La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas: se votará con las que llevan a Espert

El máximo tribunal electoral del país confirmó que el 26 de octubre los bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro las boletas originales con el nombre y la imagen de José Luis Espert, pese a su renuncia. La resolución cerró el intento de La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir 15 millones de papeletas con la nueva cabeza de lista, Diego Santilli, lo que hubiera implicado un gasto superior a $12.169 millones y un operativo logístico a contrarreloj.

El fallo de la Cámara: razones técnicas, jurídicas y de tiempo electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) —integrada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas— rechazó este lunes 13 de octubre el pedido de LLA para sustituir las boletas con la figura de Espert por otras con la de Santilli, confirmando así la resolución previa de la Junta Electoral bonaerense.

El tribunal coincidió con el dictamen del fiscal Ramiro González, quien advirtió que “ya no había tiempo material para volver a imprimir, controlar, ordenar y distribuir todas las boletas entre las 40.000 mesas de la provincia de Buenos Aires”.

El juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, ratificó que las boletas “están todas en los bolsines, listas para ser repartidas”. Su declaración cerró cualquier margen de maniobra para la reimpresión: el material ya estaba embalado y en tránsito hacia los centros de distribución.

La Junta Electoral había calificado la solicitud de “material, temporal y jurídicamente inviable”, al señalar que acceder al planteo implicaría un “precedente de enorme gravedad institucional”. A esa posición se sumaron todas las fuerzas políticas competidoras, excepto LLA, en una audiencia convocada la semana pasada.

Contexto: crisis interna y renuncia de Espert tras el escándalo por aportes de campaña

La controversia se originó luego de la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por Buenos Aires, tras revelarse aportes de campaña no declarados en 2019 vinculados a Federico “Fred” Machado, empresario acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Según la investigación, Espert habría recibido USD 200.000 de ese financista.

Pese a las denuncias, el Gobierno inicialmente respaldó a Espert, pero el escándalo escaló y el oficialismo resolvió su reemplazo por Diego Santilli, quien ocupaba el tercer lugar en la lista.

En primera instancia, la Justicia había dispuesto que el reemplazo natural debía ser Karen Reichardt, segunda en la nómina, pero la Cámara Electoral revirtió esa interpretación, habilitando formalmente la postulación de Santilli.

Sin embargo, con las boletas ya impresas y distribuidas, el pedido de reimpresión se volvió impracticable. El Ministerio del Interior estimó que rehacer los lotes costaría $12.169 millones y requeriría al menos una semana de trabajo intensivo, lo cual resultaba imposible a menos de dos semanas de la elección general.

Implicancias políticas y operativas del fallo

El fallo consolida la validez de las boletas oficiales que exhiben a José Luis Espert como cabeza de lista y despeja incertidumbres logísticas sobre la elección del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país.

Desde el punto de vista institucional, la decisión reafirma el principio de inmutabilidad del padrón y del material electoral una vez superados los plazos de impresión y distribución. La CNE sostuvo que acceder al pedido de LLA hubiera significado “alterar reglas esenciales de seguridad jurídica y equidad entre los competidores”.

Políticamente, el fallo deja al oficialismo en una situación incómoda: deberá competir con boletas que muestran a un candidato que ya renunció, lo que puede generar confusión entre votantes y fiscales de mesa. Sin embargo, el tribunal consideró que el perjuicio político no podía anteponerse a la integridad del proceso electoral.

La medida también fue interpretada como una señal de la autonomía del Poder Judicial electoral frente al Ejecutivo, al priorizar la certeza administrativa sobre la conveniencia partidaria.