“No nos podemos quedar bajo el mismo sistema de trabajo”. La confirmación de que el Gobierno tiene en análisis un proyecto para avanzar en una reforma laboral no es de un actor menor. Es del propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Las luces de alerta se encendieron en el sindicalismo a la par que los empresarios comenzaron a ver materializado públicamente un tema con el que vienen insistiendo ante los funcionarios. Aunque esta cuestión está fuertemente en debate casi desde el cambio de Gobierno, lo que reavivó el debate fueron las bruscas modificaciones en esa materia que implementó Brasil, principal socio comercial de la Argentina, pero también competidor directo en la región y el mundo.
Matías Ortega. Ambito – ¿Pero de que se trata la ley que implementó el gobierno de Temer? Entre los principales puntos de su reforma laboral se destacan que las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecerán por encima de las disposiciones legales, eliminación del salario mínimo, pagar en base a horas o días y ya no de forma mensual, jornadas de trabajo de hasta 12 horas con 36 horas ininterrumpidas de descanso, fraccionamiento de las vacaciones y pausas de descanso, se crea la figura del empleado autónomo sin vínculo permanente con la empresa, y la no obligatoriedad de aporte sindical (será voluntario), entre otras normativas no menos polémicas.
Algunas de estas normas apuntan a aumentar la productividad de las empresas, mientras que otras encuentran fundamento en los cambios que está generando la tecnología en los procesos industriales y en el trabajo, en función de la denominada cuarta revolución industrial que avanza en el mundo. Este argumento es uno de los principales focos de discusión, con voces a favor y en contra.
Por un lado, cuestiones como la inteligencia artificial, la robotización, y la automatización de tareas, sumado a una tendencia de las nuevas generaciones que según los analistas piensan más en proyectos puntuales que en hacer carrera en una compañía, hacen mella en los cimientos tradicionales del mercado laboral. Y encuentra sus más acérrimos detractores en las organizaciones sindicales que esgrimen el temor a que los cambios deriven en una flexibilización laboral -en el peor sentido del concepto- que erosione las conquistas sociales.
INDUSTRIA 4.0
“Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes”, vaticinó el año pasado Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial y autor del libro “La cuarta revolución industrial”. Y añadió que ésta “no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital (anterior)”.
Tal como destaca Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, “el mundo del trabajo está cambiando de manera acelerada, y no sólo por el ingreso e impacto de las nuevas tecnologías, sino que a ello se suman las formas atípicas de empleo, que incluyen el empleo temporal, a tiempo parcial, por medio de una agencia, la relación de trabajo multipartita, el empleo encubierto y el empleo por cuenta propia económicamente dependiente”. Al respecto, el vicepresidente de la UIA y presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, opinó que “estamos ante un mundo que está cambiando tecnológicamente a gran velocidad y tenemos por delante la inteligencia artificial, la robotización, la automatización, y frente a ello debemos pensar en cuál es el sistema de relaciones laborales y de contratación más adecuado”. Y asegura: “Hay algo que se ha concientizado en el mundo desarrollado al que aspiramos y es que no se pueden proteger los empleos que no van a existir, hay que proteger al trabajador y a su familia”.
En sintonía, Jorge Figueroa, secretario de la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (FAETT), añade que el cambio en los procesos y tareas abre “el debate del futuro” del empleo, ya que muchos puestos que existen en la actualidad desaparecerán, y remarca que la legislación necesita ser modificada a la par de los avances de la nueva realidad. Sin embargo, sostiene que cuestiones como la robotización no necesariamente generan un problema de pérdida de empleo, siempre y cuando sea acompañada de la adecuada formación educativa de las personas. “La connotación histórica de la flexibilización no ayuda, pero yo me inclino más por hablar de nuevas formas de trabajo, producidas por las generaciones nuevas que lo están pidiendo y porque la tecnología hace que haya que tener en cuenta otros factores”, explica.
Desde la CGT, su secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, advierte que estos argumentos para imponer una reforma esconden detrás “el verdadero motivo, que es la baja del costo laboral y eso implica apuntar a lo que tiene que ver con las masas salariales”. Pero admite: “No vivimos en una burbuja. Sabemos perfectamente que la modernización, la actualización, el ingreso de la tecnología en actividades que hasta hace poco parecían sólo artesanales es algo que no solo nos supera a trabajadores y a empresarios, sino que tarde o temprano va a venir y en eso estamos trabajando”.
En ese marco, trae a debate el punto central de las preocupaciones de las organizaciones sindicales, que es la “flexibilización” de la forma que se aplicó en los años 90 por la cual sostiene que “se perdieron un montón de derechos en los convenios colectivos”. En ese sentido, el ministro Triaca aseguró que “definitivamente la reforma laboral que impulsamos no va a precarizar las condiciones de los trabajadores”. Ámbito Biz consultó a la cartera laboral los detalles del proyecto, pero prefirieron no hacer más comentarios que los vertidos públicamente por su titular y otros representantes del Ejecutivo, entre ellos el propio presidente Mauricio Macri, que apuntan a avanzar en la reducción de costos laborales y terminar con lo que denominan “la industria de los juicios”, entre otros temas.
DESAFÍO
Entre los empresarios existe una coincidencia generalizada sobre que la Argentina tiene problemas de productividad y competitividad, de salario, de costos laborales, de falta de mano de obra calificada, de creación de empleo y de informalidad. Es allí donde radica el corazón de sus argumentos a favor de una reforma laboral.
Sin referirse puntualmente al caso de la Argentina, Furtado de Oliveira considera que “es natural que los países emprendan iniciativas que revisen y actualicen sus códigos laborales” que respondan “a la constante evolución del mundo del trabajo, con el propósito de proteger a los trabajadores teniendo presentes las necesidades de las empresas sostenibles”. El directivo de la OIT remarca que a nivel mundial “ha habido una tendencia hacia la desregulación que se traduce en un gran número de trabajadores de la economía informal que quedan fuera de la gobernanza”, aunque “se reconoce que las normas del trabajo son un componente clave en los procesos de integración”. El organismo internacional plantea “la ampliación del ámbito del derecho del trabajo, permitiendo incluir formas novedosas de relación laboral, así como asegurar la transición de los trabajadores empleados en la economía informal a modalidades de empleo formal, lo cual es base esencial para cimentar el futuro en numerosos países”.
Tanto Funes de Rioja como Figueroa expresan que la necesidad de una reforma tiene anclaje en las nuevas formas que vienen en el futuro del empleo, por lo que se debe adecuar la legislación a esa nueva realidad. Proponen un sistema de contratación y despido “más ágil”, reducción de los “impuestos al trabajo”, de los costos, de la informalidad, la pobreza, e impulsar el desarrollo de mano de obra calificada. Para estos especialistas, esas modificaciones son instrumentos clave para la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado, algo que según las estadísticas no ocurre desde 2011. De hecho, el último informe del INDEC arrojó que la tasa de desocupación ascendió a 9,2% en el primer trimestre de 2017.
Más allá de coincidir en cuestiones como combatir el trabajo en negro y la pobreza, Sola advierte que “achicar cualquier derecho colectivo o individual que tengamos va a contar con el rechazo del movimiento obrero”, y apunta contra los propios empresarios como responsables de algunos de los problemas para los cuales piden soluciones.
Hay un punto en común entre todos los actores: la necesidad de sentarse todos en una mesa, junto con el Estado, a debatir el panorama de las relaciones laborales de cara al futuro y buscar soluciones a través del consenso.
SOCIOS Y COMPETIDORES
Históricamente, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. El último informe de la consultora Abeceb arrojó un dato preocupante: la balanza bilateral en julio fue deficitaria para nuestro país en u$s 800 millones, lo que representa el mayor rojo mensual del que se tenga registro. Ambos, junto con México, son las economías más industrializadas de la región por lo que también los convierte en competidores naturales. Es por ello que la reforma brasileña prende luces de alerta para la Argentina.
Sobre esta cuestión tanto el Gobierno, la UIA, como FAETT, sostienen que lo que haga Brasil no es un espejo para la Argentina, y que su situación socioeconómica y política no es la que atraviesa el país. Pero sostienen que el vínculo indivisible entre ambos obliga a mirar con atención y tomar las medidas del caso.
“Si quieren disparar para algo tan profundo como lo que están haciendo en Brasil, creo que no están dadas las condiciones laborales, políticas y sociales”, considera Sola y sostiene que la CGT rechaza esa reforma porque “tiene condiciones que no solo atentan contra los derechos laborales, sino también contra condiciones de dignidad humana”. “La verdad que más que mirada al futuro, esta modernización le puso el acento en retroceder varias decenas de años en la legislación solo para tratar de que el sector empresario tenga un lucro mayor”, añade para luego insistir con que cualquier modificación de las condiciones laborales en un sentido similar al que se implementó en Brasil encontrará un rechazo generalizado de las organizaciones gremiales.
