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CRA anuncia Jonagro, impulsa el debate por la ley de semillas y lanza formación para dirigentes del agro

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En el escenario político y productivo de la Expoagro 2026, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) activó una agenda que excede la lógica de una exposición rural: anunció una nueva edición de Jonagro, confirmó el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal y lanzó la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

Las definiciones se presentaron durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en la muestra agroindustrial de Expoagro, donde la dirigencia de CRA combinó anuncios institucionales con señales políticas hacia el Gobierno nacional.

El dato más inmediato es el calendario: Jonagro se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el Congreso de Entes Sanitarios tendrá lugar el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Detrás de esa agenda aparece una estrategia más amplia: reposicionar al agro como actor político en la discusión sobre competitividad, sanidad animal y regulación productiva. Y, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con el Ejecutivo en temas sensibles como la ley de semillas, un debate que lleva años sin resolución legislativa.

La pregunta que empieza a emerger es si el movimiento del ruralismo organizado busca influir en la agenda de políticas públicas del sector o si se trata de un intento por ordenar al propio entramado agropecuario frente a un contexto económico y regulatorio todavía incierto.

Jonagro, el foro político del agro

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue el encargado de confirmar la nueva edición de Jonagro, el encuentro que la entidad define como la “jornada nacional del campo argentino”.

El congreso tendrá como lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia” y convocará a productores, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para debatir el posicionamiento del agro en los mercados internacionales.

Según adelantó Castagnani, cinco gobernadores provinciales ya confirmaron su presencia, un dato que anticipa que el evento volverá a funcionar como espacio de articulación entre el sector productivo y la política territorial.

Jonagro se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos donde el ruralismo intenta instalar agenda. Allí suelen discutirse cuestiones estructurales como competitividad, infraestructura, presión impositiva y acceso a mercados.

La elección de la Bolsa de Cereales como sede también tiene una lectura institucional: el evento se realiza en uno de los centros históricos de representación del comercio agrícola argentino.

Sanidad animal y estructura federal del agro

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, presentó otro de los encuentros clave del calendario rural: el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizará el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y reunirá a las organizaciones que gestionan programas sanitarios ganaderos en todo el país.

Colombatto subrayó que estos encuentros cumplen una función federal dentro del sistema agropecuario. Según explicó, permiten intercambiar experiencias, revisar avances y proyectar el futuro de la sanidad animal en Argentina.

El sistema de entes sanitarios es una estructura particular dentro del modelo agropecuario argentino: combina organismos públicos y organizaciones del sector privado para ejecutar políticas de control sanitario en el territorio.

Por eso, cada congreso se convierte también en un espacio donde se revisan los equilibrios institucionales entre productores, entidades y organismos estatales vinculados a la sanidad animal.

La ley de semillas vuelve al centro del debate

En paralelo a los anuncios, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, reveló que la entidad y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron una reunión con el secretario de Agricultura para discutir el futuro de la ley de semillas.

La dirigencia rural presentó un documento elaborado desde noviembre e invitó al Gobierno a participar de una mesa técnica para avanzar en el tema.

“Encontramos muy buena predisposición para continuar trabajando y encontrar puntos en común”, señaló Luna Vázquez.

El punto es relevante porque la normativa sobre semillas permanece en debate desde hace años. La dificultad para alcanzar una síntesis refleja tensiones entre productores, empresas biotecnológicas y el propio Estado respecto a la regulación del uso de semillas y los derechos asociados a su desarrollo.

CRA planteó que el objetivo debe ser una política pública construida por consenso, una señal de que el sector busca influir en el proceso legislativo antes de que cualquier iniciativa avance en el Congreso.

Formación política para el sector agropecuario

Otro de los anuncios estuvo a cargo del economista Ernesto O’Connor, quien presentó la edición 2026 de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

La capacitación es organizada en conjunto por Universidad Católica Argentina, CRA y la Fundación CRA.

El programa abrirá su tercera edición con el objetivo de formar dirigentes agropecuarios con formación en economía, políticas públicas y desarrollo territorial.

La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro del sector rural: profesionalizar el vínculo entre producción y política pública.

En otras palabras, no se trata solo de representar intereses sectoriales, sino de formar cuadros capaces de intervenir en el diseño de políticas agrícolas.

Una agenda que mezcla institucionalidad y poder sectorial

Más allá de los anuncios formales, la presencia de CRA en Expoagro incluyó reuniones con organismos y actores clave del sistema agropecuario.

Durante los cuatro días de la muestra, la dirigencia rural mantuvo encuentros con SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, legisladores nacionales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, además de reuniones comerciales con empresas del sector.

Ese despliegue confirma que Expoagro funciona no solo como feria productiva, sino también como plataforma política del agro argentino, donde se negocian agendas regulatorias, se construyen alianzas y se marcan posiciones frente al Gobierno.

Lo que se jugará en los próximos meses

La agenda presentada por CRA deja abiertos varios frentes.

Jonagro podría convertirse nuevamente en un escenario de definiciones políticas si los gobernadores y dirigentes del sector utilizan el encuentro para fijar posiciones sobre competitividad, regulación o impuestos.

El debate por la ley de semillas, en tanto, seguirá siendo una prueba para medir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a construir consensos con las entidades agropecuarias.

Y la diplomatura impulsada junto a la UCA introduce otra dimensión: la formación de dirigentes con capacidad de intervenir en la discusión de políticas públicas.

En conjunto, los anuncios realizados en Expoagro sugieren que el ruralismo organizado intenta reforzar su peso institucional en un momento donde las decisiones regulatorias y productivas vuelven a ocupar el centro del debate económico.

La incógnita es si esa estrategia logrará traducirse en incidencia concreta sobre la agenda legislativa y las políticas agropecuarias del país.

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Misiones activa la campaña obligatoria contra aftosa y brucelosis y fija un precio de $3.200 por dosis

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Desde este 2 de marzo, el Gobierno de Misiones puso en marcha una nueva etapa del calendario obligatorio de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis. La Comisión Provincial de Sanidad Animal estableció un precio máximo de referencia de $3.400 por dosis y la Fundación Asuntos Agrarios fijó su valor operativo en $3.200. La decisión refuerza el estatus sanitario provincial y ordena costos en un contexto donde la sanidad define competitividad.

La medida no es meramente técnica. En una provincia con fuerte impronta productiva, sostener el esquema sanitario impacta de forma directa en la rentabilidad de los establecimientos ganaderos y en la estabilidad de la cadena cárnica y láctea. El dato concreto —fecha de inicio y precio por dosis— marca el ritmo de la agenda rural en las próximas semanas.

Calendario obligatorio y marco institucional

La campaña alcanza a todas las categorías de bovinos y bubalinos en el caso de la fiebre aftosa. Para brucelosis, la vacunación se concentra en terneras de entre 3 y 8 meses de edad, conforme a la normativa vigente. El encuadre no deja margen de discrecionalidad: se trata de un calendario obligatorio que integra el esquema sanitario anual.

La Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) fijó un precio máximo de referencia de $3.400 por dosis. Dentro de ese techo, cada ente sanitario define su valor operativo. La Fundación Asuntos Agrarios —ente ejecutor vinculado al Ministerio del Agro y la Producción— estableció el precio en $3.200, con opciones de pago al contado o mediante cheque a 15 o 20 días.

Esa diferencia de $200 respecto del máximo autorizado introduce un mensaje político: el Gobierno provincial interviene para ordenar el costo sanitario sin desbordar el marco fijado por la COPROSA. No modifica la norma, pero administra su implementación.

El Ministerio del Agro y la Producción articula la ejecución territorial. La estructura combina decisión política, regulación técnica y operadores sanitarios. En términos institucionales, la campaña refleja un modelo de gestión compartida entre Estado y entes ejecutores.

Sanidad como variable económica

Sostener altos estándares sanitarios no responde solo a una obligación normativa. La prevención de fiebre aftosa y brucelosis evita pérdidas productivas, reduce riesgos comerciales y protege la calidad sanitaria de carne y leche.

En ese punto, el Gobierno provincial introduce una lectura estratégica: la sanidad animal funciona como infraestructura invisible. No genera titulares diarios, pero condiciona mercados y competitividad. Un rodeo protegido preserva rentabilidad y previsibilidad.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, definió la sanidad como “una inversión estratégica” y vinculó cada campaña con la construcción de una ganadería competitiva. En la misma línea, el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Carlos Caraves, subrayó que cumplir el calendario resulta clave para preservar el estatus sanitario alcanzado por la provincia.

Detrás de esas definiciones hay una señal política hacia el sector: el Gobierno sostiene reglas claras y acompaña la ejecución. En un escenario económico donde los costos productivos se monitorean con precisión, el valor fijado por dosis adquiere peso concreto.

Correlación productiva y gobernabilidad rural

La campaña impacta directamente en productores ganaderos, entes sanitarios y en la cadena de comercialización. Al fijar un precio operativo por debajo del máximo de referencia, el Ejecutivo provincial se posiciona como árbitro entre regulación y costos reales.

La decisión fortalece la relación institucional con el sector agropecuario, un actor clave en la estructura económica misionera. También ordena la agenda productiva en un momento donde la previsibilidad sanitaria incide en la planificación anual de los establecimientos.

No hay cambios normativos de fondo, pero sí una ratificación política de prioridades: sostener el estatus sanitario como política de Estado provincial. En términos de gobernabilidad, la señal apunta a evitar tensiones por costos y a consolidar la cooperación público-privada en territorio.

Lo que viene en el calendario sanitario

El inicio de la campaña abre una etapa operativa que se extenderá durante las próximas semanas. El nivel de cumplimiento del calendario será el primer indicador a observar. También el impacto real del esquema de precios en la adhesión de los productores.

La sanidad animal rara vez se discute en clave política, pero define escenarios productivos de largo plazo. Si la campaña avanza sin desvíos, el Gobierno consolidará una política sostenida en el tiempo. Si aparecen tensiones en costos o logística, la discusión podría trasladarse al plano institucional.

Por ahora, la provincia activa su calendario y refuerza su estatus sanitario. El desafío no termina con la resolución administrativa: comienza en el territorio.

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Misiones activó créditos a tasa 0% para 50 productores tras la tormenta en San Ignacio

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El Gobierno de Misiones puso en marcha una línea de créditos a tasa 0% para asistir a 50 productores afectados por la reciente tormenta en el departamento San Ignacio. La medida, ejecutada por el Ministerio del Agro y la Producción, financia la compra de plásticos para reconstruir invernaderos con tres meses de gracia y devolución en tres cuotas de $82.000. En un contexto de eventos climáticos cada vez más frecuentes, la decisión busca sostener la producción hortícola y evitar un quiebre en el abastecimiento local.

El esquema no sólo atiende una emergencia puntual. También funciona como señal política hacia el sector productivo: la provincia prioriza instrumentos financieros ágiles para proteger infraestructura crítica y sostener empleo rural.

Microcrédito inmediato y condiciones financieras blandas

La entrega se concretó el viernes 27 de febrero en el salón municipal de Corpus. Alcanzó a productores y productoras de Corpus, Gobernador Roca, Loreto, San Ignacio y Garuhapé. Cada beneficiario accedió a un plástico financiado bajo la línea “Créditos para Plásticos 2026”, diseñada para responder con rapidez ante contingencias climáticas.

Las condiciones establecen un período de gracia de tres meses, tasa de interés 0% y devolución en tres cuotas de $82.000. Para acceder, los productores debieron presentar DNI, RENSPA actualizado y no registrar deudas. El diseño combina requisitos administrativos básicos con acceso simplificado, lo que permite reducir tiempos en situaciones donde la reconstrucción inmediata resulta determinante.

El ministro Facundo López Sartori señaló que, frente a eventos climáticos que afectan a las chacras, el tiempo define la capacidad de recuperación. Por eso, explicó, se activaron herramientas financieras ágiles para restablecer infraestructura y permitir que cada familia vuelva a producir en el menor plazo posible.

Impacto en la horticultura bajo cubierta y en la economía regional

El plástico es un insumo estratégico en la horticultura bajo cubierta. Protege cultivos, estabiliza condiciones de producción y resguarda inversiones realizadas por familias rurales. Cuando una tormenta destruye esa cobertura, el riesgo no se limita a la estructura: se interrumpe la cadena productiva y se comprometen ingresos futuros.

En términos económicos, la línea de microcrédito apunta a evitar un efecto dominó sobre precios, oferta de alimentos frescos y empleo en economías locales. La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, sostuvo que el financiamiento permite recuperar invernaderos sin comprometer la economía familiar y mantener el abastecimiento regional.

La asistencia no se circunscribe a un solo organismo. Durante la misma semana, otros municipios damnificados recibieron apoyo a través del Instituto de Macroeconomía Circular. La coordinación institucional amplía el alcance y refuerza la estrategia provincial de acompañamiento territorial ante emergencias productivas.

Señal política y gestión del riesgo climático

La intervención revela una lógica de gestión que combina crédito blando y presencia territorial. No se trata de subsidios directos, sino de financiamiento accesible con devolución, lo que preserva disciplina fiscal y compromiso productivo.

En un escenario donde los fenómenos climáticos intensifican su frecuencia, la política pública enfrenta un desafío estructural: diseñar instrumentos que permitan absorber shocks sin desarticular el entramado productivo. El caso de San Ignacio muestra una respuesta rápida y focalizada. La evolución de la campaña hortícola y la recurrencia de eventos extremos marcarán la profundidad de esa estrategia en los próximos meses.

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La crisis nacional empuja a productores misioneros a vender sus chacras y crece el interés desde Europa

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El mercado de venta de chacras y lotes productivos en Misiones muestra un crecimiento sostenido desde 2024, en un contexto marcado por la baja rentabilidad del sector, el aumento persistente de los costos y el impacto de políticas económicas nacionales que golpean de lleno a las economías regionales. La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dispuesta por el Gobierno nacional, profundizó la incertidumbre en el sector yerbatero y aceleró un proceso que ya venía gestándose: la decisión de muchos productores de desprenderse de sus tierras como estrategia de salida frente a un escenario cada vez más adverso.

Rafael Oliveira, responsable del equipo de Tercios en Misiones, confirmó en una entrevista radial que el fenómeno comenzó a hacerse visible el año pasado y que la tendencia podría intensificarse en el corto y mediano plazo.
“A partir de 2024 empezó. Creemos que este año va a seguir en aumento y el próximo capaz también”, señaló, al referirse al crecimiento sostenido de chacras en oferta en distintos puntos de la provincia.

Según explicó, la decisión de vender no está asociada a una región específica, sino a un problema estructural de rentabilidad.
“No es un tema de zona, sino de que no les alcanza. Los que tienen baja productividad por hectárea son los que quieren vender”, indicó.
No obstante, precisó que existe una mayor demanda por chacras ubicadas sobre las rutas nacionales 12 y 14, aunque el impacto del proceso se percibe de manera generalizada en todo el territorio misionero.

Entre quienes optan por desprenderse de sus tierras predominan los productores vinculados a la actividad tealera y yerbatera, dos cadenas productivas especialmente afectadas por la coyuntura económica. Oliveira remarcó que el té es actualmente el cultivo más comprometido, con márgenes prácticamente inexistentes.
“El té prácticamente no le da nada de ganancia, es muy poquito”, afirmó.

En el caso de la yerba mate, explicó que todavía permite sostener la actividad, aunque resulta insuficiente cuando los rendimientos por hectárea son bajos, una situación frecuente entre pequeños y medianos productores.

El referente empresarial describió este escenario como parte de una lógica habitual del mercado productivo.
“Es algo normal en cualquier negocio. Si no te da un rendimiento adecuado, tratás de vender o cambiar de ámbito. Los costos suben y no les dan el margen de ganancia que necesitan o que esperan”, expresó.

Del lado de la demanda, Oliveira indicó que los principales interesados en adquirir chacras son productores agropecuarios e inversores que buscan iniciar o ampliar actividades productivas. Se destaca un fuerte interés desde otras provincias, principalmente Buenos Aires y Córdoba, donde inversores apuntan a diversificar capital en producciones regionales típicas de Misiones, en muchos casos con la intención de continuar los cultivos existentes.

A este escenario se suma un interés incipiente desde el exterior, con consultas provenientes de países europeos como Alemania y Suiza. Si bien hasta el momento no se concretaron operaciones con compradores extranjeros, el dato marca un cambio en el radar de inversión sobre el agro misionero.

El aumento de chacras en venta refleja así una transformación profunda en la dinámica productiva provincial: una crisis que empuja a numerosos productores a abandonar la actividad y, al mismo tiempo, la aparición de nuevos actores que observan en Misiones un territorio con potencial de desarrollo a futuro.

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Misiones cerró el ciclo Mayma Azul y certificó a más de 200 familias piscicultoras

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Misiones consolida su ecosistema acuícola, el Ministerio del Agro y Mayma cerraron el ciclo anual de Mayma Azul con más de 200 familias capacitadas

En un acto realizado en el Auditorio La Tierra sin Mal, el Ministerio del Agro y la Producción y la ONG Mayma formalizaron el cierre del programa Mayma Azul – Fortaleciendo Comunidades Acuícolas, con la entrega de certificados a productores y productoras que completaron un año de formación orientado a la sostenibilidad, la gestión comercial y la regeneración de sistemas productivos. El programa impactó en 23 municipios y acompañó desde 2023 a más de 200 familias piscicultoras en una provincia que reúne más de 4.000 unidades productivas.

Formación estratégica para el sector piscícola: un programa que abarcó 23 municipios y más de 200 familias

El cierre de Mayma Azul consolidó un proceso iniciado en 2023 que combinó capacitación, asistencia territorial y fortalecimiento institucional. El Ministerio del Agro y la Producción, junto a Mayma, sostuvo durante un año un esquema integral de formación centrado en prácticas de acuicultura regenerativa, planificación productiva, gestión comercial y enfoque de género aplicado al sector.

La actividad se desarrolló en el Auditorio La Tierra sin Mal, donde las familias piscicultoras recibieron sus certificaciones tras completar el ciclo. Este proceso se vuelve especialmente relevante si se considera el contexto productivo provincial: Misiones es la jurisdicción con mayor número de piscicultores del país, con más de 4.000 unidades productivas, aunque solo el 9% comercializa más del 30% de su producción.

El programa —impulsado por Mayma junto al Ministerio del Agro y con el acompañamiento de la Fundación de Asuntos Agrarios y Fundación Visa— apuntó a revertir esa asimetría mediante mejoras en gestión, adopción tecnológica, sostenibilidad y articulación territorial. Además, fortaleció un equipo técnico compuesto por 12 profesionales formados en la etapa inicial del proyecto.

La jornada comenzó con la proyección de un documental que sintetizó el proceso formativo, presentado por Sol Ortiz, directora de Comunicación de Mayma. Luego, Ana Webb, directora del programa Mayma Azul, expuso los principales resultados: “La Regeneración Azul propone convertir la piscicultura en una herramienta de restauración económica, social y ambiental. Es un desafío que solo se logra con el compromiso y acompañamiento de múltiples actores”, afirmó.

Webb destacó que el acompañamiento territorial permitió rediseñar ciclos productivos inspirados en modelos naturales, promoviendo la diversificación y la resiliencia frente al cambio climático.

Reconocimiento institucional y proyección productiva: el Estado provincial reafirma su apuesta por la acuicultura

Durante el acto, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, sostuvo la importancia estratégica del sector para la economía provincial. “Misiones tiene un enorme potencial en acuicultura, y es responsabilidad del Estado acompañar ese crecimiento con herramientas concretas, formación y presencia territorial”, aseguró.
“Estos programas permiten profesionalizar la actividad y abrir nuevas oportunidades comerciales para nuestras familias rurales”, agregó.

A su turno, el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Carlos Caraves, remarcó que el fortalecimiento técnico es determinante para que la piscicultura crezca: “La piscicultura misionera crece cuando los productores tienen acceso al conocimiento y a la asistencia técnica necesaria”, destacó.
“Cuando hay articulación real entre instituciones, técnicos y territorio, los resultados son visibles en cada unidad productiva”, añadió.

Caraves también participó en el cierre gastronómico, preparando degustaciones con pacú que acompañaron el almuerzo, gesto que reforzó el vínculo entre producción y consumo local.

Certificados, asistencia técnica y una red productiva que se consolida en el territorio

La entrega de certificados fue uno de los puntos centrales del encuentro. Los equipos técnicos territoriales —liderados por el coordinador Herman Hennig— acompañaron cada etapa del proceso, desde el diagnóstico inicial hasta la incorporación de prácticas regenerativas, manejo sanitario, estrategias de venta y mejoras en la gestión.

Para las familias piscicultoras, la certificación simboliza el cierre de una etapa formativa y el inicio de otra centrada en la aplicación concreta de los conocimientos adquiridos para aumentar rendimientos, mejorar la planificación y ampliar canales comerciales.

La actividad culminó con una degustación que celebró el trabajo colectivo sostenido durante el año y puso en valor la identidad productiva de la piscicultura misionera.

Aunque marca el final de un ciclo formal de formación, el cierre de Mayma Azul revalida el compromiso provincial y comunitario de avanzar hacia una acuicultura con enfoque regenerativo, capaz de integrar tradición, innovación y sostenibilidad para fortalecer la economía rural misionera.

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