RECORTES

Paran los empleados de la AFIP por recortes de salarios

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La AFIP redujo el porcentaje de recaudación que se destina a sueldos del personal, y se desató el escándalo. Según los gremios esa baja significa una reducción del 18% del salario de los empleados del organismo tributario, por lo que se decidió avanzar con un paro para la semana que viene.
Los trabajadores de la AFIP anunciaron que realizarán un paro la semana próxima por el recorte del fondo que el organismo previsional destina a bonificaciones salariales.
El fisco decidió reducir el porcentaje de recaudación que conforma el Fondo de Jerarquización con el que se pagan el 65% de los salarios de los empleados del organismo. Ese porcentaje, que hasta ayer era de 0,70%, pasará a ser 0,65% inmediatamente y a fin de año volverá a ser disminuido a 0,60%.
El secretario general del gremio que los trabajadores de AFIP, Guillermo Imbrogno, afirmó a que ese recorte significaría “una baja del 18% del salario de los empleados”. El sindicato realizará una asamblea el jueves en el edificio central del organismo y determinará qué día de la semana próxim a realizarán la medida de fuerza.
La decisión fue tomada por el administrador federal, Leandro Cuccioli, y afectará a unos 23.300 empleados del organismo, incluidos los de la Aduana. Según explicaron fuentes oficiales, la decisión ya había sido discutida con los sindicatos y se pensó para “con ese ahorro invertir en infraestructura, en inmuebles y automóviles”.
El 14 de febrero de este año el extitular de la AFIP Alberto Abad había implementado un mecanismo de fijación automática y mensual del porcentaje de acreditación con destino al Fondo de Jerarquización en función de los cambios que se produzcan en el plantel de personal, tanto bajas como altas.
En junio, por ese mecanismo, el porcentaje de acreditación con destino a ese Fondo descendió al 0,7%. Ahora, Cuccioli consideró que ante el incremento de la recaudación resulta “oportuno” equilibrar el presupuesto entre los gastos destinados al personal y aquellos que se destinan para el normal funcionamiento del organismo.

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Exigen verificaciones in situ antes de que Nación corte pensiones en la provincia

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En las últimas semanas se registraron decenas de casos de personas discapacitadas y adultos mayores de escasos recursos que, por decisión del gobierno nacional, dejaron de cobrar las magras pensiones graciables de las que eran beneficiarios, hecho que ocasiona dramáticas situaciones de extrema necesidad e injusticias, sobre todo en el área rural de la provincia.

Ante esta situación, el Partido Agrario y Social repudió “la afectación inhumana que estas políticas de ajuste afectan a los sectores más vulnerables”, y exige a los referentes de Cambiemos que establezcan mecanismos para que no se corte ningún beneficio sin una previa auditoría, verificación o informe socioambiental in situ.

“Diputados nacionales y senadores por Misiones deben exigir que de inmediato se repongan los beneficios y que la Nación mande a sus muchos empleados a verificar casa por casa para frenar de una vez este ajuste feroz con los que menos tienen”, disparó el legislador Héctor “Cacho” Bárbaro, quien refirió que los cortes en las pensiones se recrudecieron en el último mes.

“Le cortaron la pensión, por ejemplo, a una abuelita que tiene lepra y que no tiene ni para comer. Al parecer decidieron que no le corresponde el beneficio porque un pariente comenzó a cobrar una jubilación mínima, que además está por debajo de la línea de pobreza. Estos casos se repiten y repiten, es una locura, deciden sobre vidas que se van apagando por la tristeza y la impotencia”, advirtió.

Las pensiones no contributivas para adultos mayores sin recursos, personas con discapacidad, o madres de 7 o más hijos se crearon para atender desde el Estado a los casos de mayor vulnerabilidad social, pese a lo cual “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no realiza una previa verificación in situ antes de decidir que alguien debe dejar de comer o de comprar sus remedios”.

Todo esto, “pese a que tienen todos los recursos económicos para hacer un relevamiento socioambiental sobre cómo sobrevive la gente que recibe la pensión”.

Según la Ley, los beneficios se otorgan a personas que están sin amparo previsional o no contributivo; que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia; y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.

Según advirtió Bárbaro, desde las oficinas del gobierno nacional deciden arbitrariamente quiénes deben ser beneficiarios y a quiénes cortar el magro aporte, cuando uno de los parientes que convive con el beneficiario comienza a cobrar una jubilación mínima de $6.394. “Si un abuelo comienza a cobrar esa jubilación, de igual manera no puede mantener y dar de comer a su esposa discapacitada o pensionada. El monto de la jubilación mínima está muy por debajo de la línea de pobreza e indigencia, pero desde la Nación consideran que alcanza para vivir y mantener una demanda tan especial como la de los abuelitos o las personas con discapacidad”, refirió el diputado.

Finalmente, Bárbaro instó a todos los sectores políticos de la provincia, oficialistas y opositores, a manifestar su repudio a este tipo de medidas.  

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Trump propone severos recortes en ayuda a Latinoamérica y asistencia social

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El presidente de Estados Unidos presentó al Congreso su propuesta presupuestaria, que propone eliminar el déficit fiscal con duros recortes en la ayuda a América Latina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes al Congreso su primera propuesta presupuestaria, que propone eliminar el déficit fiscal con severos recortes en la ayuda a América Latina, así como en asistencia social y cobertura médica a los ciudadanos de menores recursos de su propio país.
El recorte a la ayuda a Latinoamérica incluye reducciones a la asistencia proporcionada a todos los países del continente, un cambio que podría notarse especialmente en México y Centroamérica.
El presupuesto -que se presentó este martes, debe ser aprobado por el Congreso y podría sufrir cambios- concede 37.600 millones de dólares al Departamento de Estado, de los cuales 1.093 millones van a parar a las operaciones en el continente americano y el Caribe, un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016.
El desglose país por país de ese presupuesto contempla fuertes recortes en la ayuda a México (que recibiría 87,7 millones de dólares), Guatemala (80,7 millones), Honduras (67,8 millones), y El Salvador (46,3 millones), cantidades a las que deben sumarse los fondos dedicados a programas de drogas, seguridad o democracia en el continente.
Mucho más voluminosos aún son los recortes de 3,6 billones de dólares en diez años a programas de asistencia social y cobertura médica para ciudadanos de menores recursos. La propuesta, que aún debe atravesar el Congreso es más una declaración de prioridades políticas que un documento económico.
Entre los principales afectados por el plan de Trump se encuentra el programa Medicaid, que ofrece cobertura sanitaria a los ciudadanos de menores ingresos, y que verá reducidos sus fondos en 610.000 millones de dólares.
El plan para el año fiscal 2018 promete eliminar el déficit presupuestario que se prevé cierre 2017 en el 3,1 % del producto interior bruto (PIB) a lo largo de una década y promete al mismo tiempo aumentos de gasto en las partidas de Defensa y Seguridad Fronteriza.
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