RAMOS PADILLA

La Justicia Electoral oficializó la lista de La Libertad Avanza con Santilli a la cabeza

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El juez Alejo Ramos Padilla adecuó el orden de la nómina oficialista en cumplimiento de la resolución de la Cámara Nacional Electoral. La boleta no se reimprimirá y seguirá incluyendo la imagen del diputado renunciante.

La Justicia Electoral dio por cerrada una de las controversias más resonantes de la campaña 2025: la oficialización definitiva de la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.
El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla firmó el 14 de octubre la resolución que consagra a Diego Santilli como primer candidato, seguido por Karen Reichardt (Karina Celia Vázquez) y Sebastián Pareja.

La decisión se enmarca en la intervención de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ordenó modificar el orden original tras la renuncia de José Luis Espert, quien había encabezado la nómina pero se apartó del proceso en medio del escándalo vinculado a un empresario condenado por narcotráfico.

Pese al cambio, la foto de Espert permanecerá en las boletas que se utilizarán el 26 de octubre, dado que la CNE rechazó el pedido de reimpresión del Gobierno por razones logísticas y de tiempo. El tribunal advirtió que reimprimir el material electoral podría haber comprometido la normalidad de los comicios.

El debate jurídico: paridad de género y control de constitucionalidad

El conflicto no solo giró en torno al reemplazo de Espert, sino también al alcance de la ley de paridad de género (Ley 27.412) y su interpretación dentro del Código Electoral Nacional.
En una primera resolución, Ramos Padilla había establecido que el reemplazo no podía recaer sobre el siguiente varón de la lista, como proponía la alianza, sino que debía mantener la alternancia de género, evitando una regresión en la representación femenina.

El fallo, respaldado por la fiscal María Laura Roteta y el fiscal general Ramiro González, sostenía que una interpretación contraria “conspiraría contra la finalidad de la ley de paridad como medida de acción positiva tendiente a garantizar la igualdad real de oportunidades”, y podría comprometer los compromisos internacionales asumidos por la Argentina ante la Convención CEDAW y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, consideró posteriormente que el criterio del juzgado platense implicaba una “interpretación subjetiva” y ordenó adecuar la lista según lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 171/2019, en línea con precedentes sobre el artículo 60 bis del Código Electoral.

Sin embargo, al ejecutar el fallo, Ramos Padilla volvió a remarcar la potestad de los jueces para controlar la constitucionalidad de normas reglamentarias, subrayando que esa facultad “no implica apartarse del orden jurídico ni invadir competencias ajenas, sino cumplir con el deber de garantizar la supremacía constitucional”.

El magistrado citó incluso el antecedente “Juntos por el Cambio”, en el que la propia Cámara había declarado inaplicable el mismo decreto respecto a la categoría de senadores, por contradecir el espíritu de la ley de paridad.

Una decisión con proyección institucional

En su nueva resolución, Ramos Padilla oficializó la lista definitiva de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ratificando que el caso trasciende el proceso electoral inmediato y abre un debate más amplio sobre la implementación de las acciones positivas en el sistema político argentino.

Si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas es invocado para producir el resultado contrario —la postergación de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas”, advirtió el juez.

La lista oficializada quedó conformada por 35 candidatos titulares y 6 suplentes, encabezados por Santilli, Reichardt y Pareja, seguidos por Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo y Alejandro Finocchiaro, entre otros.

La decisión pone fin a semanas de incertidumbre dentro de la coalición oficialista, en medio de un contexto de alta exposición pública y tensión política interna. Con la grilla ya aprobada, La Libertad Avanza podrá competir en la provincia más grande del país con una nómina plenamente habilitada, aunque con el desafío de explicar ante el electorado la presencia de una figura renunciante en la boleta.

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La Cámara Electoral confirmó que se votará con las boletas de Espert en Buenos Aires

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La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas: se votará con las que llevan a Espert

El máximo tribunal electoral del país confirmó que el 26 de octubre los bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro las boletas originales con el nombre y la imagen de José Luis Espert, pese a su renuncia. La resolución cerró el intento de La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir 15 millones de papeletas con la nueva cabeza de lista, Diego Santilli, lo que hubiera implicado un gasto superior a $12.169 millones y un operativo logístico a contrarreloj.

El fallo de la Cámara: razones técnicas, jurídicas y de tiempo electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) —integrada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas— rechazó este lunes 13 de octubre el pedido de LLA para sustituir las boletas con la figura de Espert por otras con la de Santilli, confirmando así la resolución previa de la Junta Electoral bonaerense.

El tribunal coincidió con el dictamen del fiscal Ramiro González, quien advirtió que “ya no había tiempo material para volver a imprimir, controlar, ordenar y distribuir todas las boletas entre las 40.000 mesas de la provincia de Buenos Aires”.

El juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, ratificó que las boletas “están todas en los bolsines, listas para ser repartidas”. Su declaración cerró cualquier margen de maniobra para la reimpresión: el material ya estaba embalado y en tránsito hacia los centros de distribución.

La Junta Electoral había calificado la solicitud de “material, temporal y jurídicamente inviable”, al señalar que acceder al planteo implicaría un “precedente de enorme gravedad institucional”. A esa posición se sumaron todas las fuerzas políticas competidoras, excepto LLA, en una audiencia convocada la semana pasada.

Contexto: crisis interna y renuncia de Espert tras el escándalo por aportes de campaña

La controversia se originó luego de la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por Buenos Aires, tras revelarse aportes de campaña no declarados en 2019 vinculados a Federico “Fred” Machado, empresario acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Según la investigación, Espert habría recibido USD 200.000 de ese financista.

Pese a las denuncias, el Gobierno inicialmente respaldó a Espert, pero el escándalo escaló y el oficialismo resolvió su reemplazo por Diego Santilli, quien ocupaba el tercer lugar en la lista.

En primera instancia, la Justicia había dispuesto que el reemplazo natural debía ser Karen Reichardt, segunda en la nómina, pero la Cámara Electoral revirtió esa interpretación, habilitando formalmente la postulación de Santilli.

Sin embargo, con las boletas ya impresas y distribuidas, el pedido de reimpresión se volvió impracticable. El Ministerio del Interior estimó que rehacer los lotes costaría $12.169 millones y requeriría al menos una semana de trabajo intensivo, lo cual resultaba imposible a menos de dos semanas de la elección general.

Implicancias políticas y operativas del fallo

El fallo consolida la validez de las boletas oficiales que exhiben a José Luis Espert como cabeza de lista y despeja incertidumbres logísticas sobre la elección del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país.

Desde el punto de vista institucional, la decisión reafirma el principio de inmutabilidad del padrón y del material electoral una vez superados los plazos de impresión y distribución. La CNE sostuvo que acceder al pedido de LLA hubiera significado “alterar reglas esenciales de seguridad jurídica y equidad entre los competidores”.

Políticamente, el fallo deja al oficialismo en una situación incómoda: deberá competir con boletas que muestran a un candidato que ya renunció, lo que puede generar confusión entre votantes y fiscales de mesa. Sin embargo, el tribunal consideró que el perjuicio político no podía anteponerse a la integridad del proceso electoral.

La medida también fue interpretada como una señal de la autonomía del Poder Judicial electoral frente al Ejecutivo, al priorizar la certeza administrativa sobre la conveniencia partidaria.

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Pereyra Pigerl manifestó su preocupación por la persecución a Ramos Padilla

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El Diputado Provincial y Presidente del PJ Misionero, Rafael Pereyra Pigerl manifestó su preocupación por la constante persecución y hostigamiento que sufre el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

En declaraciones, el representante del Justicialismo local, mostró su preocupación por la situación judicial del Juez Ramos Padilla que es víctima de embestidas judiciales por parte del Ministro de Justicia, German Garavano. El Ministro de Justicia de la Nación busca recusarlo en la causa del Espionaje Ilegal y Extorciones llevadas a cabo por el Servicio de Inteligencia Marcelo D’Alessio, el periodista Daniel Santoro y el Fiscal Carlos Stornelli.

“Hace unas semanas atrás decidimos presentar un Proyecto de Declaración en la Cámara de Representantes de la Provincia en respaldo al Dr. Alejo Ramos Padilla Dr. Alejo Ramos Padilla como Juez Federal de Dolores a quien se pretende sacar la competencia y jurisdicción en causas sensibles para el Poder Gobernante” declaro Pigerl y además sostuvo que “Hoy vemos nuevamente como el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministro Garavano, busca separar de la causa D’Alessio a Ramos Padilla a través de recursos judiciales en el Consejo de la Magistratura y el Juzgado Federal de Mar del Plata”

“Es un grave atropello a las instituciones, a los valores republicanos y la división de poderes lo que intenta llevar a cabo la administración del Presidente Macri. Una grave injerencia en el normal desenvolvimiento de la Administración de Justicia que es uno de los pilares de la democracia” sostuvo el presidente del PJ Misionero.

Además señalo que “Como ex abogado querellante por parte del Estado en los delitos de Lesa Humanidad, el caso D’Alessio es muy sensible ya que estamos viendo operaciones de espionaje ilegal, extorción y amenazas hacia empresarios con un fin netamente político y allí radica la vehemencia con que el poder de turno busca acallar las investigaciones que lleva adelante Ramos Padilla”

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El Gobierno impulsa la remoción del juez Alejo Ramos Padilla

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El Ministerio de Justicia presentó un expediente en el Consejo de la Magistratura que es el organismo que propone y remueve magistrados.
El Ministerio de Justicia presentará el lunes un expediente en el Consejo de la Magistratura para buscar la remoción del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que tiene en sus manos la investigación sobre la supuesta trama de espionaje y extorsiones que rodeaba al falso abogado Marcelo D’Alessio.
El escrito será presentado por el representante del Poder Ejecutivo ante el organismo que designa y remueve a los jueces, Juan Bautista Mahiques.
La decisión del Gobierno llegó luego de la polémica presentación de Ramos Padilla ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, ocurrida el miércoles, por impulso del diputado ultra K Leopoldo Moreau. “Creemos que lo que hizo ahí fue un caso evidente de mal desempeño de sus funciones, y por eso consideramos que debe dejar su cargo”, explicó a este diario un funcionario del Ministerio de Justicia, para explicar la decisión oficial.
Según la nota que envió al Consejo, el Gobierno cree que su polémica presentación en el Congreso configuró una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. La presentación fue hecha el mismo día que Ramos Padilla volvió ordenar la citación a indagatoria de Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas.
“No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo el Ministerio de Justicia en la nota. Esta párrafo alude a que el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, declaró la incompetencia de Ramos Padilla en el caso Etchebest y no formuló un requerimiento de instrucción por nuevos casos que el juez empezó a investigar.
En una nota dirigida a Mahiques, la cartera de Justicia afirmó que parece haber una clara intencionalidad en la actuación del juez, “afirmando como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. Sucede que la causa todavía no tiene probados los hechos que el juez exhibió ante los diputados K que, en un hecho inédito, lo aplaudieron efusivamente tres veces.
En esa línea, se solicitó al Consejo que se abra una investigación para determinar si el juez incurrió en incumplimiento de sus funciones, y argumentó que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”.
En la nota el ministerio de Justicia señaló que “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal”. Esta frase alude a las críticas que hizo a las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto a quien presentó como “usuarias” de datos de D’Alessio, aunque nunca hicieron una presentación legislativa o una denuncia judicial con ellos. Es más, hizo escuchar un audio del falso abogado que habría mandado a Oliveto antes de quedar detenido, pese a la reserva que mantiene la causa.
Y concluye la nota que, “con motivo de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito que por su intermedio se expongan los hechos descriptos precedentemente ante el Consejo de la Magistratura a los efectos de que se dé inicio al procedimiento legalmente previsto”.
Por otra parte, se remarcó la “evidente finalidad política” que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración “a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, atento que el programa Verdad y Justicia solo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”. Es decir, que un organismo controlado por los K en la provincia, tuvo las pruebas que algunos acusados aún no había visto.
“El Dr. Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes” y, sin embargo, no fue requerida su intervención, finaliza la nota.
Fuentes del Consejo adelantaron a este diario que al Gobierno le resultará difícil conseguir los votos necesarios entre los consejeros para impulsar la investigación a Ramos Padilla. Será clave si los consejeros del peronismo renovador apoyan la investigación o se alían con los kirchneristas para bloquearla.
Paralelamente, a este pedido el juez Ramos Padilla es investigado en una causa penal abierta en Bahía Blanda por presionar a personal del juzgado de esa ciudad. Cuando fue subrogante en Bahía Blanca se retrasó una causa contra Lázaro Báez por haber comprado facturas truchas para lavar dinero.
Además, Ramos Padilla es candidato a asumir en el juzgado electoral de La Plata que es clave para el control de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El día de la presentación del juez en la cámara baja, Cambiemos vació la comisión y sostuvo que la convocatoria al juez por parte de su presidente, el ultrakirchnerista Leopoldo Moreau, era “una puesta en escena” y una “maniobra”.
En los pocos casos en que jueces han expuesto ante el Congreso, como el ex juez federal Juan José Galeano por la causa del atentado contra la AMIA, las conferencias se hicieron a puertas cerradas y bajo juramento de no divulgar información. En cambio, Ramos Padilla habló en una sesión pública y exhibió pruebas originales de la causa.
En sus varias horas de exposición, el juez hizo graves consideraciones: “Lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, no a uno solo, sino a varios, a un periodista, a un juez, es ínfimo… Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de varios países”, sostuvo Ramos Padilla.
Esa posición está en línea con la postura de la senadora y ex presidente Cristina Kirchner quien, hace dos semanas atrás, pidió que la Corte Suprema tome la causa D’Alessio porque estaba metida “una potencia extranjera”, en la medida que el falso abogado decía que era de la DEA.
Fuente Clarín

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