REFORMA DEL ESTADO

Milei cuestiona a periodistas y redefine el vínculo con los medios

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El presidente Javier Milei difundió un extenso mensaje en el que cuestionó el rol de periodistas y medios de comunicación, al tiempo que reafirmó una decisión central de su gestión: la eliminación de la pauta oficial. La publicación, realizada en sus redes, se inscribe en un contexto de confrontación creciente con actores del sistema mediático y plantea una redefinición explícita del vínculo entre el Gobierno y la prensa.

El mandatario sostuvo que “nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy”, pero rechazó la idea de que ese derecho implique “decir cualquier cosa sin consecuencias”. En esa línea, planteó que parte del periodismo confunde libertad con impunidad y defendió la necesidad de que quienes comunican asuman responsabilidades por sus afirmaciones.

Libertad de expresión y financiamiento

El planteo presidencial se apoya en dos ejes: la concepción de la libertad de expresión y el esquema de financiamiento de los medios. Por un lado, Milei propone una interpretación en la que el ejercicio de ese derecho está condicionado por la responsabilidad individual. Por otro, cuestiona la estructura de sostenimiento económico del sector, particularmente el rol de la pauta oficial.

Según lo expresado, el Gobierno nacional eliminó ese mecanismo de financiamiento, lo que —de acuerdo al Presidente— debería derivar en un sistema donde los medios se validen en el mercado. Sin embargo, señaló que la persistencia de pauta en niveles subnacionales distorsiona ese proceso, al sostener medios “artificialmente”.

Sin pauta y con confrontación directa

La decisión política ratificada es clara: no habrá pauta oficial desde la administración nacional. Milei aseguró que, mientras su gobierno continúe, no se restablecerán esos fondos y descartó cualquier esquema de financiamiento indirecto.

En paralelo, el Presidente anticipó una estrategia de confrontación discursiva: “vamos a contestar cada una de sus mentiras, operaciones e injurias”, afirmó, marcando un cambio respecto a modelos anteriores de relación más institucionalizada con el sistema de medios.

Este enfoque implica un doble movimiento: retiro de recursos económicos y aumento de la disputa pública narrativa.

El mensaje reconfigura el equilibrio entre el poder político y los medios. Por un lado, fortalece la posición del Ejecutivo en su narrativa de eliminación de privilegios y ajuste del gasto estatal. Por otro, coloca a los medios —especialmente aquellos con dependencia de pauta pública— en una situación más expuesta.

La lógica planteada por Milei traslada la validación de los medios al mercado y a la audiencia, lo que, según su visión, debería “depurar” el sistema. Sin embargo, también incrementa la tensión con sectores periodísticos que interpretan estas declaraciones como un cuestionamiento directo a su rol.

El planteo presidencial sugiere una transición hacia modelos basados en audiencias y mercado, aunque reconoce que la continuidad de pauta en otros niveles de gobierno podría amortiguar ese cambio.

Mercado, política y narrativa

El posicionamiento de Milei abre varios frentes a observar: la reacción del sistema mediático, la eventual replicación de políticas de ajuste en pauta a nivel provincial y el impacto en la calidad y diversidad informativa.

También queda en juego cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y los medios en términos institucionales, en un contexto donde la confrontación pública se vuelve un componente central de la estrategia política.

El posteo de Milei

SOBRE LOS “PERIODISTAS” Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de cosas así saldamos esta discusión. En primer lugar nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy. Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios de ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a Presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incómodas aunque a muchos privilegiados les duela. En segundo lugar, en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen. Pero el sistema de medios en Argentina no es libre. En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político. Es exactamente lo mismo que sucede con las empresas que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas. Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta (al menos no de nuestra parte). Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie. Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día mas abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

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Gobierno acelera privatizaciones y fija como meta vender todas las empresas públicas

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El Gobierno nacional profundizó su estrategia de retiro del Estado de la actividad productiva y ratificó que el objetivo es desprenderse de la totalidad de las empresas públicas. Así lo confirmó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien detalló que hay más de 40 firmas en proceso de privatización o cierre, en una política que apunta a redefinir el rol estatal en la economía.

La definición no es menor: según lo expuesto, la decisión abarca tanto compañías deficitarias como aquellas con balances positivos. El criterio no distingue desempeño, sino que responde a una directiva política central. “El objetivo es vender todo. Todas”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aclaró que la discusión pasa ahora por los tiempos y las condiciones de cada operación.

Del déficit fiscal al rediseño del Estado

El proceso se inscribe en una lógica económica basada en el equilibrio fiscal y en la reducción del gasto público. Desde la visión oficial, las empresas estatales representan una carga estructural financiada por el conjunto de la población.

Chaher planteó que el problema no es coyuntural sino sistémico: incluso cuando las compañías logran ordenarse, ese equilibrio puede perderse si no operan bajo reglas de mercado. Bajo este diagnóstico, el Gobierno considera que la gestión pública no garantiza sostenibilidad en el tiempo.

En paralelo, el plan incluye una reconfiguración jurídica. La conversión de 13 empresas en Sociedades Anónimas busca, según lo informado, imponer estándares de control y transparencia similares a los del sector privado. Esta transformación funciona como paso previo a su eventual venta.

Ventas masivas, cierres y búsqueda de inversores

La hoja de ruta oficial contempla distintos mecanismos según el caso. En empresas como AySA, se proyecta la venta del 90% del paquete accionario, con un 10% reservado para los empleados. En otros casos, directamente se avanza en el cierre de estructuras consideradas sin función operativa.

El proceso también incluye activos estratégicos como Transener, donde ya se recibieron ofertas por USD 887 millones para adquirir parte del control accionario. Según lo informado, el Gobierno prioriza inversores con experiencia en los sectores involucrados, con el objetivo de sostener la operación a largo plazo.

Otro eje clave es el “blindaje” de las privatizaciones. La estrategia apunta a diseñar contratos que encarezcan eventuales intentos de reestatización, mediante penalidades económicas y compromisos internacionales.

Además, el esquema se extiende a sectores como energía (Enarsa), transporte ferroviario y aerocomercial, donde el Gobierno ya manifestó su intención de avanzar sin excepciones.

Concentración de decisiones y respaldo político

La centralización de la estrategia en la Agencia de Transformación refleja un alineamiento directo con la conducción política del Ejecutivo. La consigna de vender todas las empresas no surge de evaluaciones sectoriales aisladas, sino de una definición política integral.

En ese marco, el Gobierno refuerza su narrativa de disciplina fiscal y eficiencia como ejes de gestión. La decisión de no diferenciar entre empresas rentables y deficitarias implica un cambio respecto de modelos anteriores, donde se buscaba sostener ciertas compañías por su valor estratégico.

Al mismo tiempo, el enfoque legal para blindar las operaciones revela una preocupación por la sostenibilidad política del proceso en el tiempo, más allá del actual mandato.

Inversión, activos y mercado local

Desde el punto de vista económico, el proceso abre un escenario de transferencia de activos hacia el sector privado. Según lo señalado, una parte significativa de las operaciones recientes fue protagonizada por capitales locales, lo que marca un cambio respecto de experiencias anteriores.

El Gobierno sostiene que no se trata de una liquidación de activos, sino de una búsqueda de inversores que consideren viables los negocios en el contexto argentino. Sin embargo, el valor de las empresas y las condiciones de venta siguen siendo objeto de debate en el mercado.

En sectores como energía y transporte, la reconfiguración podría impactar en la estructura de costos y en la dinámica de inversión, aunque los efectos concretos dependerán de la implementación de cada proceso.

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Economía pasa personal a disponibilidad tras la reforma interna

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El Ministerio de Economía dio un paso concreto en la reconfiguración de su núcleo técnico: dispuso el pase a disponibilidad de personal de planta permanente en la Secretaría de Política Económica. La medida, oficializada el 27 de marzo mediante la Resolución 410/2026, ejecuta en términos operativos los cambios definidos semanas atrás por el decreto 146, que eliminó y redefinió objetivos en áreas clave del diseño macro y microeconómico.

El dato no es menor. Por primera vez desde la reformulación de esa Secretaría, el ajuste deja de ser una modificación organizativa para impactar directamente sobre la dotación. La decisión introduce una tensión implícita: ¿se trata de una racionalización administrativa alineada con nuevos objetivos o de un recorte que redefine el equilibrio interno del área económica?

De la reestructuración formal al ajuste de personal

La resolución se apoya en un andamiaje normativo preciso. El decreto 146 había suprimido objetivos de las subsecretarías de Programación Macroeconómica y Microeconómica y redefinido las funciones de la Secretaría de Política Económica. Ese movimiento dejó áreas sin funciones tal como estaban concebidas hasta entonces.

En ese contexto, Economía activa ahora el artículo 11 de la Ley 25.164 —reglamentado por el decreto 1421/2002—, que habilita a declarar en situación de disponibilidad al personal con estabilidad cuando se producen reestructuraciones o reducciones de dotación consideradas necesarias. El mecanismo no implica un despido inmediato, pero sí un cambio de estatus: los agentes quedan en una instancia transitoria, con un plazo máximo de hasta doce meses, mientras se define su eventual reubicación o desvinculación.

La resolución también introduce una señal de control interno: limita desde su dictado cualquier licencia sin goce de haberes, comisión de servicios o asignación transitoria dentro de la Secretaría. Es una forma de congelar movimientos y ordenar la transición bajo parámetros centralizados.

El anexo —que detalla el personal alcanzado— se convierte en la pieza clave de la medida, aunque su contenido específico no se explicita en el cuerpo principal. Esa opacidad relativa mantiene bajo reserva la magnitud exacta del recorte, pero confirma que el ajuste ya tiene nombres propios dentro de la estructura.

Impacto político y reconfiguración del poder técnico

La decisión reorganiza el mapa interno del Ministerio. La Secretaría de Política Económica, históricamente vinculada a la elaboración de diagnósticos y proyecciones, atraviesa una redefinición de su rol. Al reducir su dotación en función de nuevos objetivos, el Gobierno no solo ajusta recursos: redefine capacidades.

En términos de poder, la medida fortalece la conducción política del área al alinear la estructura técnica con los lineamientos fijados por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, condiciona a los equipos existentes, que pasan a operar bajo un esquema más acotado y con menor margen de autonomía.

La correlación de fuerzas dentro del Ministerio se reordena sin necesidad de una intervención explícita sobre otras áreas. El recorte selectivo en Política Económica puede leerse como una señal hacia adentro: la reestructuración no es meramente formal, sino que tiene consecuencias concretas sobre quiénes permanecen y bajo qué funciones.

Desde el punto de vista administrativo, el uso del régimen de disponibilidad evita conflictos inmediatos, pero traslada la tensión a una etapa posterior. El plazo de hasta doce meses abre una ventana en la que el Gobierno deberá decidir si reubica, reasigna o reduce definitivamente la planta.

Un movimiento táctico con efectos en construcción

El Gobierno avanza así en una estrategia que combina reforma estructural y ajuste gradual. Primero redefine objetivos; luego, adecúa la dotación. El orden no es casual: permite encuadrar la reducción dentro de un proceso institucional más amplio y no como una decisión aislada.

Queda por ver cómo evoluciona este esquema. La implementación efectiva del régimen de disponibilidad será un indicador clave: si deriva en reubicaciones, el impacto será distinto que si se traduce en desvinculaciones. También será relevante observar si este patrón se replica en otras áreas del Estado bajo procesos de reorganización similares.

Por ahora, la Resolución 410 marca un punto de inflexión operativo dentro del Ministerio de Economía. No redefine la política económica en sí misma, pero sí quiénes participan en su diseño y bajo qué condiciones. Y en esa dimensión, más silenciosa, también se juega poder.

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Sturzenegger reactiva en el Congreso la “Ley Hojarasca” para derogar decenas de normas

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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado volvió a mover una pieza central de su agenda: el reenvío al Congreso de la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto que propone derogar decenas de leyes consideradas obsoletas o restrictivas. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y alineada con la visión del presidente Javier Milei, reabre el debate sobre el alcance de la desregulación en la Argentina actual. El dato político no es menor: el oficialismo busca instalar la idea de que “cuantas menos leyes, más justicia”, en un contexto donde la discusión por el tamaño del Estado sigue en el centro de la escena.

La pregunta subyacente es inevitable: ¿se trata de un avance concreto hacia un nuevo orden normativo o de un gesto político para consolidar el rumbo libertario en el Congreso?

Un proyecto que apunta a desmontar capas del Estado

La “Ley Hojarasca” se inscribe dentro del proceso de desregulación iniciado con el decreto 70 y normas posteriores. En este caso, el foco está puesto en una depuración normativa que abarca leyes de distintas épocas —desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI— agrupadas en seis bloques temáticos.

El proyecto incluye la eliminación de normas que, según el Ejecutivo, limitan libertades individuales, afectan el derecho de propiedad o imponen cargas burocráticas sin impacto real. Entre ellas aparecen regulaciones sobre control estatal de medios, restricciones a reuniones públicas, intervenciones en actividades productivas o privilegios para determinados sectores políticos.

También se propone derogar leyes que quedaron superadas por marcos normativos posteriores, otras que perdieron sentido por avances tecnológicos y un conjunto amplio de disposiciones que sostienen estructuras burocráticas o trámites considerados innecesarios.

En términos institucionales, el movimiento no implica una reforma integral del sistema legal, pero sí una intervención selectiva sobre capas acumuladas del ordenamiento jurídico. La lógica es clara: reducir el volumen normativo como forma de simplificar la gestión estatal y la actividad privada.

Impacto político: entre la narrativa de la libertad y la resistencia implícita

La iniciativa refuerza la narrativa del oficialismo basada en la desregulación y la reducción del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca consolidar una identidad política que traslade al Congreso su agenda reformista, incluso en áreas donde no hay urgencia económica inmediata.

Al mismo tiempo, el proyecto introduce tensiones. La eliminación de normas vinculadas a regulación de actividades, promoción sectorial o estructuras públicas puede generar resistencias en distintos niveles del sistema político, incluso sin que esas leyes estén actualmente en uso efectivo.

Hay otro elemento en juego: la señal hacia el sector privado. La depuración normativa se presenta como una herramienta para reducir costos indirectos, eliminar trabas y mejorar condiciones de funcionamiento. Sin embargo, el impacto concreto dependerá de qué leyes efectivamente mantienen efectos reales y cuáles ya operaban como “letra muerta”.

En términos de correlación de fuerzas, el oficialismo intenta capitalizar la iniciativa como un paso más en su agenda de reformas, mientras que la oposición deberá definir si confronta sobre el fondo o si deja avanzar una medida de bajo costo político inmediato.

Un proceso abierto: entre lo simbólico y lo operativo

El reenvío de la “Ley Hojarasca” no cierra una etapa, sino que abre un nuevo capítulo en la estrategia de desregulación. El desafío no está solo en la aprobación legislativa, sino en el impacto efectivo de la norma una vez sancionada.

Queda por ver si el Congreso acompaña la lógica de depuración o si introduce modificaciones que diluyan el alcance del proyecto. También será clave observar si esta iniciativa se convierte en un antecedente para reformas más profundas del entramado legal o si queda circunscripta a una limpieza normativa de carácter más simbólico.

En un escenario donde la política económica y la institucionalidad siguen entrelazadas, la discusión sobre cuántas leyes necesita el Estado argentino vuelve a instalarse. Esta vez, con una hoja de ruta que apuesta a reducir antes que a expandir, pero cuya efectividad todavía está en construcción.

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El Gobierno lanza la privatización total de Intercargo y activa la licitación internacional

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El Gobierno dio un paso decisivo en su agenda de reformas estructurales: autorizó formalmente el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que presta el servicio de rampa en aeropuertos. La medida quedó plasmada en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 8 de marzo, y pone en marcha el proceso concreto de privatización.

El dato no es solo administrativo. La decisión activa uno de los capítulos más sensibles del programa de desestatización impulsado por el oficialismo: la transferencia total de una empresa con rol operativo estratégico en la aviación comercial. En ese marco, la licitación abre una tensión de fondo: ¿se trata de un paso técnico dentro de un plan ya definido o de un movimiento con impacto directo en el equilibrio de poder dentro del sistema aerocomercial?

De la ley a la ejecución: cómo se estructura la privatización

El proceso tiene anclaje legal en la Ley 27.742, que declaró a Intercargo “sujeta a privatización”, y en el Decreto 198/2025, que autorizó la venta total del paquete accionario mediante licitación pública.

La resolución actual no crea el esquema, pero sí lo activa. En términos concretos: Se habilita la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple con base para transferir el 100% de las acciones en manos del Estado. El procedimiento se canalizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, bajo formato digital. El pliego de bases y condiciones ya está aprobado, con un precio base determinado por la valuación del Banco de Inversión y Comercio Exterior. El cronograma fija hitos inmediatos: consultas hasta el 27 de abril de 2026 y presentación de ofertas hasta el 7 de mayo de 2026, con apertura ese mismo día.

El diseño apunta a maximizar la concurrencia de oferentes, incluyendo operadores con experiencia en el sector, en línea con los principios de competencia y transparencia que exige el marco legal.

Hay un dato que no pasa inadvertido: no se prevén mecanismos de preferencia ni programas de propiedad participada, lo que refuerza la lógica de venta directa sin esquemas de participación laboral o sectorial.

Una pieza clave: la ruptura del esquema de exclusividad

El proceso de privatización no ocurre en el vacío. Está atado a una condición previa relevante: la rescisión del contrato de concesión vigente que le otorgaba a Intercargo la explotación exclusiva del servicio de rampa.

Ese contrato —histórico en el esquema aerocomercial— garantizaba a la empresa estatal un rol monopólico en la atención en tierra a aeronaves. Su finalización, ya en trámite, redefine el mapa del sector.

En términos políticos y regulatorios, el cambio es profundo: la privatización no solo implica vender una empresa, sino también desarmar un esquema de exclusividad construido durante décadas.

La Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedan como actores centrales en la implementación, con capacidad para ajustar aspectos técnicos, emitir circulares y requerir asistencia de la propia Intercargo durante el proceso.

Repercusiones: reforma estructural y señales al mercado

La decisión impacta en múltiples planos. En lo económico, envía una señal directa al mercado sobre la voluntad de avanzar con privatizaciones completas, sin esquemas híbridos.

En lo político, ordena el tablero interno: consolida la línea del Ministerio de Economía como ejecutor del programa de reformas, trasladando definiciones que ya estaban en la ley al terreno operativo.

Al mismo tiempo, la modalidad elegida —licitación internacional con base— apunta a atraer jugadores globales, lo que puede reconfigurar la estructura competitiva del servicio de rampa en el país.

La creación de una Comisión Evaluadora “ad hoc” con miembros titulares y suplentes introduce un mecanismo institucional específico para el análisis de ofertas, aunque bajo un esquema donde la conducción política del proceso sigue concentrada.

Un proceso abierto con plazos cortos

La licitación ya tiene fechas. Y eso acelera el ritmo político del proceso.

En pocas semanas se sabrá qué nivel de interés genera la venta, cuántos oferentes participan y bajo qué condiciones. También comenzará a definirse el alcance real de la apertura del mercado de servicios aeroportuarios.

El Gobierno avanzó en la formalización, pero el desenlace todavía depende de variables abiertas: competencia efectiva, valuación, condiciones regulatorias y capacidad de ejecución.

La privatización de Intercargo deja de ser una declaración de intención y entra en fase concreta. Lo que ocurra en este proceso marcará no solo el destino de la empresa, sino también el ritmo y la profundidad de las próximas reformas en el sector público.

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