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Deuda con el FMI: el verdadero riesgo para América Latina en 2026 pasa por la caja

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País Deuda con el FMI (USD aprox.)
Argentina ≈ 57.300.000.000
Ecuador ≈ 9.889.000.000
Costa Rica ≈ 2.432.000.000
Jamaica ≈ 1.220.000.000
Honduras ≈ 644.000.000
Surinam ≈ 589.000.000
Barbados ≈ 551.000.000
Paraguay ≈ 318.000.000
El Salvador ≈ 236.000.000
Haití ≈ 222.000.000

Estimación en dólares estadounidenses a partir de una tasa aproximada de conversión de 1 DEG ≈ 1,37 USD (principios de febrero de 2026). Montos originales en derechos especiales de giro (DEG/SDR), saldo al 06/02/2026. Fuente: FMI, “Total IMF Credit Outstanding”.

América Latina llegará a 2026 con un desafío menos visible, pero más exigente: el problema no es el tamaño del stock de deuda, sino la capacidad de pagar intereses y amortizaciones sin perder acceso al financiamiento ni desestabilizar la macroeconomía. Esa es la principal conclusión del análisis publicado por Bloomberg Línea a partir de datos del Fondo Monetario Internacional y de entrevistas con economistas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

El contexto es adverso: tasas internacionales altas en términos reales, crecimiento regional moderado y una menor tolerancia de los mercados a desvíos fiscales. En ese escenario, el servicio de la deuda absorbe una porción creciente de los ingresos públicos y vuelve más frágil el equilibrio financiero, incluso en países sin problemas inmediatos de solvencia.

Argentina, el caso más desafiante

Dentro del ranking regional, Argentina se mantiene como el país más endeudado con el FMI en todo el mundo. El desafío, según los analistas citados por Bloomberg Línea, no pasa solo por el volumen de la deuda, sino por la gestión de flujos en un contexto de acceso limitado al mercado y necesidad de acumular reservas.

Un dato que ilustra esa tensión operativa: a comienzos de febrero, el Gobierno argentino pagó intereses al FMI utilizando Derechos Especiales de Giro (DEG) adquiridos al Tesoro de los Estados Unidos. La operación fue reportada por Forbes, que detalló que el pago rondó los US$808 millones, en el marco de un calendario de vencimientos exigente para 2026.

Actualmente, Argentina mantiene un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo por US$20.000 millones, con un programa que pone el foco en el ancla fiscal, la transición monetaria y cambiaria y una agenda de reformas estructurales orientadas a mejorar productividad y competitividad.

Ecuador y las economías dolarizadas

Detrás de Argentina aparece Ecuador, segundo mayor deudor regional con el FMI. Si bien su exposición es menor en términos absolutos, resulta elevada en relación con el tamaño de su economía. Además, el país opera bajo un régimen de dolarización, lo que elimina amortiguadores monetarios y concentra todo el ajuste en la caja fiscal, el crecimiento y el acceso al financiamiento.

Según el análisis, esta característica vuelve especialmente sensibles a Ecuador y también a El Salvador, donde cualquier deterioro en la confianza se traduce rápidamente en mayores costos financieros.

El foco se desplaza del stock al flujo

El consenso entre los analistas es claro: lo que separará a las economías más resilientes de las más expuestas en 2026 no será el nivel heredado de deuda, sino la capacidad de absorber pagos de intereses y amortizaciones. En un escenario de tasas altas y crecimiento insuficiente, incluso déficits primarios moderados pueden volverse problemáticos.

Por eso, el riesgo ya no se mide solo en ratios de deuda sobre PIB, sino en cuánta “caja” requiere el servicio de la deuda y cuán creíble resulta el mix de políticas fiscales, monetarias y financieras ante los mercados.

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Economía refinancia deuda, emite Letra del Tesoro en dólares por hasta USD 1.228 millones

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dispuso la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, a descuento y con vencimiento el 19 de febrero de 2027, por un monto máximo de VNO USD 1.228.159.232,62. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 7/2026 y fechada el 5 de febrero de 2026, tiene como objetivo reemplazar al vencimiento una letra en dólares que expira el 13 de febrero de 2026, en el marco del esquema de rollover de deuda intra sector público autorizado por la Ley de Presupuesto 27.798.

Refinanciamiento intra sector público y marco legal vigente

La decisión se inscribe en el Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156, que exige autorización presupuestaria para toda operación de endeudamiento. En ese sentido, el artículo 44 de la Ley 27.798 habilita al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito por los montos y destinos previstos en su planilla anexa. Asimismo, el artículo 54 de la misma norma establece que, durante el Ejercicio Fiscal 2026, los pagos de intereses y amortizaciones de capital de letras denominadas en dólares emitidas al Sector Público Nacional serán reemplazados al vencimiento por nuevos títulos públicos, cuyas condiciones definen conjuntamente las Secretarías de Finanzas y de Hacienda.

En línea con ese mandato, la resolución destaca el próximo vencimiento de la “Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento con vencimiento 13 de febrero de 2026”, emitida por la Resolución Conjunta 7/2025, y dispone su sustitución por un nuevo instrumento con plazo de un año. La operatoria se encuadra, además, en las competencias asignadas por el Decreto 1344/2007, modificado por el Decreto 820/2020, que reconoce a ambas Secretarías como órgano responsable conjunto de la coordinación de la Administración Financiera.

Condiciones financieras de la nueva Letra en dólares

La Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento tendrá fecha de emisión el 13 de febrero de 2026 y vencimiento el 19 de febrero de 2027. Se emitirá, suscribirá y pagará en dólares estadounidenses, con amortización íntegra al vencimiento y tasa de interés cupón cero, característica propia de los instrumentos a descuento.

El precio de suscripción fue fijado en USD 984,98 por cada VNO USD 1.000, con denominación mínima de VNO USD 0,01. La colocación será directa y exclusiva al Sector Público Nacional definido por el artículo 8° de la Ley 24.156, así como a fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por organismos comprendidos en ese marco, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 27.798.

El instrumento será intransferible y no cotizará en mercados de valores locales ni internacionales. La titularidad se instrumentará mediante un certificado depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los servicios financieros se atenderán a través del BCRA mediante transferencias de fondos a la cuenta de efectivo del titular de la cuenta de registro. Además, la letra gozará de las exenciones impositivas previstas por la normativa vigente.

Impacto y señales al mercado

Desde el punto de vista fiscal e institucional, la emisión refuerza la estrategia de administración de pasivos mediante el reperfilamiento intra sector público, evitando desembolsos en efectivo en moneda extranjera y asegurando la continuidad operativa del Tesoro dentro de los límites presupuestarios autorizados. Al tratarse de una colocación no negociable y sin cotización, el impacto se circunscribe al ámbito público, sin efectos directos sobre el mercado de capitales.

La resolución también autoriza a titulares de áreas clave —incluidas la Oficina Nacional de Crédito Público, la Dirección de Administración de la Deuda Pública y otras dependencias vinculadas a la programación y análisis del financiamiento— a suscribir la documentación necesaria para implementar la operación, lo que agiliza la ejecución administrativa. La norma entra en vigencia desde su dictado y fue suscripta por Jose Garcia Hamilton y Carlos Jorge Guberman.

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“Erraron otra vez”: Milei defendió el refinanciamiento de la deuda y descartó riesgos de default

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El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la estrategia financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras la cancelación de una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un nuevo crédito internacional por USD 2.500 millones. El mandatario rechazó las advertencias sobre un posible default, sostuvo que el movimiento implica un cambio de acreedor sin impacto en reservas y lo presentó como una señal de normalización financiera y confianza del mercado en el programa económico.

A través de su cuenta en X, Milei fue categórico frente a las críticas: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”. El mensaje estuvo acompañado por un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien explicó que en economías solventes la deuda pública no se cancela íntegramente, sino que se refinancia de manera permanente, siempre que se cumplan los pagos de intereses y exista disciplina fiscal.

La operatoria técnica: un cambio de acreedor sin impacto en reservas

El respaldo presidencial se conoció luego de que el balance del BCRA de la última semana de diciembre reflejara un movimiento financiero por USD 2.500 millones. Según la información oficial, el Gobierno utilizó ese monto para cancelar el tramo ejecutado del swap que formaba parte de un acuerdo total por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense, suscripto antes de las elecciones legislativas.

Para concretar el pago sin afectar el nivel de reservas internacionales, la autoridad monetaria tomó un nuevo crédito de igual monto con un organismo internacional. Si bien el BCRA no precisó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.

Desde el punto de vista contable, la operación implicó un reordenamiento de pasivos: la reducción del rubro “Otros Pasivos” por la cancelación del swap con Estados Unidos fue compensada por un aumento equivalente en las obligaciones con organismos internacionales, sin variación neta en las reservas.

En términos prácticos, el Gobierno logró estirar plazos de vencimiento y modificar la composición de sus acreedores, una maniobra que el oficialismo considera clave para fortalecer el perfil financiero del Estado.

Déficit cero, refinanciamiento y la discusión sobre la solvencia

El eje central del argumento oficial se apoya en la política de déficit fiscal cero. Según la interpretación que difundió Milei junto al análisis de Rallo, el refinanciamiento de vencimientos no incrementa el stock de deuda, sino que posterga su cancelación en el tiempo.

“Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, sostuvo el economista en el material compartido por el Presidente. Bajo esta lógica, mientras el Estado mantenga el superávit fiscal, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria descendente, reforzando la idea de solvencia.

Desde la Casa Rosada destacan que la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento internacional constituye una señal concreta de que el mercado no percibe un riesgo inminente de default. En esa línea, fuentes del BCRA aclararon que el crédito utilizado no proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o el plazo del nuevo préstamo.

Este movimiento se suma, además, a la cancelación de deudas con el BIS realizada a comienzos de 2024, un antecedente que el Ejecutivo utiliza para mostrar una mejora progresiva en la solvencia del Estado argentino.

Repercusiones políticas y financieras

La defensa pública de Milei busca desactivar un debate que volvió a instalarse en el mercado desde mediados de 2025, cuando distintos analistas advirtieron sobre la sostenibilidad de los compromisos externos. Para el Gobierno, el refinanciamiento confirma que la estrategia financiera se apoya en credibilidad fiscal, acceso al crédito y una administración activa de los pasivos del Banco Central.

En el plano político, el mensaje presidencial apunta a consolidar el discurso de orden macroeconómico y disciplina fiscal como ancla de estabilidad, mientras que en el plano financiero refuerza la señal de que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar herramientas de mercado para administrar vencimientos sin recurrir a emisión monetaria ni pérdida de reservas.

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