REFORMA ELECTORAL

La Libertad Avanza ordena su estrategia: impulsa Boleta Única y acelera la consolidación territorial

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La Libertad Avanza reunió en la Ciudad de Buenos Aires a sus 24 jefes provinciales y definió una hoja de ruta con dos ejes centrales: impulsar la implementación de la Boleta Única en todo el país y consolidar el partido con estructura propia en cada distrito. El encuentro, encabezado por la presidenta partidaria Karina Milei y el vicepresidente Martín Menem, se realizó en la sede de Avenida de Mayo y funcionó como señal interna tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La decisión no es menor. El oficialismo busca transformar el instrumento de votación de cara a las próximas elecciones y, al mismo tiempo, dejar atrás la dependencia de alianzas locales para fortalecer su identidad política. La pregunta que sobrevuela es si este movimiento consolida liderazgo hacia adentro y ordena la estrategia parlamentaria, o si abre un nuevo frente de tensión con sectores políticos que resisten cambios en el sistema electoral.

Boleta Única y arquitectura institucional: la agenda del Gobierno

El impulso a la Boleta Única aparece como el principal acuerdo político del encuentro. El propio presidente Javier Milei ya había marcado ese objetivo en su discurso ante el Congreso de la Nación Argentina, donde lo vinculó con la transparencia y la modernización del sistema electoral.

Ahora el partido lo traduce en línea orgánica. La conducción nacional pretende avanzar en su concreción e implementación para las próximas elecciones, lo que supone un debate legislativo que requerirá mayorías y acuerdos más allá del núcleo propio.

La reunión también sirvió para repasar el paquete de 90 proyectos de ley que el Ejecutivo planea enviar este año al Congreso. Tras la aprobación en extraordinarias de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, el oficialismo apunta a reformas estructurales: un nuevo Código Penal y una ley de “libertad educativa”, entre otras iniciativas que, según lo expresado por el Presidente, buscan rediseñar la arquitectura institucional del país durante nueve meses consecutivos de impulso legislativo.

En términos políticos, el mensaje es claro: el Gobierno no quiere un año defensivo, sino ofensivo en materia de reformas.

Partido propio y control territorial: el otro frente estratégico

El segundo eje acordado fue acelerar las afiliaciones en cada provincia. La conducción nacional quiere que La Libertad Avanza tenga sello propio en todos los distritos, sin depender de alianzas locales.

Ese movimiento tiene lectura de poder. Un partido con estructura formal en cada provincia fortalece la capacidad de negociación, ordena candidaturas y reduce intermediaciones. También permite disciplinar estrategias electorales y parlamentarias bajo una conducción nacional más centralizada.

En paralelo, amplía la base territorial de un espacio que llegó al Gobierno con armado heterogéneo. La consolidación institucional se convierte así en una condición para sostener la agenda de reformas en el Congreso.

Correlación de fuerzas y desafíos legislativos

Impulsar la Boleta Única exige debate parlamentario y construcción de mayorías. Allí se medirá la capacidad del oficialismo para articular con aliados y administrar diferencias con la oposición.

La agenda de 90 proyectos también tensiona el calendario legislativo. Reformas como el nuevo Código Penal o la ley de “libertad educativa” abren discusiones de alto impacto institucional y político. El Gobierno propone avanzar con un paquete de diez iniciativas durante nueve meses ininterrumpidos, un ritmo que exigirá coordinación fina entre el Ejecutivo y el Congreso.

En este contexto, la consolidación partidaria no es solo organizativa. Es una herramienta para respaldar la ofensiva legislativa y sostener cohesión interna ante debates que pueden fragmentar apoyos.

Un movimiento táctico con proyección

La reunión en la sede de Avenida de Mayo dejó una señal doble: orden interno y agenda externa. La Libertad Avanza busca institucionalizar su fuerza y, al mismo tiempo, acelerar reformas que redefinan reglas de juego.

Si la Boleta Única avanza, el sistema electoral argentino podría modificarse de manera estructural. Si la consolidación territorial prospera, el oficialismo llegará a las próximas elecciones con mayor autonomía en cada distrito.

Queda por ver cómo responderán las demás fuerzas en el Congreso y qué nivel de consenso logrará el Ejecutivo para sostener un año legislativo intenso. La estrategia está delineada. Su viabilidad dependerá de la correlación de fuerzas que logre construir en las próximas semanas.

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Las reformas laboral y electoral serán los temas principales del Congreso en 2018

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El Gobierno buscará avanzar con los cambios en trabajo en febrero. En el horizonte legislativo también aparecen otras dos reformas: la del Ministerio Público Fiscal y la del Código Penal.
Al Gobierno le quedaron pendientes varios proyectos que envió al Congreso y que formarán parte de la agenda de este año, entre los que se destacan las reformas laboral, electoral y de la Procuración General, que se encuentran en el Senado.
De ese paquete, la prioridad para el Poder Ejecutivo es el proyecto de ley de reforma laboral con el que intentará avanzar en febrero, en sesiones extraordinarias, confirmó semanas atrás el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Reforma laboral 
La iniciativa fue trabada por el Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto, molesto por las críticas del referente de Camioneros Pablo Moyano y por la renuencia del triunvirato de la CGT a concurrir al Senado para manifestar su postura sobre el proyecto, a pesar de haberle dado el visto bueno en reuniones con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Una de las posibilidades que analiza el oficialismo es desmantelar el proyecto y buscar su aprobación por partes, debido a que algunos puntos son más cuestionados que otros por parte del sindicalismo, como es el caso del fondo de cese donde se administraría el dinero para las indemnizaciones.
Pese a la intención del oficialismo de avanzar con el debate de ese proyecto en febrero, días atrás Pichetto rechazó esa posibilidad al señalar en una entrevista con un matutino porteño que su bloque no quiere “jugar con los tiempos del Gobierno”.
Reforma electoral 
Se trata de otro de los proyectos que el justicialismo trabó en el Senado por orden de los gobernadores peronistas y que el Gobierno quiere aprobar este año, aprovechando que no habrá elecciones.
El punto que genera polémica es la implementación en todo el país de la boleta única electrónica que ya se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta.
En 2016, cuando el Gobierno envió la iniciativa a la Cámara alta, se debatió en comisiones pero no generó consenso en el bloque por entonces mayoritario que lidera Pichetto y apadrinan los mandatarios provinciales del PJ.
Por esa razón, los senadores mantuvieron una reunión con los gobernadores, quienes rechazaron mayoritariamente la implementación de la boleta electrónica.
Según supo NA la postura del justicialismo respecto de ese sistema (que sólo funciona en seis países y en algunos de ellos de forma parcial) no varió, por lo que el oficialismo empezó a contemplar la posibilidad de aplicar, en cambio, la boleta única en papel si con esto logra destrabar el proyecto.
Procuración General 
La reforma del Ministerio Público Fiscal será otro de los temas centrales que abordará el Congreso durante 2018, si es que el interbloque de Cambiemos logra un acuerdo con los senadores del PJ.
La iniciativa fue elaborada por el Poder Ejecutivo el año pasado con la finalidad de limitar el mandato y el campo de acción de la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Si bien el proyecto fue debatido en comisiones recibió muchas críticas de diversos juristas y especialistas en derecho, incluyendo a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martinez.
Debido a las críticas el justicialismo hizo una serie de modificaciones sobre el proyecto que no fue aceptada por Cambiemos, lo que llevó a que la reforma del Ministerio Público se estancara, dado que el oficialismo no tiene mayoría suficiente para avanzar por sí solo con una votación.
La explicación que dio en aquel momento el presidente provisional del Senado y referente del oficialismo, Federico Pinedo, es que los cambios sugeridos por el justicialismo “reflotaban la existencia de direcciones generales del Ministerio Público Fiscal que congelan y convalidan lo que hizo Gils Carbó”.
Reforma del Código Penal 
Si bien todavía no hay un proyecto presentado en el Congreso, el Gobierno ya dio a conocer su intención de que el presidente Mauricio Macri anuncie oficialmente el envío de esta reforma el 1 de marzo, cuando se presente ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el año parlamentario.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene en su escritorio un borrador del proyecto que fue elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal que preside el camarista Mariano Borinsky.
Entre los principales ejes de ese anteproyecto se encuentra la eliminación de la libertad condicional para delitos violentos abuso sexual agravado, secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad, trata de personas, tortura, desaparición forzada y terrorismo.
También establece que el aborto no será punible en todos los casos en que el embarazo fuera el resultado de un abuso sexual.
Por otra parte, podría incluirse como parte de la reforma la baja en la edad de imputabilidad a 14 años para los delitos graves, un tema que el Gobierno puso en debate público en 2016 pero que quedó congelado desde entonces.
 

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