo Itajú como caso de éxito en estrategias de venta, posicionamiento de marca y diversificación de productos.
Formalización empresarial: asesoramiento sobre constitución de persona jurídica y elección de razón social para emprendimientos apícolas.
Según explicó Nelsy Pryszczuk, directora de Desarrollo Económico y Vinculación Estratégica, “el objetivo de esta charla era unificar a los productores apícolas y trabajar sobre la habilitación de la sala de extracción de miel”.
Fundamentos y actores involucrados
El evento fue impulsado por la Dirección de Desarrollo Económico y Vinculación Estratégica, con el acompañamiento del Fondo de Crédito de Misiones, en línea con las políticas provinciales orientadas a integrar a pequeños y medianos productores en cadenas de valor formalizadas. La presencia del Grupo Itajú, referente en el rubro, permitió trasladar experiencia práctica en comercialización, branding y gestión empresarial a productores que buscan dar el salto de la venta informal a canales más rentables.
La habilitación de salas de extracción en Misiones permitiría aumentar el volumen de miel certificada y con trazabilidad, condición esencial para acceder a supermercados, cadenas de exportación y programas de compras públicas. Además, la formalización abre el camino a productos derivados como miel orgánica, cosmética natural y bebidas fermentadas, ampliando la matriz productiva local.
La combinación de financiamiento, capacitación técnica y acompañamiento institucional es clave para consolidar a la apicultura como un sector exportador emergente, aprovechando la creciente demanda global de mieles diferenciadas por origen y calidad.
Leo Bilanski de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) habló sobre el impacto de las medidas llevadas adelante por el presidente Javier Milei sobre las PyMEs. Advirtió un “cierre masivo en plena crisis” y rechazó del modelo económico presidencial
Mientras el presidente Javier Milei reafirma su intransigencia política con un discurso de “morir en la suya”, la economía real de Argentina sufre un cierre promedio de 40 PyMEs diarias, reflejo de un modelo que favorece la especulación y la concentración de capital extranjero en detrimento del sector productivo nacional.
Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la economía argentina transita una profunda recesión, con un deterioro acelerado del mercado interno y la producción nacional. El cierre de pequeñas y medianas empresas —que representan más del 70% del empleo privado formal en Argentina— expone el impacto tangible de las políticas implementadas. Según fuentes sectoriales, 40 PyMEs cierran sus puertas diariamente, con un total acumulado de aproximadamente 15.000 empresas afectadas en menos de un año de gestión presidencial.
El escenario económico muestra una combinación de restricciones crediticias para productores nacionales, inflación persistente, tarifas de servicios públicos crecientes y una apertura indiscriminada a capitales y productos extranjeros, lo que desincentiva la producción local y el consumo interno.
Puntos clave de la política económica y su impacto en las PyMEs
La administración Milei mantiene una política económica basada en la liberalización total de los mercados, reducción del gasto público y desregulación estricta, orientada a atraer inversión extranjera y fortalecer el capital financiero. Sin embargo, estas medidas implican:
Restricción del crédito para PyMEs: acceso limitado y costoso a financiamiento bancario y financiero, dificultando la renovación de activos y la inversión productiva.
Aumento sostenido de tarifas: luz, gas, y transporte con ajustes por encima de la inflación, elevando los costos operativos para empresas pequeñas y medianas.
Apertura comercial indiscriminada: eliminación o reducción de barreras arancelarias y controles que exponen a las PyMEs locales a una competencia directa con productos importados más baratos.
Fomento a la especulación y capital extranjero: incentivos fiscales y regulatorios para grandes corporaciones y fondos internacionales, que concentran riqueza y limitan el desarrollo del mercado interno.
El presidente Milei ha declarado públicamente su intención de mantener el rumbo actual, afirmando con contundencia: “Me van a sacar con los pies para adelante de la Casa Rosada”. Esta frase simboliza su intransigencia y rechazo a modificar el modelo económico a pesar de las evidentes señales de crisis. En campaña, Milei había prometido “defender la propiedad privada”, pero no especificó que esa defensa privilegiaría a grandes capitales extranjeros, mientras el empresariado nacional y las PyMEs pierden capital y mercado.
Ante este panorama, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) ha convocado a un Foro Social y Productivo, que reúne a PyMEs, cooperativas, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y la justicia, con el objetivo de elaborar una alternativa política y económica para reconstruir el mercado interno y defender la producción nacional.
Según Leo Bilanski, analista y periodista especializado en economía argentina, “la agresión a las PyMEs no es sectorial, es generalizada y afecta directamente a la mayoría de la población, especialmente a los sectores más vulnerables.”
El cierre masivo de PyMEs tiene consecuencias directas sobre el empleo, la innovación y la economía regional. El sector PyME genera más del 60% del empleo formal privado y su retracción puede aumentar la informalidad laboral y la pobreza estructural. Además, la concentración de la riqueza en manos de grandes capitales extranjeros y financieros puede acentuar la desigualdad y debilitar la soberanía económica del país.
Políticamente, la persistencia en este modelo puede profundizar la fractura social y deslegitimar la gestión presidencial, abriendo espacios para respuestas multisectoriales y reclamos de actores sociales y económicos que exigen un cambio de rumbo.
Si el Gobierno insiste en mantener el actual modelo, se prevé que el cierre de PyMEs continúe o se acelere, profundizando la crisis del mercado interno. Esto podría derivar en mayor conflictividad social, presión sindical y políticas públicas orientadas a la defensa de la producción nacional.
Por otro lado, el Foro Social y Productivo convocado por ENAC y otras entidades puede marcar el inicio de un movimiento multisectorial para diseñar y proponer una hoja de ruta alternativa que priorice el desarrollo sostenible, la justicia social y la recuperación económica con soberanía.
En el plano institucional, la continuidad del modelo de Milei implica tensiones con sectores productivos y podría condicionar las futuras negociaciones políticas y económicas, incluyendo acuerdos con organismos internacionales y el diseño de políticas industriales.
El Decreto 571/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, suprime la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y transfiere sus atribuciones al Presidente del organismo. La medida forma parte del proceso de transformación institucional iniciado en julio, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y reducir superposiciones administrativas.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 571/2025, que dispone la eliminación de la Dirección Nacional del INTA —hasta ahora parte de su primer nivel operativo— y reasigna sus funciones directamente al Presidente del organismo. La norma se enmarca en la transformación institucional iniciada por el Decreto 462/2025, que modificó la naturaleza jurídica del INTA, pasando de ser un ente descentralizado a uno desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
El texto establece que, mientras dure la reestructuración, se mantendrán vigentes las áreas y cargos que dependían de la Dirección Nacional, pero bajo conducción directa del titular del INTA.
El INTA fue creado en 1956 por el Decreto-Ley 21.680, con el objetivo de impulsar la investigación y extensión agropecuaria, fortalecer la tecnificación de las explotaciones rurales y mejorar la vida en el campo. Durante décadas, su estructura incluyó un Consejo Directivo y una Dirección Nacional encargada de la ejecución de políticas y programas.
Sin embargo, el Decreto 462/2025 modificó este esquema: reemplazó al Consejo Directivo por un Consejo Técnico y otorgó al Presidente del INTA un rol central en la conducción científico-técnica, buscando mayor rapidez en la toma de decisiones. Esta reforma dejó superpuestas las funciones de la Dirección Nacional y la Presidencia, lo que motivó su eliminación.
Los argumentos oficiales para la supresión
Según el informe técnico IF-2025-82610586-APN-INTA#MEC, elaborado por el Presidente del organismo, la Dirección Nacional había perdido su razón operativa de existencia al quedar sus competencias solapadas con las de la Presidencia.
El Gobierno argumenta que esta medida permitirá “dotar de mayor agilidad operativa” al INTA y simplificar la cadena de mando, concentrando la ejecución de políticas, programas y proyectos en una sola autoridad. La decisión recibió el visto bueno de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En términos administrativos, todas las menciones a la Dirección Nacional en la Resolución 513/2019 —que aprobó la estructura organizativa vigente— pasarán a entenderse referidas al Presidente del INTA.
La norma aclara que, hasta que finalice el rediseño estructural, se mantendrán intactas las acciones, cargos, dotaciones y suplementos vigentes, por lo que no habrá despidos inmediatos ni cambios en las funciones de las áreas que dependían de la Dirección Nacional.
El INTA es un actor clave en el desarrollo tecnológico agropecuario y en la transferencia de innovación a productores, cooperativas y empresas del sector. La eliminación de un nivel directivo intermedio podría traducirse en una mayor velocidad para implementar programas de investigación y extensión, aunque también plantea el desafío de mantener la coordinación entre sus 350 unidades y centros de investigación distribuidos en todo el país.
En el plano político, esta decisión refuerza el control directo del Poder Ejecutivo sobre el organismo, en línea con la política de “achicamiento y eficiencia” que la gestión Milei impulsa en el Estado nacional.
El decreto establece un esquema transitorio mientras se completa la reorganización integral del INTA. El rediseño final podría redefinir áreas técnicas, priorizar líneas de investigación y optimizar la asignación de recursos presupuestarios.
Fuentes del Ministerio de Economía señalan que la intención es concluir la reforma antes de fin de año para que el organismo ingrese a 2026 con un modelo de gestión “más ágil y orientado a resultados”.
