Se lanza mañana la Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista

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Organizaciones feministas, sindicales, sociales, de derechos humanos, académicas y del colectivo LGTBIQ+ lanzarán mañana la “Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista”, con la que buscarán “visibilizar el actual e indebido desempeño de la justicia en Argentina, poniendo el foco en jueces y juezas que reproducen prácticas y lógicas patriarcales”.

La “ausencia” de perspectiva de género en procesos y sentencias judiciales y “la falta de acciones integrales que preserven la integridad de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades” serán mañana ejes clave de un encuentro de feministas y transfeministas, que se iniciará a las 18 en la Federación Gráfica Bonaerense, en avenida Paseo Colón 371 del centro porteño.

“A la luz de los hechos que sufrimos como ciudadanía en manos de la Corte Suprema de Justicia y de un sector del Poder Judicial, consideramos que es de carácter urgente que esta Campaña proponga las bases para un programa de transformación del sistema judicial desde una mirada interseccional, antipunitivista, antirracista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos”, expresaron las organizaciones.

Advirtieron sobre la “criminalización, tanto de luchadoras populares y madres protectoras, como de personas LGBTIQ+” y denunciaron que “cada colectivo que hoy emprende una batalla por sus derechos encuentra en el Poder Judicial actual una trampa para el acceso pleno a la justicia”.

El objetivo de la campaña -señalaron- es lograr una amplia difusión y sumar adhesiones en todo el país “para dar lugar a una red feminista que emprenda esta lucha para mejorar la calidad democrática” del país.

“Porque nos siguen matando. Porque siguen desoyendo nuestras denuncias. Porque los jueces que integran el Tribunal Supremo de la Nación decidieron no capacitarse bajo la Ley Micaela y no respeta la paridad de género en su conformación. Por todo ello, nuestra lucha es clave para la transformación de las desigualdades estructurales que no nos permiten ser ciudadanas de pleno derecho”, argumentaron.

La idea de avanzar hacia una Campaña Nacional nació en 2021, durante el encuentro de algo más de 6 mil personas de distintos puntos de Argentina en el Foro Federal Virtual por una Reforma Judicial Feminista.

Al año siguiente, en el Encuentro Plurinacional de MLTI+ en la provincia de San Luis, se concretó en forma presencial un Taller por la Reforma Judicial Feminista, que tuvo unos 300 asistentes y en el que se escucharon relatos en primera persona sobre “los padecimientos frente a una justicia machista y misógina que decide prolongar la cultura patriarcal hasta nuestros días”.

A todo esto se sumó, en febrero pasado, el pronunciamiento de unas 200 organizaciones que “apoyan el proceso de juicio político a los actuales miembros de la Corte Suprema” en la Cámara de Diputados.

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El debate público sobre la cuestión judicial: aportes desde el Trabajo Social

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Desde mi posición como Presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, organización que representa a más de tres millones de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de todo el mundo, pero particularmente desde mi condición de mujer, Trabajadora Social, feminista y ciudadana argentina, quiero realizar algunos aportes desde el Trabajo Social, respondiendo a la convocatoria formulada en este sentido por nuestro Presidente de la Nación el 29 de julio último, en la presentación del Proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal.

La Cuestión Judicial es fundamentalmente una cuestión de derechos, y más apropiadamente, de vigencia del Estado de Derecho y esta cuestión es precisamente el fundamento más profundo del Trabajo Social como profesión que tiene como Principios Fundamentales en Argentina la defensa y reivindicación de los Derechos Humanos, la Justicia Social, el ejercicio efectivo de la Ciudadanía y la plena vigencia de la Democracia como forma de gobierno y forma de vida. Estos principios están establecidos por la Ley de Orden Público Nº 27.072 denominada Ley Federal de Trabajo Social, sancionada precisamente por el Congreso de la Nación un 10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y también Día Nacional del Trabajador/a Social en Argentina.

La Cuestión Judicial no atañe solamente ni es privativo de abogados y abogadas. Es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad y a todas las disciplinas de las Ciencias Sociales. Es una cuestión transdisciplinaria y por tanto también atañe e involucra al Trabajo Social, no solamente como profesión de las Ciencias Sociales sino por las competencias que tiene como tal. Precisamente, lo que hace el Trabajo Social en todas sus intervenciones es generar las condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer real y efectivamente sus derechos. En este sentido, es una profesión que siempre busca reivindicar, abogar, reparar, restituir y ampliar derechos, además de denunciar e intervenir en situaciones de violación de estos derechos.

La Cuestión Judicial siempre impacta en el mundo de la vida y la vida cotidiana de los sujetos sociales donde precisamente está presente e interviene el Trabajo Social. El mundo de la vida es el espacio compartido de significaciones sociales, de experiencias compartidas con otros, de construcción de subjetividad e intersubjetividad. Es el espacio de la memoria, de las vivencias y de la existencia misma. Este mundo se va construyendo en la vida que transcurre todos los días, es decir en la vida cotidiana y es aquí donde se sufren y se padecen las injusticias y las desigualdades sociales, el abuso de poder, la ausencia de justicia y la imposibilidad material de poder ejercer derechos.

En la Cuestión Judicial se condensa el orden social patriarcal-capitalista-colonial. Este orden, construido sobre múltiples opresiones y violencias, profundiza y perpetúa la dominación y las desigualdades sociales. Desde este orden se encubren los privilegios, se garantiza la impunidad de los ricos y poderosos y se culpabiliza y condena a los pobres, las mujeres, las comunidades indígenas, las disidencias sexuales y la clase trabajadora. Desde este orden se defienden los derechos de las grandes corporaciones transnacionales y se ignoran o desprecian los derechos de los sectores populares y de los pueblos originarios. Cientos de sentencias, prácticas judiciales y publicaciones dan cuenta de esto.

El Trabajo Social también da cuenta de esto, porque conoce el padecimiento subjetivo que implica vivir sin justicia o como paria en su propia tierra por el solo hecho de ser pobre, mujer, negro/a, inmigrante, indígena, discapacitado/a, trans o travesti. Las cárceles argentinas también dan cuenta de esto. Muchos genocidas gozan de prisión domiciliaria. Los que endeudaron al país, arrasaron la economía, destruyeron fuentes de trabajo, evadieron impuestos, lavaron dinero y fugaron capitales, no están en las cárceles, están libres, y muchos de ellos paseando por Europa o Estados Unidos. La Cuestión Judicial es en definitiva una cuestión social: una cuestión de construcción y reproducción del orden social.

Para poder llevar a cabo una transformación estructural en esta cuestión, es imprescindible una mirada democrática, republicana, transdisciplinaria, descolonial, feminista y de derechos humanos, en todos los niveles, fueros y jurisdicciones de la Justicia. Además de cambios en la organización y competencia de la Justicia Federal, que ya de por sí constituye un avance significativo, estamos ante una oportunidad histórica para avanzar en otros cambios más profundos y sustantivos: los imaginarios, valores, creencias y discursos; las prácticas y procedimientos judiciales; la publicidad y transparencia de los actos; la formación de jueces y juezas, magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias judiciales y la evaluación del desempeño como cualquier funcionaria o funcionario público que tiene que dar cuentas de sus actos en un régimen republicano y democrático.

El Trabajo Social en este sentido tiene mucho que decir y aportar en el debate público de la Cuestión Judicial, desde su propia experiencia de intervención social, desde una mirada holística, desde un enfoque de interseccionalidad de género(s)-racialidad-clase-sexualidad y desde una perspectiva emancipadora transdisciplinaria. Por su producción de conocimientos, formación y trayectoria profesional, muchos Trabajadores y Trabajadoras Sociales pueden y deberían ser convocados/as para integrar equipos de trabajo o comisiones asesoras. Esta incorporación podría marcar la diferencia, en términos de acercar y poner la Justicia al servicio del Pueblo.



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Reforma Judicial en Misiones: se creó la quinta circunscripción con sede en San Vicente

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La Cámara de Diputados convirtió en la noche del jueves una extensa reforma judicial que crea en Misiones la quinta circunscripción judicial que tendrá como base la ciudad de San Vicente, pero atenderá a los municipios del Alto Uruguay. 

La quinta circunscripción llega después de tres décadas sin cambios y su jurisdicción territorial comprende los límites de los municipios de Bernardo de Irigoyen, del departamento General Manuel Belgrano; Dos de Mayo, de Cainguás; El Soberbio, perteneciente al Departamento Guaraní; Pozo Azul y San Pedro del departamento San Pedro y San Vicente, del departamento Guaraní. 

Pese al amplio consenso parlamentario y la consulta con el Poder Judicial, la oposición intentó cuestionar una parte de la reforma porque modificó la estructura de tercera circunscripción judicial para repartir dependencias en otras ciudades. El diputado Rafael Pereyra Pigerl, uno de los que trabajó en la reforma, los frenó en seco: “Parece que no leen los dictámenes. Este fue firmado el 5 de agosto y nadie reparó en nada”, cuestionó en referencia a los diputados Isaac Lenguaza, del kirchnerismo y Gustavo González de la alianza Cambiemos, quienes votaron a favor en general, pero rechazaron puntos en particular.

La medida busca afianzar la Justicia, y lograr una descentralización y distribución equitativa de los órganos judiciales: “No solo se debe postular un acceso a la jurisdicción, sino que además éste debe ser efectivo”, argumentó el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.

“Debe haber una verdadera y palmaria posibilidad de acceder a la misma, debido a que el Estado está obligado a remover las barreras de índole jurídico, social, económico y cultural que impiden el pleno ejercicio de los derechos por parte de sus titulares”, sentenció.

“Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, económico y productivo de la provincia, la nueva conformación del mapa judicial dará mayores posibilidades a los justiciables en la resolución de los conflictos, logrando descomprimir la saturación de causas existentes en la Primera, Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, adecuando de manera eficiente y equitativa el acceso judicial en todas las circunscripciones”, agregó.

Entre los motivos que fundamentan el proyecto, el legislador mencionó “la necesidad de asegurar el acceso a la Justicia, en especial de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, y la tutela judicial efectiva de los derechos humanos a través de oficinas judiciales y magistrados especializados”.

Por su parte, el legislador Isaac Lenguaza, otro de los autores de la norma junto con los ex diputados Waldemar Wolemberg, Jorge Petersen y Cristina Novoa con el acompañamiento de sus pares, advirtió que si bien considera que “no son tiempos fáciles para cualquier administración” y conoce “las dificultades económicas que atraviesa actualmente la República Argentina” esta ley es “una herramienta legislativa para “para brindar las soluciones que se requieran en la prestación del servicio de Justicia”.

Participaron del tratamiento de esta ley, mediante videoconferencia, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti y los ministros  Liliana Picazo y Antonio Rojas. También los intendentes de San Vicente, Fabián Rodríguez;  y Guillermo Fernández de Bernardo de Irigoyen; el de San Pedro, Miguel Dos Santos; Roque Zoboczinski de El Soberbio y Edgar González de Pozo Azul.

En San Vicente funcionará un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar y un Juzgado de Instrucción; el Ministerio Público integrado por una Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia, una  Fiscalía de Instrucción, una Defensoría de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia y una Defensoría de Instrucción. 

El Juzgado de Instrucción de San Vicente ejerce la jurisdicción territorial dentro de los límites de los municipios Dos de Mayo, El Soberbio y San Vicente. 

Con asiento en la localidad de San Pedro funcionará un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar y un Juzgado de Instrucción; el Ministerio Público integrado por una Fiscalía Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, dos Defensorías de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, una Fiscalía de Instrucción, y una Defensoría de Instrucción. 

El Juzgado de Instrucción ejerce jurisdicción territorial dentro de los límites de los municipios de Bernardo de Irigoyen, Pozo Azul y San Pedro. 

El Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, de San Pedro, ejerce jurisdicción territorial dentro de los límites de los municipios de Bernardo de Irigoyen, Pozo Azul y San Pedro. 

Con asiento en la localidad de Bernardo de Irigoyen funcionará una Defensoría Oficial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia. 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, el Tribunal Penal y el Juzgado Correccional y de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá, ejerce jurisdicción territorial dentro de los límites de los municipios de Dos de Mayo, El Soberbio y San Vicente.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, el Tribunal Penal y el Juzgado Correccional y de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial, de Eldorado, ejerce jurisdicción territorial dentro de los límites de los municipios de Bernardo de Irigoyen, Pozo Azul y San Pedro.

Asimismo, se creará un Juzgado de Primera Instancia con competencia de Familia y Violencia Familiar en la segunda circunscripción judicial, en la ciudad de Leandro N. Alem, que funciona con tres Secretarías Letradas, de las cuáles, una debe ser de Violencia Familiar. 

También se crea una Defensoría Oficial de Primera Instancia con competencia de Familia y Violencia Familiar en la Segunda Circunscripción, en Leandro N. Alem y un Juzgado de Paz de Primera Categoría con dos Secretarías Letradas en Posadas, en el Barrio de Itaembé Guazú.

Se crea e incorpora al Presupuesto General de la Provincia un cargo de Juez de Primera Instancia, un cargo de Defensor Oficial de Primera Instancia y tres cargos de Secretario de Primera Instancia, un cargo de Juez de Paz de Primera Categoría y dos cargos de Secretario Letrado de Juzgado de Paz de Primera Categoría.

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