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Autonomía escolar, homeschooling y ENES: así es la reforma educativa que impulsa el Gobierno

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Milei avanza con una reforma educativa estructural. Autonomía escolar, examen final obligatorio y homeschool formalizado

El Gobierno presentó el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una reforma integral que deroga la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y redefine la gobernanza, el financiamiento y los contenidos del sistema educativo. La iniciativa incorpora vouchers, homeschooling, autonomía curricular, educación como servicio esencial y un examen nacional de finalización de secundaria.

Un cambio de paradigma: fin de la Ley 26.206 y nuevo modelo centrado en la libertad educativa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó la presentación del proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, un paquete de 169 artículos que reestructura por completo el sistema educativo argentino, vigente desde 2006. La iniciativa incluye vouchers educativos, la educación en el hogar, un nuevo esquema de financiamiento universitario, la declaración de la educación básica como servicio esencial, y una fuerte ampliación de la autonomía escolar.

El proyecto retoma lineamientos del capítulo educativo de la primera Ley Bases, redactado por Federico Sturzenegger, y las conclusiones del Consejo de Mayo, que trabajó durante los últimos meses en una revisión institucional del sistema. El informe final afirma que “el factor principal de nuestra decadencia reside en los graves déficits de autonomía, libertad y rendición de cuentas”.

A diferencia del borrador filtrado semanas atrás, la versión oficial descarta la incorporación optativa de “enseñanza religiosa confesional” en escuelas públicas.

Autonomía escolar, familias protagonistas y nuevas formas de escolarización

Escuelas con mayor autogestión pedagógica y administrativa

El artículo 44 otorga a las instituciones estatales la capacidad de definir planes de estudio, métodos de enseñanza, organización interna, criterios disciplinarios, administración de recursos y selección del personal docente, sujeto a ratificación provincial.
Cada escuela podrá formular su propio calendario escolar y un plan de estudios institucional, con aprobación provincial y nacional.

Los contenidos mínimos nacionales funcionarán como un piso de formación común. El proyecto define 540 horas anuales para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, por debajo del acuerdo alcanzado en 2024 por el Consejo Federal de Educación.

El texto también declara la educación básica como servicio esencial, por lo que ante medidas de fuerza deberá garantizarse la “continuidad mínima del servicio educativo”.

Participación central de las familias

La reforma establece que la familia es “el agente natural y primario de la educación de los hijos” e incorpora Consejos de padres en escuelas estatales, con participación en la elección y remoción del equipo directivo. Derecho a acceder a la información educativa completa de sus hijos. Acceso a datos desagregados por escuela en evaluaciones nacionales, modificando el actual artículo 97 de la LEN. Herramientas de financiamiento directo a las familias: vales, bonos, becas, créditos fiscales y otros.

Homeschooling y educación en entornos virtuales

El proyecto formaliza la educación en el hogar, inscribiéndola dentro de las “formas alternativas de enseñanza”. Cada provincia deberá registrar a los estudiantes bajo este formato, aunque “sin controles invasivos de la vida familiar”.

Los alumnos deberán acreditar aprendizajes mediante evaluaciones estandarizadas, que podrán rendirse en cualquier escuela.

También se habilita la educación virtual o híbrida, incluso a través de instituciones extranjeras.

El proyecto mantiene las ocho modalidades educativas actuales: educación especial, rural, intercultural bilingüe, técnica profesional, domiciliaria y hospitalaria, artística, para adultos y en contextos de encierro.

Evaluación, examen nacional de secundaria y carrera docente

Sistema de evaluación reforzado

La iniciativa sostiene las evaluaciones nacionales (Aprender), que incluirán: desempeño escolar, desempeño docente, y desempeño directivo.

El proyecto habilita evaluaciones censales y muestrales, sin periodicidad definida, pero con un criterio clave: la información podrá publicarse por escuela.

Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES)

Una de las principales novedades es la creación del ENES, definido como una evaluación individual voluntaria al finalizar la secundaria. El examen integrará contenidos de: Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades

El objetivo es que estudiantes, familias, instituciones superiores y empleadores “posean una percepción más realista de su situación educativa al concluir los estudios obligatorios”.

Nueva carrera docente

El proyecto crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que reemplazará al INFoD.

Define que la estabilidad está vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional.
Habrá evaluaciones obligatorias cada cuatro años como máximo, que considerarán: competencias pedagógicas, métodos de enseñanza, resultados de aprendizaje de los estudiantes, y trayectoria de formación.

Financiamiento educativo y reforma universitaria

Eliminación de la meta del 6% del PBI

El proyecto elimina el piso del 6% del PBI para educación, ya anticipado en el Presupuesto 2026.
Las provincias serán responsables del financiamiento de la educación básica, mientras que Nación se limitará a financiar acciones de política educativa nacional.

Financiamiento por la demanda y vouchers

El sistema incorpora asignaciones directas a familias y estudiantes, mediante: vales, bonos, becas, créditos fiscales y otros mecanismos equivalentes.

Estas herramientas buscan que “la libertad de elección no dependa del nivel de ingresos”.

Reforma del financiamiento universitario

La asignación presupuestaria se distribuirá bajo tres criterios: 75%: cantidad de estudiantes regulares (mínimo dos materias aprobadas por año), carga típica de estudio y diferencias de costos entre carreras. 20%: desempeño institucional (egresados, investigación, extensión). 5%: programas específicos sujetos a contratos-programa con metas verificables.

El proyecto refuerza las exigencias de auditoría interna y externa, con competencias concurrentes de la Auditoría General de la Nación, SIGEN y el Ministerio de Capital Humano.

Tensiones, debates y actores involucrados

La reforma implica una transformación institucional profunda. Entre los sectores previsiblemente afectados:

Sindicatos docentes

La declaración de servicio esencial tensionará los mecanismos de huelga.

La evaluación docente periódica y la ampliación de facultades de los directivos reducirá la influencia sindical en los nombramientos.

Gobiernos provinciales

Ganan autonomía curricular, pero pierden el respaldo del piso del 6% del PBI.

Deben crear registros de homeschooling y aprobar planes de estudio institucionales.

Universidades

Deberán adaptarse a un esquema de financiamiento por desempeño y controles más estrictos.

Familias

Se convierten en actores institucionales con voz en la gobernanza interna de las escuelas.

Acceden a mecanismos de financiamiento directo.

Escuelas estatales

Asumen una agenda más cercana al modelo de gestión de escuelas privadas.

Ganan autonomía, pero enfrentan mayor obligación de rendición de cuentas.

La reforma propone un cambio de raíz en el sistema educativo argentino, que derivará en un intenso debate parlamentario y sectorial durante los próximos meses.

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La nueva ley educativa cambia todo: homeschooling, vouchers y menos Estado

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La filtración del proyecto de “Ley de Libertad Educativa” generó un revuelo político por el impacto de la propuesta libertaria, ya que la iniciativa implica una de las reformas más profundas de las últimas décadas en el sistema educativo argentino. El nuevo que deroga la Ley de Educación Nacional (26.206), redefine la arquitectura institucional, el financiamiento, el rol de las familias y la relación entre escuelas públicas y privadas. Su alcance es estructural y plantea un giro ideológico que transforma la educación de bien público universal en una lógica de mercado y elección individual. Sepulta la ley actual que fue el resultado de amplios y profundos debates con todos los sectores representativos de la sociedad y de los distintos espacios políticos y redefine el concepto ignorando el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la Educación como un Derecho Social y al conocimiento como un bien público,

El texto introduce tres pilares nuevos: el rol preferente de la familia, la subsidiariedad del Estado y una amplia libertad educativa que habilita modelos alternativos como el homeschooling y planes pedagógicos propios sin intervención estatal más allá de los contenidos mínimos.

A diferencia de la Ley 26.206, que concibe al Estado como responsable indelegable de garantizar igualdad educativa, la nueva norma lo relega a actor complementario, capaz de intervenir sólo cuando las familias o instituciones no puedan hacerlo. Esta redefinición altera la esencia del sistema argentino, históricamente centrado en la escuela pública como garante de integración social.

El proyecto reconoce explícitamente la educación en el hogar, la educación híbrida y la educación a distancia, incluso con instituciones extranjeras. La acreditación dependerá de exámenes basados en contenidos mínimos. Para especialistas, este punto constituye una ruptura histórica: la escolarización obligatoria presencial, adoptada desde la Ley 1420, queda sustituida por la mera acreditación de aprendizajes.

El texto equipara jurídicamente a escuelas públicas y privadas, confiriendo a estas últimas una autonomía inédita: pueden definir admisión, ideario, régimen laboral y planes pedagógicos. El Estado supervisa solo contenidos mínimos y validez de títulos. La desigual capacidad de gestión entre sectores abre un interrogante sobre el futuro de la educación pública, que queda sujeta a normas más rígidas y recursos más limitados.

Las principales entidad gremiales rechazan la iniciativa “por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la Educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las Escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social. Además introduce la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la Educación en los propios hogares (homeschooling)”.

El secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, Rubén Grillo aseguró que “el borrador que circula aspira a la eliminación de la actual ley 26.206 de educación, que es una ley que se aprobó con amplios consensos por parte de la sociedad en general y por las fuerzas políticas que formaban el parlamento nacional en ese momento”. 

“Con esta ley se logró instalar a la educación como un derecho social y no como un servicio más, cuestión que pretende instalar este borrador. De aplicarse provocaría una mayor dispersión del sistema educativo a la ya existente porque deja librado a las provincias, familias, y organizaciones por fuera del sistema educativo la responsabilidad de educar. Elimina la figura del Estado como principal responsable del financiamiento en educación, pasa a ser subsidiario”, detalló. 

“No es casualidad que esté circulando este borrador, va muy de la mano del  presupuesto 2026 para educación”, agregó el gremialista. El Presupuesto poda los principales recursos para la educación. 

El proyecto consagra sistemas de vales, becas y créditos fiscales para familias, así como aportes obligatorios del Estado a instituciones privadas. En los hechos, implica una transición hacia un modelo de financiamiento por demanda -el conocido “voucher”- que puede redirigir fondos públicos desde la escuela estatal hacia ofertas privadas, generando un mercado educativo altamente competitivo y desigual.

La creación de Consejos Escolares de Padres con poder de participar en nombramientos y remociones de directores constituye un cambio profundo en la organización institucional. La propuesta puede politizar el gobierno escolar, tensionar con los equipos docentes y alterar la conducción pedagógica en favor de intereses particulares.

El proyecto establece evaluaciones censales anuales y la publicación de resultados por institución. Si bien aporta transparencia, también puede activar mecanismos de competencia entre escuelas con resultados diferenciados por origen social, profundizando estigmatizaciones y desigualdades.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la declaración de la educación básica como “servicio esencial” (artículo 42), lo que obliga a garantizar una “continuidad mínima” del servicio durante medidas de fuerza. Esta definición modifica de hecho el alcance del derecho constitucional a huelga, especialmente en el sector docente, donde los paros han sido históricamente una herramienta de negociación ante reclamos salariales, condiciones laborales y presupuesto.

Al imponer servicios mínimos obligatorios, el proyecto introduce una restricción que puede traducirse en sanciones para quienes no garanticen la prestación durante un conflicto. En el marco de un diseño institucional que amplía la autonomía de las escuelas y desplaza el peso del sistema hacia decisiones familiares, esta limitación debilita la capacidad de presión colectiva del sector docente y consolida un esquema más disciplinado y alineado con los nuevos criterios de gestión.

La “Ley de Libertad Educativa” no es una reforma parcial: es un replanteo ideológico integral del sistema argentino. Sustituye el enfoque de derecho social por un esquema de libertad de elección, reduce la función ordenadora del Estado y expande el rol del mercado.
La discusión pública deberá evaluar si este giro fortalece la calidad y diversidad educativa o si, por el contrario, fragmenta aún más un sistema ya atravesado por profundas desigualdades.

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