El Gobierno eliminó decenas de regulaciones comerciales y cierra formalmente programas de control de precios
La Secretaría de Industria y Comercio avanzó con una nueva etapa del proceso de simplificación regulatoria al derogar un amplio conjunto de resoluciones vinculadas a programas de control de precios, mecanismos de financiamiento al consumo, regulaciones sobre mercados y herramientas de intervención estatal que habían perdido vigencia o sustento legal.
La medida, formalizada mediante la Resolución 12/2026, consolida jurídicamente decisiones que en muchos casos ya estaban operativamente desactivadas, pero que continuaban formando parte del entramado normativo. Para el sector privado, el principal efecto es la reducción de incertidumbre regulatoria y la eliminación definitiva de obligaciones administrativas asociadas a programas que dejaron de existir.
Limpieza normativa para un nuevo esquema de mercado
La resolución elimina normas que se habían dictado bajo marcos regulatorios posteriormente derogados, entre ellos la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el Observatorio de Precios y distintos instrumentos de intervención comercial.
También quedan sin efecto regulaciones asociadas a programas de control de precios implementados entre 2021 y 2024, incluyendo sucesivas actualizaciones de esquemas de referencia para productos de consumo masivo.
Desde la visión oficial, la medida busca depurar el sistema normativo para evitar superposiciones y eliminar disposiciones que ya no tienen aplicación práctica. El argumento central es que la acumulación de normas genera costos de cumplimiento, dudas interpretativas y riesgos jurídicos para empresas y consumidores.
La resolución también cierra administrativamente normativas vinculadas a programas de estímulo al consumo financiado que no fueron renovados durante 2025.
El Gobierno sostiene que la normalización del mercado crediticio torna innecesarios estos mecanismos de subsidio indirecto y que la asignación de recursos debe responder a señales de mercado.
Para las empresas comerciales, industriales y de servicios, la decisión implica que desaparecen definitivamente los marcos regulatorios que acompañaban esos programas, eliminando exigencias de adhesión, reportes o condiciones específicas de participación.
El caso del Fondo Estabilizador del Trigo
Otro punto relevante es la eliminación de normativa complementaria vinculada al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
El fideicomiso había sido revocado en marzo de 2024 por el Ministerio de Economía, pero permanecían disposiciones reglamentarias asociadas a su funcionamiento. La nueva resolución cierra definitivamente ese capítulo regulatorio.
Para la cadena agroindustrial, especialmente molinos, distribuidores y operadores vinculados al mercado de harinas, la medida representa la desaparición formal de uno de los principales instrumentos de intervención utilizados durante los años previos.
Lo que observan las empresas
Más allá del contenido específico de cada norma derogada, el mensaje que observa el sector privado es la continuidad de una estrategia orientada a reducir la intervención administrativa en mercados y simplificar el marco regulatorio.
Entre los efectos prácticos más relevantes aparecen: Eliminación de normas asociadas a controles de precios que ya no estaban operativas. Reducción de obligaciones informativas derivadas de programas extinguidos. Mayor claridad sobre qué regulaciones permanecen vigentes. Cierre formal de instrumentos vinculados a subsidios y mecanismos de estabilización de precios. Menor riesgo de interpretaciones contradictorias dentro del marco regulatorio comercial.
La depuración normativa no modifica por sí sola los costos de producción, la presión tributaria o las condiciones de financiamiento que enfrentan las empresas. Sin embargo, sí forma parte de una transformación institucional más amplia: la migración desde un esquema basado en programas sectoriales y controles administrativos hacia uno sustentado en reglas generales de mercado.
Para el sector productivo del NEA, el desafío será determinar si esta simplificación regulatoria logra traducirse en menores costos operativos y mayor previsibilidad para invertir, dos variables que continúan siendo más determinantes que la cantidad de normas vigentes.