programa financiero 2026

Tras el pago a los bonistas, el riesgo país cae a 405 puntos y alcanza su nivel más bajo desde 2018

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La estrategia financiera del Gobierno volvió a encontrar una señal favorable en los mercados internacionales. Tras concretar el primer desembolso correspondiente al vencimiento de deuda por US$4.300 millones, el riesgo país descendió hasta los 405 puntos básicos, su menor nivel desde 2018 y uno de los registros más bajos de toda la gestión de Javier Milei. La reducción refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la Argentina y fortalece el objetivo oficial de recuperar el acceso al financiamiento internacional.

En una jornada sin operaciones en la Bolsa porteña debido al feriado por el Día de la Independencia, el indicador elaborado por JP Morgan retrocedió tres puntos, equivalente a una baja del 0,7%, acumulando una caída cercana al 5% en lo que va del mes. La evolución se produjo inmediatamente después de que el Tesoro iniciara el pago de los vencimientos derivados de la reestructuración de la deuda soberana.

El esquema de pagos previsto por el Gobierno contempla un desembolso total de US$4.300 millones. Una primera transferencia, cercana a los US$2.500 millones, fue acreditada antes del feriado, mientras que el saldo restante será cancelado el próximo lunes, una vez reanudada la operatoria financiera tras el fin de semana largo.

La reacción positiva del mercado también estuvo respaldada por la presentación del programa financiero para 2026 y 2027, mediante el cual el Ministerio de Economía detalló la estrategia para afrontar los futuros compromisos de deuda sin comprometer el equilibrio fiscal. Esa hoja de ruta fue bien recibida por los operadores, que interpretan una mayor previsibilidad en la administración de los pasivos soberanos.

La baja del riesgo país encuentra además respaldo en el comportamiento de los bonos argentinos. Aunque las cotizaciones mostraron movimientos mixtos durante la jornada, los títulos soberanos acumulan ganancias de hasta 1,7% en el transcurso de julio, consolidando una recuperación que comenzó luego de conocerse el cronograma financiero oficial.

No obstante, el desempeño de los activos argentinos en Wall Street mostró un tono diferente. Los ADR de empresas nacionales operaron mayoritariamente en terreno negativo, reflejando una toma de ganancias luego de las fuertes subas registradas en las semanas anteriores. Las mayores caídas correspondieron a Supervielle, con una baja del 2,6%; YPF, que retrocedió 2,4%; Central Puerto, con un descenso del 1,9%; y Pampa Energía, que perdió 1,7%. En contraste, Globant avanzó 4,4% y Ternium ganó 1,8%, destacándose entre las excepciones de la jornada.

Mientras tanto, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires permaneció sin actividad por el feriado nacional. En la última rueda operativa, el índice S&P Merval había cerrado con una baja del 0,7%, ubicándose en 3.204.227 puntos, mientras que medido en dólares registró una caída del 1,7%. Entre las acciones con mayores retrocesos se destacaron BBVA, Metrogas y Supervielle, mientras que Sociedad Comercial del Plata, YPF y Bolsas y Mercados Argentinos lograron finalizar con variaciones positivas.

La evolución del riesgo país continúa siendo uno de los principales indicadores observados por el mercado. Una eventual perforación del umbral de los 400 puntos básicos representaría un nuevo respaldo para la estrategia económica del Gobierno y acercaría a la Argentina a condiciones de financiamiento más favorables, un objetivo clave para consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar gradualmente el acceso al crédito internacional.

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El Tesoro le canjea bonos al BCRA y adquiere mayor poder de fuego para intervenir en el mercado

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La operación más relevante surge de la Resolución Conjunta 39/2026, mediante la cual el Tesoro intercambió tenencias del Banco Central en un bono ajustado por inflación (BONCER TZXD6, con vencimiento en diciembre de 2026) por dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar oficial (LELINK), con vencimientos el 31 de julio y el 31 de agosto de este año. La conversión contempla hasta US$1.000 millones de valor nominal para cada instrumento, totalizando una capacidad de emisión de hasta US$2.000 millones.

La lectura del mercado fue inmediata. Diversos analistas interpretaron que la decisión fortalece la capacidad operativa del Banco Central para actuar sobre los instrumentos de cobertura cambiaria. En las últimas semanas, la autoridad monetaria incrementó su presencia en los mercados financieros buscando moderar expectativas de devaluación y contener la volatilidad de los contratos vinculados al tipo de cambio. Con una mayor tenencia de títulos dólar linked, el BCRA amplía su margen para intervenir en el mercado secundario y administrar la curva de cobertura.

La medida se produce en un contexto particularmente sensible. El Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria mientras enfrenta una mayor demanda estacional de pesos asociada al pago de aguinaldos y una dinámica cambiaria que continúa siendo observada de cerca por los inversores. De hecho, tras la última licitación de deuda, el Tesoro liberó cerca de $3 billones de liquidez que, según estimaciones privadas, terminarán absorbidos en buena medida por las necesidades de efectivo propias de esta época del año.

La operación también revela un cambio en la composición del riesgo financiero dentro del sector público. El Banco Central entrega un bono ajustado por CER y recibe instrumentos atados a la evolución del dólar oficial. En términos prácticos, el riesgo inflacionario es reemplazado por riesgo cambiario de corto plazo, una decisión alineada con la estrategia oficial de reducir gradualmente el peso de los instrumentos indexados por inflación dentro de la estructura de deuda.

Paralelamente, mediante la Resolución Conjunta 38/2026, Economía amplió la emisión de una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento en junio de 2031 por un monto de US$35,25 millones. Estos títulos serán entregados al Banco Central para cancelar parte de los intereses devengados por las letras intransferibles que el organismo posee en cartera.

La operación responde a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone que el 60% de los intereses de estas letras debe ser refinanciado mediante nuevos títulos a cinco años, mientras que el 40% restante se cancela en efectivo. En este caso, los vencimientos corresponden a dos letras emitidas a comienzos de 2024 y cuyos cupones operan durante esta semana.

Más allá de su magnitud relativamente reducida, la decisión vuelve a poner en evidencia la estrategia oficial de refinanciar compromisos intraestado sin recurrir a emisión monetaria directa. El Gobierno busca preservar el equilibrio fiscal y mantener bajo control la expansión de la base monetaria, uno de los pilares centrales del programa económico de Javier Milei.

Desde una perspectiva más amplia, ambas medidas forman parte del proceso de reconfiguración financiera que impulsa el Palacio de Hacienda. El objetivo es doble: por un lado, sostener la estabilidad cambiaria en un año marcado por la liberalización progresiva de los controles y la normalización del mercado; por otro, fortalecer la capacidad de financiamiento del Tesoro sin incrementar significativamente las necesidades de emisión.

La decisión adquiere además relevancia política. Mientras la administración Milei profundiza el ajuste sobre las transferencias discrecionales a las provincias y mantiene una estricta disciplina fiscal, Economía refuerza simultáneamente las herramientas financieras para administrar las expectativas del mercado. El mensaje implícito es que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo la prioridad, pero acompañado de una gestión cada vez más sofisticada de los instrumentos de deuda y de las relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

En definitiva, el canje de bonos y la ampliación de títulos intransferibles no modifican sustancialmente el volumen de deuda pública, pero sí alteran su composición y mejoran la capacidad operativa del Gobierno para navegar un escenario donde la estabilidad cambiaria continúa siendo uno de los principales activos políticos y económicos de la administración nacional.

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Economía colocó y amplió deuda por más de $20 billones y USD 3.500 millones en la licitación de enero

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El Ministerio de Economía dispuso la emisión y ampliación de una batería de Letras del Tesoro y un bono en pesos por montos que superan los $20 billones, junto con instrumentos vinculados al dólar por hasta USD 3.500 millones, en el marco del programa financiero 2026. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 6/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y completa la licitación por efectivo realizada el pasado 28 de enero en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida se encuadra en las autorizaciones otorgadas por la Ley 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 y por la Ley 24.156 de Administración Financiera, y habilita tanto nuevas emisiones como ampliaciones de instrumentos ya vigentes, con vencimientos concentrados entre marzo de 2026 y enero de 2027.

Emisiones en pesos: letras capitalizables y ajustadas por CER

La resolución dispone, en primer término, la emisión de dos Letras del Tesoro Nacional capitalizables en pesos, ambas colocadas mediante licitación el 28 de enero y con fecha de emisión el 30 de enero de 2026. La primera vence el 16 de marzo de 2026 y podrá alcanzar hasta $5 billones de valor nominal original, mientras que la segunda tiene vencimiento el 31 de julio de 2026, por un monto máximo idéntico.

En ambos casos, los instrumentos se emiten a la par, amortizan íntegramente al vencimiento y devengan intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable, que será definida en el proceso licitatorio. La normativa establece una denominación mínima de $1, negociación en A3 Mercados SA y en bolsas y mercados de valores del país, y exenciones impositivas conforme la legislación vigente.

A su vez, el Ministerio de Economía autorizó la emisión de una Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento, con vencimiento el 31 de julio de 2026, por hasta $5,2 billones. El capital se actualizará según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), conforme al decreto 214/2002, y el precio de emisión será determinado en la licitación. La Oficina Nacional de Crédito Público actuará como agente de cálculo, y la amortización será íntegra al vencimiento.

Estas emisiones se inscriben dentro del límite previsto en el artículo 45 de la Ley 27.798, que autoriza la colocación de Letras del Tesoro a ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero.

Ampliaciones: instrumentos atados al dólar, tasa TAMAR y vencimientos 2026

Además de las nuevas emisiones, la resolución dispone la ampliación de varias Letras del Tesoro previamente emitidas, todas ellas también licitadas el 28 de enero. Entre ellas se destaca la Letra vinculada al dólar estadounidense cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026, cuya ampliación podrá alcanzar hasta USD 3.500 millones.

En paralelo, se amplía la Letra del Tesoro en pesos a tasa TAMAR, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, por hasta $4,7 billones, así como dos instrumentos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: una Letra capitalizable en pesos por hasta $5 billones y otra Letra en pesos ajustada por CER a descuento por hasta $5,2 billones.

Todas estas ampliaciones se realizan conforme a las normas de procedimiento para la colocación de instrumentos de deuda pública aprobadas por la Resolución Conjunta 9/2019, y se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 44 de la Ley de Presupuesto 2026, que habilita operaciones de crédito público con vencimientos en ejercicios futuros.

Bono 2027: imputación presupuestaria y nueva ampliación

La Resolución Conjunta 6/2026 también alcanza al Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027. En este caso, el Gobierno dispuso imputar a las autorizaciones presupuestarias del ejercicio 2026 el monto ya emitido y no colocado, que asciende a $614.788.232.482 de valor nominal original.

Adicionalmente, se autorizó la ampliación de dicho bono por hasta $3,6 billones, a ser colocados mediante licitación y bajo las normas de procedimiento vigentes. La medida faculta a distintas áreas de la Oficina Nacional de Crédito Público y de la estructura de administración de la deuda a instrumentar las operaciones necesarias para su implementación.

Según los considerandos, estas operaciones se encuentran dentro de los márgenes legales establecidos y cuentan con la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía. La resolución entra en vigencia a partir de su dictado, el 28 de enero de 2026, y fue firmada por Alejandro Daniel Lew y Carlos Jorge Guberman, en representación de las secretarías de Finanzas y de Hacienda.

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