El gasto público primario devengado del Gobierno nacional volvió a mostrar una contracción significativa en enero de 2026 y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas en términos reales. De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario Mensual elaborado por Analytica, el gasto cayó 4,2% interanual en valores constantes, profundizando la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo.
El informe, con información disponible al 3 de febrero de 2026, detalla que el gasto devengado —que refleja la obligación de pago del Estado— se ubicó en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de los registros observados en años de fuerte restricción presupuestaria Monitor de gasto enero 2026.
Obra pública y transferencias, los recortes más profundos
El mayor ajuste se concentró en la obra pública, que se desplomó un 97,1% interanual en términos reales. Dentro de ese rubro, las construcciones cayeron 95,8% y las transferencias de capital fueron prácticamente nulas, marcando un virtual congelamiento de la inversión estatal en infraestructura Monitor de gasto enero 2026.
También se registraron fuertes reducciones en las transferencias a provincias, que retrocedieron 64,5% real interanual, profundizando las tensiones fiscales entre la Nación y los gobiernos subnacionales. En paralelo, los programas sociales exhibieron una caída del 35,7%, con recortes significativos en Potenciar Trabajo (-25,6%), políticas alimentarias (-24,9%) y otros programas (-59,6%) Monitor de gasto enero 2026.
Jubilaciones, asignaciones y subsidios: comportamientos dispares
En contraste con el ajuste general, algunas partidas mostraron incrementos reales. Los subsidios económicos crecieron 139,2% interanual, explicados en gran medida por una baja base de comparación. Las asignaciones familiares aumentaron 1,1%, impulsadas por la suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que avanzó 5,4%, aunque las asignaciones familiares tradicionales cayeron 6,1%. Por su parte, las jubilaciones y pensiones registraron una suba real moderada del 0,8% Monitor de gasto enero 2026.
Asistencia excepcional a provincias
El informe también señala que, durante enero, solo dos provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Chubut percibió 4.000 millones de pesos como asistencia financiera ante los incendios, mientras que Corrientes recibió 3.000 millones de pesos para atender las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía Monitor de gasto enero 2026.
Un ajuste que redefine el rol del Estado
La dinámica del gasto primario confirma que el ajuste fiscal se apoya principalmente en la licuación de la inversión pública, la reducción de transferencias a provincias y el recorte de programas sociales, mientras se preservan —aunque con incrementos acotados— las prestaciones previsionales y algunas transferencias directas a los hogares.
El Monitor de Analytica advierte que el nivel de gasto observado en enero de 2026 se encuentra entre los más bajos de la serie histórica, consolidando un cambio estructural en el tamaño y la composición del gasto público nacional.
El gasto público primario nacional se mantuvo prácticamente inalterado en 2025 en términos reales (+0,1%), aunque con una marcada recomposición interna de partidas, según el Monitor de Gasto elaborado por la consultora Analytica. El ajuste dejó atrás el recorte generalizado de 2024 y dio paso a una reorientación del gasto, con mayores transferencias a provincias, subas en seguridad social y bienes y servicios, y una profundización del ajuste en obra pública, programas sociales y subsidios económicos.
El dato central del año es la estabilidad del gasto en mínimos históricos, luego de la contracción real del 26,8% registrada en 2024. Sin embargo, esa estabilidad esconde una dinámica heterogénea entre partidas, funciones y jurisdicciones, que revela las prioridades fiscales y políticas del Estado nacional en un contexto de fuerte disciplina presupuestaria.
Diciembre mostró subas puntuales, pero el gasto anual quedó virtualmente congelado
En diciembre de 2025, el gasto primario devengado creció 3,9% interanual en términos reales, impulsado principalmente por partidas que habían sido fuertemente ajustadas el año previo. Las mayores subas reales se observaron en subsidios económicos (+45,0% i.a.), transferencias a provincias (+22,7%) y jubilaciones y pensiones (+6,6%).
Dentro de los subsidios, el incremento estuvo explicado casi exclusivamente por los subsidios energéticos (+253,9% i.a.), fenómeno asociado en parte a una baja base de comparación, tras los fuertes recortes aplicados en 2024. En el caso de las transferencias a provincias, el aumento respondió fundamentalmente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En contrapartida, diciembre volvió a mostrar caídas significativas en obra pública (-45,8% i.a.), tanto en construcciones (-28,5%) como en transferencias (-50,7%), y en bienes y servicios (-12,4%), confirmando la continuidad del ajuste en la inversión estatal directa.
En el acumulado del año, el gasto primario se mantuvo prácticamente invariante (+0,1%), consolidando un nivel históricamente bajo tras el fuerte recorte del año anterior.
Reasignación del gasto: más provincias y seguridad social, menos obra pública y programas sociales
El análisis de la composición del gasto en 2025 muestra con claridad el cambio de prioridades. Las mayores subas reales anuales se registraron en las transferencias corrientes a provincias (+22,0%), impulsadas principalmente por el cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024.
También se destacó el aumento del gasto en bienes y servicios (+14,2%) y en asignaciones familiares y por hijo (+12,0%), traccionadas en gran medida por el crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó 18,9% i.a., mientras que las asignaciones familiares tuvieron un incremento más moderado (+2,0%).
Del lado del ajuste, los programas sociales registraron una caída del 21,7% en términos reales. Dentro de este rubro sobresale la fuerte reducción de Potenciar Trabajo (-44,5%), seguida por las políticas alimentarias, que incluyen la Tarjeta Alimentar (-19,8%), y las becas Progresar (-38,5%).
Los subsidios económicos también mostraron un recorte significativo en el año (-35,4% real), en línea con los incrementos tarifarios en electricidad y transporte. En particular, los subsidios eléctricos cayeron 38,7% y los subsidios al transporte disminuyeron 25,9%, movimientos coherentes con la suba interanual del 33,0% en electricidad, gas y otros combustibles y del 32,2% en transporte público, según el IPC de noviembre.
Obra pública: continúa el ajuste, con cambios en su composición interna
La obra pública volvió a ser una de las partidas más ajustadas en 2025, con una reducción del 46,0% en pesos constantes, profundizando un sendero contractivo que ya había mostrado una caída del 76,5% en 2024.
El recorte se concentró principalmente en las transferencias de capital (-59,3%), en particular por la disminución de las transferencias a Energía Argentina S.A. (-83,3%), asociada a la finalización del último tramo del gasoducto en octubre de 2024.
En contraste, el gasto en construcciones ejecutadas directamente por el Estado Nacional mostró un incremento real del 4,6%, impulsado por el gasto en transporte (+13,9%), que explicó el 63% del total destinado a construcciones. Entre los proyectos de mayor peso se destacaron la Construcción del Reactor RA-10 (10,9% del gasto en construcciones) y la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución–La Plata (6,4%).
Concentración del gasto y ejecución presupuestaria
Desde una perspectiva institucional, el gasto mostró una fuerte concentración jurisdiccional: el 65,6% del gasto primario se ejecutó en el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita se encuentra la ANSES. Por función, el 63,3% del gasto se destinó a seguridad social, seguido por salud (6,1%), educación y cultura (5,8%) y energía, combustibles y minería (4,9%).
La ejecución presupuestaria del gasto primario alcanzó el 96,9% del crédito asignado, aunque con disparidades relevantes. Las menores ejecuciones se observaron en bienes y servicios (86,5%), transferencias a provincias (82,4%) y obra pública (71,2%).
Durante 2025, ante la falta de aprobación del Presupuesto, se utilizó el presupuesto prorrogado de 2024, que fue modificado a lo largo del año. El crédito presupuestario del gasto primario se amplió en $31,9 billones, de los cuales $20 billones se destinaron a jubilaciones, pensiones y PAMI. La única partida que redujo su crédito fue la de subsidios económicos (-$0,5 billones), producto de un recorte de $0,7 billones en subsidios energéticos, parcialmente compensado por un aumento de $0,2 billones en transporte.
Presupuesto 2026: más crédito nominal, ajuste real
La ley de Presupuesto 2026, aprobada en diciembre, asigna un crédito total de $148,1 billones, lo que implica un incremento nominal del 18% respecto del presupuesto vigente al 29 de diciembre de 2025. Sin embargo, al considerar una inflación promedio anual del 30%, el presupuesto proyecta un ajuste real del 9,2%.
Al analizar los 15 principales programas, que concentran el 71,7% del crédito total previsto para 2026, se observa que la mayoría presenta recortes en términos reales. La excepción es el programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Energía”, que proyecta un aumento nominal del 50%, equivalente a un incremento real del 15,4%.
Los prestamos, aprobados en Washington, están destinados a refuerzo presupuestario y a proteger a los sectores más vulnerables.
Cerca de 2.000 millones de dólares llegarán próximamente a la Argentina luego de que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaran este jueves en Washington una serie de préstamos para apoyar a los sectores más vulnerables.
El Banco Mundial aprobó dos nuevos créditos para Argentina que suman un total de u$s950 millones, destinados a reforzar los programas sociales en medio de la recesión.
El primer préstamo será de 500 millones, y buscará ayudar a cubrir las necesidades presupuestarias del país a fin de “impulsar el crecimiento inclusivo a mediano plazo”.
El segundo financiamiento será por u$s450 millones, para el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes, con el objetivo de llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
También buscará simplificar los procesos de verificación de la asistencia a la escuela y a los controles de salud, requisitos necesarios para conservar la condición de beneficiario de la AUH.
La Argentina, tercera economía de América Latina, atraviesa una crisis económica que llevó al gobierno de Mauricio Macri a pedir auxilio a organismos multilaterales. “Este apoyo a Argentina (…) llega en un momento crucial para nuestro país y es una clara señal de confianza”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, citado en el comunicado del Banco Mundial fechado en Washington.
Por su parte, Jim Yong Kim, Presidente del Grupo Banco Mundial, indicó: “En estos momentos difíciles, el Banco Mundial extiende un fuerte apoyo para solidarizarse con los hogares más vulnerables y enfrentar los desafíos económicos actuales. Este financiamiento apunta a proteger a las familias que más lo necesitan para que no caigan en la pobreza mientras se avanza en sentar las bases para que el país crezca a mediano plazo de manera inclusiva”.
Este anuncio llega luego de que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordara la semana pasada fortalecer el programa de ayuda aprobado en junio para Argentina, que pasó de u$s50.000 millones a más de u$s56.000 millones.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de u$s 900 millones, de los cuales este año se desembolsarán u$s 600 millones, para apoyar la sostenibilidad de programas de protección social de amplia cobertura entre la población de menores recursos de Argentina. Se trata de la primera operación de un préstamo multiface de inversión de u$s 1.500 millones.
El apoyo del BID se concreta en el marco del programa que llevan adelante las autoridades argentinas y se enfoca en el área social para atender con acciones rápidas a los sectores más vulnerables de la población.
Según explicó el organismo en un comunicado, esta primera operación “contribuirá a mejorar las intervenciones de protección social, a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de los programas Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público, para orientar la oferta de capacitación laboral y búsqueda de empleo, monitorear las trayectorias educativas e implementar acciones de prevención de deserción escolar, y mejorar los sistemas de información sobre transporte público automotor, así como la ampliación de la tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires”.
Este programa beneficiará al menos a 4 millones de personas, de las cuales 235 mil son beneficiarios de Haciendo Futuro; 536 mil son jóvenes beneficiarios de Becas Progresar; al menos 2,9 millones son beneficiarios de la tarifa social del transporte público, y 360 mil personas más que serán beneficiadas con la extensión de esa tarifa.
Del mismo modo, el programa contribuirá a fortalecer la capacidad de generación, gestión y análisis de información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, adscrito a Presidencia de la Nación, entidad clave en el proceso de monitoreo de los indicadores sociales
Entre las acciones previstas se encuentran asegurar la sostenibilidad de programas de transferencias monetarias dirigidos a población vulnerable, promover la progresión y finalización educativa, así como la formación laboral integral de la población que recibe estas transferencias; mejorar la eficiencia distributiva de los subsidios a servicios públicos de transporte; y, mejorar la eficiencia de los programas de protección social a través de una mejora en la gestión de la información.
Uno de los componentes del programa prevé incentivar de manera progresiva la autonomía económica de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad social y sin empleo formal, a través de la promoción de su progresión escolar y finalización educativa y de su formación integral.
Un segundo componente contribuirá a que jóvenes de entre 18 y 30 años provenientes de familias vulnerables puedan finalizar la educación básica, terciaria o universitaria, buscando proactivamente la continuidad de sus trayectorias educativas.
El tercer componente contribuirá a un mayor acceso al sistema de transporte público de la población vulnerable elegible, a través de acciones como la financiación del descuento del 55% de la tarifa general del transporte para la población que reside en localidades que hayan adherido al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), y la extensión de la cobertura de esta tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. También contribuirá a la mejora de gestión de la información del sistema de transporte público.
Como consecuencia de las acciones previstas en el programa se espera aumentar el porcentaje de beneficiarios que finalizan cursos de formación laboral integral y la tasa de asistencia escolar en el nivel secundario de los beneficiarios que no lo han completado para contribuir a incrementar la tasa de empleo en el sector formal.
Asimismo, se espera aumentar el porcentaje de alumnos en el nivel superior que mantiene la regularidad al finalizar el ciclo lectivo, es decir, que no ha abandonado sus estudios, para contribuir a incrementar el porcentaje de alumnos de ese nivel que completa al menos el 50% de las materias de su plan de estudios.
Y en el caso de la tarifa social del transporte público, se espera aumentar la cobertura a nivel nacional entre la población vulnerable elegible, para contribuir a expandir el ahorro que esa tarifa representa en el gasto no alimentario de los hogares.
El crédito del BID de u$s 900 millones tiene 25 años de plazo de amortización con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés basada en Libor
