REFORMA DEL ESTADO

El Gobierno adjudicó las concesiones hidroeléctricas clave

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de las acciones y concesiones de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25. La medida, instrumentada a través de la Resolución 2124/2025, consolida uno de los procesos de privatización energética más relevantes de los últimos años, con un impacto directo en la estructura del mercado eléctrico, las finanzas públicas y la relación entre Nación y provincias productoras de energía.

La resolución fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre como suplemento. Establece los adjudicatarios definitivos, los montos de venta de los paquetes accionarios, la aprobación de los contratos de transferencia y concesión, y fija el cronograma de toma de posesión a partir del 8 de enero de 2026.

Un proceso de privatización anclado en la reforma del sector energético

El esquema aprobado por el Ministerio de Economía se apoya en un entramado normativo amplio que incluye las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, además de una serie de decretos que habilitaron la reversión de las concesiones hidroeléctricas y la posterior privatización de las sociedades creadas para administrarlas. En ese marco, la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir cuatro sociedades anónimas específicas para cada complejo, con una participación accionaria inicial del 98% para ENARSA y del 2% para NASA.

Posteriormente, la Ley 27.742 declaró sujetas a privatización a ambas empresas, habilitando la venta total o parcial de sus activos. El Decreto 286/2025 autorizó la privatización total de ENARSA mediante la separación de unidades de negocio, mientras que el Decreto 695/2025 avanzó con la privatización parcial de NASA. En paralelo, el Decreto 718/2024 dispuso la venta del paquete accionario mayoritario de las nuevas sociedades hidroeléctricas a través de un concurso público competitivo, nacional e internacional.

La Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al proceso licitatorio, aprobó el pliego de bases y condiciones y fijó el cronograma, que luego fue ajustado mediante resoluciones complementarias. Tras la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Gobierno avanzó primero con la preadjudicación y finalmente con la adjudicación definitiva mediante la Resolución 2124/2025.

Quiénes se quedan con los complejos y por cuánto dinero

La resolución detalla con precisión los adjudicatarios y los montos comprometidos para cada complejo hidroeléctrico, todos expresados en dólares estadounidenses:

  • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al consorcio integrado por Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por un monto total de USD 162.040.002,17.
  • El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al grupo conformado por BML Inversora S.A.U., Energrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Green Energy S.A. y BML Energía S.A., por USD 235.671.294.
  • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al mismo consorcio que Alicurá, por USD 64.174.002,32.
  • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada a Central Puerto S.A., por USD 245.000.000.

En todos los casos, la resolución precisa la distribución de las acciones clase A, B y C, y establece que los adjudicatarios deberán transferir el precio correspondiente antes del 6 de enero de 2026 a la cuenta indicada por la Tesorería General de la Nación. La toma de posesión de los complejos fue fijada para el 8 de enero de 2026 a las 12:00 horas.

Impacto económico, institucional y proyección del mercado eléctrico

Desde el punto de vista fiscal, el proceso apunta a maximizar los ingresos para el Estado nacional, criterio que fue validado a partir de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Según los considerandos de la resolución, los precios ofertados superaron incluso los escenarios proyectados en dicha valuación, reforzando el argumento oficial de razonabilidad económica de la operación.

En términos institucionales, la medida consolida el rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación del proceso de privatización, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía. También implica un reordenamiento en la relación con las provincias de Neuquén y Río Negro, cuyos representantes participaron en la suscripción de los contratos de transferencia.

Para el sector eléctrico, la adjudicación redefine el mapa de operadores privados en generación hidroeléctrica, con efectos potenciales sobre inversiones, mantenimiento de infraestructura y estrategias de largo plazo en un segmento clave del sistema energético argentino. La entrada en vigencia inmediata de la resolución y el cronograma acelerado de traspaso marcan una señal clara de continuidad en la política de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

Compartí esta noticia !

INDEC: el empleo en la administración pública nacional bajó 7,8% interanual en noviembre

Compartí esta noticia !

La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo a 281.785 personas en noviembre de 2025, según datos oficiales del INDEC, y acumuló una pérdida de 59.688 empleos desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. La cifra consolida el ajuste sobre el sector público como uno de los ejes centrales de la política económica y administrativa del Gobierno nacional, con impacto directo en el funcionamiento del Estado, el mercado laboral y la estructura institucional.

En el último mes relevado, noviembre de 2025, el empleo público cayó 0,3% respecto de octubre (785 puestos menos) y 7,8% en la comparación interanual, lo que equivale a 22.322 trabajadores menos frente a noviembre de 2024. Los datos surgen del informe técnico “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, publicado el 30 de diciembre de 2025 por el INDEC.

Un ajuste sostenido en la administración pública nacional

El recorte se verifica en casi todos los segmentos del Estado nacional. La Administración Pública Nacional (APN) cerró noviembre con 192.219 empleados, una baja mensual de 0,2% y una caída interanual del 7,1%. Dentro de ese universo, la administración centralizada pasó de 39.272 a 39.011 trabajadores, lo que implicó una reducción mensual del 0,7% y una caída interanual del 10,7%.

La administración descentralizada, que concentra el mayor volumen de personal, también mostró una contracción: bajó 0,3% mensual, de 116.960 a 116.571 empleados, mientras que la administración desconcentrada fue el único segmento que registró una suba en noviembre, con 22.534 trabajadores, un incremento del 1,3% mensual (284 puestos más). En tanto, los otros entes redujeron su dotación 0,3%, al pasar de 14.148 a 14.103 empleados.

Si se toma el acumulado de enero a noviembre de 2025, la APN perdió 18.178 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 6,06% en lo que va del año. El contraste es más marcado al comparar con el inicio de la actual gestión: en enero de 2024, la administración pública nacional contabilizaba 333.784 puestos, por lo que el retroceso acumulado alcanza el 15,57%.

Empresas y sociedades del Estado: menos personal y menor estructura

El ajuste también se extendió a las empresas y sociedades del Estado, que en noviembre registraron 89.566 empleados, con una caída mensual de 374 puestos (-0,4%) y una reducción interanual del 7,8%. Este segmento explica una parte relevante del recorte total, en un contexto de revisión del rol del Estado empresario y de los costos operativos de las compañías con participación estatal.

En conjunto, la dotación total del sector público nacional —administración central, organismos descentralizados, entes y empresas— pasó de casi 300 mil trabajadores a comienzos de 2025 a los 281.785 actuales, consolidando una tendencia de reducción sostenida mes a mes. El informe oficial detalla que la medición incluye a 125 entidades, aunque en noviembre 10 empresas y sociedades no informaron su dotación, por lo que 5.194 personas (1,8% del total) fueron imputadas estadísticamente.

Impacto económico e institucional del recorte

La caída de casi 60 mil empleos públicos en dos años refleja el alcance del proceso de reorganización y reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. En términos económicos, el ajuste contribuye a la reducción del gasto corriente, especialmente en salarios, uno de los componentes más relevantes del presupuesto nacional. En el plano institucional, sin embargo, plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de áreas clave del Estado, en particular en organismos con funciones regulatorias, técnicas o de prestación de servicios.

La evolución del empleo público se convirtió así en un indicador central para seguir la estrategia de desregulación y transformación del Estado, en un contexto de fuerte debate político sobre el tamaño del sector público, la eficiencia administrativa y el impacto social del ajuste. Con los datos de noviembre, el INDEC confirma que la tendencia descendente se mantiene y que el redimensionamiento del Estado sigue siendo uno de los pilares de la política económica vigente.

Dotacion Personal Publico Argentina by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Javier Milei centraliza el sistema de inteligencia

Compartí esta noticia !

El Gobierno aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional y redefine el sistema de seguridad estratégica del Estado

El Gobierno nacional oficializó este 4 de diciembre la aprobación de la Política de Inteligencia Nacional, un documento rector que fija por primera vez en más de veinte años los lineamientos estratégicos para la producción de inteligencia en la Argentina. La medida —establecida mediante el Decreto 864/2025, firmado por el Presidente Milei— redefine la arquitectura institucional del sistema, otorga poder orgánico a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y marca un giro hacia un modelo de gestión centralizado, tecnificado y con proyección internacional.

El texto justifica la decisión en la “degradación paulatina del Sistema de Inteligencia Nacional”, resultado —según la fundamentación oficial— de la falta de lineamientos estratégicos durante “más de dos décadas”, pese a estar previstos en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Reconfiguración institucional: disolución de la AFI y creación de nuevos organismos

La aprobación de la Política de Inteligencia Nacional está directamente vinculada con la reestructuración ejecutada meses atrás mediante el Decreto 614/2024, que rediseñó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional.

Ese decreto dispuso la disolución de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y su reemplazo por un esquema verticalizado bajo la órbita de la SIDE, que pasó a ser el organismo superior del sistema.

Dentro de esa estructura se crearon cuatro organismos desconcentrados:

  • Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
  • Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
  • Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
  • División de Asuntos Internos (DAI)

Según el Decreto 864/2025, esta reconfiguración busca “lograr eficiencia y efectividad”, garantizar “autonomía técnica y funcional” y “jerarquizar las funciones del sistema” frente a un contexto internacional que el Ejecutivo describe como “difuso, fragmentado y complejo”.

La nueva Política de Inteligencia establece lineamientos para la producción de inteligencia y contrainteligencia orientados a: identificar anticipadamente riesgos y amenazas, sistematizar y analizar información estratégica, coordinar acciones entre organismos estatales, y profundizar la cooperación internacional en materia de inteligencia.

Qué implica la nueva Política de Inteligencia y qué pasos vienen

Con la aprobación del documento estratégico, la SIDE queda instruida a elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional, que definirá los “cursos de acción” para adecuar el funcionamiento del sistema al escenario geopolítico vigente.

De acuerdo con el texto del decreto: “La Estrategia de Inteligencia Nacional determinará los cursos de acción para adecuar las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional al contexto estratégico al cual se enfrente la República Argentina”.

Esa estrategia deberá contemplar: los objetivos y metas del Estado nacional, el desarrollo del capital humano especializado, la incorporación de tecnología de punta, la definición de prioridades de riesgo, la coordinación con organismos de inteligencia extranjeros “en función de intereses comunes”.

El Ejecutivo sostiene que esta actualización normativa es condición necesaria para “convertir a la República Argentina en una potencia moderna, soberana y fundada en los valores de la libertad”.

La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según establece el artículo 3 del decreto.

Fortalecimiento del poder presidencial y nuevo mapa de inteligencia

La aprobación de la Política de Inteligencia implica un reordenamiento significativo del sector público nacional. Analistas del sistema coinciden en que la SIDE —dependiente directamente del Presidente— emerge como un actor reforzado, con más atribuciones de supervisión y coordinación sobre todas las agencias.

Esta centralización puede generar reacciones en tres planos:

Poder Ejecutivo y conducción política del sistema

El Presidente concentra la fijación de objetivos estratégicos y la conducción del sistema conforme al artículo 12 de la Ley 25.520, reforzando su rol como autoridad superior en materia de inteligencia.

Organismos descentralizados y fuerzas de seguridad

La nueva arquitectura exige adaptar procedimientos, sistemas de información y estructuras jerárquicas para compatibilizar funciones, especialmente en áreas sensibles como ciberseguridad y contrainteligencia.

Sistema político y Congreso

Aunque el decreto no modifica los mecanismos de control parlamentario establecidos en la Ley 25.520, sí redefine el mapa institucional sobre el cual dicho control deberá actuar. Se espera debate político sobre: la centralización en la SIDE, la eliminación de la AFI, el rol de la AFC en un contexto global de amenazas cibernéticas, y la articulación con organismos de defensa y seguridad.

Cooperación internacional y seguridad estratégica

El Gobierno enfatiza que la inteligencia es un pilar para anticipar amenazas en un contexto geopolítico volátil. La Política de Inteligencia busca potenciar: el intercambio de información con agencias extranjeras, la capacidad de análisis estratégico, la detección de ciberamenazas, la protección de los “intereses estratégicos de la Nación”.

La creación de la AFC como organismo especializado refleja la prioridad otorgada a la ciberseguridad, una de las áreas más dinámicas y críticas del escenario internacional actual.

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional reglamentó los planes de retiro voluntario en el Estado

Compartí esta noticia !

El Gobierno reglamentó los planes de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional: Economía y Transformación del Estado controlarán cada programa antes de su aprobación

La resolución conjunta fija el procedimiento obligatorio para toda dependencia estatal que impulse planes de retiro voluntario o desvinculación. Busca garantizar la sustentabilidad fiscal y la coherencia con la política de reforma y desregulación del Estado.

Mediante la Resolución Conjunta 50/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública —dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía establecieron un nuevo procedimiento obligatorio para la implementación de planes de retiros voluntarios o otras formas de desvinculación laboral voluntaria en la Administración Pública Nacional y en las empresas con participación estatal.

El objetivo central de la medida es ordenar y fiscalizar los procesos de reducción de personal en el sector público, garantizando que cada iniciativa cuente con viabilidad económica, previsión presupuestaria y justificación funcional, en el marco de la política de reforma del Estado y reducción del gasto público que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.

Supervisión dual: control presupuestario y modernización administrativa

La normativa dispone que ningún organismo descentralizado, entidad estatal o empresa con mayoría accionaria del Estado podrá implementar planes de retiro voluntario o mecanismos similares sin la intervención previa y favorable de dos áreas clave: La Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (Ministerio de Economía), encargada de evaluar el impacto presupuestario. La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, responsable de analizar la viabilidad organizacional y la coherencia con las políticas de recursos humanos del Estado.

En el caso de la Administración Pública Nacional centralizada, la resolución establece que el diseño y aprobación de los regímenes de retiro voluntario quedarán bajo la órbita directa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, con la participación de la Secretaría de Hacienda en materia presupuestaria.

De esta manera, el Gobierno busca evitar la proliferación de programas aislados o discrecionales, alineando cada medida de reducción de personal con los lineamientos de la reforma estructural del Estado y el control del gasto salarial, uno de los componentes centrales del ajuste fiscal previsto para 2025-2026.

Requisitos estrictos y trazabilidad administrativa

El artículo 3° de la resolución detalla la información mínima que deberá incluirse en los expedientes antes de aprobar un plan de retiros voluntarios. Cada propuesta deberá incorporar:

  • La fundamentación técnica y económica de la medida.
  • El detalle de la dotación alcanzada, condiciones de acceso y modalidad de pago.
  • La base de cálculo utilizada para determinar los montos, beneficios adicionales y estimaciones de costo total.
  • La certificación de suficiencia presupuestaria emitida por el área competente del Ministerio de Economía.

Asimismo, el artículo 4° impone un régimen de información y seguimiento obligatorio. Todos los organismos deberán notificar en un plazo máximo de cinco días hábiles la aprobación de cada plan a la Dirección Nacional de Sistemas y Estadísticas de Empleo Público y a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional.

Deberán además remitir —en formato electrónico— los datos detallados de cada agente adherente, incluyendo nombre, CUIL, categoría, antigüedad, monto total, cuotas de pago y fecha efectiva del retiro, garantizando la trazabilidad y control estadístico de cada desvinculación.

Reforma del Estado: racionalización del empleo público y control del gasto

La resolución se enmarca en el proceso de reorganización y redimensionamiento del Estado Nacional, orientado a reducir estructuras administrativas, eliminar superposiciones y optimizar recursos humanos.

Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo promueve “medidas tendientes a la simplificación y reducción del Estado, asegurando la concreción de los objetivos impuestos y la mejora sustancial en la calidad de vida de los argentinos”.

El documento también señala que los planes de retiro voluntario constituyen “una herramienta transversal y articulada para alcanzar un nivel adecuado y racional de dotación en la Administración Pública Nacional”.

Con este nuevo marco normativo, el Gobierno busca compatibilizar los objetivos de modernización administrativa con la consolidación fiscal, garantizando que toda política de reducción de personal sea evaluada técnica y financieramente antes de su implementación, tanto en el sector público central como en empresas estatales y sociedades mixtas.

La medida implica un reordenamiento del circuito decisorio en materia de recursos humanos del Estado, centralizando la supervisión técnica en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el control fiscal en el Ministerio de Economía.

En la práctica, los organismos públicos y empresas estatales que pretendan implementar planes de retiros voluntarios deberán someter sus propuestas a doble evaluación, lo que podría ralentizar la aprobación de programas individuales, pero al mismo tiempo asegurar coherencia, previsibilidad presupuestaria y transparencia administrativa.

El nuevo esquema también permitirá al Estado construir una base unificada de datos sobre las desvinculaciones laborales, herramienta clave para el seguimiento del impacto de las políticas de reforma y ajuste en el empleo público nacional.

Compartí esta noticia !

Autorizan privatización parcial de Nucleoeléctrica con control del 51% en manos del Estado

Compartí esta noticia !

El Gobierno autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina: se venderá 44% de acciones y lanzará un Programa de Propiedad Participada.

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 695/2025, autorizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida establece la venta del 44% del capital accionario mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que otro 5% será destinado a un Programa de Propiedad Participada. El Estado Nacional conservará el control mayoritario con el 51% de las acciones, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Actualmente, el capital social de NASA se compone de un 79% en manos del Estado Nacional, un 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica y un 1% de ENARSA. El decreto instruye además transferencias accionarias internas para consolidar la participación estatal antes del proceso de privatización: ENARSA deberá ceder el 1% de su participación al Estado Nacional, y NASA deberá transferir el 0,01% del capital social de ENARSA.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de atraer capital privado para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la Extensión de Vida de Atucha I, que prevé su reingreso al mercado eléctrico en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), esencial para la continuidad operativa de Atucha II.

La medida se inscribe en la política de reducción del déficit fiscal y achicamiento del aparato estatal, con la intención de que la empresa gane competitividad bajo un esquema mixto. Según los fundamentos oficiales, la intervención estatal exclusiva “no ha dado los resultados esperados” y la participación privada se considera “el medio más idóneo” para garantizar eficiencia y rentabilidad.

Antecedentes y marco legal

La privatización parcial se apoya en el artículo 8° de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a NASA “sujeta a privatización” bajo los lineamientos de la Ley 23.696 de Reforma del Estado.

Cabe recordar que NASA fue creada en 1994 por el Decreto 1540, que transfirió a la sociedad la operación de Atucha I y Embalse, además de la construcción de Atucha II. Desde entonces, la empresa ha registrado hitos en generación: en 2024 alcanzó un récord histórico de 10.449.015 MWh netos, con un factor de carga del 73,3%, cifras que la colocan en estándares internacionales de eficiencia operativa.

El proceso deberá pasar por la Comisión Bicameral del Congreso, como prevé la Ley 23.696, y contará con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía, encargada de definir los términos de la licitación.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un debate político y económico en torno al rol del Estado en sectores estratégicos como la energía nuclear. El Gobierno asegura que el Estado conservará el control mayoritario y la capacidad de decisión, pero la apertura al capital privado podría modificar los equilibrios en la gestión de inversiones y en la definición de prioridades tecnológicas.

Sectores sindicales y legislativos podrían cuestionar el esquema, especialmente en lo referido al Programa de Propiedad Participada del 5%, que requerirá aprobación de la Secretaría de Trabajo para su implementación. A nivel internacional, la licitación promete atraer a fondos especializados en energía y empresas del sector nuclear interesadas en acceder a un mercado con proyectos de largo plazo.

El impacto sobre la política energética será significativo: el Estado buscará descargar parte del costo de financiamiento en inversores privados, mientras asegura su control estratégico en la operación de las centrales. En paralelo, la medida se alinea con los compromisos de equilibrio fiscal y con la estrategia de mostrar al mercado internacional señales de apertura a la inversión extranjera en sectores de alta sensibilidad.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin